3 de febrero de 2012

I. La Unión de Asambleas Ciudadanas explica la nueva Doctrina de Seguridad Nacional, sus objetivos y la avanzada de la militarización en Nuestra América


Documento de análisis y pronunciamiento
Unión de Asambleas Ciudadanas

La UAC alerta y en lucha 


frente a la avanzada represiva y militarista


y en repudio a la LEY AntiTerrorista


El contexto mundial


Desde los atentados a las Torres Gemelas en 2001 se viene profundizando una etapa caracterizada por el avance de un andamiaje militarista y represivo en todo el mundo. Durante la administración Bush, el contexto mundial era definido, desde el punto de vista militar, como de "guerra contra el terrorismo" en el cual las "operaciones especiales" y la "guerra secreta" ocupaban un lugar central. Si bien era esperable que el gobierno de Obama redujera la aplicación de los mecanismos de guerra secreta, en los cuales tiene un lugar central la actuación de servicios de inteligencia de manera "preventiva" para detectar "sospechosos" de integrar o apoyar de distintas maneras a los grupos terroristas, no fue lo que ocurrió. Por el contrario, la administración Obama ha aumentado, según una investigación del Washington Post de 2010, "las operaciones especiales a nivel mundial en presupuesto y cantidad".
Este aumento de las operaciones especiales, es parte de la nueva Doctrina de Seguridad Nacional que el presidente Obama anunció a fines de mayo de 2010, que tiene determinadas "ventajas": por un lado, el uso de fuerzas secretas en operaciones estratégicas tiene un beneficio especial en su propia naturaleza clandestina, evitando las críticas y reacciones contra la política de guerra estadounidense por parte de la opinión pública mundial; por el otro, el alto presupuesto de defensa que implican estas operaciones satisface al complejo militar industrial de ese país, que tiene en la sofisticación del armamento y el uso de alta tecnología bélica su gran negocio.
La guerra para la que se viene preparando el estado norteamericano no es una guerra convencional sino irregular, ya que las misiones más importantes de las fuerzas especiales son las de inteligencia, infiltración, subversión, contrainsurgencia y desestabilización que permiten desequilibrar al adversario "desde adentro". La existencia de agencias como la USAID (United States Agency for International Development; Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional) son las fachadas para canalizar fondos hacia actores que promueven la agenda norteamericana y para penetrar la sociedad civil de países con intereses estratégicos para la potencia del norte. Estos mecanismos de guerra contrainsurgente incluyen "operaciones especiales" tales como los asesinatos selectivos, el secuestro y la tortura, que se vienen poniendo en práctica en todas esas regiones estratégicas. Finalmente, las fuerzas armadas y las acciones de guerra tradicionales, lejos de desaparecer, no cesan de incrementar su despliegue y presupuesto. La guerra no convencional o "especial", estatal o paraestatal, no sustituye sino que es complementaria (a veces su forma de "vanguardia") de la guerra convencional tradicional.

El contexto latinoamericano


Son varios los aspectos que tenemos que tener en cuenta para analizar la avanzada militarista en nuestro continente desde el inicio de este milenio:
Por un lado, se considera que existen nuevas amenazas del siglo XXI a la seguridad, que son transnacionales, no tradicionales, entre las cuales se mencionan: el terrorismo, el tráfico de estupefacientes, los desastres naturales y ambientales, las organizaciones criminales transnacionales, la inmigración ilegal, los secuestros y las pandillas criminales.
A partir de estas consideraciones, EE.UU. viene solicitando la cooperación hemisférica y la revitalización de sistema interamericano, en cuanto a mecanismos de seguridad colectiva, que involucren a todos los países americanos, transformando de esta forma las preocupaciones y amenazas que hacen a la seguridad del estado norteamericano en problemas de seguridad común que requieren respuestas multilaterales. El ámbito en el que se discute esta normativa referida a la seguridad hemisférica es principalmente la Comisión de Seguridad Hemisférica de la OEA, en la cual la principal potencia del continente pretende imponer normas continentales que respalden sus intereses particulares.
La cooperación hemisférica en seguridad propuesta por EE.UU. frente a las nuevas amenazas como el terrorismo requiere, también, un efectivo control de las fronteras latinoamericanas, con el objetivo de reducir las posibilidades de que se concreten atentados terroristas. Respondiendo a esta demanda, algunos gobiernos de América Latina han comenzado a implementar controles en las zonas de fronteras terrestres y del espacio aéreo, a través de la informatización de las oficinas de migraciones y la detección de aviones sospechosos a través de un sistema de radares.
Otro aspecto de la militarización se cristaliza en las maniobras militares conjuntas realizadas entre las tropas estadounidenses y las fuerzas armadas latinoamericanas, que tienen el propósito de preparar la participación de las fuerzas armadas de la región en fuerzas multilaterales, bajo la pantalla de la ayuda humanitaria a los países involucrados. Este tipo de ejercicios militares conjuntos permite a las fuerzas armadas extranjeras obtener datos concretos de los territorios en los que operan, tales como existencia de riquezas naturales y las características de las poblaciones. La presencia de tropas extranjeras en la región también contempla la realización de seminarios estratégicos, con miembros del Comando Sur de los Estados Unidos, y el intercambio con expertos en temas de defensa y seguridad, destinados no sólo a las fuerzas armadas, sino también a líderes civiles.
La colocación de bases militares de Estados Unidos en puntos estratégicos del continente es uno de los aspectos más destacados de la militarización de nuestra región. Estas bases tienen dos propósitos explícitos y evidentes: garantizar el acceso a los bienes naturales estratégicos y contener, disuadir y/o eliminar la resistencia ante las políticas hegemónicas y la insurgencia abierta. En este sentido es que debe entenderse el acuerdo firmado en 2009 entre los gobiernos de Colombia y EE.UU., que permitió que siete bases colombianas cuenten con presencia de militares norteamericanos.
El contexto nacional


En nuestro país se está implementando el uso de fuerzas especiales, que acompañan a las fuerzas represivas del estado, en determinadas "operaciones". Estas fuerzas pertenecientes a las policías provinciales y a las fuerzas de seguridad nacionales actúan impunemente en los conflictos sociales, y en muchos casos para dirimir conflictos territoriales o reprimir sectores vulnerables de la sociedad. Las formas de operar de estas fuerzas con frecuencia implican la militarización de las comunidades en conflicto por la disputa en torno a los bienes comunes naturales, o de barrios marginales de las grandes ciudades donde habitan los sectores sociales "peligrosos para la seguridad ciudadana".
Junto a las fuerzas de seguridad públicas y sus grupos de operaciones especiales, observamos también el uso de fuerzas de seguridad privadas que actúan muchas veces conjuntamente, en los conflictos sociales. Se trata de un aumento de la privatización de la represión, ya que la ejercen fuerzas represivas privadas, y del aumento de la represión con fines privados, ya que se defienden intereses empresariales que se oponen a los intereses de la sociedad en su conjunto.
En el ámbito estrictamente legal vemos que las estrategias utilizadas para judicializar las luchas sociales van desde la creación de figuras legales hasta la apertura de causas falsas para incriminar a lo/as luchadore/as sociales.
En el ámbito simbólico, destacamos la implementación de estrategias de estigmatización de los luchadore/as sociales a través de un discurso mediático y político que justifica la represión y legitima la relación directa entre pobreza y delincuencia.
Otro aspecto central de la militarización que nos interesa remarcar particularmente es la legislación antiterrorista que se viene imponiendo en el continente, que habilita a la vigilancia de la sociedad, -cuyos integrantes nos convertimos en sospechosos frente a la supuesta amenaza del terrorismo-, imponiendo mecanismos de control y una cultura del miedo que es parte de nuestra vida cotidiana.
Desde el 2005 la Argentina viene transitando el camino de aprobar convenios y leyes antiterroristas. Ya ese año, se convirtieron en ley dos convenios, la Convención Interamericana Contra el Terrorismo, adoptada por la OEA en el 2002, y el Convenio Internacional para la Represión de la Financiación del Terrorismo, aprobado por la ONU en 1999.
A su vez, en 2007 se sancionó la ley N° 26.268 que incorporó al código penal los delitos de asociación ilícita terrorista y los de financiación de este tipo de asociaciones.
En esa ley se considera que una asociación ilícita terrorista tiene las siguientes características:
a) Tener un plan de acción destinado a la propagación del odio étnico, religioso o político;
b) Estar organizada en redes operativas internacionales;
c) Disponer de armas de guerra, explosivos, agentes químicos o bacteriológicos o cualquier otro medio idóneo para poner en peligro la vida o la integridad de un número indeterminado de personas.(...)
Enero de 2012  

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