Construcciones

11 de noviembre de 2019

V. El "pacto social" y el Grupo de Puebla contra autodeterminación de los pueblos.

De la impotencia neoliberal a

la resistencia y denuncia

en América Latina
11 de noviembre de 2019
Por Emilio Cafassi (Rebelión)

La glaciación neoliberal que afecta al mundo en general y a América Latina en particular comienza a erosionarse ante las primeras expresiones de calor social con movilizaciones, protestas y búsquedas incipientes de alternativas. En algunos casos de manera impetuosa, masiva y disruptiva. En otros con tibias reacciones al interior del propio dispositivo de poder político y electoral. La dirección no es unívoca. En Bolivia y Uruguay los progresismos sufrieron caídas notables de sus adhesiones históricas aunque manteniendo cierto nivel de movilización, mientras en Ecuador y Chile los levantamientos y revueltas recientes y actuales superan sus propios antecedentes históricos e insinúan un horizonte insurreccional apasionante. En Uruguay queda aún un esfuerzo titánico por lograr el incremento de la capacidad de movilización, persuasión y denuncia sin el cual será imposible recuperar el enorme terreno perdido en materia de apego electoral para el próximo ballotage del 24 de noviembre. De México a Argentina, López Obrador y Alberto Fernández atisban zurcir con un tibio hilo de dudosa resistencia los primeros remiendos de una unidad latinoamericana, económica y políticamente despedazada por la erosión glaciar del mercado sobre el humus estatal y sus potencias mitigadoras del salvajismo desigualitario. De conjunto, asistimos a momentos de transformación de aún inciertas desembocaduras y desiguales escenarios.
Sin duda nos llamará la atención entre todas las expresiones sociales de resistencia, la chilena, ya que conmueve no sólo por su magnitud, persistencia y extensión, sino por la criminal respuesta de las fuerzas represivas comandadas por el confeso asesino Piñera quien le declaró la guerra a su pueblo, al que luego dice escuchar y entender. Al menos 25 muertos, centenares de heridos y miles de detenidos y torturados se han cobrado hasta ahora las directivas de esta bestia. Pero además de semejantes características dramáticas, es particularmente notorio que las movilizaciones populares carecen de instituciones políticas, sociales o sindicales que direccionen y organicen las manifestaciones, adquiriendo un tono espontáneo, aunque no exento de antecedentes parciales, desde étnicos, estudiantiles y populares. Los que sin embargo, en general, no produjeron, ni producen hasta aquí construcciones político-partidarias alternativas, con el consecuente riesgo de desgaste aunque estimule la expectativa de superación de las miserables opciones institucionales.
La llamada clase política en su conjunto -y los resultados de tres décadas de arrasamiento mercantil- parece ser el sujeto excluyente de la furia popular. Algo muy similar a la insurrección argentina de diciembre de 2001 cuya consigna generalizada fue entonces “que se vayan todos”. Tanto en aquella Argentina como en el Chile actual, la preocupación prioritaria estaba centrada en la esfera económica y social, mucho más aún que en la política.
Pero en ausencia de representaciones y liderazgos para la masa movilizada, el pasaje hacia formas de reflexión y prácticas de autoorganización y autogestión, comienzan a emerger. Particularmente en Chile, a través de la demanda de una nueva constitución que sustituya a la de la dictadura pinochetista -muy parcialmente emparchada- del ´83.
No considero incompatibles o contradictorias estas dos dimensiones. Por el contrario, las concepciones reduccionistas que sitúan a las esferas política, jurídica o cultural como mero reflejo de la base económica, no sólo empobrecen la mirada social sino que además aherrojan los cambios potenciales en la jaula de la representación profesionalizada, dejando a los afectados a merced de las decisiones tomadas a sus espaldas.
No es casual que en esta ocasión se haya vuelto a recurrir al golpe de las cacerolas como en las protestas que se iniciaron en mayo del ´83 contra la dictadura y se acompañaron casi mensualmente de algunas marchas incipientes que, como ahora, fueron reprimidas con saldo de decenas de muertos, heridos y detenidos. Si bien el cacerolazo no es la expresión más visualmente vigorosa de la palabra cívica contenida y asordinada, resulta un umbral importante de superación de la atomización ciudadana, de las formas crecientes vida solitaria en multitud, como para comenzar a superarse en el mutuo reconocimiento y ánimo de empoderamiento. Un modo que en Argentina y Chile permitieron y -permiten hoy al oeste de Los Andes- encontrar un primer rumbo y derrotero, desde los umbrales a las aceras, desde las calles a las plazas y desde las esquinas hacia las avenidas. Que cerca de 2 millones de ciudadanos de las más diversas franjas etarias e intereses personales hayan ocupado las plazas de las principales ciudades de un país de apenas 18 millones de habitantes es un acontecimiento de relevancia histórica y sociológica inigualable. Como mínimo conlleva la superación del miedo ante la represión y la inseguridad de las condiciones de subsistencia que constituyen los principales dispositivos psíquicos de la aquiescencia y pasividad ciudadana.
El “oasis” que Piñera autodefinió y que con otras adjetivaciones orientan las políticas vigentes de Macri, Bolsonaro o las eventualmente futuras de Lacalle Pou en caso de que el Frente Amplio uruguayo no logre la epopeya de la segunda vuelta, va exhibiendo en todo el continente el desagote del manantial y las inevitables consecuencias de la desertificación económica y social.
Reiteraré que no concibo contradicción alguna entre los esfuerzos expositivos de acentuación de las grandes conquistas que el pueblo uruguayo (el único sudamericano que este año tiene aún por definir su futuro formalmente político) con la exposición del horroroso tendal de víctimas que dejan las topadoras de la derecha, tras su paso por el poder político.
No hay motivo de renuncia a la denuncia.

Fuente: http://www.rebelion.org/noticia.php?id=262310

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10 de noviembre de 2019

IV. El "pacto social" y el Grupo de Puebla contra autodeterminación de los pueblos.

   
Porqué dejar de delegar
la soberanía de los pueblos.

La actual situación catastrófica del país y del Abya Yala responde a la ofensiva del sistema mundo capitalista contra los pueblos, los trabajadores y los campesinos e indígenas de todo el planeta. El sistema mundo capitalista no lo hace por estar en prosperidad. Desde 2008 está en crisis estructural globalizada por casi nulo aumento en la inversión productiva y la débil generación de plusvalía.

En el Abya Yala, desde mediados de los setenta, la alianza de transnacionales y sus Estados con las elites locales ha ido desterritorializando y reterritorializando el continente, de un modo multifacético e integral, para garantizar su incesante acumulación gran capitalista mediante, fundamentalmente, los extractivismos. Hoy tiende a generalizar e intensificar el Plan Colombia donde la política de estado (bajo adoctrinamiento de EE.UU. y de Israel) es el paramilitarismo asociado al narcotráfico con fines de control sobre posibles o reales insubordinaciones populares para garantizar el clima de negocios de las transnacionales.

Acaba de transcurrir octubre y fue trascendente por las “revueltas en América Latina” al decir de Zibechi quien descubre, detrás de sus distintas formas de expresión, causas comunes: los problemas sociales y económicos que genera el extractivismo o acumulación por despojo. Por extractivismos se entiende a los monocultivos transgénicos de exportación; la megaminería; el fracking para extracción de hidrocarburos petrificados; las mega-obras de infraestructura, de turismo y de especulación inmobiliaria urbana. Que no sólo destruyen la naturaleza y quitan/envenenan a bienes comunes naturales sino también agravan cada vez más la desigualdad y la exclusión sociales con las consecuentes militarización de los territorios y la violencia contra las mujeres, o feminicidio.
 
En Argentina, las instituciones de representación política y gremial han estado bloqueando la resistencia al ajuste sin anestesia. Se valieron primero de modelar la esperanza de que los dramas comiencen a superarse mediante las elecciones. Y cuando sucede el rotundo triunfo de la fórmula F-F, lo atribuyen a la sabia voluntad popular. La elogian tanto como si buscasen tapar la realidad concreta de que no resultó en ¡fuera Macri! Al contrario, resultó en continuidad del aguante abajo y de la tregua política. Pero se desentienden de las consecuencias de estar imponiendo el aguante al hambre, la desesperación y la represión.

Es que, en acuerdo con la función de las elecciones, no les preocupa el empobrecimiento y su profundización sino que sólo procuran mantener la gobernabilidad y la legitimación del privilegio a ‘inversores’ y ‘acreedores’ por sobre las necesidades e intereses populares. También así se explica porqué prosiguió el acuerdo entreambos bandos de la ‘grieta’ en acelerar el agravamiento extremo de las condiciones mayoritarias de vida y trabajo. Por un lado, para que el nuevo gobierno justifique no actuar según las expectativas del electorado en razón de la pesada herencia. Por otro lado, acelerar la expansión de extractivismos mediante la implantación estatal del amedrentamiento popular por dejar sin sueldos ni obras sociales como, lo ejemplifica, la gravísima situación de docentes y trabajadores estatales de la provincia de Chubut donde el gobierno de Arcione pertenece al Partido Justicialista, Frente de Todos.

Así como José Luís Gioja fue designado presidente del Partido Nacional Justicialista en momentos en que se denunciaban derrames de cianuro desde 2011 por la Barrick Gold en el río Jachal, el carácter antipopular del PJ vuelve a patentizarse en que no se responsabiliza ante las consecuencias presentes y futuras del hambre, la desesperación y la represión. Pero sí se preocupa por el Estado –bajo gestión progresista o neoliberal- en sus distintas jurisdicciones siga gestionando la expansión de la acumulación gran capitalista. Que se realiza por súper explotación del trabajo social y de la naturaleza y por despojo de territorios (o arrasamiento de comunidades, culturas e identidades plurinacionales y acaparamiento de tierras y otros bienes comunes).

Pareciera hoy que ha surgido la ayuda a los desposeídos de todo por el sistema. Ambas “o” (oficialismo y oposición) promulgaron la ley que prorroga hasta el año 2022 la emergencia alimentaria que rige desde 2002. Dicen atender al reclamo de los movimientos sociales. Sin embargo, los del oficialismo celebraron la redacción del proyecto porque las metas fiscales de Cambiemos no son afectadas ni se quita al Poder Ejecutivo la facultad de reasignar partidas presupuestarias.

Por su parte, a semanas de las elecciones, el Frente de Todos ha consolidado la usurpación del poder popular mediante la unidad de las CTA con la CGT. Persigue la ‘paz social’ o la delegación del poder de decidir el destino común de las grandes mayorías sea como sea y programa la lucha contra el hambre en vez de contra la acumulación de riquezas y poder del gran capital local e imperialista. Por el contrario, la garantiza promoviendo el desarrollo de los extractivismos.

Ambas “o” mantienen a las mayorías en la creencia de no tener otra que conformarse con sobrevivir. Sobre todo, lo consiguen situándolas de espaldas a las defensas y recuperaciones de territorios y bienes comunes que diversidades de abajo están concretando a lo largo y ancho del país-continente. De ahí lo perentorio de convocar a instalarlas en la agenda social mirando a convertirlas en políticas de la unión de pueblos y naciones del país-continente.

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III. El "pacto social" y el Grupo de Puebla contra autodeterminación de los pueblos.

Chubut: el ojo de la tormenta
9 de noviembre de 2019
Por lavaca.org


El secretario general de la Asociación de Trabajadores de la Educación de Chubut (ATECH), Santiago Goodman, fue golpeado y detenido hoy tras una represión de la policía provincial a una marcha contra el descuento de los días de paro decretado por el gobernador Mariano Arcioni. El gremio denunció que el recorte abarcaba 17 días y se aplicó a todos los docentes provinciales, inclusos los que se encontraban de licencia por enfermedades graves. En muchas escuelas los descuentos llegaban hasta el 70% de los salarios. En Esquel, por ejemplo, los directores de los colegios entregaron las llaves de los establecimientos hasta que el conflicto se resuelva. En tanto, la CTERA convocó a un paro nacional para este viernes y demandó una mesa de diálogo, en una provincia que entró en la semana 16 de conflicto estatal, y que aún exige justicia por las muertes de las maestras Jorgelina Ruiz Díaz y María Cristina Aguilar. Aquí compartimos la crónica publicada en la edición de octubre de MU, desde Rawson. La muerte de Jorgelina y María Cristina. El incendio de la Legislatura y la Casa de Gobierno. Ocupaciones en escuelas, hospitales y obras sociales. Acampes frente a organismos públicos. Más de 10 semanas de conflicto. Una deuda millonaria. Una matriz extractiva. La amenaza de la megaminería. Y la voz de les jóvenes. Qué nos grita Chubut hoy.

El micro se detiene en medio de la Ruta 3, a dos kilómetros del acceso a Trelew. Vemos humo, fuego, gomas sobre el asfalto y algunos chalecos negros y amarillos entre cordones de gendarmes. Ocurre algo impensado: el chofer no se enoja. “Qué querés, hace diez semanas que están sin obra social, yo no sé qué haría”, dirá, moviendo la cabeza, durante dos horas de espera.
El comentario nos ubica en otra dimensión.
Estamos en Chubut.
El corte es de los obreros y las obreras del Sindicato de Trabajadores Viales, uno de los gremios que componen la Mesa de Unidad Sindical desde hace un año, cuando el congelamiento de salarios a todos los estatales, el desfinanciamiento de la obra social y la pésima infraestructura de escuelas y hospitales fue el inicio de una mecha a punto de explotar. Allí está el secretario general de la delegación de Esquel, Juan Chaura, que desde la ruta precisa: “La gente está muy enojada. Otra no nos queda, porque de alguna forma tenemos que hacer visible la voz y que nos escuchen. Hacemos tomas pacíficas, cortes, y nada. Se burlan. Parece que al Gobierno le gustara que hagamos estas cosas. Ellos son los responsables de esta situación”.
Cuando el micro finalmente pasa, el chofer regala un bocinazo solidario. Cuarenta minutos después llegamos a Rawson, capital provincial, donde el conflicto alcanzó las tapas de los medios porteños de la peor manera: el incendio de la Casa de Gobierno y la Legislatura tras la muerte de las docentes Jorgelina Ruiz Díaz (52 años, profesora de Lengua y Literatura) y María Cristina Aguilar (55, Economía y Contabilidad), de Comodoro Rivadavia, en un accidente automovilístico cuando volvían de un corte de ruta. Desde ese dolor, en el acampe frente a una Legislatura aún ennegrecida y con vidrios rotos, Evelyn Oyarzo, docente de la escuela 47 e integrante de la asamblea No a la Mina de Rawson, nos recibe así en la semana diez de una provincia paralizada: “Bienvenides al ojo de la tormenta”.

La bomba
A la distancia, la primera impresión que devuelve ese ojo es que el fuego en Chubut se debe a lo salarial, pero la respuesta -como toda esta época- es más compleja: implica tirar de un fino hilo que desenrolla el espejo roto en el que se refleja Argentina hoy.
Chubut es una de las provincias más endeudadas del país. Según la Subsecretaría de Relaciones con las Provincias del Ministerio del Interior, su stock de pasivos en 2015 era de 7.427 millones de pesos. La deuda llegaría al tercer trimestre de este año a 54 mil millones. Es decir, un incremento del 445%. La megadevaluación -al cierre de esta edición con un dólar a 57 pesos- arrojó combustible a esa mecha: el Observatorio de Deuda Externa de la Universidad Metropolitana para la Educación y el Trabajo apunta que Chubut deberá afrontar vencimientos de capital e intereses por 1.200 millones de dólares hasta 2028.
Todo este combo se ve a trasluz de los escándalos de corrupción en la provincia. Al menos diez ex funcionarios de la gestión de Mario Das Neves fueron condenados por asociación ilícita, enriquecimiento ilícito, lavado de activos y defraudación al Estado en la llamada causa “Embrujo”. A su vez, a lo largo del conflicto con los estatales, renunciaron tres ministros (dos de Educación y uno de Economía). La primera fue la ministra de Educación Graciela Cigudosa, hoy imputada por presunto desvío de concursos de precios para quedarse con las obras de refacción y mantenimiento de escuelas en Rawson y Playa Unión. Lo insólito: entrará como diputada por Chubut al Frente en la Legislatura en diciembre.
Además, el mecanismo de cancelación de deuda inmoviliza las regalías petroleras hasta saldar los vencimientos y, recién después libera el monto sobrante para uso del Ejecutivo.
El secretario general de la Asociación de Trabajadores de la Educación de Chubut (ATECH), Santiago Goodman, explica: “Mientras te dicen que no hay plata, Arcioni (el gobernador) manda una ley para incrementarse 100% el sueldo. Y el único mecanismo que tienen es pedir adelantos de coparticipación, del Tesoro Nacional, del Fondo Fiduciario. Y más deuda: instalaron 1.300 millones de pesos en letras a una tasa del 78% del interés. En septiembre fueron 500 millones al 69%. Esa timba es una locura”.
La mecha estaba encendida.
El estallido
Tras la muerte de Das Neves en 2017, el vice Arcioni asumió la gobernación. Su primera medida fue congelar los salarios. Dos postales de su debut: un acampe de los estatales frente a Casa de Gobierno y la ocupación en el Ministerio de Educación. La lucha duró 180 días. 2019 arrancó con la elección provincial en la mira: el gobierno se apuró a cerrar la paritaria y suscribió una cláusula gatillo trimestral, a partir de junio. Arcioni ganó las elecciones con el 39% de los votos, pero nada se cumplió. Y los estatales volvieron a las rutas.
La mecha se acortaba. En agosto, la policía detuvo al secretario general de la Regional Sur de ATECH, Daniel Murphy, y a su compañera, la delegada Magalí Stoyanoff. Los separaron en dos comisarías distintas, a 30 km de distancia. El repudio se hizo oír hasta de gremios como Camioneros y UOCRA y una marcha histórica reunió a 40 mil personas en Comodoro Rivadavia. Mientras, los cortes continuaban y el titular del sindicato del Petróleo y Gas Privado, Jorge Loma Ávila (casualmente también presidente de Petrominera, una S.A. del Estado), declaraba que iban “a pasar por arriba de lo piquetes”. No mentía: lo apuntan como el instigador de una patota de 200 personas encapuchadas que de madrugada llegaron con palos y golpearon a maestras y quemaron sus carpas. Los gremios también responsabilizan al ministro coordinador de Gabinete, Federico Massoni, como “el orquestador”: lo sindican en el momento del ataque. Stoyanoff: “Son los que hicieron que dos minutos antes retiraran al único móvil policial que había: así se habilitó la liberación de la zona”.
La CTERA convocó a un paro nacional. El gobierno desoía los reclamos y desde las asambleas en los gremios exigían a las dirigencias dar otro paso más: pedir el juicio político a Arcioni. Los docentes reclamaron a la dirigencia de ATECH la realización de un plenario de delegados de toda la provincia para discutir las medidas. Se convocó para el martes 17 de septiembre en Rawson. Las delegaciones votaron la instalación de un acampe frente a la Legislatura. Allí habían ido las docentes Jorgelina y María Cristina, junto a otras tres compañeras de Comodoro Rivadavia, y de allí volvían cuando el Renault Sandero volcó en el km 1570 de la Ruta 3. La noticia llegó mientras se armaba el acampe.
Y la bomba explotó.
La mano en la lata
Dice el maestro de grado Carlos Magno, congresal del gremio por Comodoro Rivadavia: “La muerte de Jorgelina y María Cristina todavía no cobró el impacto de lo que significa: dos personas, dos compañeras, que fallecen después de una movilización que reclama algo elemental. No estamos reclamando algo extraordinario, fuera de lo rutinario, sino lo que está contemplado en la previsibilidad de cada trabajador, pero en Chubut no funciona lo más elemental del Estado”.
Un ejemplo: cada estatal tiene la misma obra social, Seros, que tiene una cobertura para 131 mil familias. “Hace años que viene desfinanciada porque empezaron a usar ese dinero para otros fines. La obra social ya no podía cubrir los costos médicos: desde 2018 tenemos situaciones de interrupción permanente”. Un ejemplo es la desesperación de Leila Soplane, 36 años, profe de Ciencias Naturales en la escuela 744 de Trelew: “Curso un embarazo que entra ahora al séptimo mes y estoy rogando para que mi hijo nazca entre miércoles y viernes porque son los días que funciona la obra social. Esa angustia nos juega en la cabeza. Y en la salud”. En Esquel, Seros está tomada hace más de 70 días por los jubilados y las jubiladas.
Los gremios presentaron un proyecto de Ley Tributaria ante la Legislatura, que desenreda la matriz productiva de la provincia y propone de forma extraordinaria en el plazo de 18 meses:
  • Cobrar una tasa del 5% con carácter de ingresos brutos a las empresas petroleras. Magno: “En Comodoro tenemos a la Pan American Energy, que está manejada por Alejandro Bulgheroni. Es el hombre más rico de la Argentina, detrás de Paolo Rocca. Acá está el yacimiento de producción más rico del país, Cerro Dragón, que gana 4 mil millones de dólares por año. Eso es más que el presupuesto de Chubut del año pasado (41 millones de pesos). Y estamos hablando de una sola empresa, pero a Chubut no le queda un centavo”.
  • Cobrar una tasa del 5,5% sobre la tonelada de aluminio elaborada por Aluar. “Tiene su nacimiento en la época de la dictadura. Cuentan con la Hidroeléctrica Futaleufú. Le cobran a menor precio la energía eléctrica, su principal insumo, y es una de las empresas más importantes a nivel internacional”. Aluar es propiedad de la familia Madanes y la única productora de aluminio en Argentina, que exporta el 70% de su producción. En su planta de Puerto Madryn produce 460 mil toneladas anuales. Declaró en la Bolsa que durante la segunda mitad del 2018 triplicó sus ganancias, beneficiada por la devaluación: el saldo superó los 3.000 millones de dólares. Magno: “Tampoco deja nada: ni Ingresos Brutos”.
  • Establecer el Impuesto Inmobiliario Rural a los latifundios. “Benetton es el mayor terrateniente y no paga impuesto inmobiliario”.
El proyecto también aplica porcentajes sobre la pesca, el juego y la energía eólica, parte de otro negociado. “La energía eólica siempre fue un reclamo para que se dejen de lado las matrices de generación de energía a través de combustibles fósiles, pero nunca se le dio importancia hasta que vieron un negocio. Hoy son empresas relacionadas con Macri. Ahora florecen por todos lados”.
Su lectura: “Acá ya hay una disputa política de la sociedad donde el gobierno se juega a todo y nada con el propósito de derrotar a los trabajadores para que no logremos levantar la cabeza por mucho tiempo. Por eso, el después va a ser importante: cómo saldremos de esto. Desentrañemos entonces a los responsables. Ahora hay más trabajadores que reconocen que en la cuestión tributaria está el foco del problema. Algunos dicen que es reformista: ¿cómo no sería una victoria arrancar una ley a estos gobiernos y que obligue a tributar a Aluar, a Benetton, a PAE?”.
Las mismas preguntas y respuestas se replican por Rawson, donde también hay un consenso unánime respecto a qué hay detrás de todo: “Nos quieren ahogar para instalar la megaminería”.
El no es no
La docente Evelyn Oyarzo fue la fotógrafa que capturó un momento histórico. En noviembre de 2014, la Legislatura chubutense debía discutir una iniciativa popular presentada por la Unión de Asambleas Ciudadanas de Chubut (UACH), respaldada por 13.007 firmas, para ampliar la prohibición de sustancias tóxicas utilizadas en la minería metalífera. El proyecto reforzaba la ley provincial 5001 que prohíbe la megaminería a cielo abierto con uso de cianuro, efecto del histórico plebiscito de Esquel de 2003, en el que el 82% de la población le dijo NO a un proyecto de la Meridian Gold.
Evelyn registró en esa sesión el momento en el que un gerente minero le dictaba por mensaje de texto al diputado Gustavo Muñiz cómo debía corregir un artículo del proyecto, que terminó transformándose en una ley prominera. El escándalo desató un debate con puntos en común con la actual crisis: corporaciones vs. democracia. El diario El extremo sur de la Patagonia publicó que el reciente presidente de la Cámara Argentina de Empresarios Mineros (CAEM), Alberto Carlocchia, instaló el lobby provincial para que la minería sea “la única salida ante la crisis”. En todos los acampes y ocupaciones que recorrió MU, la preocupación también se extendía a partir de las reuniones de Alberto Fernández con los empresarios, incluidos los de la Meridian Gold.
Sin embargo, para trabajadores viales y docentes, el No a la Mina es crucial. Evelyn: “La gente está cada vez más fuerte. Y vemos los frutos del trabajo de hormiga de las asambleas durante todo este tiempo. Al principio no lo notábamos, pero el año pasado, cuando comenzó el pago escalonado, mucha gente sacó la misma conclusión que nosotros. Y nos sorprendió: gente que no participa de la asamblea tenía la certeza de que nos estaban metiendo en una crisis para instalar la megaminería”.
Lo que devuelve el ojo de la tormenta, entonces, ya no es solo salarial.
Es una discusión por la vida.

El grito
Leila, desde su embarazo: “Nos dimos cuenta de la importancia de la voz propia. De animarse a decir. Porque gran parte de las medidas de fuerza que se sostienen desde el año pasado no salieron de los gremios, sino de las propias bases. Cuando buscamos asamblear en las escuelas, solíamos ser los mismos. Pero este año otros docentes ocuparon espacios, quizá por primera vez. Y fue muy importante. Porque antes estábamos en una situación en la que el sentido común era: qué importa si nadie me va a escuchar. Hoy hay otra actitud. Y es un grito: ¿cómo no me van a escuchar?”.
Ahora, a las nueve de la mañana, el grito se escucha en un cacerolazo frente a la Casa de Gobierno, bajo una tenue y fría llovizna. Laura Molina, docente jubilada de Dolavon, dice que nunca vio algo así: “Ni en 2001. Todo lo peor que podía pasar, pasó: murieron dos compañeras, se prendió fuego la Legislatura, la Casa de Gobierno, y no tenemos respuestas. Es desesperante”. En este momento Arcioni está reunido con diputados de la oposición. Las docentes reconocen al radical Manuel Pagliaroni, que admite a MU: “Hoy por hoy somos la peor provincia de la Argentina”.
En la Municipalidad no hay funcionarios, pero suena cumbia mientras despliegan banderas de ATE sobre la fachada. Gustavo Nievas, 12 años en el área de comercio: “Hace dos meses paramos porque no cobramos los sueldos. ¿Cómo se puede entender esto? A mí también me gustaría entenderlo”.
El edificio de Vialidad provincial está ocupado hace nueve días. Carol, 38 años, de la dirección de Obras por Contrato: “Estamos pagando todas nuestras cuentas con intereses. Es un círculo muy vicioso porque no te podés siquiera enfermar. Los chicos sin clases por la lucha de las compañeras docentes. Es muy difícil. Pero tampoco hay otra manera”.
En el Poder Judicial un cartel lo dice todo: “Hacer paro es hacer justicia”.
Frente al Hospital Santa Teresita se levanta una estructura con carteles pegados hacia la calle. Luisa Menéndez (59 años, 36 como trabajadora de Salud Mental) y Amanda Gotti (33 años, psicóloga) aclaran que no es una carpa, sino un centro de atención precaria, y precisan que la situación se extiende en toda la provincia. Y que este, único hospital de Rawson, atiende una población de más de 40 mil habitantes: “Desde acá vemos la crisis, un circuito muy desgastante que a nadie le importa, sin políticas de contención. No hay noción de los efectos en el cuerpo y la salud mental que traen las crisis sociales”.

La nueva escuela
De vuelta en la Legislatura, un arco de llegada cruza de vereda a vereda a la espera del Grupo de Docentes de Chubut a Pedal. Después de las muertes de Jorgelina y María Cristina, un profesor de Educación Física de El Hoyo, en la Cordillera, convocó a una pedaleada hasta Rawson. Lo que parecía una misión imposible se transformó en 48 horas en un grupo de 14 docentes que apenas se conocían: Pamela, Araceli, Sandra, Julio, Celeste, Elba, Henry, José, Yanina, Jorge, Guadalupe, Natasha, Pía y Daniel. Pedalearon 750 km, cubriendo 200 por día con postas cada 30 minutos. Salieron el martes a las 8am y acaban de llegar, a las 12:46 del viernes. Les reciben con abrazos. Con lágrimas en los ojos. Con mates calientes. Y también con una certeza que dimensionan así a MU.
José: “Hay que aclarar algo: esto no fue una hazaña ni un desafío deportivo. Era una forma de hacer visible que no es solo sueldos, tampoco edificios o escuelas sin gas: es la educación, es la salud. No podemos perder más vidas luchando por nuestros derechos. La muerte de las compañeras no fue un accidente: el Estado es responsable. Tenemos que estar adentro de las aulas. Pero también refleja un estado de ánimo después de tanto tiempo de lucha: ¿qué más podemos hacer?”.
Jorge, el profe que propuso esta idea, piensa qué hay después de toda esta lucha: “Después de una actividad muy intensa siempre hay un día posterior que se llama regenerativo. Es volver a un trabajo de acomodación del cuerpo, que todo vuelva a su lugar para volver a pedir otra exigencia. Cuando volvamos a la escuela, vamos a hacer lo mismo”. Daniel: “Hay una sociedad más consciente y organizada. El pueblo fue encontrando otras herramientas, porque como vimos con Jorgelina y María Cristina, las personas que mueren siempre son las mismas: el pueblo. Y en esa conciencia, lo que veo es que ya no está la idea apegarse a algo, sino de juntarse y crear otra cosa distinta”.
José muestra uno de los carteles que les dio un niño de 9 años sobre la ruta. Dice: “Nunca se den por vencidos”.
Nos queda entonces otra pregunta: ¿qué podemos aprender de esta historia?

La provincia luchona
En la misma sede donde funciona la Escuela 7705 y el Instituto 816 de Rawson hay una clase abierta de Emergencia Educativa. Nahuel Cuevas tiene 19 años, está en sexto año y en el día número 28 de una ocupación pacífica. Daniela Oller -20, estudiante del profesorado de Educación Especial- precisa que es la primera vez que pasan por algo así. “Nos atraviesa toda la lucha en general, que va más allá de la educación en sí: es por la dignidad de los trabajadores y las trabajadoras. Para nosotres, es pedir un establecimiento con condiciones dignas”. En Madryn hay siete escuelas tomadas. Nahuel: “Y vale la pena, porque estamos luchando por algo que queremos. No es poco. Y siempre en grupo”.
En el instituto también hay representantes de la Asamblea Permanente de Estudiantes Autoconvocadxs (APEA) de Esquel. Cuentan que la supervisión de escuelas está tomada hace 23 días y que están recorriendo las ocupaciones para realizar un documental. Marco Antonio, estudiante de Música y Ciencias de la Educación: “Se está formando algo lindo que no sabemos dónde va a parar, pero va más allá de las políticas partidarias”. Valeria Moraga, 18 años, estudiante de Abogacía: “El método asambleario, que vemos replicado en toda la lucha, maneja una horizontalidad que es crucial en tiempos de crisis”.
Fiona Cartolano es de las más chicas de la ocupación. Quizá también de toda la lucha. Y dice: “Yo tengo a mi mamá que lucha desde los 7 años, junto a mi abuela. Vengo de familia luchona, que me enseñaron muchísimas cosas, en marchas, explicándome. Y acá también estoy aprendiendo a pensar con otres. No es fácil, hay choques, más durante tanto tiempo: pero todo lo hacemos juntes”.
¿Cómo definirías qué es la lucha? “Es resistir. Pero no mandando un mensajito, un ‘los acompaño’ con dos emojis. Es estar. Es acompañar. Es ayudar. Es preguntar qué necesitás. Y, sobre todo, es poner el cuerpo”.
Fiona tiene 13 años.
http://www.lavaca.org/portada/chubut-el-ojo-de-la-tormenta/

Fuente: http://www.rebelion.org/noticia.php?id=262232

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II. El "pacto social" y el Grupo de Puebla contra autodeterminación de los pueblos.

 

Sus ganancias o nuestras vidas

Megaminería, fracking y agrotóxicos:

el combo letal de los aliados

de Alberto Fernández

26 de octubre de 2019

Alberto Fernández viene insistiendo en sus discursos con la necesidad de “cuidar el medioambiente” frente al cambio climático. Mientras tanto, sus aliados son los promotores de la megaminería y la Barrick Gold como Uñac y Gioja en San Juan, o del uso de agrotóxicos como Bordet en Entre Ríos. ¿En qué quedamos?
@juanmastiazaran
Cierra la campaña. Comienza la cuenta regresiva de cara al domingo. El experimento del país atendido por sus propios dueños llega a su fin y Macri se va, como ya lo adelantaron los resultados de las PASO.
Pero a pesar de las expectativas por el recambio presidencial se quedan la crisis, el FMI y los gobernadores del Frente de Todos que fueron cómplices de este Gobierno. Y detrás de los slogans y frases de campaña que buscan cierta épica progresista, se reafirma un modelo de saqueo y contaminación de nuestros recursos naturales que tiene a sus principales promotores entre los (ahora) aliados de Alberto Fernández.
“Minería sustentable” ¿de la mano de la Barrick?
En una de sus últimas visitas a la provincia de San Juan, el candidato a presidente del Frente de Todos brindó una conferencia de prensa junto al gobernador Sergio Uñac y a su antecesor José Luis Gioja, ahora presidente del PJ Nacional. En esa oportunidad, Fernández aseguró: “Sé que para provincias como Catamarca o San Juan el tema de la minería es muy importante. Y San Juan ha logrado desarrollar la minería de un modo sustentable, con el acuerdo social. Me parece que es un modelo a seguir porque la minería es una fuente de riquezas para provincias como Catamarca y como San Juan”.
El modelo a seguir que propone Fernández tiene un protagonista excluyente en la provincia sanjuanina: Barrick Gold, la multinacional minera dedicada a la extracción de oro más grande del mundo, con sede en la ciudad canadiense de Toronto.
Llegada a la Argentina durante el menemismo en 1993, opera en la mina Veladero desde 2005 en San Juan y es propietaria del proyecto Pascua-Lama en la frontera con Chile. Actualmente obtiene ganancias multimillonarias que remite al exterior, mientras nos deja a cambio la contaminación de nuestros ríos y una legislación cada vez más permisiva para seguir avanzando en el saqueo de nuestros recursos.
El poder del lobby de la Barrick pudo verse apenas a los dos meses de que Cambiemos llegara a la presidencia. El 12 de febrero de 2016 Macri anunció por decreto la eliminación de las retenciones al sector minero, una modificación que significó que el Estado deje de percibir más de 220 millones de dólares. El anuncio fue realizado en la provincia de San Juan, festejado por el gobernador Uñac y por los representantes de Barrick Argentina y de la Cámara Minera.
Pero no era la primera vez que la Barrick lograba el favor de una decisión presidencial. En el año 2008 la minera logró torcer el destino de la Ley de Glaciares, aprobada por unanimidad en Diputados y por amplia mayoría en el Senado. Sin embargo, logró que Cristina Fernández de Kirchner la vetara tan sólo tres semanas después de su aprobación. La razón de ese veto puede rastrearse en lo que era el proyecto de Pascua-Lama, al punto tal que fue bautizado por muchos como el “veto Barrick”.
Unos meses después, en mayo de 2009, el periodista Darío Aranda aseguraba en Página 12: “El 14 de abril pasado, Peter Munk, fundador de la minera Barrick Gold, fue recibido en Casa de Gobierno por Cristina Fernández y el gobernador de San Juan, José Luis Gioja. Dos semanas después, el 30 de abril, los gobiernos de Chile y Argentina dieron luz verde a Pascua-Lama: firmaron el acuerdo tributario para definir las regalías de cada país, la última traba que tenía el proyecto.
Y completaba citando un estudio de la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales de la UBA en el que se aseguraba: “Pascua-Lama, señalado por impulsores y detractores como el proyecto minero más ambicioso de América, utilizará 17 camiones con cianuro por mes, 370 litros de agua por segundo –en una zona semidesértica– y 200 camiones de explosivos al mes. Todo en zona de alta montaña, de glaciares. ‘No existen antecedentes mundiales de operaciones mineras, petrolíferas, industriales o arquitectónicas de gran dimensión, en o sobre formaciones glaciarias o periglaciarias que hayan resultado de nulo o mínimo impacto sobre las mismas’.
La construcción de Pascua-Lama sólo era posible vetando la Ley de Glaciares, algo que fue concedido de inmediato y sin chistar.

 

Voceros de las mineras

Finalmente en 2010 se terminó aprobando una nueva ley, aunque con algunos cambios que fueron muy criticados por sectores ambientalistas y que dejaban las manos libres de la Barrick para avanzar con el proyecto. A pesar de eso, la minera volvió a cargar contra el proyecto y al día de hoy, incluso, continúa insistiendo con su derogación. ¿Quién es su principal aliado en esa cruzada? La respuesta no sorprende: el gobernador Uñac.

En julio de este año, tras una reunión que Fernández, el gobernador declaraba ante los medios sanjuaninos qué temas eran los que habían tratado: “Le expuse que era muy importante reconsiderar la minería. Hay más de 100.000 millones de dólares esperando inversión, respecto de este tapón que tenemos que es la Ley de Glaciares. Y no hace falta no cuidar el medioambiente para hacer minería. En San Juan hemos demostrado que cuidamos el medioambiente, cuidamos la seguridad de las personas y hacemos minería también”.
La militancia de Uñac a favor de los intereses de la Barrick es incondicional, pero hay que reconocer que aprendió de un gran maestro en la materia. En tiempos de la gobernación de José Luis Gioja, su antecesor en el cargo y padrino político, la empresa canadiense protagonizó el desastre ambiental más grande de la historia argentina.
El 12 de septiembre de 2015, cinco millones de litros de agua cianurada fueron derramados en Veladero, contaminando los ríos Potrerillos, Jáchal, Las Taguas, Palca y Blanco. En un primer momento la minera quiso esconder la magnitud de semejante desastre y contó para ello con el aval del propio Gioja, quien hasta salió al cruce de la Universidad de Cuyo por un estudio publicado sobre los efectos del derrame. En el mismo se aseguraba haber encontrado residuos altamente peligrosos catorce veces más de lo permitido en el suministro de agua local de Jáchal. “La intención es dañar a San Juan” respondió enfurecido el gobernador Gioja, quien además calificó el informe como “falso” y “dañino”. Tiempo después las consecuencias del derrame fueron inocultables y al día de hoy varios ex funcionarios atraviesan procesos judiciales por ese motivo. Otra fue la suerte de los directivos de la empresa, que siguen gozando de total impunidad.
Un combo letal
Para “poner de pie” a la Argentina, Alberto Fernández insiste en la necesidad de “generar dólares”. Y para ello insiste con un modelo apoyado en tres pilares: la minería, Vaca muerta y las exportaciones del agro.
Las ficciones del “modelo” de Fernández y los motores con los que sueña su equipo económico ya han sido analizadas por este diario en otra oportunidad, así como las consecuencias que deja a su paso. Pero más aún, las condiciones de saqueo actual parecen no ser suficientes y las multinacionales reclaman mayores beneficios, algo en lo que el candidato del Frente de Todos y su equipo ya se encuentran trabajando.
En varios medios ya fue publicado que Alberto Fernández trabaja sobre un proyecto de ley para “potenciar” Vaca Muerta y tanto él como parte de sus economistas han dicho que esa será una prioridad para su Gobierno. A pesar del discurso “ecofriendly” que ha tomado en las últimas semanas de campaña, el candidato del Frente de Todos busca generar condiciones de “mayor competitividad” para favorecer las inversiones de empresas extranjeras entre las que se encuentran: menor nivel de impuestos, facilidades para remitir dólares al exterior y redefinir la forma en las que se otorgan las concesiones, dándole más lugar a quienes tengan “más capacidad financiera”. Esta última cuestión favorecería a las petroleras más importantes a nivel internacional, siempre dispuestas a llevarse todo.
El otro pilar en el que pretende apoyarse Fernández es el modelo de agronegocios que encuentra a la provincia de Entre Ríos y a su gobernador, Gustavo Bordet, como grandes exponentes. Y para muestra acerca de lo que implica su modelo solo hace falta un botón: por medio de un decreto provincial, Bordet intentó modificar normas que prohiben las fumigaciones terrestres con agrotóxicos a menos de un kilómetro de distancia de las escuelas rurales, reduciéndolas a tan sólo 100 metros. Una medida que sin duda expone a adultos y niños de forma sumamente peligrosa. Sin embargo, la Justicia dejó sin efecto el decreto del gobernador que beneficiaba a los empresarios del agro transgénico.
Las consecuencias de las fumigaciones con agrotóxicos pueden verse en las estadísticas escalofriantes que maneja la provincia: mientras un informe publicado por el Instituto Nacional del Cáncer (INC) en 2017 indicó que Entre Ríos ocupaba el segundo lugar en fallecimientos de hombres por cáncer con 140 casos cada 100.000 habitantes (la media nacional en ese momento indicaba menos de 120 casos cada 100.000), un relevamiento realizado en febrero del 2018 afirmaba que el 55 % de los niños y adultos internados en el Hospital Garrahan y el Hospital Italiano por casos de cáncer o malformaciones provenían de la provincia mesopotámica.
Sin embargo, a pesar de estas estadísticas, a Alberto Fernández los fallos judiciales que limitaron la fumigación con glifosato le parecieron “desmedidos”.
La experiencia reciente muestra que, detrás de los discursos sobre el cuidado del medioambiente, los (exaliados de Macri y ahora) aliados de Fernández actúan como voceros de las grandes patronales, sean nacionales o multinacionales. Campeones de promover el extractivismo sin reparos en el daño ambiental y en la salud que esto genera.
Si durante todos estos años promovieron este modelo de saqueo y contaminación de nuestros recursos, llegando incluso a adaptar la legislación para favorecer los intereses de unos pocos a costa de la salud de millones: ¿por qué habría que pensar en que a partir de ahora será distinto?
 

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I. El "pacto social" y el Grupo de Puebla contra autodeterminación de los pueblos.

Argentina. El progresismo latinoamericano se reúne en Buenos Aires en el segundo encuentro del «Grupo de Puebla»

Resumen Latinoamericano*/ 7 de noviembre 2019

Con Alberto Fernández como anfitrión, llegan al país ex presidentes como «Pepe» Mujica, Dilma Rousseff, Ernesto Samper y Fernando Lugo, el vicepresidente  de Bolivia, Álvaro García Linera, entre otros.
Con el presidente electo Alberto Fernández como anfitrión, se realiza en Buenos Aires el segundo encuentro del «Grupo de Puebla» bajo el lema «El cambio es el progresismo».
Dilma Rousseff (Brasil), José «Pepe» Mujica (Uruguay), Fernando Lugo (Paraguay), Ernesto Samper (Colombia), Álvaro García Linera (vicepresidente de Bolivia), José Luis Rodríguez Zapatero (España) y Daniel Martínez (candidato del Frente Amplio que competirá en el balotaje en Uruguay) son algunas de las figuras internacionales que confirmaron su presencia.
«El propósito de la reunión en Buenos Aires es el de seguir construyendo, entre todos, una agenda progresista que nos identifique y reúna», explicó días Samper, ex presidente de Colombia y ex secretario de la Unasur, durante una entrevista que el propio Grupo de Puebla difundió a través de sus redes sociales.
Fernández, quien regresó al país proveniente de México, donde se reunió con el presidente Andrés Manuel López Obrador, tendrá su participación el sábado por la mañana en la cumbre que se desarrollará en el Hotel Emperador, ubicado en la avenida Del Libertador 420, en el barrio porteño de Retiro.
 “El Grupo de Puebla es un grupo que yo mismo impulsé mucho antes de ser candidato, y que empezamos a trabajar con Marco Enríquez-Ominami desde Chile”, dijo Fernández en declaraciones que realizó en su paso por México.
 “En el Grupo de Puebla no estamos hablando de generar una referencia ideológica que se enfrente a nadie, simplemente es un conjunto de dirigentes de toda América Latina, respetuosos de las institucionalidades y de la democracia”, aclaró el mandatario electo.
En esa línea, Fernández remarcó que lo que plantea el grupo «son alternativas a lo que ha imperado en los últimos años, por ejemplo, en Argentina, y es la búsqueda de volver a reencontrar un sistema político que devuelva la equidad perdida, el equilibrio y la igualdad social en América Latina, de eso hablamos”.
«El foro busca integrar canales de comunicación y de trabajo entre dirigentes de toda Latinoamérica con una mirada progresista y en respeto a la institucionalidad y a la democracia”, resumió.
La primera reunión de este nuevo foro internacional tuvo lugar del 12 a 14 de julio de este año en la ciudad mexicana que le da su nombre: Puebla, donde 30 líderes de 12 países coincidieron en unir fuerzas y propuestas para consolidar un nuevo eje para «producir consensos regionales y articular políticamente al progresismo».
El Grupo de Puebla busca sumar al actual gobierno mexicano, pero como su presidente Andrés Manuel López Obrador tomó la decisión de no abandonar su país por viajes al extranjero, a Buenos Aires llegará Yeidckol Polevnsky, la presidente de MoReNa, el partido en el gobierno.
Diario Tiempo Argentino

Fuente: http://www.resumenlatinoamericano.org/2019/11/07/argentina-el-progresismo-latinoamericano-se-reune-en-buenos-aires-en-el-segundo-encuentro-del-grupo-de-puebla/

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La «contrarreforma agraria integral» mediante extractivismos garantiza neoliberalismo.

Quien gobierna ahora 

son las corporaciones transnacionales: Gustavo Castro
1 de junio de 2016

Agencia SubVersiones

Por Aldo Santiago y Heriberto Paredes
Mapa de GeoComunes
Decidimos darnos la oportunidad para conversar con Gustavo Castro, uno de los principales actores en la lucha contra el modelo extractivista, en México y en Centroamérica, a través de diversas organizaciones y redes como Otros Mundos Chiapas y la Red Mexicana de Afectados por la Minería (REMA). El camino fácil sería ahondar en torno a su papel como testigo protegido en el caso del asesinato de Berta Cáceres, el pasado 2 de marzo de 2016, sin embargo, nuestra apuesta es por comprender los argumentos de la lucha contra este modelo de muerte, que ha dejado una destrucción en la región mesoamericana sin comparación.
En esta entrevista, Castro nos habla de lo que sucede en términos de megaproyectos, tanto energéticos como de infraestructura para que los primeros sean viables. También aborda el contubernio de gobiernos y empresas de todo tipo en el negocio del extractivismo. Habla específicamente de lo complejo que ha sido para el Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras (COPINH) hacerle frente a la imposición de un modelo que pone en venta al país sin importar el costo humano y de destrucción de la naturaleza que esto implica.
He aquí, pues, la conversación que sostuvimos con él, misma que compartimos íntegra. Que sean sus palabras y las distintas investigaciones las que dibujen el contexto en el cual se encuentra la región mesoamericana:
Queremos hablar, más una cuestión del contexto regional. De lo que queremos hablar es de la producción energética, en específico, del trabajo que haces en Otros Mundos y otras redes de Mesoamérica. ¿Qué arrojan estos resultados de monitoreo que pueden haber hecho mapeamiento acerca de este programa llamado SIEPAC, quiénes estarían detrás de él y cuáles son las maneras en que se está implementando?
Bueno, creo que este elemento explica también el contexto del asesinato de Berta Cáceres, porque en el marco de los tratados de libre comercio, que prácticamente todos los gobiernos de América Latina han hecho con Estados Unidos y Canadá, Europa o incluso otros países de Asia, los gobiernos están –de alguna manera– obligados a modificar todas sus legislaciones para garantizar la inversión extranjera. En este marco de los tratados de libre comercio, los gobiernos tienen que modificar leyes para adaptarlas, tienen que modificar, por ejemplo, ley minera, ley de aguas, ley de inversión extranjera, ley de hacienda, etc. Esta es una parte de las modificaciones que tienen que realizar como destrabar también aranceles: que las empresas puedan entrar a los países sin pagar impuestos, pero el otro elemento fundamental es: la inversión no va a llegar, según los gobiernos, –bueno, según también las empresas transnacionales– si no tenemos la infraestructura que necesitamos para llegar y se encuentran entonces con una región mesoamericana con una infraestructura muy pobre.
“Atestiguar cómo tiran árboles y devastan los montes es como ver morir una parte de tu ser; el cerro es parte de nuestra vida” explican los tepoztecos en resistencia contra la ampliación de la autopista en Morelos.
Lo primero que empieza entonces, el Plan Puebla Panamá (PPP), entonces así llamado, era generar la infraestructura necesaria para que llegaran las inversiones a la región, empezando por carreteras, empezando por energía. Eran como los dos pilares en donde el PPP gastó la mayoría de los recursos, las empresas no van a llegar si no tienen comunicación, la empresa no va a llegar si no tienen carreteras, si no tiene puertos, si no tiene aeropuertos, si no tiene vías de acceso y el segundo elemento es la energía, las empresas dicen ¿cómo vamos a poder implementar un proyecto minero que gasta muchísima energía y agua sin los cables, sin incluso la capacidad de instalar los megawatts, la región mesoamericana no es la adecuada para que lleguen así plantas, por ejemplo, de automotrices, incluso también, grandes extensiones de monocultivo, como la palma aceitera, como también grandes complejos turísticos de élite, incluso como explotación petrolera, de gas, gasoductos, polioductos, etc. Se requiere cantidades enormes de energía.
Entonces viene un primer proyecto muy grande de parte del PPP de reconstruir represas para poder ofrecer energía suficiente a las inversiones. Pero no solamente represas, también todo lo que se llamó el sistema de integración energética para Centroamérica implicaba homogeneizar el cableado y también que cada uno de los países pudiera desregularizar sus leyes energéticas para hacer una sola regulación. En aquel entonces, fue España quien financió muy fuerte este proceso, pero se requería generar todo un sistema de energía y también un gran negocio. ¿Quién iba a ser el órgano regulador del sistema energético? ¿quiénes iban a ser los que lo iban a operar y vender esta energía a las grandes empresas que iban a llegar a invertir? Lo otro es, tenemos que generar nuevas fuentes de energía, que no sólo son represas, sino que también empezaron con eólicos, ese gran negocio para atraer las inversiones es el tratado de libre comercio que muy poco nos damos cuenta de que esta gran cantidad de megaproyectos que llegaron a la región se debe a esta apertura comercial que empiezan a abrir los gobiernos, absolutamente todos.
En este contexto se junta otro elemento que me parece fundamental y es que, en el marco del protocolo de Kyoto, los gobiernos que tienen que reducir altos índices de contaminación de gas y de efecto invernadero, en Europa y Estados Unidos, se les ofrece o inventan los mecanismos de desarrollos limpio, lo que significa que los gobiernos y las empresas dicen, bueno, en lugar de reducir los gases de efecto invernadero en Europa, lo que voy a hacer es invertir en un mecanismo que va a ofrecer un desarrollo limpio al planeta y entre ellos están las represas. Porque se justifica o se pretende justificar que las represas son un desarrollo limpio y es una energía limpia, tratando de oscurecer y sepultar el resultado de la Comisión Mundial de Represas, que en el 2000 –financiado por el Banco Mundial (BM) y redes internacionales– concluyeron que las represas eran la energía más sucia, que habían desplazado entre 60 y 80 millones de personas en todo el mundo, que se han construido más de 55 mil grandes represas, que el 60% de las grandes cuencas en todo el mundo han sido represadas, que los efectos sociales-ambientales han sido de una magnitud impresionante y que, además, eso ha implicado endeudamiento a los gobiernos.
El Plan Maestro de Aprovechamiento del Río Magdalena contempla la construcción de 38 «microrepresas» como una propuesta que busca «eficientar» los 1,500 km de la cuenca más importante de Colombia, único país incluido tanto en el Plan Mesoamérica como en la integración sudamericana (IIRSA). En junio de 2015 comenzaron a inundar más de 8 mil hectáreas de tierra de uso agrícola, provocando devastación ambiental a causa de la descomposición vegetal. Foto: Aldo Santiago
No se esperaban el resultado de este estudio. Tratan de sepultar a la Comisión Mundial de Represas que ellos mismos financiaron y crearon y entonces empiezan a generar un nuevo discurso diciendo que la energía de represas es una energía limpia, energía sustentable y también para compensación de bonos de carbono con los países del norte. Entonces esto fortalece todavía más las represas, no solamente en Honduras, que es como el caso de Agua Zarca, que el COPINH tienen una lucha muy fuerte, sino en toda América Latina, hay cantidad de represas y cantidad de luchas y de resistencia tratando de detener y contener el discurso de que las represas es energía limpia y sustentable, pero que sirve para muchos intereses en las empresas constructoras de represas, intereses en el mercado de carbono y eso, obviamente, va impactando cada vez más en territorios indígenas, campesinos, cuencas, comunidades, criminalización –como en el caso de Berta.
Y en este marco, hablando de la región, ¿qué papeles tienen los distintos actores? Para poder hacer un listado de quiénes son los interesados en estos proyectos, empezando por las empresas privadas transnacionales, instituciones financieras, pero también el Estado hondureño. ¿Qué papel tiene cada uno para insistir tanto en la construcción del proyecto?
Esa es una buena pregunta, porque es una cadena de intereses, obviamente uno de los principales interesados son los bancos que prestan y que prestan porque tienen ganancias jugosas por intereses en muchos megaproyectos en el mundo. Y ahí nos encontramos al Banco Mundial. El BM también es un gran negocio, también los gobiernos en AL están sumamente endeudados por el BM por supuestos proyectos de desarrollo; otro segundo banco que está interesado, bueno, también sabiendo que detrás del BM están las grandes potencias que son las principales financiadoras del BM. Otros de los bancos, son los bancos privados, sobre todo, bancos europeos o japoneses o cualquier tipo de banco que entrega financiamiento a los gobiernos y las empresas que van a invertir en un proyecto hidroeléctrico. Otro tercer interesado, son las empresas constructoras, que obviamente reciben todos estos beneficios de créditos blandos, de subsidios o incluso también de muchas ganancias, independientemente de si la presa va a funcionar o no va a funcionar, y todavía más cuando la empresa se queda no solamente como constructora de la represa sino generadora y vendedora de la electricidad.
Entonces, vender la energía a los puertos, aeropuertos, canales secos, empresas, mineras, etc., pues es un gran negocio. O venderla a la red centroamericana de energía, ahí hay otro interés.
Otro nivel es la misma oligarquía local, los mismos empresarios locales que adquieren de alguna manera concesiones y que están involucrados en este tipo de acciones y de intereses. Y ahí vienen muchísimos intereses, como por ejemplo, algunas empresas que logran la concesión para la venta de un equipo, que son especialistas en las turbinas, en mantenimiento, etc., hay montón de intereses metidos de todo tipo que hay una especie de contubernio. Los bancos, obviamente, adquieren muchísima ganancia por interés, ya sean bancos privados o la banca multilateral e igual el Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE) que no tiene ninguna norma operativa como lo tiene el BM o el BID –que al mismo tiempo tampoco funcionan del todo– que diga, vamos a dar un financiamiento siempre y cuando tal empresa cumpla con el impacto ambiental, consulta a pueblos indígenas, que se verifique la violación a los derechos humanos, una serie de normas para poder prestar, el BCIE no las tiene, entonces con el PPP, cuando empezó la reacción en el año 2000 y hubo un confrontamiento muy fuerte con el BM por los proyectos que estaba financiando y que eso iba a implicar impacto socioambiental, lo que hizo también es, derivó también al BID que sería el banco de desarrollo multilateral continental, como hay banco intercontinental africano, asiático; el BM se coordina con el continental que es el BID, por ahí empezaron a funcionar y a pasar muchos de los financiamientos.

Cuando se puso la tensión ahí, entonces esos financiamientos pasaron al BCIE que es banco menos conocido, que tiene menos normas operativas y por ahí empezaron a salir y canalizarse muchos de los financiamientos sumamente controvertidos, a proyectos incluso con afectaciones terribles a indígenas y campesinos y en este caso de la muerte, del asesinato de Berta Cáceres, precisamente es el BCIE el que está metido.
Entonces al mismo tiempo se involucran gobiernos, porque los bancos multilaterales son los gobiernos responsables de dar el dinero y también de otorgar el financiamiento, ¿bajo qué criterios están los gobiernos entregando financiamiento a las empresas transnacionales para supuestos proyectos de desarrollo cuando el resultado son masacres, asesinatos, desplazamiento de población indígena y campesina? En esta cadena de financiamiento hay, tanto gobiernos del norte que financian los grandes bancos multilaterales, bancos privados, gobiernos de América Latina, de Centroamérica en el caso del BCIE. Obviamente los gobiernos centroamericanos son socios, México es socio, Japón es socio, España es socio, muchos de los países son socios. Bueno, los países que dan dinero a un banco de desarrollo local o regional tienen prioridad sobre las inversiones o préstamos que se van a hacer a las empresas que se van a hacer, los gobiernos están guardando los intereses de sus propias transnacionales, de tal manera que cualquier gobierno europeo que entregue al BM, BID o BCIE, obviamente sus empresas tienen prioridad para poder adquirir empresas que se están privatizando, fusionar concesiones, licitaciones para construir represas, oleoductos, gasoductos, etc., y uno de los conflictos que va a haber próximamente es el gasoducto que piensan construir y que va a pasar por toda Oaxaca, Chiapas, hasta Guatemala, El Salvador, Honduras, obviamente a llevarse pueblos enteros, comunidades y demás, bajo el supuesto desarrollo con lo que va a implicar de afectaciones al medio ambiente.
Quería definir algunos datos sobre la cuestión de los bancos, del flujo de dinero tenemos esta cuestión de todos los países que podemos mencionar, pero por ejemplo, intentando conectar datos, cuando se habla en Estados Unidos de que en los últimos años el tráfico de la cocaína que va para allá pasa por Honduras más que por otros lugares. Y también con cosas que han sucedido últimamente, con esta cuestión de los Papeles de Panamá, que muestra como todo es un gran lavado de dinero. ¿Cuál es la relación para que haya tanto dinero para enviar a estas regiones y qué tanta influencia tiene este sector en el aumento de la violencia en toda la región?
Hay varias líneas que lo explican, una de ellas es la justificación del terrorismo, del crimen organizado en la región, que ciertamente, si fuera por tierra el tráfico, forzosamente tiene que pasar por Honduras porque es parte de toda la región centroamericana, y esa puede ser una justificación, sin embargo, me parece que no podemos dejar de lado la necesidad de los gobiernos de garantizar las inversiones de las empresas en la región, para lo cual, la criminalización es necesaria. Los recursos, como Plan México (también conocido como Iniciativa Mérida), destinados a contener la movilización social, son enormes.
Los gobiernos han modificado todas sus leyes para criminalizar cualquier protesta social, de tal forma que lo que antes era un derecho humano –la libre expresión–, ahora es difamación, o la libre expresión de ideas, la movilización social, pacífica, constitucional, ahora es crimen organizado, ahora es bloqueo a las vías de comunicación, ahora es incluso terrorismo, incluso es secuestro, porque no pudieron pasar los funcionarios o por cualquier cosa ya es secuestro y eso implica tantos años de cárcel. Los gobiernos tienen que garantizarle a las empresas eso, entonces la justificación militar y policiaca bajo el terrorismo, bajo el crimen organizado –si bien hay razón en ello– también tienen doble filo, también el otro objetivo es criminalizar, detener una protesta social.
También reflexionamos sobre el origen de esto y en el marco de los tratados de libre comercio, las empresas llegan con un seguro de inversión, no cualquiera llega así, de tal forma que se ha logrado hacer una especie de tribunales supranacionales, donde las empresas pueden demandar a los gobiernos cuando incumplen el tratado de libre comercio y hay varias formas de incumplir, ya sea que un gobierno bloquea, pone un arancel, o incluso pone un subsidio al sector nacional –a eso le llaman competencia desleal–, o hay una ley que le prohíbe o que no le facilita a la empresa invertir, entonces hay bloqueos arancelarios y no arancelarios, pero hay otro más importante para ellos, porque los gobiernos han logrado modificar la estructura nacional a nivel legislativo, judicial, etc., sino que, la gente, los pueblos que se organizan para protestar y en donde el concepto de expropiación, las empresas y los tratados de libre comercio han logrado ampliar este concepto de expropiación, de tal manera que si yo llego a tú país y me quitas una inversión, una concesión, pues tú me pagas, me quitas mi pozo petrolero que ya me habías dado, o una concesión de gas o de represa o de mina, aunque argumente el gobierno afectaciones al medio ambiente, al agua, a derechos humanos, a cualquier cosa, la empresa dice: tú me estás bloqueando la inversión, tu me quitas tantos años de ganancia que tu me los vas a pagar y esas demandas están al día en los tratados de libre comercio, donde los gobiernos tienen que defenderse incluso ante el CIADI (Centro Internacional de Arreglo de Diferencias relativas a Inversiones), que es el mecanismo de disputa entre las inversiones entre empresas y gobiernos.
Entonces las empresas acuden al CIADI del BM cuando consideran que sus inversiones están siendo afectadas. La mayoría de las últimas demandas de las empresas transnacionales en el CIADI, casi el 40% tienen que ver con la industria extractiva, petróleo, gas; cuando un país dice, detengo tu pozo petrolero o expulso a tu empresa petrolera, por lo cual muchos países han querido salirse, como lo es Argentina, Bolivia, Venezuela, salirse del CIADI como el espacio de disputa por las inversiones transnacionales en los países del sur, como más de 200 mil millones de dólares en puras demandas de las empresas transnacionales contra 60 países de África y América Latina.
Eso dimensiona que, si los gobiernos quieren respetar los derechos humanos o hacer eco de las demandas de los derechos humanos y eso implica eliminar una concesión, conlleva una demanda de millones de dólares por parte de una empresa, como lo ha sufrido Ecuador, como lo ha sufrido Costa Rica cuando dijo no a la mina de oro, cuando dijo, también El Salvador, no a la mina de oro. Las empresas van a una demanda, y si el pueblo, las organizaciones se movilizan, el concepto de expropiación se amplia y le llaman una expropiación indirecta, el gobierno dice, es la gente la que está bloqueando la carretera y la empresa transnacional dice, pues es tu gente, tu me la pones en orden, tu, de alguna manera, como no tienes una legislación o mecanismos políticos para contener esa protesta que me está afectando mis inversiones, va la expropiación indirecta y yo te estoy demandando; entonces a los gobiernos les sale más barato criminalizar y meter a la cárcel a los luchadores, que pagar millones y millones de dólares a esa empresa.
Y estamos hablando, tan sólo del caso del caso de El Salvador, de Costa Rica o de Ecuador, de millones de dólares por un caso, supongamos Honduras, que tiene decenas y decenas de concesiones mineras y el gobierno dice, las mineras se van porque el pueblo no quiere, o las represas se van; o México, que en los últimos sexenios se han entregado 45 mil concesiones con 95 millones de hectáreas del país, que implica la mitad del territorio nacional. Con que el gobierno diga, de las mil mineras que están en operación ahora, que diga 500 se van porque están afectando al medio ambiente, indígenas y campesinos, bueno 500 son muchas, ponle 5 entre las empresas canadienses más grandes: el gobierno no tendría dinero para pagar tanta demanda y los intereses de estas demandas, tendría que vender el país 20 veces para poder pagar eso
Estamos hablando de muchísimas más concesiones mineras, concesiones de represas que hay en todo el país, de carreteras, de puertos, de aeropuertos, de gas, de petróleo, de fracking, de concesiones para turismo, de licitaciones gubernamentales de todo tipo, es toda la venta del país. El gobierno no tendría la capacidad de ninguna manera de contener, en términos financieros, demandas, si el gobierno dice, vamos a respetar derechos humanos, vamos a respetar medio ambiente. Entonces lo que están haciendo los gobiernos es criminalizar, es más barato, meto al bote a uno, a otro a la cárcel, reprimo, que millones en demandas tan sólo por una empresa minera, cuando la dimensión de lo que se ha vendido, y eso se repite en Guatemala, concesiones de petróleo, carreteras, de minería, de hidroeléctricas, igual Honduras y así nos podemos ir por toda América Latina, razón por la cual se ve cómo todos los gobiernos están modificando, lo que siempre se ha llamado las políticas de ajuste estructural, están modificando las estructuras de sus países para garantizar a las empresas extranjeras todas las inversiones, la extracción de todos los recursos de AL, donde el principal elemento de disputa es el territorio.

O sea, las corporaciones necesitan para cualquier cosa, territorio, para instalarse, minas, presas, oleoductos, gasoductos, fracking, gas, plantaciones de monocultivo, grandes ingenios, plantas de autopartes, grandes inversiones de turismo de élite que en las playas destroza manglares, es decir, necesitan territorio, grandes cantidades de territorio, y ahí están los pobres, ahí están los indígenas, los campesinos. Además, para poder hacer posible está inversión, requieren más territorio porque necesitan extraer el agua, la energía, etc. La disputa en AL es el territorio y yo creo que es lucha que se está viviendo actualmente y que es la que va a ir empujando en la medida en la que los tratados de libre comercio van avanzando, y ahora peor, en la medida en que el tratado transpacífico se va implementando y que es el tratado más ambicioso que hay hasta ahora.
Para aterrizar en Honduras: esta situación de la modificación de la normatividad de los países es muy representativa en Honduras después del golpe de Estado, inclusive ya llegaron a afectar zonas con proyectos modelo y en otros caso como zonas económicas especiales, ¿cuál es ese nuevo perfil de Estado-corporación?
Eso es impresionante, lo que está pasando, después del golpe, lo que pasa en Honduras es la apertura total a la entrega de concesiones mineras y muchos otros megaproyectos, y la aprobación, incluso de los que están ahora en el gobierno, de las llamadas ciudades modelo y que acá en México se llaman zonas económicas especiales (ZEE), que es un país dentro de otro país. Garantizar a las transnacionales todo lo que requieran para la extracción, por ejemplo, de México, se va a requerir visa especial para entrar a una ZEE, van a tener su propia estructura, sus propias leyes, su propia autonomía, incluso no van a pagar impuestos, van a tener acceso a puertos, van a tener conexión también entre las tres ZEE que se plantean en México. Puede haber zonas enormes de autopartes, van a tener viviendas, hospitales, va a ser como un país dentro de otro país. Y van a tener todo el financiamiento de la banca multilateral y de los bancos para poderle ofrecer a las empresas, darle mayor valor agregado a su producción y sacarla al mercado asiático.
No es novedad, hay muchas experiencias de zonas económicas especiales, incluso el BM dice que no son la panacea, que ni siquiera han funcionado, sin embargo van intentando, insistiendo, en que ese modelo, precisamente, de corporación-nación, en donde existe un reflejo más claro de que en este nuevo modelo económico, nos encontramos donde las corporaciones han adquirido todo el poder de toda la estructura del Estado multilateral y nacional, de ahí las campañas a nivel mundial de desmantelar el poder de las corporaciones en Europa, Estados Unidos, en Asia, en América Latina, porque lo que se está viendo es que las corporaciones han asaltado el poder, han asaltado la estructura del Estado, han asaltado la ONU y que de repente la clase política y empresarial se fusionan. Gobiernos que son empresarios, gobiernos que son empresas, empresarios que son políticos, políticos que son empresarios, ya no hay diferencias y obviamente legislan y también gobiernan en función de sus intereses, de sus propias empresas, de sus propios proyectos de inversión.
Y el caso de las Ciudades Modelo es eso, es como un país dentro de otro país, rompiendo y resquebrajando la soberanía nacional.
En este contexto tan apabullante, tan complicado, ¿qué le queda al movimiento social y a las organizaciones como el COPINH, por ejemplo? ¿cuáles son los márgenes de acción que tu podrías señalar? Porque una cosa es verlos desde el interior de la organización –que puede tener un horizonte específico– pero todo este análisis macro sobre las políticas del extractivismo, ¿qué le puede quedar a organizaciones como ésta o como otras?
Hay varias posiciones, hay quienes piensan y consideran que los movimientos sociales tienen que asaltar el poder y tomar la dirección política de sus gobiernos, para otros eso ya no es necesario, ya no es posible ni tampoco es viable, pero hoy los movimientos sociales se encuentran en esta disyuntiva: si parte de la identidad de los movimientos sociales es convertirse en un partido político y convertirse en clase política y disputarle a los políticos y a la clase político-empresarial, empresarial-político –que es lo mismo–, la estructura del Estado y desde ahí hacer algo o se puede modificar, para otros esa vía ya no existe, ya es imposible, ya hay una falta de credibilidad de las instituciones del Estado, del aparato del Estado y de que este capitalismo tenemos que modificarlo desde otra lógica, desde otra vía.
El COPINH estuvo en esta disyuntiva en el golpe [de Estado], si el COPINH entraba al proceso electoral o no y no le entró, afortunadamente, creo yo. En la medida en que el movimiento social se convierte en clase política, me parece que ahí ya hay una disfunción y un rompimiento del movimiento social. Yo considero que la identidad del movimiento social no es ser clase política ni partido político, pero otro proceso que se está gestando con mayor fuerza es: no solamente hay que resistir y eso hay que hacerlo, lamentablemente hay que hacerlo, y digo lamentablemente porque enfrentar a este capitalismo y sus inversiones implica, como ya lo vimos en el caso de Berta, asesinatos, desplazamientos, represión, presos…y…hay que hacerlo.
Una de las estrategias que se están realizando en otros movimientos es ir blindando territorios y entonces tener el control territorial, no disputar solamente un proyecto que ya está hecho, sino generar también un proceso de prevención en donde los pueblos dicen, aquí es un territorio liberado como lo vemos en la Red Mexicana de Afectados por la Minería (REMA) y en el M4 que es el Movimiento Mesoamericano contra el Extractivismo Minero, donde la estrategia es tenemos que generar prevención para generar territorios libres, libres de estos megaproyectos, que no es cosa fácil tampoco obviamente, ni tampoco contener que los buitres lleguen al territorio pero sí se ha logrado que en muchos de los casos, generar procesos organizativos de tal manera que blindan los territorios a la llegada de otras inversiones, ya sean minas petróleo, fracking, oleoductos, gasoductos, pero eso implica un proceso de conciencia grande.
Y además de la resistencia, de estar deteniendo, vayamos construyendo una alternativa, eso es bien difícil, pero es la más bonita, me parece la más interesante, cómo podemos generar en lo local proyectos de autonomía y proyectos de vida digna distintos a la dinámica del capitalismo. Y para eso hay que inventarlos, nadie tiene la última regla ni la última receta pero que nos plantea el gran reto en cada una de las regiones, necesitamos construir procesos políticos, sociales, económicos, distintos, no bajo la lógica de la competencia, no bajo la lógica de la explotación, con otro tipo de valores y también de realidades, que hay que experimentar y que hay que probar y con ensayo y error, como sea, y que empiezan a pulular en muchos lados en América Latina.
Que no significa para nosotros buscar una sola alternativa, como decir, vamos a acabar con una hegemonía capitalista y vamos a poner otra hegemonía que se llame…porque creemos que en cada pueblo hay distintas formas de hacerlo, según sus idiomas, sus costumbres, su región, su geografía, su historia, su propia forma de construir esa felicidad, esa realidad distinta y que nacen de distintas formas, son muchas alternativas, no es una.

    Nosotros le llamamos alternatos, que es que nace de lo local de cada uno de los pueblos y son muchas vías y formas distintas, en eso sí podemos encontrar unidad, no homogeneidad, no caer otra vez en la homogeneidad de decir, todos vamos por el socialismo del siglo XXI y qué es eso, no pues acá le llamamos de una manera, acá buen vivir, acá buen convivir, otros le llaman en Chiapas lekil kuxlejal, cada quien le llamará como quiera, pero con criterios antisistémicos, con criterios distintos a esta acumulación del capital, porque, bien decía Berta, ya no hay tiempo, ya no tenemos tiempo. Yo creo que la humanidad está en juego, que nos estamos acabando el planeta a un ritmo tan acelerado que si no buscamos ya alternativas distintas, lo que estamos viendo, y es una amenaza nuestra, en nuestro planeta, en nuestra humanidad, que necesitamos construir, desde abajo, otros brotes de vida distinta. Yo creo que este es el reto que nos encontramos en América Latina, para el COPINH, y de hecho cuando yo voy para el COPINH esa era la idea, ellos me invitan porque además de una resistencia feroz, frontal, impresionante que ellos tienen, la reflexión consistía en cómo generar al mismo tiempo que la resistencia, alternativas locales de vida distintas al capital, al capitalismo atroz, como además de esta resistencia degastante podemos ir generando vida y podemos generar otras relaciones distintas, donde se incluye a la vida entera, se incluye al agua, al alimento, procesos de felicidad locales que plantean un antídoto a esta realidad que estamos viviendo. Fuente: https://subversiones.org/archivos/123760

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