Construcciones

18 de septiembre de 2018

Un encuentro internacional en Catamarca contra el modelo extractivo.


Una cumbre por el derecho al agua
18 de septiembre de 2018
Por Darío Aranda
Página12

La organización Pueblos Catamarqueños en Resistencia y Autodeterminación convocó a la Primera Cumbre del Agua. Se realizó en la Universidad Nacional de Catamarca. Participaron 600 personas de organizaciones sociales.

“Cumbre Latinoamericana del agua para los pueblos”, fue el nombre del encuentro internacional que se realizó el fin de semana en Catamarca, donde confluyeron más de 600 personas, de decenas de organizaciones socioambientales y en rechazo al modelo extractivo (minero, petrolero, agronegocio, nuclear). Un eje destacado fue el derecho a la autodeterminación de los pueblos (que ningún gobernante decida proyectos contaminantes y establezca “territorios de sacrificio”). Remarcaron los límites de la democracia delegativa y recordaron que el acceso al agua es un derecho humano.
Desde la organización Pueblos Catamarqueños en Resistencia y Autodeterminación (Pucará, que reúne a asambleas la provincia) convocaron y organizaron la Primera Cumbre del Agua. La sede fue la Universidad Nacional de Catamarca. Con el aula magna repleta, Marcos Pastrana, referente del pueblo diaguita, hizo un recorrido histórico del saqueo de los países del norte sobre América Latina.
“Si matan el agua matan la cultura y la vida de los pueblos. No hay derechos humanos si no se respeta la naturaleza”, afirmó Pastrana. Cuestionó que los impulsores y legitimadores del modelo extractivo dejan de lado del saber de los pueblos y privilegian el poder del dinero. “Las mineras compran gobernantes, compran jueces y periodistas, pero no podrán las conciencias de los que luchan en defensa del territorio”, advirtió.
Recordó que otra forma de vida es posible, el “Sumaj Kawsay”, término quechua que refiere al “buen vivir” de los pueblos originarios, sin depredar la naturaleza, sin consumismos. Adolfo Pérez Esquivel, Nóbel de la Paz, hizo una lectura en clave latinoamericana. “No estamos acá solo por el agua. Estamos para enfrenar la dominación del capital sobre los pueblos. Cuando se entrega territorios a las multinacionales se está perdiendo soberanía”, aclaró y definió a la megaminería como “un saqueo colonial”.
“Se debe cumplir el derecho de los pueblos a la autodeterminación, al ambiente sano, al desarrollo, a la soberanía. Tenemos derecho a vivir dignamente. Si se vulneran estos derechos deja de ser democracia”, afirmó Pérez Esquivel.
El encuentro fue realizada de forma autogestiva, y convocó a activistas e investigadores de Brasil, Bolivia, Chile, Perú y Uruguay, entre otros países. Se abordó la situación del agronegocio de transgénicos y agrotóxicos, la contaminación y violación de derechos de las petroleras en Neuquén y Mendoza, las represas que inundan territorios y desalojan miles de personas (el más preocupante es el proyecto Garabí en Misiones), la minería de litio y la complicidad científica, la energía nuclear y sus consecuencias.
El trabajo en comisiones se debatió en plenarios. De allí surgió un documento final que se hará público hoy a la mañana.
Un aspecto de agenda cotidiana en las asambleas socioambientales es el cuestionaminento a la democracia delegativa-representativa, el votar sólo cada dos años y que esos representantes crean que tienen derechos a decidir actividades extractivas en territorios alejados del poder político. Por contrapartida, las votaciones de Esquel y Loncopué (contra la megaminería), en Misiones (1996 y 2014) son ejemplos de democracia directa sobre territorios, donde la poblaciones afectadas deciden qué actividades privilegian.
Otro eje fue enmarcar el extractivismo como una violación sistemática de los derechos humanos y no acotarlo sólo a lo ambiental (como hacen sectores políticos y mediáticos). Todo un mensaje fue que en la apertura hayan estado Pérez Esquivel y Nora Cortiñas, de los pocas figuras que unen la denuncia contra la última dictadura y el apoyo a las luchas territoriales del presente.
La cumbre fue transmitida en vivo por la radio comunitaria FM Estación Sur y la Red Nacional de Medios Alternativos (RNMA). “Dejamos la catarsis y tomamos nota de nuestras fortalezas, para dejar de estar a la defensiva e ir a la ofensiva, disputar desde la calle, con nuestra capacidad de organización, de trabajo territorial, con científicos y hacer cumplir nuestros derechos”, advirtió Cristina Arnulphi, asambleísta de Córdoba.
“No tenemos miedo. El agua vale más que el oro”, comenzó su discurso Nora Cortiñas y arrancó una oleada de aplausos y gritos de aprobación. Con el emblemático pañuelo blanco en su cabeza y con el verde en su muñeca izquierda, recordó a Santiago Maldonado, a Rafael Nahuel “y a todos los muertos que no aparecen en los diarios”.
Reivindicó la lucha de los pueblos originarios, lamentó que en Argentina “muchos se enteren tarde” de la violación de derechos que sufren las comunidades indígenas y remarcó que muchas de las luchas actuales son por las tierras. Unió conceptos, actores y acciones que hacen al mismo modelo: extractivismo, pérdida de soberanía, imperialismo, multinacionales, deuda externa. En el final, puño en alto, llamó a “transformar la protesta en propuesta” y a “no dejar nunca las calles”.
El auditorio respondió de pie, puños en alto, con aplausos interminables.

Defender la vida
“No se vende, el agua se defiende”, fue uno de los cánticos principales de las dos jornadas. Hubo rock y folklore, pintadas de una decena de murales distribuidos en toda la ciudad y actividades específicas para niños. En lo propositivo se trabajó en la agroecología (alimentos sanos, sin agrotóxicos), soberanía alimentaria y comercio justo. “Luchamos para dejar un mundo mejor a nuestros hijos y nietos, queremos democracia participativa. Que sepan los gobiernos y trasnacionales que seguiremos defendiendo el agua como un bien común, de todos, y no como un recurso natural mercantilizado. Seguiremos defendiendo la vida”, afirmó Sergio Martínez, de la Asamblea El Algarrobo de Andalgalá y de Pucará.

Fuente: http://www.rebelion.org/noticia.php?id=246646

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Foro Feminista Contra el G20

 “Nosotrxs queremos poner en discusión la mercantilización de nuestras vidas”.
14 de septiembre de 2018
Por Vivian Palmbaum @vivi_pal
Se lanzó este martes 11 de septiembre el LLamamiento Internacional a la Movilización frente al G20-FMI.  Entre las organizaciones participantes dialogamos con integrantes del Foro Feminista Contra el G20.
Entrevistamos a Carolina Balderrama, periodista de la Red Par y despedida de Telam,  y a Patricia Laterra, del espacio Economía Feminista de la Sociedad de Economía Crítica y Asamblea Mejor Sin TLC, sobre las acciones concretas que proponen el Foro Feminista contra el G20 y sobre las implicaciones concretas que tienen las políticas que impulsa este Foro Económico sobre las luchas y las vidas de las mujeres, travestis, lesbianas, bisexuales y no binaries.
El 1 y 2 de octubre las feministas populares y en resistencia se van a reunir para realizar un Segundo Foro Feminista, esta vez como respuesta a las sesiones del grupo de afinidad Woman20 (W20 por sus siglas en inglés). Afirman que “nos reunimos para dar respuesta a las políticas y a la perspectiva neoliberal que tiene el G20 para las mujeres. Nosotras no solamente somos mujeres, sino que somos lesbianas, bisexuales, trans, travestis”.

¿Que es el empoderamiento feminista?
Desde el Foro discutimos fuertemente este espíritu de emprendedurismo y empoderamiento que tienen las mujeres empresarias que lleva adelante el W20. Las feministas estamos organizadas para no permitir que el poder corporativo nos arrebate nuestro discurso, ya que hacen un uso instrumental y utilitarista de la noción de “empoderamiento feminista” que supimos construir durante muchos años de feminismo. Así mismo, queremos que nuestra voz se alce ya que este es un foro que propone una máscara superficial a nuestros problemas, al mismo tiempo que estipula políticas de inclusión laboral, los gobiernos que componen el G20 aplican programas de austeridad y endeudamiento que claramente van en contra del espíritu de inclusión que dicen pregonar. En este sentido vamos a responder con acciones concretas el 1 y el 2 de octubre con un Segundo Foro Feminista desde las resistencias populares.
El 1 de octubre vamos a realizar acciones de visibilización callejeras, con manifestaciones y performances, y el 2 de octubre con conversatorios para poner en dialogo, democratizar la palabra y socializar los saberes de cuáles son los impactos que la agenda del G20 y del W20 tiene en nuestras condiciones de vida como mujeres, lesbianas, trans, travestis, bisexuales, no binaries, migrantes, afrodescendientes, campesinas, trabajadoras.
Las acciones del Foro Feminista no terminan en octubre, vamos a acompañar la semana de acción global y la Cumbre de los Pueblos que se va a realizar del 25 al 30 de noviembre.

Encuentro de confluencia
El encuentro que tuvimos acordó una marcha unitaria de un amplio sector de organizaciones nacionales e internacionales sindicales, movimientos sociales, partidos políticos, organizaciones feministas. Ese será el acto contundente de nuestro repudio a los programas neoliberales de austeridad, endeudamiento y recorte de la seguridad social y precarización de las condiciones de vida que tiene el G20 y el FMI para nuestros pueblos. Asimismo, con otro sector de organizaciones que viene confluyendo desde la Cumbre de los Pueblos frente a la Organización Mundial del Comercio (OMC) proyectamos realizar realizar una contra Cumbre, desde los países latinoamericanos y las históricas confluencias internacionalistas en resistencia, porque creemos que este momento nos convoca a pensar los impactos que tienen estas medidas y también las alternativas que proponemos para superar las crisis, como crisis civilizatoria, sino también para resistir en este contexto de avanzada sobre nuestros derechos económicos, sociales, políticos y culturales.

Hacia una vida digna
Tal como afirmaron,  Carolina Balderrama y Patrica Laterra,  “el Foro Feminista pone en diálogo las diferentes perspectivas de los feminismos populares, porque entendemos que los feminismos son muchos y los impactos que tienen estas políticas también son amplios, no son solo hacia un sector”.
¿A que se refieren cuando expresan que el mercado intenta apropiarse de un discurso que construyó el feminismo?
Es necesario visibilizar nuestras acciones, porque el W20, que funciona desde 2015 como grupo de afinidad del G20, lo que hace es apropiarse de un discurso que construyó el feminismo, que es el empoderamiento de nosotras, que desde las bases, de origen popular, fuimos construyendo en torno a la expropiación de nuestros cuerpos- territorios, en amplias manifestaciones de la vida.
El W20 le habla a mujeres empresarias, quiere de las mujeres una mecanización y una instrumentación empresaria y nos preguntamos ¿hay lugar para todxs? ¿hay lugar para esa imagen del éxito que quieren de nosotras, de mujeres exitosas, emprendedoras que trabajan a través de aplicaciones, apps, de internet en los teléfonos y que al parecer se autosustentan?
Nosotras creemos que esa es una imagen irrealizable, una política irrealizable porque tiene un carácter de clase y raza muy claro, porque mientras algunas mujeres pueden realizarse en este modo de vida, “incluirse”, la visión de inclusión, de la cual nosotras somos críticas, es acotada. Es una inclusión con un carácter de clase muy puntual, mientras que las mujeres, las travestis, las trans, las lesbianas, las campesinas, de los sectores populares e inclusive medios no pueden realizarlo de la misma manera, por las discriminaciones, por la violencia económica, hoy el espacio de la política, inclusive la política fiscal –que es acotada- no tienen ni un carácter ideológico ni económico para poder realizarlo. Mientras que todos sus ejes hablan de inclusión vivimos un ajuste, vía discurso, del déficit fiscal muy grande. Al mismo tiempo este fenómeno no solo es en Argentina. El W20 habla de inclusión financiera, pero de que inclusión estamos hablando si los microcréditos que endeudan a tasas usureras a las mujeres, no las incluyen sino que les generan un peso mayor. Hay mucha evidencia empírica respecto a los estragos que han hecho los microcréditos y los créditos redirigidos hacia las mujeres con la excusa de que no estamos incluidas o nos cuesta acceder al mercado de créditos. La cuestión es a que costo y a que formas.
Otra cuestión importante a destacar es que este foro nos habla del desarrollo rural de las mujeres y de la sustentabilidad alimentaria. Argentina acaba de desarmar la Secretaria de Agricultura Familiar, despidiendo a 458 personas, una de las secretarias clave para el desarrollo rural y la soberanía alimentaria.

¿Qué proponen?
En principio proponemos que todos estos debates se visibilicen. Creemos que es necesario tender diálogos para que los feminismos podamos profundizar en cuestiones económicas porque tienen impactos claros y diferenciales en nuestras vidas. El Poder Corporativo y la globalización parecen inconmensurables pero todas esas agendas están íntimamente relacionadas con los programas de austeridad, profundización neoliberal y violencias de todo tipo que vivimos en el mundo.
Nosotras queremos discutir la agenda. Pero no con cualquier carácter. Queremos ingresos acordes a la sostenibilidad de nuestras vidas, queremos acceso al trabajo pero también queremos políticas públicas que socialicen el trabajo doméstico y de cuidados. Queremos discutir la organización social del cuidado, con todos los actores involucrados, y no queremos que todas esas políticas se realicen a costa de un mayor endeudamiento nuestro.
Entonces, por un lado se pone de manifiesto estipulan políticas con perspectiva de género y por otro, nosotras hacemos un análisis, que es imposible aplicar esas políticas sin presupuesto para los servicios públicos, los servicios básicos, la seguridad social. Necesitamos pensar otro tipo de políticas más garantistas hacia una vida digna, que está en un constante acecho por los gobiernos neoliberales, que cada vez se profundizan más en la región latinoamericana y en el mundo.
Creemos que todas estas agendas son focalizadas en un ideal de mujer que es la mujer empresaria, las mujeres liderezas pero nada dicen nada de como esas agendas son irrealizables sin los planes de ajuste neoliberales, que llevan a cabo los gobiernos latinoamericanos en un amplio espectro. Tampoco hablan de los impactos más profundos en nuestros modos de vida, cuestión que también queremos discutir, que tienen las nuevas formas de racionalización económica, que se dan a través de las economías de plataformas, la economía de algoritmo, la “uberización” del trabajo.
Todas estas formas implican mediatizaciones que precarizan aún más nuestras vidas, no solo por la quita de derechos, o por la baja de los estándares laborales que implican, sino por sus formas concretas de aplicación,  que implican el aumento de jornadas laborales, la superposición de tareas, los controles de productividad vía algoritmos. Nosotrxs queremos poner en discusión la mercantilización de nuestras vidas,  que se dispara bajo estas formas,  y pensar alternativas al respecto.

Fuente: http://www.marcha.org.ar/foro-feminista-contra-el-g20-nosotrxs-queremos-poner-en-discusion-la-mercantilizacion-de-nuestras-vidas/

 

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18 de agosto de 2018

Internacionalismo para el agua como bien común.

Primera cumbre latinoamericana
del agua de los pueblos
15, 16 y 17 de septiembre de 2018
San Fernando del Valle de Catamarca, Argentina.
Los Pueblos Catamarqueños en Resistencia y Autodeterminación (PU.CA.R.A.) reunidos en asamblea el día 10 de marzo de 2018 en San Fernando del Valle de Catamarca (Argentina), luego de un amplio debate de propuestas tendientes a la preservación del AGUA como bien común y vital, pudimos materializar la idea y comenzamos a organizar la PRIMERA CUMBRE LATINOAMERICANA DEL AGUA PARA LOS PUEBLOS.
FUNDAMENTACIÓN
La provincia de Catamarca ha sido, al menos en Argentina, el primer territorio sometido al ejercicio del modelo extractivista, una especie de “experimento” de la mega-minería a cielo abierto. Modelo de saqueo, contaminación y depredación que se reproduce día a día a nivel latinoamericano, junto con el acrecentamiento de la división social, las “enfermedades raras” y el índice de mortandad en nuestras comunidades.
En respuesta a este avasallamiento contra nuestros derechos y los de la naturaleza, los Pueblos Catamarqueños en Resistencia y Autodeterminación (PU.CA.R.A.) nos vemos ante la necesidad de convocar a todas las comunidades latinoamericanas para exigir a los Estados el AGUA como derecho humano para los pueblos porque sin agua no hay vida, ninguna posibilidad de vida humana ni de cualquier otro tipo.
La Asamblea General de las Naciones Unidas, mediante Resolución 64/292, reconoce explícitamente el derecho humano al agua y al saneamiento, reafirmando que el agua potable y limpia es esencial para la realización de todos los demás derechos. El Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, en la Observación General N° 15 sobre el Derecho al Agua, establecen que el “Derecho Humano al agua es indispensable para toda vida humana digna”.

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El Estado para la opresión-represión del Capital.

Un Estado a la medida del extractivismo 
Las políticas de la «Minería Sustentable» 
impulsadas en América Latina desde 1990.
 
Por Federico Nacif 
Sociólogo por la Universidad de Buenos Aires Becario CONICET en 
Temas Estratégicos Integrante del Programa Socio Ambiental PIIDISA 
Universidad Nacional de Quilmes. 
Invitado/Invited: 
07/09/2015 Aceptado/Accepted: 15/10/2015
 
Resumen
Durante la década de 1990, las corporaciones mineras transnacionales relocalizaron geográficamente sus estrategias de exploración y explotación, principalmente hacia América Latina, impulsadas por tres factores relacionados: 1) la creciente demanda de metales (como insumo productivo para la industrialización del sudeste asiático y como reserva de valor especulativo); 2) los nuevos métodos y escalas de explotación (cielo abierto); y 3) el aumento de las restricciones ambientales en muchos países industriales.
 
Asistidas política, técnica y financieramente por el Banco Mundial, lograron obtener ventajosos y duraderos regímenes de inversión e imponer las reformas institucionales que los nuevos métodos de explotación requieren para su radicación. Esto es, desde un nuevo marco normativo sectorial y la organización territorial y funcional de las dependencias del Estado, hasta la introducción de las nuevas tecnologías de medición, comunicación y generación de datos y la implementación de específicos instrumentos educacionales e informativos acordes a las estrategias de persuasión y control de los conflictos sociales que las consecuencias ambientales pudieran generar.
La forma en que esta rama del capital transnacional operó políticamente para impulsar en la región un acelerado proceso de desposesión puede ofrecernos algunas claves para reflexionar sobre las formas particulares que asumieron los Estados nacionales y las condiciones sociales, ideológicas y políticas de la dependencia extractivista.
Introducción

En el contexto de apertura y liberalización económica de la década de 1990, el Banco Mundial impulsó sobre varios países de América Latina una serie de reformas normativas e institucionales acordes a las necesidades de la gran minería transnacional y su estrategia expansiva de carácter global. En términos generales, los nuevos esquemas regulatorios debían garantizar el libre acceso y la propiedad sobre los yacimientos mineros, la introducción de nuevas tecnologías de generación y comunicación de datos geológicos y el diseño de las estrategias de persuasión y control de los conflictos socio-ambientales que los nuevos métodos y escalas de explotación pudieran generar.
A estas reformas normativas e institucionales (superestructurales), se sumó una serie de iniciativas tanto estatales como corporativas, orientadas a garantizar, por un lado, la infraestructura necesaria para la exportación de las materias primas en general (condiciones materiales) y, por otro, los esquemas de percepción social necesarios para la efectiva radicación y sostenibilidad de los nuevos mega emprendimientos mineros (condiciones subjetivas). En conjunto, se trataba de poder implementar de manera coordinada en cada territorio nacional una serie de "instrumentos para el cambio" organizados en torno a tres áreas principales de intervención: 1) instrumentos legislativos, normativos y jurídicos; 2) instrumentos financieros y de mercado; 3) instrumentos educacionales y de información. Sólo así los grandes capitales mineros transnacionales pudieron imponer en la región efectivos regímenes de propiedad, inversión, explotación y comercialización a la medida de sus necesidades. Regímenes mineros que -con importantes excepciones como Venezuela y Bolivia- continúan vigentes en gran parte de los países de la región.
Una operación ideológica fue crucial para el éxito global de estas políticas: la sustentabilidad deja de ser comprendida como un límite natural para el desarrollo productivo; por el contrario, el desarrollo productivo debe incorporar a la naturaleza en su propia lógica de valorización para poder ser verdaderamente sostenible.

A partir del análisis de documentos institucionales oficiales, emitidos por organismos internacionales tanto públicos como corporativos, vinculados directa e indirectamente con la promoción y la regulación de la mega minería en América Latina, se propone reflexionar sobre la forma particular que adoptaron los Estados nacionales de la región durante la larga etapa de acumulación por desposesión que supuso el neoliberalismo. En otras palabras, se trata de indagar el particular proceso histórico por el que determinada subclase social dominante (el empresariado minero transnacional) logró acceder y apropiarse de nuestros bienes naturales comunes y disponerlos de manera estable y legítima, tanto para la especulación inmobiliaria y financiera como para la producción y exportación de insumos industriales en forma de commodities, alcanzando o consolidando una posición hegemónica al interior de los bloques sociales dominantes21. Se pretende, de esta forma, aportar elementos a los debates sobre las condiciones sociales, ideológicas y políticas que sostienen en nuestros países la inserción dependiente al mercado mundial a partir de perfiles productivos predominantemente rentísticos y extractivistas.

América Latina 1990: nueva mega minería, vieja inserción mundial

Bajo el modo de producción capitalista, la necesidad de reproducción ampliada de los países industriales lleva a la configuración de una división internacional del trabajo que se asienta sobre relaciones de dominio y subordinación entre naciones formalmente independientes (Marini, 2007). Sin embargo, esa división internacional del trabajo adquiere distintas características en los distintos períodos históricos.

A partir de la década de 1970, los capitales de los países centrales bajo la hegemonía del sector financiero respondieron a la caída de la tasa de ganancia abandonando los acuerdos monetarios y regulatorios de posguerra (Bretton Woods) y migrando a la periferia los tramos productivos más intensivos en mano de obra. De esta forma, la internacionalización segmentada de los procesos productivos y las consiguientes políticas de apertura económica y flexibilización laboral impulsadas por los organismos internacionales a nivel global, llevaron a los países manufactureros del sudeste asiático a iniciar un intenso proceso de industrialización, con base en bajos salarios y la incorporación de inversiones extranjeras, pero también de una activa política de planificación estatal en inversiones productivas y desarrollo científico-tecnológico22.

Desde entonces, el comercio mundial se articula en tres grandes bloques regionales -EEUU, Europa y Asia del Este- configurando una nueva división internacional del trabajo. La relación entre centro y periferia, tradicionalmente complementaria, asume ahora una lógica crecientemente competitiva, que se expande incluso al interior mismo de la periferia, donde las burguesías locales, carentes de un sistema industrial desarrollado, tienden a dirigir el grueso de sus inversiones a las actividades que las necesidades de reproducción de los grandes capitales transnacionales vuelven redituables (Arceo, 2011).

En cuanto al lugar de América Latina, las burguesías "nacionales" se incorporaron en forma subordinada a las redes del capital transnacional, consolidando estrategias de acumulación predominantemente financieras, que derivaron en fuertes procesos de desindustrialización y produjeron, en muchos casos, graves crisis económicas y de representación política. Sin embargo, con la recuperación económica de principios del siglo XXI, dada por la mejora en los términos de intercambio a favor de los insumos y alimentos que demanda la industrialización de Asia, los sectores dominantes promueven la inserción primaria de las economías locales y la competencia interestatal por la captación de mayores porciones de inversiones extranjeras directas (IED). Independientemente de las nuevas alianzas políticas regionales -con excepción de Venezuela, Bolivia y, en parte, de Ecuador- los regímenes de propiedad e inversión en recursos naturales implementados durante la década de 1990 continúan vigentes en casi todos los países de la región.

El capital trasnacional, por su parte, despliega en el contexto actual una estrategia global de provisión de insumos23. En su búsqueda sistemática por reducir los costos de producción y contrarrestar la tendencia a la sobreacumulación, las empresas extractivas presionan por acceder a las fuentes de materias primas, configurando así nuevos ordenamientos espaciales (Harvey, 2004). Las grandes empresas mineras, en particular, relocalizaron geográficamente sus inversiones en exploración y explotación de yacimientos mineros metalíferos, principalmente hacia América Latina. Y lo hicieron con la asistencia directa de diversos organismos internacionales (en especial el Banco Mundial) y de los Estados de sus países de origen (en especial el Estado canadiense), ingresando así en una nueva fase de acumulación por desposesión (Munarriz, 2008; Gordon y Webber, 2008).

Desde 2010 América Latina es la región de mayor crecimiento de IED a nivel mundial, destinada sobre todo a exploración y explotación de recursos naturales. En América del Sur, el sector primario pasó de explicar el 3 3 % del total de IED recibidas entre 2005 y 2009 al 43% de las recibidas en 2010 (CEPAL, 2012). En cuanto a la mega minería metalífera en particular, América Latina muestra desde fines del siglo pasado un notable incremento en las inversiones recibidas para la exploración y explotación en gran escala. En particular los países de América del Sur, que sólo entre 1990 y 2001 pasaron de representar el 18% del total de inversiones mineras a ser el principal destino mundial con el 39% (Bridge, 2004: 411). El desarrollo de nuevos métodos de explotación (cielo abierto), de mucha mayor escala e inversión fija que los tradicionales, fue posible por el nivel de rentabilidad alcanzada en el nuevo contexto mundial, pero también por las "condiciones ambientales menos sensibles" que, según la CEPAL, gozaría nuestra región en comparación con varios países industrializados. De esta forma, los presupuestos de exploración en América latina y el Caribe se multiplicaron más de cinco veces entre 2003 y 2010, pasando de 566 millones a 3.024 millones de dólares anuales (CEPAL, 2013: 26-28)24.
El rol evidentemente subordinado de las economías latinoamericanas al mercado mundial puede rastrearse en los propios documentos oficiales emitidos por las más altas esferas estatales de los países centrales. En septiembre de 2011, el Parlamento Europeo detalló en una resolución oficial la que considera "una estrategia eficaz para Europa en relación con las materias primas" (2011/2056 INI). Allí reconocieron la imperiosa necesidad de un "suministro suficiente de materias primas", cuyo costo relativo es "notablemente mayor que el porcentaje referente a la nómina de los trabajadores". "Considerando que en muchos países en desarrollo la explotación de los recursos naturales no ha sido aprovechada", propusieron -dentro de una extensa lista de medidas- una cooperación estratégica entre la UE, los EE.UU. y Japón con miras a una "vigilancia mundial de las materias primas" (Parlamento Europeo, 2011), la creación en la Organización Mundial del Comercio de un "instrumento de control de las barreras arancelarias y no arancelarias al comercio de materias primas" y el establecimiento en el seno del G-20 de un "Consejo de Estabilidad sobre las Materias Primas y las Tierras Raras". Al igual que los Estados Unidos, identifican las necesidades particulares del gran capital con los principales problemas de seguridad y defensa nacionales y regionales.

En la Estrategia de Seguridad Nacional de los Estados Unidos correspondiente al año 2010, se advierte sobre la necesidad de "mantener el acceso a las materias primas y recursos escasos", por lo que el Estado norteamericano se adjudica "el derecho de actuar unilateralmente, si fuera necesario, para defender nuestra nación y nuestros intereses" (U.S. National Security Strategy, 2010: 22). Previamente, el Servicio Nacional de Geología había desarrollado las razones económicas y políticas de fondo: "El uso y la competencia por los recursos naturales en escala global y las amenazas naturales a estos recursos, tiene el potencial de impactar sobre la capacidad de la nación para sustentar su economía, la seguridad nacional, la calidad de vida y el ambiente natural" (U.S. Geological Survey Science, 2007).

En cuanto a la República Popular de China, finalmente, ésta incrementó sus relaciones comerciales con América Latina de manera drástica, pasando a ocupar en los últimos años los primeros lugares como importador de materias primas y exportador de manufacturas industriales en casi todos los países de la región25. En respuesta a este fenómeno, el gobierno chino aprobó por primera vez, en noviembre de 2008, un documento que sintetiza (con otro estilo) su nueva política hacia América Latina y El Caribe: "siguiendo invariablemente el camino del desarrollo pacífico y la estrategia de apertura basada en el beneficio recíproco y la ganancia compartida, China, el mayor país en vías de desarrollo del mundo, está dispuesta a desarrollar la amistad y la cooperación con todos los países [de la región]" (citado en Bruckmann, 2012:118).

En definitiva, los Estados de los principales bloques regionales del comercio mundial asumen como propias las necesidades de reproducción ampliada del capital trasnacional, condicionando las relaciones de producción de la periferia. Los países de América Latina, por su parte, se especializan como proveedores de materias primas a partir de la explotación de sus ventajas naturales, configurando alianzas subordinadas con los grandes capitales transnacionales que bloquean sistemáticamente el desarrollo de las propias fuerzas productivas.
Sin embargo, las distintas ideologías desarrollistas, principal expresión política de esta impotencia histórica, identifican linealmente el desarrollo de las capacidades productivas nacionales con la expansión de las burguesías locales, que en su condición de periféricas subordinan sus intereses a las actividades que las cambiantes necesidades de reproducción de los capitales centrales vuelven redituables. Es por ello que, en las distintas etapas de la economía mundial, y con distinta suerte, estas burguesías nacionales buscaron sintetizar sus proyectos estatales reeditando periódicamente la fórmula tradicional de "orden y progreso" (Oszlak, 1997). Según esta máxima del positivismo decimonónico, sólo la endémica falta de orden social puede explicar la falta de progreso económico que acosa a los países de nuestra región26. En la actual etapa, los distintos organismos vinculados con la promoción de la mega minería -internacionales y nacionales, públicos y corporativos- también recurren a esta fórmula tradicional, tanto para justificar la necesidad de las reformas superestructurales como para explicar luego la falta de desarrollo estructural prometido.
El análisis de la forma histórica concreta conque los capitales mineros transnacionales operaron políticamente (o en términos clásicos, extraeconómicamente) para impulsar en la región un proceso de desposesión e imposición de las nuevas condiciones de producción de la nueva rama productiva extractiva (la mega minería metalífera), puede ofrecernos algunas claves para reflexionar sobre las formas particulares que asumieron los Estados nacionales y las determinaciones sociales, ideológicas y políticas de los regímenes de acumulación de la periferia latinoamericana.
Neoliberalismo y Estado instrumental

En el contexto de la segunda posguerra mundial, los Estados de América Latina apoyados por los organismos internacionales (principalmente la UNESCO), realizaron una serie de nacionalizaciones de importantes yacimientos mineros, guiados por los objetivos desarrollistas de reorientar una parte de esa renta diferencial hacia un proceso nacional de acumulación de capital27. De esta forma, el modelo de Industrialización por Sustitución de Importaciones (ISI), dirigido por las nuevas burguesías industriales locales subordinadas al capital productivo transnacional28, necesitaba de Estados capaces de aplicar aranceles de importación y transferir los excedentes del sector primario tradicional, garantizando la infraestructura necesaria, la represión de los costos laborales y el abastecimiento de recursos naturales en forma de materia prima. Sin embargo, luego de la "década perdida" de 1980, signada por la estatización de la deuda externa privada y los graves procesos inflacionarios, la dependencia respecto de los organismos internacionales para mantener el pago de los servicios dio lugar a las reformas estructurales impulsadas por el Consenso de Washington. En el nuevo contexto, las medidas de apertura y desregulación económicas y, particularmente, la masiva privatización de activos públicos destinada al pago de la deuda (incluidos los principales yacimientos, empresas, institutos y laboratorios mineros), sentaron las bases para la radicación de las grandes corporaciones mineras en pleno proceso de relocalización geográfica.
De esta forma, el mayor peso relativo del capital transnacional al interior de los bloques de clases dominantes de América Latina redujo las estrategias de acumulación de las burguesías locales a un sistemático ofrecimiento de todos los recursos económicos, sociales y naturales para la radicación de las inversiones extranjeras directas.
Según Hirsch, una nueva lógica de competencia por la atracción de crecientes porciones de la IED total regiría la acción de los Estados en la actualidad, que de esa forma se verían obligados a garantizar las mejores condiciones de revalorización posibles (Hirsch, 1999)29. Desde las antípodas ideológicas, llamativamente, el entonces director de la División de Recursos Naturales e Infraestructura de la CEPAL, Fernando Sánchez-Albavera, utiliza esa misma relación causal entre condiciones de producción y destino de las IED para explicar que la actual "competitividad internacional de la región" es el resultado de "las reformas mineras que se pusieron en marcha en los años noventa del siglo pasado" (Sánchez Albavera y Lardé, 2006: 10)30. Entre las grandes corporaciones mineras transnacionales, en cambio, habría "predominado la idea de establecer alianzas estratégicas" basadas en fusiones y adquisiciones por parte de las principales empresas del mundo y la firma de numerosos acuerdos con empresas nacionales (joint ventures) a cambio del acceso a las concesiones mineras y las garantías básicas de la comercialización (ídem: 47). En otras palabras, mientras los capitales individuales (en este caso, mineros) habrían dejado de competir entre sí por el acceso a los mejores yacimientos, los Estados nacionales se ven obligados a competir entre sí para atraer la mayor porción de IED minera, incorporando regímenes de inversión y sistemas jurídicos administrativos favorables al gran capital. Holloway va incluso más allá en este argumento, al sintetizar el dilema de los actuales Estados nacionales con la máxima neoliberal desregulación o crisis: "Los Estados compiten para atraer y retener una porción del capital a través de la creación de condiciones favorables para la acumulación de capital o se caen en crisis y caos" (Holloway, 2001: 66).

Según este tipo de interpretaciones, los esquemas legales e institucionales favorables a los intereses del gran capital trasnacional, lejos de ser un simple epifenómeno de la base económica o aún un instrumento de la clase o fracción de clase dominante, serían una suerte de obligación de la forma Estado en la actual etapa post-fordista para inmovilizar al capital global en determinado territorio y evitar así caer en peligrosas crisis fiscales. Una suerte de reedición del tradicional orden y progreso, ahora de nivel global.

Sin embargo, el reciente proceso de relocalización geográfica de la mega minería metalífera hacia América Latina nos muestra un vínculo inverso de esta relación causal. Al describir las causas de la relocalización minera, el mencionado informe de la División de Recursos Naturales e Infraestructura de la CEPAL contradice su propia interpretación: los cambios tecnológicos han permitido la revalorización de depósitos que no eran rentables con las tecnologías convencionales, lo que junto con las fuertes restricciones ambientales en los países desarrollados, han inducido a una relocalización de la oferta mundial, sea para reducir los costos promedios de explotación dentro de las estrategias globales o para realizar operaciones en condiciones ambientales menos sensibles o más favorables. (Sánchez-Albavera y Lardé, 2006: 44, los resaltados son nuestros)
La estrategia de acumulación por desposesión del gran capital minero transnacional, por lo tanto, llevó a las principales empresas mineras del mundo a instalarse en los países de América Latina ricos en minerales metalíferos que, desde mediados de los años 1970, habían adoptado regímenes de acumulación predominantemente financieros. Una vez instaladas, ejercieron todo su poder político (a través de sus propios agentes de lobby, de sus Estados de origen y de los organismos internacionales relacionados con la promoción minera) para diseñar los marcos normativos y regulatorios a la medida de sus necesidades. Sin embargo, este carácter instrumental con que el gran capital minero transnacional definió las complejas superestructuras jurídicas e institucionales nacionales no es esencial. Expresa, por el contrario, la forma históricamente particular con que se condensan las relaciones de fuerza al interior del bloque social dominante y en el conjunto social (Poulantzas, 1979).
Más que una nueva forma estatal, la competencia de los países periféricos por la captación de IED no expresa más que la actual estrategia del capital transnacional y las burguesías periféricas subordinadas, para diseñar en los países dueños de recursos naturales los esquemas normativos e institucionales a su imagen y semejanza.

Involucrado directamente en diversos proyectos mineros de la región a través de la Corporación Financiera Internacional (en inglés IFC) y de la Agencia de Garantía de la Inversión Multilateral (en inglés MIGA)31, el Banco Mundial fue el organismo internacional encargado de impulsar el conjunto de "evaluaciones sectoriales" y "recomendaciones políticas" tendientes a alcanzar lo que consideraba "Una estrategia minera para América Latina y el Caribe"32. De esta forma, la nueva estrategia del gran capital minero sobre los países de América Latina, se proponía establecer las condiciones de apropiación y explotación de los yacimientos metalíferos, realizando en el plano normativo e institucional la violenta desposesión sobre los bienes comunes impulsada en la región desde mediados de los años 1970. Para ello, se conformó equipos evaluadores multidisciplinarios que, en función de las particularidades sectoriales históricas de cada país, diseñaron las reformas necesarias para crear los nuevos marcos normativos e institucionales que las nuevas condiciones de explotación y negocios requerían para su efectiva relocalización geográfica.

En toda sociedad capitalista, la reproducción de las relaciones de explotación económica y dominación política requiere de una superestructura jurídica e institucional separada de la actividad cotidiana de los capitalistas individuales, que garantice las condiciones materiales y sociales de reproducción pero bajo la apariencia de una igualdad formal entre propietarios de mercancías que concurren libremente al mercado (Hirsch, 1977). Sin embargo, esta forma Estado inherente al surgimiento y expansión del modo de producción capitalista, desarrolla una serie de funciones básicas tendientes a satisfacer los requisitos histórica y geográficamente particulares de la acumulación de capital (Altvater, 1977). En términos generales, estas funciones estatales básicas procurarían garantizar: a) las condiciones generales de producción (infraestructura y recursos naturales); b) las condiciones legales de producción (burocracia y sistema jurídico); c) la regulación y represión de los conflictos de clases (monopolio de la fuerza); y d) la expansión del capital local en el mercado mundial (relaciones internacionales)3. En este sentido, la forma particular con que un sector determinado del gran capital transnacional impulsa este conjunto de funciones a la medida de sus propias necesidades, puede valer como indicador del grado de su hegemonía económica y como aproximación hacia los rasgos principales del régimen de acumulación vigente.

En lo que al gran capital minero transnacional respecta, la División de Recursos Naturales e Infraestructura de la CEPAL describe los cuatro requisitos que habrían sido determinantes para la radicación de las inversiones mineras "de estrategia global":1) la efectiva disponibilidad de las reservas (seguridad jurídica), 2) reducidos costos de explotación que garanticen la competitividad territorial (beneficios fiscales estables, bajos costos laborales), 3) la dimensión de las operaciones que requiere la participación en el mercado global, y 4) la especialización en uno de los eslabones de la cadena de valor de la empresa minera global (abastecimiento, concentración, fundición o refinación). De esta forma, los Estados de los llamados países mineros deberían garantizar los puntos 1 y 2 (por medio de reformas normativas, institucionales y de infraestructura) y adaptarse a los requerimientos 3 y 4 para convertir sus ventajas naturales en ventajas competitivas, asumiendo como propio el objetivo de las empresas: "lograr una posición más competitiva en el mercado mundial de minerales y metales" (Sánchez-Albavera y Lardé, 2006: 17-19).
La estrategia global del gran capital minero supone así la existencia de un andamiaje jurídico supranacional (Hardt y Negri, 2002), pero que sin embargo se apoya sobre una suerte de división internacional de las funciones estatales relegando a los poderes públicos de la periferia a cumplir una función administrativa meramente instrumental.
La estrategia extractivista: concesionar la naturaleza

Una mirada más detallada sobre las reformas mineras impulsadas por los organismos internacionales (públicos y corporativos) sobre varios países de la región durante la década de 1990, puede ofrecernos elementos claves para nuestro análisis. En cuanto a las reformas normativas diseñadas por el Banco Mundial para los reforming countries, éstas se orientaron fundamentalmente a garantizar:
1.   El acceso a los recursos mineros: simplificando los procesos de adjudicación34, modernizando el servicio catastral y geológico y limitando las restricciones públicas;
2.   La propiedad sobre los yacimientos mineros: asegurando su carácter transferible e hipotecable y reduciendo al mínimo las causas de caducidad;
3.   La libre movilidad del capital: eliminando todo tipo de control externo sobre el mercado cambiario y las exportaciones; y
4.   La estabilidad de las inversiones: reduciendo al mínimo y fijando la carga impositiva relativa a la importación de maquinaria, ganancias, royalties e IVA.

Por su parte, las reformas institucionales se dirigieron al fortalecimiento y capacitación de un nuevo sector público minero que, bajo el principio de neutralidad administrativa, elimine la discrecionalidad de la política sobre los recursos públicos y sea capaz de:
1.   Promover y proteger las inversiones del sector privado.
2.   Administrar los nuevos derechos mineros adquiridos.
3.   Proporcionar la información geológica básica.
4.   Asegurar la sostenibilidad de las inversiones, evaluando los daños ambientales y las eventuales consecuencias sociales.

Según el propio Banco Mundial, el éxito de las "reformas macroeconómicas y sectoriales" de la primera mitad de los años 1990 se correspondía con el "aumento de la inversión privada en exploración y extracción en varios países de América Latina y el Caribe". A partir de ese momento, cada Estado debía consolidar e institucionalizar la nueva situación económica: "Lo importante ahora es convertir este boom de exploración en un desarrollo minero sostenible" (World Bank, 1996: xiii)35.

A estas reformas superestructurales, se sumó luego una serie de iniciativas públicas y corporativas orientadas a garantizar, por un lado, la infraestructura necesaria para la exportación de las materias primas en general, y por otro, los esquemas sociales de percepción sobre la actividad de la mega minería y su elevado impacto eco-territorial, necesarios para lograr la aceptación de los nuevos métodos y escalas de explotación, es decir, aquello que las empresas llaman licencia social:
1) Integración de la Infraestructura Regional de Sudamérica (IIRSA):
Anunciada a fines del año 2000 por los presidentes de América del Sur y representantes del Banco Interamericano de Desarrollo, el programa se propuso rediseñar las fronteras internas del subcontinente a partir del desarrollo de la infraestructura regional (transporte, energía y comunicaciones) necesaria para garantizar la extracción y exportación de las materias primas con destino al mercado mundial (Ceceña, Aguilar, Motto, 2007)36. En parte, la relevancia de los Ejes Andino y Andino Sur radica en las importantes reservas mineras metalíferas.
2) Minería Minerales y Desarrollo Sustentable (en inglés, MMSD37):Proyecto encargado en 1999 por las principales empresas mineras del mundo a través del Consejo Empresarial Mundial para el Desarrollo Sostenible (WBCSD), en respuesta a los resultados de la Cumbre de la Tierra de Río de Janeiro de 1992 (II Conferencia de la ONU sobre Medioambiente y Desarrollo).
En el marco de la Iniciativa Minera Global (GMI), creada en 1998 para definir las nuevas estrategias del desarrollo sostenible, esta "red de redes de la industria minera metalífera" (Antonelli, 2009: 62) se propuso identificar las distintas problemáticas del sector en torno al acceso a los recursos, la producción, el consumo, los mercados y la estructura interna de la gran industria minera. Organizado en cuatro equipos regionales (Sur de África, América del Sur, Australia y América del Norte) encargados de impulsar investigaciones y talleres, produjo en 2002 un informe final denominado "Abriendo Brechas", que junto a los respectivos informes regionales estableció los temas prioritarios que debía enfrentar el sector y las consiguientes "recomendaciones políticas" para su resolución. En términos generales, el informe reconoce la necesidad de impulsar un cambio cultural para revertir la tradicional desconfianza por parte de las "personas con las que [el sector] trata a diario", a partir de una serie de dispositivos de intervención sobre la sociedad civil (comunidades, pueblos indígenas, productores locales), con base en una división del trabajo que asigne nuevos roles a las empresas, al Estado y a las universidades (MMSD, 2002).
En definitiva, según esta visión del desarrollo sustentable, los Estados nacionales deben garantizar la infraestructura necesaria para la efectiva explotación y comercialización de los recursos naturales, de manera tal que el desarrollo de los nuevos proyectos extractivos pueda sostenerse a lo largo del tiempo. Para ello, sin embargo, es necesario invertir los términos de la relación minería/sustentabilidad: el desarrollo sustentable no es más un límite ambiental a la producción minera, sino que la producción minera es ahora una condición económica para el desarrollo sostenible de la región. En palabras del informe MMSD para América del Sur: "Este proyecto no se pregunta por la sostenibilidad de la industria [minera], sino por cómo la industria puede contribuir al desarrollo sustentable de regiones y países mineros" (MMSD América del Sur, 2002: 12).
Según esta operación ideológica, la sostenibilidad de la industria minera (medio ineludible para superar el subdesarrollo) no sólo depende de seguros marcos legales e institucionales y de favorables regímenes de inversión que compitan en la atracción de las inversiones extranjeras, sino también de la capacidad de las empresas transnacionales y los Estados nacionales para regular los conflictos que los nuevos métodos de explotación pudieran generar.

En un estudio reciente publicado por la Academia Nacional de Ciencias de los Estados Unidos, fueron analizados 50 proyectos extractivos de todo el mundo (17 de ellos localizados en América Latina), para comprender "cómo los conflictos con las poblaciones locales se traducen en mayores costos operacionales para las empresas". De esta manera, los investigadores observaron entre 2001 y 2012 una "creciente tendencia a enfocar las estrategias de lucha en el empleo de la acción directa", tendencia que se muestra con especial nitidez en América Latina. Esta "escalada en violencia de los conflictos -concluye el informe- es una manifestación de la "incapacidad del poder político de mediar entre los actores en oposición". Las consecuencias económicas, por lo tanto, corren el riesgo de volverse estructurales: ante un eventual escenario conflictivo, las empresas deberán contemplar la asignación de cuantiosos recursos financieros para estar en condiciones de hacer frente a contingencias como retardos de naturaleza logística, la pérdida de productividad asociada a las pausas operacionales voluntarias o impuestas, y la repercusión negativa en el estado moral, físico y psíquico de su personal. (PNAS, 2014)

De esta forma, la lucha de clases bajo el modo de producción capitalista en la actualidad no sólo se expresa, en términos esenciales, a través de la contradicción principal entre capital y trabajo, sino también a través de una segunda contradicción dada entre el capital y la naturaleza (O'Connor, 2002). En términos generales, el modo de producción capitalista presupone la existencia de determinadas condiciones básicas de reproducción: mano de obra disponible (condiciones subjetivas), infraestructura (condiciones generales) y recursos naturales (condiciones naturales). En relación a estas últimas, emerge en la actualidad una nueva tendencia objetiva a las crisis de costos38, originadas por dos situaciones: 1) "cuando los capitales individuales defienden o recuperan ganancias mediante estrategias que degradan las condiciones materiales y sociales de su propia producción", y 2) "cuando los movimientos sociales exigen que el capital aporte más a la preservación y a la restauración de estas condiciones de vida" (O'Connor, 2002: 35).
Es por ello que, mientras los organismos internacionales y los Estados de las principales economías capitalistas del mundo no encaren una costosa reestructuración general que les permita aumentar la productividad y reducir los costos de producción39, los programas de evaluación y gestión de los principales organismos públicos y corporativos vinculados con la actividad minera de estrategia global se especializan en una doble función estatal básica: la administración de las concesiones y la regulación de los conflictos socio-ambientales. Según el proyecto MMSD: Para implementar los principios del desarrollo sustentable en el sector de los minerales, es necesario elaborar herramientas integradas, capaces de concentrar la atención en esta diversidad de principios y objetivos dentro de una estructura de toma de decisiones manejable. Disponemos de una amplia gama de instrumentos que incluye herramientas reguladoras, financieras, educacionales e institucionales. (MMSD, 2002: xviii)

La visión actualmente dominante de la globalización reconoce ahora un rol activo a los Estados locales y a las instituciones académicas en el diseño de las llamadas políticas públicas, cuya misión sería la de promover o facilitar el derrame económico/tecnológico que las inversiones extranjeras mineras de por sí no generan. A diferencia de la etapa neoliberal, los beneficios de la llamada nueva minería sustentable no pueden quedar librados a las fuerzas del libre mercado, sino que dependerán en cada caso de la eficiencia de las políticas públicas diseñadas. Es por ello que, entre los principales instrumentos de intervención diseñados por el proyecto MMSD destacan los "instrumentos educacionales", cuya ventaja principal "es su capacidad para generar conciencia" (MMSD, 2002: 37). En este sentido, a fines de 2007, el Programa Iberoamericano de Ciencia y Tecnología para el Desarrollo (CYTED), con el soporte institucional del Organismo Latinoamericano de Minería (OLAMI)40, aprobó la conformación de una red temática para la "Prevención, Gestión y Manejo de Conflictos para el Desarrollo Industrial Sostenible de la Minería en Iberoamérica" (GECOMIN). Conflictos socio-ambientales que, si bien no resultan "una novedad, sobre todo en los países latinoamericanos, [...] su relevancia y complejidad ha aumentado en los últimos años perjudicando el desarrollo de grandes operaciones mineras" (www.gecomin.org).

Bajo el concepto de Responsabilidad Social Empresarial (RSE), las corporaciones dedicadas a la explotación en gran escala de recursos naturales desarrollaron múltiples mecanismos de gestión socio-ambiental con el objetivo de acceder a los bienes naturales comunes, atendiendo por momentos algunas de las demandas más inmediatas de las comunidades aledañas para evitar los costos y los riesgos (tanto económicos como políticos) de la abierta represión. La contracara de los regímenes legales e institucionales diseñados por el Banco Mundial para el sector minero durante la década de 1990 es, por lo tanto, una estrategia empresarial de atomización de la participación social reducida a los niveles municipales o comunales. El éxito de estos esquemas, sin embargo, no radica en los crecientes volúmenes de inversión extranjera minera (causa de las reformas más que resultado), sino fundamentalmente en la efectiva transformación histórica de los bienes naturales comunes en propiedades mineras concesibles.


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14 de julio de 2018

IV. Las luchas por el agua desde abajo marcan el camino.

Un movimiento fluido: construyendo
un buen gobierno del agua en México
mayo 2018

 
Gerardo Alatorre Frenk

Los conflictos sociales, políticos y ambientales ligados a la gestión del agua en el mundo actual son clara muestra de las tensiones características de este momento histórico, en el que el sistema capitalista desata su voracidad por lo que considera “recursos energéticos, hídricos y minerales”. Este modelo neoliberal de acumulación tiene graves consecuencias para el tejido social, el acceso de la gente al agua, las cuencas hidrográficas y los territorios. Muchas regiones del planeta, incluyendo a México, son un campo de batalla, y lo que está en juego es la vida misma de las comunidades y de los ecosistemas.
Vivimos en un mundo transnacional; una élite global corporativa maneja los flujos financieros y comerciales, la geopolítica, los grandes medios de comunicación; y la mayoría de nuestros gobiernos latinoamericanos son engranes de esa máquina. Esto impacta directamente las políticas de gestión hídrica: además de fomentar la privatización de los servicios de abasto y saneamiento de agua, se impulsan reformas estructurales que buscan asegurar la disponibilidad del líquido para la minería a cielo abierto y los emprendimientos energéticos (hidroelectricidad, extracción de hidrocarburos mediante fractura hidráulica y cultivo de agrocombustibles).
Sin embargo, los Estados pueden verse obligados (o están viéndose obligados) a abrir espacio político a otras maneras de concebir e instrumentar la gestión de las cuencas y el agua.
Veremos aquí el caso de Agua para Tod@s Agua para la Vida, un ejemplo de cómo están gestándose futuros distintos al que el sistema hegemónico nos presenta como único posible. Quizá en todo el planeta están emergiendo futuros de carácter comunitario, solidario y sustentable; si en ocasiones resulta difícil percibirlos es, probablemente, porque son tan nuevos que faltan palabras para nombrarlos.

Una coyuntura propicia para la defensa del agua y el territorio.
Al ir estructurándose el proyecto corporativo de control del agua como elemento de la acumulación capitalista, y al hacerse visibles sus efectos sociales y ambientales, también van surgiendo otros proyectos, en los que el agua es concebida como un bien común, un elemento vital para los seres humanos y no humanos, y un sustento para la salud, la alimentación y diversas necesidades sociales básicas. Frente a las pretensiones de centralizar la toma de decisiones al servicio de la acumulación de riqueza y poder, surgen actores políticos que buscan instaurar formas de gobierno democráticas y descentralizadas donde las comunidades, a distintas escalas, asumen el control de la gestión del agua y las cuencas. Así va adquiriendo consistencia un poder alternativo, un poder emergente, un contrapoder, que cristaliza en organizaciones, instituciones, redes, programas, agendas de acción política, etc., desde la escala local hasta la mundial.
El agua se ha convertido en un campo de batalla y es, a la vez, un poderoso aglutinante político. Actores sociales y políticos con intereses muy distintos convergen cuando del agua se trata, llegando, inclusive, a la alta diplomacia. Una chispa aportada por el Gobierno boliviano encendió en 2010 toda una presión internacional que llevó a la firma, por parte de la Asamblea General de las Naciones Unidas, de la Resolución que establece el derecho humano al agua y al saneamiento.
El Gobierno mexicano suscribió dicha Resolución y, dos años después, el derecho humano al agua quedó plasmado en la Constitución mexicana, reconociéndose la necesidad de una nueva legislación del agua, capaz de garantizar el ejercicio de dicho derecho; la nueva ley habrá de llamarse Ley General de Aguas (LGA). El artículo 4 constitucional establece que “toda persona tiene derecho al acceso, disposición y saneamiento de agua para consumo personal y doméstico en forma suficiente, salubre, aceptable y asequible. […] El Estado garantizará este derecho y la ley definirá las bases, apoyos y modalidades para el acceso y uso equitativo y sustentable de los recursos hídricos estableciendo la participación de la Federación, las entidades federativas y los municipios, así como la participación de la ciudadanía para la consecución de dichos fines”.
A raíz de esta reforma constitucional se produce en México un fenómeno muy poco común: la sociedad civil se organiza, sin pasar por los partidos políticos, para elaborar una iniciativa ciudadana de ley. Un grupo de profesionistas políticamente activos en distintos lugares del país convocó a diversas organizaciones de la sociedad civil, comités comunitarios de agua e investigadores que desde años atrás ya veníamos movilizándonos a escala local, regional o de cuenca, para construir contrapoder en cuestiones ligadas a la gestión del agua. Consideramos que se trataba de una coyuntura favorable para avanzar hacia una más consistente coordinación de esfuerzos, con vistas a incidir políticamente a escala nacional, así como a potenciar, fortalecer y proteger las luchas regionales.
En diciembre de 2012 tuvo lugar un primer Congreso Nacional, al que asistimos cerca de 400 personas y así nació la Coordinadora Nacional Agua para Tod@s Agua para la Vida (www.aguaparatodos.org.mx), en la cual ha venido participando quien esto escribe. No solo se planteó la redacción de una Iniciativa Ciudadana de Ley General de Aguas (IC-LGA); en última instancia, lo que nos convocó fue el propósito de construir lo que llamamos un buen gobierno del agua, es decir una gestión democrática, participativa, descentralizada y sustentable del agua y las cuencas. Actualmente participan en Agua para Tod@s algunos sindicatos, centrales campesinas, comunidades eclesiales de base, periodistas y abogados, además de distintos comités comunitarios de agua, organizaciones de la sociedad civil y académicos.
¿Cómo se tejen sinergias entre tan diversos actores? ¿Cómo se articulan distintas escalas temporales y espaciales de construcción de contrapoder? ¿Cómo dialogan y se complementan –o no– los distintos saberes, haceres y poderes que confluyen en Agua para Tod@s? Son cuestiones que aquí abordaremos; pero antes, veamos qué es lo que está en juego.
La gestión hídrica en México.
Nuestro país es sumamente contrastante en lo social, lo cultural y lo climático. Más de la mitad de la población vive en la pobreza, en tanto que algunas familias figuran entre las más acaudaladas del mundo. Hay una importante diversidad étnica, que se refleja, por ejemplo, en los 7,4 millones de hablantes de lenguas originarias, de las que hay más de 70; el náhuatl es la lengua materna de casi dos millones de personas y el maya, de más de 860 000. En cuanto a la diversidad climática e hídrica, todo el norte del país está expuesto a las sequías, mientras en el sur hay zonas que se inundan durante las temporadas de lluvias. Tres millones de habitantes no tienen acceso al agua potable, y 40 millones sufren las consecuencias de la sobreexplotación de los mantos acuíferos.

Son muy diversas las formas de organizar el abasto de agua. En las áreas rurales y semiurbanas de México, las comunidades suelen tener Comités de Agua, encargados de dar mantenimiento a los manantiales o pozos donde las familias se abastecen, y de convocar el trabajo comunitario para dotarse de infraestructura de almacenamiento y distribución del líquido. En el extremo opuesto están las gigantescas obras de infraestructura con que las megalópolis buscan resolver su abasto de agua y el drenaje de las aguas servidas.

La política hídrica mexicana ha tenido un carácter centralizador. El Gobierno federal, a través de la Comisión Nacional del Agua (CONAGUA), tiene el poder de concesionarlas o no. Aunque desde 2004 ha habido procesos de descentralización, estos no se han traducido en más participación social, comunitaria, sino del sector privado.
En la escala local, el abasto y saneamiento están a cargo de los gobiernos municipales. En general, sus procedimientos de gestión excluyen la participación de los habitantes y, en lugar de ello, propician el clientelismo y la corrupción. Los fondos se manejan, en muchos casos, de manera discrecional, en beneficio de intereses político-partidarios o privados.
La ineficacia de los organismos operadores municipales ha venido utilizándose como argumento a favor de la privatización de los servicios. Al mismo tiempo, como ya dijimos, el agua se convierte en elemento clave para los emprendimientos mineros y energéticos. Estas políticas vulneran el derecho al agua del 10 % de la población del país1, afectaciones que están agudizándose por los ya mencionados contrastes climáticos, que podrían ir acentuándose como consecuencia del cambio climático global.

Distintos proyectos de país, distintas propuestas de LGA.
En 2015, el Gobierno federal mexicano sometió su proyecto de LGA a la aprobación de la legislatura. No lo logró, en parte por las violaciones al reglamento que conllevó su intento de hacerlo en modalidad fast track, y en parte por la fuerte oposición que suscitó por parte de la ciudadanía y sectores de la clase política. Se trataba de un proyecto de ley favorable a los procesos de privatización y al uso de agua para megaproyectos de distinta índole. Además, se perpetuaban con él los esquemas “lineales” y “tuberos” característicos de la actual legislación; lineales, porque sigue planteándose una gestión del agua basada en la secuencia extracción > conducción > utilización > contaminación > desecho, y no un esquema cíclico. Y “tuberos” porque, para abastecer a las poblaciones, se plantea la construcción de obras de conducción, bombeo y trasvase, trayendo agua de donde sea, y afectando a las cuencas y a las comunidades expropiadas, en ocasiones de manera irreversible.

Por su parte, la Iniciativa Ciudadana de Ley General de Aguas (IC-LGA) va encaminada a construir un gobierno del agua basado en los principios ético-políticos de sustentabilidad, equidad y participación. El primero establece nuestra responsabilidad de asegurar el acceso al agua tanto para las comunidades humanas como para las demás especies y los ecosistemas. El principio de equidad establece la obligatoriedad del Estado de garantizar el acceso de la gente al volumen mínimo necesario para cubrir sus necesidades cotidianas, independientemente de su poder adquisitivo, edad, género y lugar de residencia. El de participación postula que es en lo local, en la gestión de los manantiales, arroyos, pozos y tomas de agua, en cada comunidad o colonia, donde pueden potenciarse los saberes de la gente, sus formas de organización y sus mecanismos para planear, conducir y supervisar la gestión del agua. Existe aquí una apuesta por descentralizar los saberes y el poder.

En la redacción de la IC-LGA participaron personas de muy distintos sectores: profesionistas de diversas organizaciones y redes de la sociedad civil, así como equipos de académicos que trabajamos con comunidades rurales y urbanas en temas de gestión territorial. Durante 2012 y 2013 el trabajo se organizó en comisiones que generaron propuestas de políticas para distintos ámbitos temáticos: sistemas municipales de agua y saneamiento, manejo de cuencas, protección de acuíferos, sistemas de concesiones, justicia hídrica, prevención de la contaminación, soberanía hídrico-alimentaria y otros. Un equipo de abogados tradujo estas propuestas al lenguaje jurídico y así se llegó a un borrador final en 2014.

Durante 2013 y 2014 se organizaron 99 foros públicos en distintas regiones del país, con la participación de organizaciones de base, asociaciones ciudadanas, instituciones académicas y algunos funcionarios de gobierno y legisladores. De esos foros surgieron propuestas que permitieron afianzar la iniciativa de ley. En febrero de 2015, la Iniciativa Ciudadana de LGA fue presentada a diputados y senadores en un acto público de entrega-recepción y ese mismo mes fue publicada en la Gaceta del Senado, respaldada con las firmas de 22 senadores de cuatro partidos políticos.

El proceso de elaboración de la IC-LGA y la conformación de un movimiento nacional por un buen gobierno del agua han conllevado diálogos entre saberes y discursos de muy distinta índole. Un ejemplo ilustrativo concierne a las distintas maneras de concebir y ordenar el territorio: el enfoque de cuenca, que acostumbran emplear los hidrólogos, los geógrafos y los ecólogos, puede ser muy diferente a la territorialidad mítica ancestral, la lógica de gestión productiva y el control agrario en que suele basarse la gestión territorial comunitaria; pero del diálogo entre ellos surgen aprendizajes muy útiles para unos y otros, y las posibles contradicciones se convierten en complementariedades. Asistimos a una ‘polinización cruzada’ entre el saber científico y los saberes arraigados de quienes trabajan en los territorios. En el ámbito de los derechos, se retroalimentan mutuamente las exigencias inmediatas de las comunidades con las reivindicaciones de quienes, en el ámbito nacional e internacional, luchan por mayor transparencia y contra la impunidad de las empresas transnacionales3.

La IC-LGA establece prioridades de uso y destino del agua, colocando en primer lugar a los propios ecosistemas, en segundo al consumo personal doméstico y, en tercero, a la soberanía alimentaria. Las concesiones quedarían supeditadas a la disponibilidad del líquido una vez cubierto lo prioritario. En la planeación del manejo del agua y las cuencas, el instrumento central serán los Planes Rectores, que se elaborarán por consenso desde el nivel local.

Se trata de una propuesta bien fundamentada en términos técnicos, sociales, políticos, financieros y jurídicos. Señal de ello fue su adopción por parte de la Comisión de Recursos Hidráulicos de la Cámara de Diputados, durante un lapso de año y medio (2013-2014).

Para la gestión del agua (planeación, ejecución, vigilancia y sanción), la IC-LGA propone un diseño institucional conformado por instancias ciudadanizadas en distintas escalas, respetando los usos y costumbres de las poblaciones, en particular sus formas organizativas. Se busca asegurar el acceso de la gente al agua mediante una gestión integral de las cuencas, y se aplica el principio precautorio: cualquier actividad o proyecto que pudiera significar un riesgo para las comunidades, su territorio y sus aguas necesitará someterse a su consentimiento libre e informado.
Agua para Tod@s está potenciando y enlazando las corrientes de contrapoder que en la dimensión local, regional o institucional ya venían alimentando quienes en ella confluyen. La IC-LGA ha sido un elemento aglutinador, que se complementa con las estrategias para construir, en el aquí y el ahora, un buen gobierno del agua. (De hecho, sabemos que una ley no es suficiente para el ejercicio del contrapoder; numerosas leyes mexicanas, que podrían propiciar una gestión territorial participativa y sustentable, se quedan en el papel cuando la correlación fáctica de fuerzas les es desfavorable.) Pero veamos cuál ha sido la estrategia legislativa.
Estrategias legislativas de construcción de contrapoder.
Prevén las leyes mexicanas dos figuras para dar cabida a las propuestas de política emanadas de la ciudadanía: la Iniciativa ciudadana (que requiere el respaldo de poco más de 100 000 ciudadanxs) y la Consulta popular (que, suscrita por 1,6 millones de ciudadanxs, haría obligatorio el examen de una propuesta de ley por parte del poder legislativo).

Ya se han colectado suficientes firmas (con los respectivos números de identificación oficial) para presentar la Iniciativa ciudadana, gracias a la activa participación en la campaña de colecta de diversos sistemas comunitarios del agua, pueblos originarios, estudiantes, investigadores, sindicatos y organizaciones campesinas.

Agua para Tod@s ha seguido abriendo espacios de debate, tanto para ir sumando voluntades como para realizar ajustes que requiera la propuesta de ley. En 2015 y 2016, a convocatoria de cinco rectores universitarios, se llevó a cabo el Consenso Nacional por el Agua, proceso de análisis y propuestas con visión nacional e internacional. Se realizaron 23 eventos y foros de trabajo, en los que se generaron propuestas para fortalecer la IC-LGA y se involucró a nuevas organizaciones en su promoción y en la construcción del buen gobierno del agua.

Agua para Tod@s ha reflexionado en torno a las perspectivas de las distintas propuestas de LGA en la actual coyuntura política pre-electoral (en 2018 habrá elecciones federales). Actualmente el Partido Revolucionario Institucional (PRI) controla el poder ejecutivo y el Congreso, pero sus perspectivas para las elecciones son sombrías y en lo relacionado con la LGA el propio grupo en el poder está dividido: el PRI no ha aceptado la propuesta del Ejecutivo federal. La tensión política en torno a la legislación del agua es muy fuerte. Por un lado, a las corporaciones de la energía y de la minería les urge tener en las leyes mexicanas la garantía que eventualmente les permitiría interponer demandas contra el Estado mexicano ante el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias relativas a Inversiones (CIADI); por otro lado, hay una fuerte oposición, tanto en las organizaciones sociales y en la opinión pública como en parte del aparato estatal, frente a las pretensiones de privatizar la gestión del agua y autorizar su uso para los megaproyectos.

Se trata de una cuestión política delicada. Las autoridades saben, por experiencia, que es riesgoso intentar una aprobación fast track de su propuesta de ley: los intentos realizados hasta ahora se han convertido en oportunidades para que Agua para Tod@s, aprovechando los reflectores de la prensa y la opinión pública, dé a conocer ampliamente su contrapropuesta. Es poco probable que el poder ejecutivo federal asuma el costo político de un posible rechazo a su Ley General de Aguas, lo cual permite suponer que será en el sexenio 2018-2024 cuando veremos enfrentarse, en las arenas legislativa y sociopolítica, a las distintas iniciativas de ley.

Dos elementos centrales tiene, en este ínterin, la estrategia de Agua para Tod@s: por un lado, se busca redactar e impulsar leyes estatales del agua inspiradas con la IC-LGA; desde 2016 organizaciones de 12 estados del país se han involucrado en este esfuerzo, y han realizado gestiones con diputados locales de diversos partidos para ir generando consensos. Por otro lado, como veremos enseguida, Agua para Tod@s intenta construir –aquí y ahora– un buen gobierno del agua. Para contextualizar, vale la pena hacer un breve recuento histórico. 

Estructura agraria y control del agua y el territorio en México.
De la Revolución Mexicana se derivó una constitución agrarista (la de 1917). Durante el reparto agrario del siglo XX pasaron a manos campesinas 100 millones de hectáreas, equivalentes a la mitad del territorio de México y a cerca de las dos terceras partes de la propiedad rural total del país. Se establecieron aproximadamente 30 000 ejidos y comunidades. El artículo 27 constitucional señala que las aguas, incluyendo las subterráneas, son de la nación; solo pueden usarse mediante concesión otorgada por el Ejecutivo federal. Pero a principios de la década de 1990 asumieron el poder los hijos de la escuela de Chicago y se negoció el Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos y Canadá (TLCAN, NAFTA en inglés), para lo cual el Gobierno promovió cambios en la ley minera, la forestal y la Ley de Aguas Nacionales. Se desconocieron los derechos históricos al agua, sustituyéndolos por un sistema único de concesiones que incluye mecanismos para su compra y venta. También se modificó el artículo 27 para establecer un mercado de tierras y desmantelar la propiedad social. Al entrar en vigor el TLCAN, se levantaron en armas las comunidades zapatistas en Chiapas.

Un cuarto de siglo después, sin duda ha avanzado la “regularización” de la propiedad ejidal y su transformación en propiedad privada. Pero también se desarrollan, en todo el país, movilizaciones de los pueblos, buscando resguardar el control de sus tierras y aguas frente a amenazas diversas, incluyendo megaproyectos energéticos y de minería metálica a cielo abierto.

Combinando acciones jurídicas con el control físico del terreno y con otras diversas estrategias, surgen en todo el país movilizaciones para defender el agua y el territorio. Las comunidades campesinas e indígenas se han venido apoyando en herramientas de defensa jurídica como la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), que ordena: “1) antes de tomar siquiera la decisión de implementar un proyecto el Estado deberá proporcionar a los pueblos y a las comunidades la información completa, lo cual debe incluir los estudios de impacto social, cultural y ambiental, y 2) antes de expedir cualquier autorización y/o permiso, el Estado deberá realizar la consulta para obtener el consentimiento de la comunidad, la cual deberá celebrarse en su lengua, bajo sus usos y costumbres y durará todo el tiempo que sea necesario”4.

La legitimidad internacional del control comunitario sobre los territorios y el agua descansa en la Observación General 15 del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (PIDESC), así como en el Convenio 169 de la OIT, que pone en primer plano a los pueblos originarios, pero que también empieza a respaldar a los pueblos equiparables. Estos, en el caso de México, son los pueblos campesinos o urbanos con raíces culturales mesoamericanas.

En Chiapas, Oaxaca, Michoacán y la Sierra Norte de Puebla hay experiencias importantes de control comunitario del territorio. Un ejemplo notable es el del municipio poblano de Cuetzalan. En 2009, a raíz de afectaciones graves al suministro de agua provocadas por proyectos turísticos, se realizó una serie de talleres de diagnóstico comunitario con amplia participación popular y apoyo de un equipo de universitarios. En 2010 este equipo presentó en las comunidades los resultados del diagnóstico y puso a consulta una propuesta de ordenamiento territorial que definía una zonificación del municipio y establecía lo que puede o no hacerse en cada zona. Después de 14 meses de trabajo, en sesión solemne del Cabildo, se aprobó unOrdenamiento Territorial Ecológico, que de esta manera adquirió un estatus de ley y que, desde entonces, permite a las comunidades protegerse de los proyectos energéticos y mineros impulsados por las instancias de gobierno y por diversas empresas. 

Construyendo, desde la sociedad civil, un buen gobierno del agua.
Los esfuerzos de Agua para Tod@s y de las organizaciones regionales y comunidades que ahí confluimos van encaminados a construir una gestión democrática, participativa y sustentable del agua, en la cotidianidad de los espacios micro, abarcando, en la medida de lo posible, dimensiones meso, y manteniendo esfuerzos (como la campaña de firmas) para lograr transformaciones en lo macro.

Seis ejes estratégicos nos parecen fundamentales: el fortalecimiento de los sistemas comunitarios de agua, la creación de instancias de contraloría ciudadana, la resistencia frente a los procesos de privatización, la cogestión de cuencas con participación ciudadana, la construcción de capacidades de presión política a partir de la opinión pública y el tejido de redes amplias a escala nacional e internacional. Abordaremos, ahora, cada uno de estos ejes, esperando proporcionar pistas para otros movimientos en México y otras regiones del continente y del mundo.

Profesionalización de los sistemas comunitarios de agua.
Hicimos ya mención de los Comités de Agua, formas organizativas que perviven, como “usos y costumbres”, en numerosas comunidades de México y que han permitido la protección y el mantenimiento de las fuentes de agua (pozos, manantiales, arroyos). Actualmente, estos sistemas se ven sujetos a tensiones políticas, no solo por los intentos de privatización de los servicios de abasto de agua: la ‘municipalización’, término que en otros contextos implica un regreso al control público de los servicios de provisión de agua (después de procesos privatizadores), en estas comunidades puede significar lo contrario: la pérdida de control comunitario al quedar esos servicios a cargo de autoridades municipales que no rinden cuentas, que suelen corromperse y que gestionan el agua de manera clientelar.

¿Existe hoy margen político para un control territorial directo por parte de las comunidades? Esto depende tanto de las correlaciones de fuerzas (tensiones y negociaciones entre las distintas partes con intereses en la gestión del agua) como del grado de organización de las propias comunidades. Agua para Tod@s enlaza varias experiencias regionales en las cuencas de la región central del país: la Ciudad de México y el Estado de México. Se han fomentado vínculos entre los sistemas comunitarios y algunas universidades que colaboran en la realización de diagnósticos, el monitoreo de la calidad de sus aguas, el diseño de sistemas de potabilización, y el mapeo y protección de sus zonas de recarga y descarga.

Desde 2015 el Sistema de Agua Potable de Tecámac (Estado de México) convocó a integrantes de organismos comunitarios de agua y a investigadores y estudiantes universitarios a debatir en torno a la situación y necesidades de estos órganos. En un evento de ese año varias organizaciones deciden apostar por la profesionalización de los Comités. Les da ánimos un video sobre la lucha de Cochabamba, Bolivia, en 2000, que invita a “recuperar la confianza, la alegría, la transparencia, la reciprocidad y la lucha permanente en el trabajo colectivo de los grupos, así como la capacidad de gestionar y convivir con el agua como un ser vivo y no como un recurso”5.

En 2016 Tecámac pone en marcha la Escuelita del Agua, que incluye cursos y talleres de formación y coaprendizaje para que quienes conforman los Comités de Agua de distintas regiones se doten de habilidades organizativas y técnicas (políticas de tarifas, distribución, sustentabilidad económica, manejo de infraestructura). Han tenido logros en el control democrático por parte de las asambleas de usuarios y la rendición de cuentas por parte de las mesas directivas electas.

Las contralorías ciudadanas.
La ciudadanía está formándose y construyendo capacidades para vigilar el desempeño de las autoridades y denunciar casos de incumplimiento. Entre los casos donde están involucradas las organizaciones de Agua para Tod@s están los de Tabasco, Puebla, Saltillo (Coahuila) y Ciudad de México. En algunas delegaciones de esta ciudad, como Xochimilco e Iztapalapa, la vigilancia va dirigida a evitar la sobreextracción de agua subterránea, que ya ha provocado hundimientos graves.

A escala nacional, la instauración en 2016 de un Sistema Anticorrupción abre el espacio institucional formal que requiere una Contraloría Social del agua.
 
Alternativas a la privatización de sistemas municipales o metropolitanos.
Ha venido reduciéndose el presupuesto de la CONAGUA para infraestructura de agua potable, alcantarillado y saneamiento. El correspondiente a 2017 tuvo un recorte de 72 % en relación con el de 2016. Suponemos que estas restricciones económicas van encaminadas a ejercer presión sobre los organismos operadores para obligarlos a aceptar la participación privada.

Ya se han dado en México procesos de privatización de organismos operadores de agua en algunas poblaciones de los estados de Aguascalientes, Quintana Roo, Coahuila, Chiapas, Puebla y Veracruz. El incumplimiento de contratos y de las metas establecidas (con excepción de la eficiencia de cobranza, para lo cual se recurre a cortes de agua a los usuarios morosos), la información incongruente presentada por las empresas concesionarias, la falta de transparencia y la nula de respuesta de las autoridades ante las quejas de los usuarios, además de los arreglos subrepticios entre autoridades y socios privados, hacen suponer actos de corrupción.

La movilización de organizaciones de usuarios del agua ya logró la remunicipalización de dos de los organismos privatizados (el de Navojoa, Sonora, y el de Ramos Arizpe, Coahuila). Y donde esto no ha sido posible, están desarrollándose luchas importantes.
 
Espacios formales de participación ciudadana en la gestión de cuencas.
Estipulan diversas leyes mexicanas mecanismos para la participación ciudadana en política pública. Desgraciadamente, su alcance es limitado, por falta de autonomía financiera y porque no son vinculantes: solo pueden hacer recomendaciones. Tal es el caso de los Consejos de Cuenca. No dan voto pero sí, a veces, voz a los distintos tipos de usuarios del agua (uso público urbano, agrícola, industrial, etc.) así como a otros sectores interesados (entre ellos, el académico).

Varios integrantes de Agua para Tod@s participan o han participado en los Consejos de Cuenca. A través de estos(as) compañeros(as) se ha logrado sensibilizar a algunos de los Consejos de Cuenca. Esto fue palpable en 2016, cuando la Comisión Nacional del Agua (CONAGUA) promovió un proceso de "consulta" sobre la LGA; varios Consejos de Cuenca insistieron en la importancia de integrar las propuestas de la IC-LGA.

En algunas regiones hay organizaciones que impulsan esquemas de cogestión de cuencas, en los que se establecen convenios con comunidades rurales y municipios urbanos. Es el caso de la cuenca del río Pixquiac, en Xalapa, Veracruz. Los usuarios urbanos nos “corresponsabilizamos” del cuidado de la cuenca donde se genera el agua que usamos; se incluye en el pago por el servicio de provisión de agua una cuota con la que se constituye un fideicomiso, que a su vez permite financiar programas comunitarios encaminados a un manejo sustentable de la cuenca, que incluyen, por ejemplo, la creación de viveros forestales para la reforestación y la restauración de zonas degradadas, la diversificación de los sistemas productivos, el ecoturismo comunitario y la construcción de estufas ahorradoras de leña.

Presencia y visibilidad en el espacio público.
La presencia activa en los espacios públicos de debate y la difusión de información, de manera directa y a través de los medios masivos, han permitido formar una opinión pública que está ejerciendo presión política. Por ejemplo, dar a conocer el recorte de 72 % del presupuesto federal destinado a la Comisión Nacional del Agua en 2017 (en comparación con el de 2016) permitió hacer visibles los planes del Gobierno federal de impulsar la ‘privatización inducida’ de los servicios de agua y saneamiento.

Se han dado a conocer los problemas, las luchas y las alternativas viables. Y también se ha recurrido al ciberactivismo, como fue el caso de la movilización vía Change.org en contra de los “Lineamientos” que legalizarían el uso de agua para extraer hidrocarburos mediante fracturación hidráulica.

Ha habido concentraciones masivas en las calles y plazas, y recorridos como la Caravana Nacional en Defensa del Agua, el Territorio, el Trabajo y la Vida (convocada por la Tribu Yaqui en 2015). Esta Caravana, siguiendo tres rutas, recorrió durante 10 días el país para confluir en la Ciudad de México. Participaron más de cien organizaciones, pueblos indígenas y movimientos sociales, recorriendo 85 poblaciones rurales y urbanas, y logrando visibilidad en los medios (más de 5000 notas en la prensa, TV y redes sociales). Estos actos masivos permiten aprender todos de todos y también alimentan las esperanzas, pues nos ayudan a recordar que no estamos solos. Si bien el contrapoder se construye en el espacio público, una de sus bases de sustento está en la dimensión subjetiva, donde se genera y se reproduce la motivación de participación.

Redes nacionales e internacionales.
El posicionamiento político de las propuestas y acciones de Agua para Tod@s se ha afianzado gracias a los vínculos (solidaridad, apoyo mutuo y confluencia en coyunturas clave) con varias organizaciones campesinas de alcance nacional, universidades, sindicatos importantes como el de telefonistas y redes de índole socioambiental (Alianza Mexicana contra el Fracking, Movimiento de Afectados por Presas y en Defensa de los Ríos, etc.). La relación con el Centro Mexicano de Derecho Ambiental también ha sido fructífera.

También se tejen lazos en la dimensión internacional: con la RedVIDA (Vigilancia Interamericana para la Defensa y Derecho al Agua), con la Red para el Agua Pública (Reclaiming Public Water) y con organizaciones europeas como Agua de Todos (Portugal), K136 (Tessaloniki, Grecia) y Acqua Benne Comune (Italia).

Gradualmente, con ayuda de los “agentes bisagra” (personas u organizaciones familiarizadas con distintos códigos culturales, lingüísticos y organizacionales) se van articulando diferentes ámbitos de lucha.

En síntesis.
La experiencia de Agua para Tod@s muestra los límites y alcances de la organización ciudadana para construir contrapoder. Un día podemos tener la satisfacción de ver suspendido (aunque sea de manera provisional) un proyecto minero o hidroeléctrico, y al día siguiente nos enteramos, con frustración y enojo, de la aprobación (sin consulta ni debate) de leyes que atentan, directamente, contra el derecho humano al agua. Cada vez más gente está alerta y se fortalece la capacidad organizativa en lo local y lo regional, pero subsisten las estructuras que permiten a las instituciones gubernamentales ejercer el poder de manera vertical.


¿Qué hemos aprendido, en términos de la construcción de contrapoder? Para comenzar, constatamos la importancia de combinar distintas estrategias; conjuntar las de tipo legislativo y la acción directa sobre los territorios; articular, de manera dialogal y complementaria, a una diversidad de actores, de culturas, de epistemes y de escalas espaciales y temporales. Paralelamente, ir construyendo saber transdisciplinario, a partir del diálogo entre saberes académicos y no académicos. De manera gradual ir articulando, también, distintas escalas: lograr que las luchas locales, arraigadas en territorios concretos, retroalimenten y sean retroalimentadas por los esfuerzos que realizan las organizaciones de la sociedad civil y los universitarios en las escalas regional, nacional e internacional. Tejer sinergias con las luchas por los derechos humanos, por el derecho a la alimentación y a la salud, por el derecho a la información y a la consulta, por el ambiente sano, por el derecho a la diversidad cultural.
En estos tiempos de políticas neoliberales y Estados amafiados, el principal aprendizaje apunta, quizá, a la importancia de mantener las esperanzas de poder construir futuros más sustentables y justos, en los que todos y todas podamos ejercer nuestro derecho al agua y muchos otros derechos fundamentales.
NOTAS:
1. Valadez Rodríguez, A. (2017). "Las industrias extractivas despojan de agua a 10% de mexicanos: académico", La Jornada,  [consultado el 13 de febrero de 2018].
2. Ver La Jornada del Campo, Nº 80, del 17 de mayo de 2014, sobre El buen gobierno del agua.
3. Ver Alatorre, G. (2015) 'El derecho humano al agua y la movilización ciudadana por cambios legislativos y políticos en la gestión del agua'. En: García López y Travieso (coords.) Derecho y Gestión del Agua, pp. 75-100. Ciudad de México: Ubijus Editorial.
4. Ver el artículo de X. Martínez Esponda (2014): 'Los derechos humanos, la defensa de los pueblos y los proyectos de desarrollo en Veracruz. Historia de un desencuentro'. El Jarocho Cuántico, Suplemento de La Jornada Veracruz. Número especial: 'Ríos y territorio, despojo y resistencias'.
5. Ver artículo
6. Ver Alatorre (2017) 'Apprentissage social et mobilisation citoyenne pour une gestion démocratique, équitable et durable de l’eau au Mexique'. Canadian Journal of Environmental Education, 22:11-26.
SOBRE EL AUTOR
Gerardo Alatorre Frenk es fundador del Grupo de Estudios Ambientales (GEA A.C.), donde trabajó de 1977 a 2000. Tiene una maestría en Desarrollo Rural y un doctorado en Antropología. Desde 2010, es miembro de La Asamblea Veracruzana de Iniciativas y Defensa Ambiental (LAVIDA). Es investigador-activista en el Instituto de Investigaciones en Educación de la Universidad de Veracruz y su trabajo académico se centra en promover los aprendizajes que se generan en torno al manejo y defensa del territorio por parte de los movimientos sociales.

Este artículo forma parte del informe Estado del poder 2018, editado en castellano por 
Transnational Institute (TNI) y FUHEM Ecosocial.

    

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