CONVOCATORIA
29 agosto 2013
Movimientos
populares, organizaciones sociales, colectivos culturales, de investigación y
educación popular, radios comunitarias, activistas feministas, de derechos
humanos, estamos promoviendo la realización de un “Juicio Ético y Popular a las
Corporaciones en la ciudad de Buenos Aires”, inspirados en los Juicios Éticos y
Populares a las Transnacionales realizados en el año 2011, como parte del
proyecto de Resistencias Populares a la Recolonización del Continente.
Quienes
venimos luchando contra la imposición de un modelo de ciudad expulsivo,
exclusivo, inadecuado para vivir, observamos una relación muy especial y
funcional entre lo que sucede en el ámbito urbano con la especulación
inmobiliaria y la emergencia habitacional, y con la sobreexplotación,
mercantilización y exportación de nuestros bienes comunes en los ámbitos no
urbanos.
En los últimos años se
han multiplicado en la Ciudad de Buenos Aires las resistencias a este modelo, y
también su articulación -que tuvo por un lado su expresión en el enfrentamiento
a las leyes del pacto Pro-K, y por otro lado en la denuncia de las distintas
modalidades de represión, criminalización de la pobreza y judicialización de la protesta-. Hemos
denunciado que el modelo, tanto en la Ciudad como en el país, representa la
concentración de la propiedad de la tierra, el desprecio por la naturaleza y
los bienes comunes, el extractivismo -que reproduce una política de saqueo
neocolonial-, la sojización del campo, el control represivo de la población, y
el arrasamiento de la soberanía de los pueblos. Todo esto ligado íntimamente a
mecanismos de corrupción, de clientelismo, de mercantilización de las
relaciones, como modalidad para ganar voluntades para los proyectos del gran
capital.
Argentina
es hoy un país subordinado a las corporaciones transnacionales. Esto se
ejemplifica en la Cordillera de los Andes, con la megaminería y la entrega a la Barrick Gold , en el
campo con el monocultivo, el uso masivo de agrotóxicos (que afecta a la salud
de la población también en las ciudades), y la expansión del agronegocio –que
benefician a las grandes corporaciones como Monsanto, Cargill, etc.), en la
explotación petrolera con los acuerdos realizados con transnacionales como
Chevron, que fueron enjuiciadas y en algunos casos expulsadas de otros países
por sus políticas de destrucción de las poblaciones y de la naturaleza.
En la
Ciudad de Buenos Aires, estas políticas se expresan en la entrega de cientos de
hectáreas para que empresas como IRSA construyan de manera indiscriminada,
apropiándose de la plusvalía generada por toda la ciudad; en la construcción de
redes de comunicación y transporte, de infraestructura funcional a las rutas
del saqueo; en la creación de los gigantescos mercados y shoppings en los que
se extiende el agronegocio; y en general, en la organización colonial,
capitalista y patriarcal del territorio urbano, de acuerdo con un modelo mal
llamado de “desarrollo”, que es el que hoy domina en Nuestra América.
Si nos
preguntamos ¿quién produce la ciudad? ¿Quién y cómo se gobierna? ¿Quiénes son
sus dueños? ¿Quiénes son los expulsados y expulsadas? ¿Quiénes resultan
excluidos y excluidas? ¿Quiénes son tratadas? ¿Quiénes son sometidos y
sometidas a trabajo esclavo? ¿Quiénes son los reprimidos? ¿Quiénes “no caben” en
el transporte, en la vivienda, en los hospitales, en los lugares de recreación?
¿Quiénes acceden al espacio público? ¿Quiénes acceden a los servicios públicos?
¿En qué condiciones están los mismos? ¿Quiénes quedan vulnerables en las
inundaciones? ¿Quiénes son maltratados y maltratadas en manicomios y lugares de
encierro? ¿Quiénes sobreviven en la marginación de la ciudad? ¿Quiénes mueren
por causas evitables? Si nos preguntamos éstas y otras preguntas sobre la vida
cotidiana, las respuestas nos conducen de un lado a identificar quiénes se
benefician de la Ciudad, de sus negocios, de su mercantilización: las grandes
corporaciones ligadas al poder político. Y quiénes son los sacrificados y
sacrificadas: el pueblo pobre.
Entre
los “ganadores”, que en estos años se han llenado de súper ganancias, nos
encontramos con una empresa como IRSA, la gran terrateniente de la Ciudad, que
es propietaria de 16.250.000
m2 de la tierra de Buenos Aires, entre edificios,
shoppings y terrenos: la misma superficie que los barrios de Belgrano, la Boca
y Recoleta juntos. Si se agregan las propiedades en el resto del país, IRSA es
propietaria de 21 millones de m2.
Para permitir e
incluso promover ese “desarrollo”, y esa apropiación desenfrenada, son
ninguneados los mecanismos previstos en la Constitución local, así como las
diferentes leyes que garantizan la participación ciudadana en las decisiones de
planificación urbana, incumpliéndose así derechos humanos fundamentales.
El
gobierno de la Ciudad promueve la especulación inmobiliaria y la valorización
del suelo, sin concebir al suelo urbano como un bien social, común y
estratégico, que tiene que garantizar los derechos sociales, económicos y
culturales, para el conjunto de la ciudadanía.
Frente
a esta lógica mercantil, que piensa el desarrollo urbano bajo el imperio de la
valorización empresaria, impulsando los negocios privados de grandes
constructoras, inmobiliarias, empresas contratistas de obras y servicios, que
necesita del consumo ilimitado como paradigma de la felicidad, sostenemos una
lógica diferente: la
del Buen Vivir en la Ciudad, donde el desarrollo urbano, la
calidad de vida de la población, y en general la satisfacción popular en torno
al hábitat, la vivienda y el ambiente, estén basadas en las necesidades
sociales y en la utilidad social de la tierra, por sobre y más allá del
capital.
El gobierno de la
Ciudad y el gobierno Nacional se han enfrentado en distintos temas que afectan
la vida de quienes vivimos y transitamos la Ciudad de Buenos Aires. Por
ejemplo, con el traspaso del subte, de las tierras fiscales donde se asientan
barrios populares, el traspaso de la jurisdicción del puerto, el manejo del
juego, las competencias de la policía, por nombrar solo algunos de los temas.
Pero han acordado la entrega de las tierras públicas a las grandes
corporaciones, y el desarrollo inmobiliario indiscriminado. Las leyes votadas
en la Legislatura a fines del 2012, como parte del Pacto PRO-K (avalado por el
PRO, Radicales, el Frente Para la Victoria
y sus aliados), son un claro ejemplo.
Por
ello, entendiendo que los gobiernos actuales de Ciudad y Nación promueven las
súper ganancias de las corporaciones transnacionales y locales, y la entrega
del territorio como espacios de acumulación del capital, es que decidimos
llevar adelante este Juicio Ético Popular a las Corporaciones de la Ciudad de
Buenos Aires.
En el
sistema jurídico actual, las leyes y códigos están puestos al servicio de la
defensa de la propiedad privada, la ganancia capitalista, el orden neocolonial
y patriarcal, antes que del cuidado de las personas, las poblaciones, las
generaciones presentes y futuras, y los territorios que sufren las
consecuencias de dicho “orden”. Esta justicia criminaliza sistemáticamente a
las y los pobres, a quienes protestan frente a las injusticias, a quienes se
organizan y se rebelan. Cuestionarla desde la ética, es señalar los límites de
su accionar, y los intereses a los que sirve.
Es
desde esta perspectiva, basada no en los marcos actuales de la legalidad, sino
en el concepto profundo de legitimidad, de reivindicación histórica de los
derechos de los pueblos y de la naturaleza, que se ha constituido este Juicio
Ético Popular, que tiene un sentido profundamente humano: la salvaguarda de la
vida, y su reproducción actual y futura, en todas sus dimensiones e
implicancias.
Sostenemos
que el Derecho a la Ciudad, no es simplemente, el derecho de acceso a una
vivienda, ni el acceso igualitario a los servicios públicos o a la tierra, sino
también el derecho a transformar la Ciudad en algo radicalmente distinto: en un
espacio a habitar, en el que puedan crecer nuestros sueños y proyectos como
pueblo, sobre la base de la participación popular y la creación; y no de la
destrucción de nuestros vínculos entre seres humanos, en la naturaleza.
Próxima
audiencia: 2 de noviembre. Audiencia contra Riva S.A.
Lugar: Parque Lezama Las empresas a investigar en el marco de este Juicio y que serán denunciadas en las próximas audiencias son; Ashira y Urbasur.
Integran el Tribunal Ético Popular:
Adolfo Pérez Esquivel. Premio Nobel de
Nora Cortiñas. Madres de Plaza de Mayo Línea Fundadora
Mirta Baravalle. Madres de Plaza de Mayo Línea Fundadora
Osvaldo Bayer. Escritor
Vicente Zito Lema. Escritor y abogado de derechos humanos.
Herman Schiller. Periodista.
Liliana Daunes. Comunicadora feminista
Gabriela Massuh. Escritora
Maristella Svampa. Socióloga y escritora
Enrique Viale. Abogado Ambientalista.
Alberto Sava. Frente de Artistas del Borda.
Coordinación del Tribunal Ético Popular:
El Juicio Ético y Popular a las Corporaciones en la Ciudad de Buenos Aires es una iniciativa promovida por un conjunto de organizaciones sociales, políticas y culturales junto a colectivos en lucha del país y de América Latina.
Convocan: Asociación Argentina de Abogados Ambientalistas, Colectivo por la Igualdad, Frente Popular Darío Santillán, Movimiento Popular La Dignidad, Frente de Artistas del Borda, Pan del Borda, Movimiento Popular Latinoamérica en Camino de los Libres, Laboratorio de Políticas Públicas (LPP), Encuentro Nacional de Espacios Culturales Autónomos (ENECA) - Regional Capital Federal, Equipo de Educación Popular Pañuelos en Rebeldía, Centro de Investigación y Formación de los Movimientos Sociales Latinoamericanos, Asamblea del Parque Centenario, COB La Brecha. Leer
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