Legalizar
el delito y la ilegalidad como política de estado
Por Arturo D. Villanueva Imaña (Rebelión)
En principio seguramente se coincidirá en que una lógica diferente
y un nuevo tipo de conductas que respondan a una ética política basada en
principios, constituye uno de los primeros requisitos y expectativas que se
esperan en la administración gubernamental y el ejercicio público,
principalmente en coyunturas de cambio y transformación.
Es inimaginable pensar
que se produzcan movilizaciones y revueltas sociales que no estén cargadas de
la esperanza y un mandato popular para que se corrija, resuelva y encare los
diversos problemas, lastres y actos de gobierno que se tuvieron en el pasado,
pero bajo la condición de que se cumplan en nuevos términos y pautas que
deberían estar en consonancia al ideario, los objetivos de transformación y la
Constitución.
Frente a ello, que
bien podría cuestionarse y criticar como un criterio ingenuo e idealista, la
práctica política nos ha dado innumerables ejemplos como queriendo demostrar
que la política y el ejercicio público, muy lejos de lo mencionado
anteriormente, en realidad fuese “el arte de lo posible”, e inclusive un
instrumento totalmente despiadado para conservar y reproducir el poder y el
gobierno (sin mencionar otros propósitos mucho menos loables). En consecuencia
cabe preguntarse, cuáles son las bases y los límites éticos para reproducir
prácticas, lógicas y políticas que corresponden a regímenes pasados de un orden
social diferente y antagónico.
No continuaré
explorando estas aristas filosóficas del asunto para dejar al lector sus
propias reflexiones, pero valga compartir un arranque de estupor, al comprobar
que no solo se han transgredido prohibiciones expresas o incumplido normas (que
quizás pudieran justificarse bajo el argumento de que responden a una lógica y
un modelo que se busca superar y/o corregir), sino que se han aprobado y
promulgado leyes y normas que legalizan lo ilegal. Por tanto, al legalizar el
delito, se termina premiando la impunidad.
Qué razones justifican
y fundamentan semejante situación, todavía es una pregunta que sigue girando en
mi mente sin una respuesta razonablemente convincente, sobre todo a la hora de
marcar diferencias y encontrar referentes ejemplares respecto de un pasado y un
tipo de prácticas políticas que buscamos desterrar… Sin embargo y como podremos
constatar más abajo muy lamentablemente, los ejemplos no son pocos, aislados o
intrascendentes, tampoco insignificantes. En realidad hacen a aspectos
medulares de un proceso que se había propuesto cancelar privilegios e
impunidad, restablecer la soberanía nacional sobre los recursos naturales y
construir una alternativa al capitalismo depredador. Veamos.
El caso más reciente
está relacionado con la ley minera que fue promulgada a pesar de innumerables
pronunciamientos de rechazo de diversos sectores sociales y la convalidación de
un carácter entreguista y antinacional. Además, esta ley se contrapone a los
principios constitucionales de defensa y protección de los derechos de la Madre Tierra , los
derechos ambientales y la elemental responsabilidad de evitar el saqueo, la
enajenación y las prácticas de un extractivismo salvaje que enfrenta bolivianos
hasta la muerte, al mismo tiempo de encubrir intereses privados y
transnacionales que hacen de las suyas bajo el amparo de aquella obligación
endosada al Estado para proteger e incentivar la inversión de capitales.
Y es que a pesar de
nada menos que la “traición a la patria” que fue identificada por el Presidente
Evo Morales, cuando constató que se continuaban entregando concesiones mineras
y derechos de explotación a espaldas del control legislativo que manda la
Constitución; resulta que ahora la nueva ley permite su legalización y
funcionamiento, solo con el cumplimiento del eufemismo (requisito denominan) de
la readecuación de contratos, cuando decenas y cientos de miles de hectáreas
del territorio nacional entregadas en cuadrículas mineras, deberían ser
revertidas a patrimonio de la Nación y ser sujetas de juicio y penalización por
haber evadido lo que manda la
Carta Magna.
Otro caso es el
referido a la mal llamada ley de Apoyo a la producción y Restitución de
bosques, por la cual se otorga un perdonazo y se legaliza la quema y
deforestación ilegal de bosques y biodiversidad que había afectado una
superficie superior a los 4 millones de hectáreas. Es más, cuando lo que
correspondía era que aquellas grandes extensiones de tierras debían haber sido
revertidas al Estado en vista de la flagrante transgresión e incumplimiento de
la normativa agraria, y siendo que bien pudieron haber servido para resolver la
problemática de los avasallamientos, ocupaciones violentas y la elevada demanda
de tierras que aqueja a campesinos y colonizadores en todo el país; se decide
regalarlas a propietarios y poseedores ilegales (nada menos que bajo el
argumento de “promover” la reforestación), siendo que habían provocado tanto
daño, con el único requisito de pagar una multa simbólica de 60 dólares por
hectárea deforestada (420 bolivianos!). No hay que olvidar que este tipo de
medidas no pudieron ser conseguidas ni siquiera en gobiernos neoliberales muy
propensos a cumplir esta aspiración ilegal, y más bien tuvieron que dar marcha
atrás en la aplicación de decretos supremos que pretendían favorecer aquellos
grandes intereses y prácticas ilegales que se encontraban por detrás.
A ello se suman otras
normas y disposiciones conexas como la Ley de Revolución Productiva (qué
ironía), que permite y da luz verde al ingreso y uso de transgénicos en la
producción agrícola, sabiendo que ello se encuentra en franca oposición a
políticas responsables de seguridad y soberanía alimentaria, o de respeto a la Madre Tierra y el
medio ambiente.
Otro ejemplo tiene que
ver con la ley de Regularización de la propiedad urbana (No. 247 de Junio de
2012), que lejos de promover y lograr el saneamiento de viviendas urbanas y una
tenencia que permita desterrar todas aquellas prácticas ilegales que buscaban
legitimarse mañosamente; en realidad ha incentivado y agudizado el tráfico, la
usurpación y los loteamientos clandestinos, cuya secuela más evidente se
expresa por medio de pugnas, avasallamientos violentos y disputas por la
propiedad de los inmuebles que enfrenta a ciudadanos, barrios y comunidades
periféricas en varias ciudades del país.
También debe
mencionarse aquella ley que ha permitido la llamada “nacionalización de
vehículos”, siendo que en realidad constituyó la legalización del contrabando y
la adquisición ilegal de automotores (en muchos casos inclusive robados en
otros países), en vista de que esta práctica se había convertido en la forma
más común de acceder a un motorizado. El problema inicial estuvo relacionado
con la cantidad estimada de vehículos que debían “regularizar” su situación,
porque con el transcurrir del proceso se estableció que aquellas cifras
estimativas divulgadas oficialmente, fueron inmediatamente desvirtuadas por las
decenas de miles de automotores que se habían introducido al país ilegalmente.
Desde entonces, la saturación de coches en todo el país no solo se ha traducido
en grandes congestiones vehiculares en carreteras y ciudades, sino en una
contaminación que se acentuó de forma alarmante. El problema es aún más grave,
cuando se toma en cuenta el gran incremento que la circulación de estos
vehículos ha supuesto para la subvención en el precio por el uso de carburantes
que se ha multiplicado por la circulación de los vehículos chutos, y que se
contradice totalmente con la recurrente intención gubernamental para cortar
dicha subvención que afecta los ingresos del tesoro general de la nación. Además ,
debe mencionarse que la ley no parece haber cumplido con su propósito, porque
solo en los Yungas de La Paz, ya se ha reportado la presencia y circulación de
miles de automóviles que reclaman un nuevo “perdonazo”, con amenaza de
movilizaciones y bloqueos, para regularizar su situación ilegal.
Bajo esos términos y
tomando en cuenta la forma cómo se ha encarado este cúmulo de ilegalidades e
irregularidades heredadas del pasado, parece evidente que ha primado un enfoque
practicista, acorde a intereses inmediatistas opuestos a la transformación
esperada, antes que proponer soluciones de fondo y buscar un nuevo código de
conducta, unos principios y nuevas prácticas acordes al mandato que el propio
pueblo le había encomendado.
Esta constatación conlleva
muchas preguntas, e inclusive la pertinencia de establecer responsabilidades
orientadas a descifrar y determinar si este tipo de políticas podrá ser
corregida o se mantendrá en el futuro; si la sociedad las ve con buenos ojos y
ha tomado conciencia de sus implicaciones, o cuánto tiempo tardará hasta que
decida interpelar y reclamar por la adopción de tales medidas.
Arturo D. Villanueva
Imaña es Sociólogo, boliviano.
Fuente: http://www.rebelion.org/noticia.php?id=185789
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