Procesos de legalización de
los transgénicos en Bolivia
M. Bárbara Giavarini
Resumen:
El
presente artículo intenta contribuir al debate que se ha generado en torno
a la apertura legal que se realizó a los
transgénicos en nuestro país. Teniendo en cuenta dos momentos: el año 2005 con
la soya transgénica y el 2011 con la Ley de Revolución Productiva y Comunitaria
con semillas de las que Bolivia no sea
centro de origen.
Así mismo, identificar las
principales multinacionales que controlan las semillas genéticamente
modificadas y los riesgos que implica el uso, producción y consumo. Y por
ultimo, la resistencia que se realizó por parte de organizaciones sociales como
el Consejo Nacional Ayllus y Markas del Qullasuyo – CONAMAQ a la inclusión de
transgénicos en la Ley.
1. Introducción
Los sistemas
agroindustriales de producción en base a la biotecnología se han extendido a
países de Sudamérica. Entre las principales semillas transgénicas que son parte
de este sistema de producción están la soya, el maíz, la canola y el
algodón. Argentina por ejemplo comenzó a
liberar la semilla de soya transgénica round up ready RR a partir de 1996 (Teubal, 2006). Esto permitió posicionar a la
soya transgénica como uno de sus principales productos de exportación. En el
caso de Brasil la siembra legal de soya transgénica tuvo lugar el año 2004,
aunque ya se producía de manera ilegal antes de 1998 (Vidal, 2012). Paraguay por su parte comenzó a cultivar soya
transgénica en 1999, pero al igual que Brasil, entró de forma ilegal (Bioptimistas, 2005).
Estos sistemas de
producción han traído una serie de problemas no sólo a pequeños productores
locales, sino también a comunidades indígenas en cuanto al uso y tenencia de
tierras. Por otro lado han generado y siguen generando daños ambientales
irreversibles, como la contaminación de suelos, de agua y de semillas.
Frente a esta
monopolización de saberes y de semillas, es que se están tomando acciones y
respuestas alternativas. México es uno de los ejemplos más claros en cuanto a
la lucha que esta asumiendo en la defensa del maíz[1].
Brasil es otro lugar donde mínimamente se esta llevando a cabo la recuperación
de tierras contaminadas por la producción de soya, por organizaciones como el
MST.
En nuestro país, contrariamente,
parece ser que se está apostando y alentando la masiva producción de estos
alimentos, como ocurrió con la legalización de la producción de soya
transgénica el 2005. Así mismo la
Ley N. 144 de 26 de junio de 2011 o Ley de la Revolución Productiva
Comunitaria Agropecuaria ha generado conflictos en torno al tema de los transgénicos-,
y parece apuntar al mismo horizonte.
2.
La biotecnología
y las multinacionales una nueva forma de acumulación
Las nuevas formas de
acumulación del capital, están asentadas en las nuevas tecnologías como la
biotecnología, es así, que los organismos genéticamente modificados (OGM), son resultados
de su aplicación en el campo de la agricultura y la alimentación. En
la actualidad las multinacionales tienen el monopolio de los transgénicos y los
agroquímicos.
De las miles de compañías de semillas e instituciones
públicas de mejoramiento que existían treinta años atrás, solo diez compañías
controlan ahora más de dos tercios de las ventas mundiales de semillas
patentadas. De las docenas de compañías de plaguicidas que existían hace
treinta años, diez controlan ahora casi el 90% de las ventas de agroquímicos en
todo el mundo. De casi mil empresas biotecnológicas emergentes hace 15 años,
diez tienen ahora los tres cuartos de los ingresos de la industria. Y seis de
los líderes de las semillas son también seis de los líderes de los plaguicidas
y la biotecnología. (ETC, 2008)
Estas grandes multinacionales, no sólo controlan la venta de
las semillas sino que también patentan las semillas, es decir, que asumen la
propiedad intelectual de dichas semillas, motivo que prohíbe guardar las
semillas[2].
Según el -“grupo ETC”- (2008) para el 2007, son diez las
principales multinacionales que controlan las semillas a nivel del mundo están,
Monsanto (EUA), DuPont (EUA), Syngenta (Suiza), Groupe Limagrain (Francia),
Land O’ Lakes (EUA), KWS AG (Alemania, Bayer Crop Science (Alemania), Sakata
(Japón), DLF-Trifolium (Dinamarca), Takii
(Japón). Por otro lado, afirma que el 89% del comercio de agroquímicos
(plaguicidas) está controlado por otras diez empresas multinacionales, seis de
ellas también participan del negocio de las semillas.
Las principales semillas
que se comenzaron a comercializar y por ende a cultivar fueron las de maíz y
soya. Es decir, las multinacionales tienen en su poder la producción y
comercialización de semillas y agrotóxicos a nivel mundial.
En este sentido, lo que se
está produciendo es una forma de acumulación de capital desmedida, pues las
cifras (ETC, 2008) señalan un creciente
monopolio de la producción y comercialización tanto de semillas, como de los
plaguicidas y herbicidas.
3.
Los riesgos de
producir bajo el sistema de la biotecnología
Las consecuencias de
estas formas de acumulación del capital están fuertemente vinculadas al acceso
y control de los recursos naturales (principalmente tierra y semillas) y a la
disputa de dos paradigmas contradictorios. Por un lado la producción de
cultivos a gran escala (con semillas híbridas
o genéticamente modificadas, insumos químicos) y por otro, el sistema basado
en pequeños sembrados con insumos
nacionales ecológicos y orgánicos a bajo costo y accesibles a los productores
pobres (Shiva, 2007, pág. 46). Entonces y
tal como Escobar menciona, este campo, corresponde al de la ecología política.
Joan
Martínez Alier (2002) define ecología política como el estudio de los
conflictos de distribución ecológica. Con esto quiere decir, conflictos en el
acceso y en el control sobre los recursos naturales, particularmente como una
fuente de subsistencia, así como los costos por la destrucción ambiental (Escobar, 2010, pág. 23).
En este sentido, la
introducción de la biotecnología, al modelo capitalista convierte a la
naturaleza en un objeto manipulable, de sometimiento y principalmente mercantilizable.
Esto implica un sistema de producción que alienta el monocultivo, condicionando
y destruyendo los sistemas locales de producción y la biodiversidad
Así, se da el cambio de sistemas controlados por los
campesinos, a sistemas controlados por las corporaciones de agroquímicos y
semillas y, por ende, por lo institutos internacionales de investigación (Rivera, 2011).
En el caso paraguayo, este
sistema de producción ha causando una serie de efectos también sobre las
comunidades indígenas en cuanto al uso y tenencia de la tierra
La referida expansión del cultivo se da también a
expensas de comunidades indígenas cuyas tierras toman en arriendo los
empresarios, a pesar de prohibiciones expresas consignadas en la Ley 904/81 que
establece el estatuto de las comunidades indígenas (Fogel & Riquelme, 2005).
En consecuencia se
destruyen las semillas de origen, se desplazan los saberes locales de
producción, se rompen los tiempos de producción y la rotación de cultivos, por
un lado, y se amplían las fronteras agrícolas por la erosión de suelos y la
contaminación de tierras por el uso agroquímicos[3].
Por ende se aumenta la comercialización de tierra así como el desplazamiento forzoso
de los productores y de las poblaciones.
Del mismo modo, el efecto
sobre la salud de los que consumen éstos alimentos transgénicos, ha sido
demostrado científicamente verificándose una serie de alergias, tendencias
cancerígenas, esterilidad e incluso la muerte.
La tecnología agrícola basada en organismos
genéticamente modificados ha desembocado en un callejón sin salida... ni es más
productiva, ni es más barata, ni es más amistosa con el medio ambiente. Tampoco
es claro que sea inocua para la salud humana (Nadal, 2009)
Las
fumigaciones han llevado a casos de intoxicaciones, muertes[4]
y contaminación de fuentes de agua.
A nombre de incrementar la
productividad y reducir costos, la inserción –muchas veces– de forma ilegal de
semillas transgénicas ha significado la perdida de semillas de origen y el paso
a depender de las multinacionales que las patentan. Esta es una, sino la mas
importante forma de control de la cadena de producción, ya que todos los
productores deben comprar estas semillas de sus “creadores”.
Todas las semillas transgénicas se encuentran
patentadas y están controladas por seis multinacionales (Monsanto, Syngenta,
DuPont, Dow, Bayer, Basf), por lo que provocan una dependencia absoluta de los
campesinos y agricultores hacia esas multinacionales y criminalizan a las
víctimas de contaminación (Red en defensa del
Maíz, 2009).
Todos los transgénicos están patentados y son
propiedad de 6 transnacionales. Monsanto controla el 86 por ciento de éstos, y
con Syngenta y Dupon-Pioner, cerca del 95 por ciento. (GRAIN, 2009)
Estas multinacionales, están ampliando sus fronteras progresivamente
no a países del norte, sino también a países de Sudamérica, África, Asia y
Europa[5].
Ello por supuesto va en detrimento de la soberanía alimentaria, Y de las formas
propias de producción local, porque genera dependencia de las semillas
transgénicas y los agrotóxicos o endeudamientos y suicidios como ocurre con los
campesinos indios.
Los campesinos indios, hoy en día gastan más de 1,32
trillones de rupias en semillas y químicos bajo el régimen de la globalización. El
cambio de las semillas polinizables y almacenables, a las semillas híbridas no
renovables y GM, ha provocado altos niveles de pérdidas en los cultivos, deudas
y suicidios de campesinos. Las semillas no sólo son costosas, sino que tienen
que comprarse cada estación junto con pesticidas y herbicidas costosos (Shiva, 2007, pág. 47)
Pero ante todo los productores dejan de ser
dueños de las semillas. Las estrategias para ingresar en los países y poder
ampliar sus ganancias, han sido por medio de las políticas de liberación
económica, de tratados de libre comercio como el ALCA[6],
el TLC[7]
o de los llamados ajustes estructurales del que han sido parte muchos países.
La
apertura a los transgénicos por los gobiernos, quita todo el significado de soberanía,
precisamente a la
Soberanía Alimentaria ,
porque entrega la base de reproducción de la vida, la semilla. Como el
caso del gobierno mexicano que comenzó a experimentar con el maíz transgénico
–siendo centro de origen–,
colocando en riesgo su patrimonio genético alimentario más importante.
Entregando así la soberanía alimentaria, dándoles la
llave de toda la red alimentaria a unas pocas transnacionales (GRAIN, 2009).
Varios son los justificativos de las
multinacionales respecto a los transgénicos, como el de generar mayor
productividad, mayores ingresos, exportación, paliar la “crisis alimentaria”. Sin
embargo, son simples estrategias de las que se han valido para insertar paquetes
tecnológicos en los cultivos –incluso de manera clandestina– para luego
legalizarlos en convenios con los gobiernos (Bioptimistas, 2005; Fogel &
Riquelme, 2005). Es un discurso falso y funcional a las multinacionales, plantear
que se va a alcanzar la soberanía alimentaria con el uso y el consumo de
transgénicos[8], ya que
han sido pensados en términos de generación de ingresos y ampliar la exportación.
Consecuentemente, esto ha
traído una serie de desastres y costos sociales que se han manifestado en
infinita cadena de efectos irreversibles, tanto para la tierra en la que se los
produce, para quienes los producen y consumen, tal el caso de países como
México, Ecuador, Brasil, Argentina, Chile, Paraguay, y desde el 2005 Bolivia
con la soya transgénica.
4.
Apertura a la
producción de soya transgénica en Bolivia
Según el documento de la
RALLT (2011) en 1992 la fundación boliviana PROIMPA[9]
hizo la solicitud al Comité Nacional de Bioseguridad (CNB) para ingresar
semillas de papas transgénicas en Bolivia[10].
Sin embargo, sólo a fines de 1998, se dio paso a la realización de dichas
pruebas, en el marco del proceso de evaluación de riesgos establecido en el
Reglamento de Bioseguridad promulgado en julio de 1997 (Molina & Copa, FOBOMADE, 2007).
En 1997 una organización dedicada a la investigación
que se llama PROIMPA recibió semilla de papas transgénica para ser probadas
acá, estas papas venían de Inglaterra de la Universidad de Leeds y esta
universidad en un convenio seguramente pidió que se hagan las pruebas en
Bolivia (Molina & Copa, FOBOMADE, 2007).
Una vez las organizaciones
sociales se informaron sobre el tema iniciaron movilizaciones logrando,
finalmente, parar estas pruebas. No hay que olvidar, además que la región
andina es centro de origen de la papa
(Catacora, 2006; Borda, 2008; Molina & Copa, 2008)
El año 2000 el Comité Nacional de Bioseguridad (CNB), autorizó tres
solicitudes para realizar experimentos con papa y algodón. PROIMPA fue, otra
vez, una de las autorizadas. Pero esta institución tuvo nuevamente que
postergar su iniciativa, por el rechazo de varias organizaciones.
Detrás de dichas
solicitudes, se encontraba la Empresa Monsanto una de las multinacionales que
produce más del 90% de las semillas transgénicas del mundo y sus respectivos pesticidas, la que se
encargó de monitorear y cubrir los gastos de la metodología.
La realización de pruebas de campo del algodón Bt y
soya transgénica de Monsanto fue encargado al Comité Regional de Semillas, el
cual incluye entre su miembros representantes de empresas comercializadoras de
insumos agrícolas. Los costos del monitoreo y metodología fueron cubiertos por
MONSANTO (Villegas, 2008).
Fue la acción la CSUTCB que
en el año 2000, –en ese entonces
a la cabeza de Felipe Quispe “el Mallku” – exigió la derogación de los decretos 24663 y de
Bioseguridad[11].
Tras el cerco de más de un mes a la ciudad de La Paz esta movilización, logró
frenar el proceso de evaluación de solicitudes transgénicas del Comité de
Bioseguridad (Molina, FOBOMADE, 2011).
Es importante señalar que
el ingreso de alimentos transgénicos también se dio por medio de donaciones que
venían de los Estados Unidos, en los que, al igual que ecuador y Colombia, se
encontró maíz transgénico Starlink que estaba prohibido para consumo humano en
los Estados Unidos (Villegas, 2008).
En Santa Cruz, tras la
conclusión del primer encuentro Internacional por la Soberanía Alimentaria ,
en julio del 2002, se realizó una marcha contra los transgénicos protagonizada
por varias organizaciones sociales, ecologistas, productoras, campesinas, etc.,:
Federación Sindical Única de Trabajadores
Campesinos de Santa Cruz, Coordinadora de Integración de Organizaciones Económicas
Campesinas de Bolivia, Asociación de Productores Ecológicos de Bolivia, Confederación
Sindical de Colonizadores de Bolivia y Federación Nacional de Mujeres
Campesinas de Bolivia “Bartolina Sisa” (Molina
& Copa, FOBOMADE, 2007).
Esta finalizó en el Hotel
Los Tajibos, donde se llevaba a cabo el Seminario Panamericano de Semillas que
pretendía que una serie de expertos recomendaran al gobierno boliviano levantar
el Decreto 25929 que suspendía las pruebas con transgénicos (Molina & Copa, FOBOMADE, 2007). En efecto
el Decreto sólo tuvo vigencia desde el 2000 hasta el 2003 y bajo una
reinterpretación más bien burocrática de los funcionarios de la Dirección de
Bioseguridad, autorizaron otra prueba de campo con soya RR, eludiendo el
procedimiento y fue a partir de ello siguieron las solicitudes por
organizaciones nacionales como Fundación de Desarrollo Agrícola
de Santa Cruz - FUNDACRUZ y la Asociación de Productores de Oleaginosas y Trigo ANAPO (Molina & Copa, FOBOMADE, 2007).
Ambas
organizaciones presentaron sus solicitudes al Comité, para realizar pruebas a
mayor escala con el fin de evaluar aspectos económicos, sin embargo mientras se
discutía la solicitud de FUNDACRUZ fue aprobada rápidamente la solicitud de ANAPO, con
observaciones y de la misma manera el Informe del Tercer Ensayo de Campo de
Monsanto (Molina
& Copa, FOBOMADE, 2007)
Fue recién el 1 de julio de 2005, en el gobierno de Carlos
D. Mesa, cuando se legalizó el ingreso de la soya transgénica, mediante Decreto
Supremo 28225. Este decreto incumplía una serie de normas en el proceso de
autorización de la soya transgénica. Y a pesar de que las organizaciones
sociales –incluso en ese entonces el diputado Evo Morales– rechazaban dicha
legalización, por lo que el Foro Boliviano sobre Medio Ambiente y Desarrollo –
FOBOMADE con la adhesión de distintas organizaciones[12]
presentó un recurso de inconstitucionalidad, que fue declarado improcedente[13] (Molina & Copa, FOBOMADE, 2007).
Como
corolario el 2011 ni el mandatario Evo Morales, ni Nemesia Achacollo –actual Ministra
de Desarrollo Rural– se pronunciaron sobre la inserción de los transgénicos en
la Ley de Revolución Productiva.
5. Nueva apertura a los transgénicos en la Ley de la Revolución
Productiva Comunitaria Agropecuaria
Es importante hacer un
preámbulo respecto al tratamiento de los transgénicos en la nueva Constitución. La
Constitución Política del Estado aprobada en grande y en detalle en Oruro el
año 2007 mencionaba en el artículo 408: “Se prohíbe la producción,
importación y comercialización de transgénicos” (Bolivia, 2007). La
Constitución consensuada en el parlamento el 2008, mencionaba: "La
producción, importación y comercialización de transgénicos será regulada por
ley"(Bolivia, 2009).
Posteriormente, estos artículos fueron
modificados, aprobándose los transgénicos, en el Parlamento como resultado de
una negociación del gobierno con los representantes del movimiento separatista
de la Media Luna (Villegas, 2008, pág. 182).
Entonces este pase, –poco consultado y difundido– de la prohibición a la
regulación, fue una concesión a los que pertenecían en aquel entonces a la
llamada “Media Luna” básicamente el sector agro exportador.
Según un artículo de SENA – FOBOMADE (2001), la Ley de Revolución
Productiva tiene origen en el proyecto de Ley de Estrategia Plurinacional de la
Década Productiva[14]. Sin embargo, fue a
raíz de la conformación de una comisión tripartita, –integrada
por técnicos de los ministerios de Desarrollo Rural y Tierras, Medio Ambiente y
Aguas y Autonomías–, que se cambió el nombre
de la ley y otras propuestas para mejorar el texto (SENA -FOBOMADE, 2011).
El proyecto de ley de
“Revolución Productiva Comunitaria Agropecuaria” comenzó a ser tema de debate
cuando se introdujeron artículos en los que se permitía el ingreso de transgénicos,
pese al rechazo de éstos artículos por parte de CONAMAQ una de las organizaciones
del Pacto de Unidad.
A pesar de ello, la Ley
pasó sin ninguna observación por parte del legislativo e ingreso a la cámara de
senadores, la que tampoco modificó los artículos que son completamente
contradictorios con la
Constitución Política del Estado. Hay que recordar que
establece entre sus principios la armonía y equilibro con la Madre Tierra ,
complementariedad, corresponsabilidad, transparencia, Vivir Bien, reciprocidad
y solidaridad, alimentación adecuada y la soberanía alimentaria[15].
Entre los artículos específicos que fueron
cuestionados y rechazados por el CONAMAQ, está el artículo 15 que menciona específicamente que:
No se introducirán en el país paquetes tecnológicos agrícolas que
involucren semillas genéticamente modificadas de especies de las que Bolivia
es centro de origen o diversidad, ni aquellos que atenten contra el
patrimonio genético, la
biodiversidad, la salud de los sistemas de vida y la salud humana[16].
Y el inciso 5 del artículo 19 que indica para lograr la soberanía alimentaria “Se
establecerán disposiciones para el control de la producción, importación y
comercialización de productos genéticamente modificados”[17].
Pero el ingreso –aunque sea controlado– de semillas
genéticamente modificadas y su comercialización contradice los principios
básicos de la soberanía alimentaria.
Básicamente, el trasfondo de esta
incorporación de los paquetes tecnológicos
da pie a la producción de alimentos transgénicos y con un claro
trasfondo de “comercialización”, que implica dentro del sistema de producción, la exportación. Los
dos artículos son
contrarios a lo que se establece en el artículo 255 de la Constitución Política
del Estado:
Seguridad y soberanía alimentaria para toda la población; prohibición
de importación, producción y comercialización de organizamos genéticamente
modificados y elementos tóxicos que dañen la salud y el medio ambiente[18].
Pero también hubo un cuestionamiento debido a que
los artículos fueron introducidos por la comisión tripartita, ya que el
documento –en su formato inicial– que había sido trabajado por las
organizaciones del Pacto de Unidad no mencionaba los transgénicos.
Hemos trabajado la ley, hemos sido sorprendidos en nuestra
buena fe, nos han prometido siguen prometiendo, el señor Alfaro que es
asambleísta siguen diciendo que no está en la lay, el ministro de la
presidencia que no está en la ley, siguen diciendo, ahora si lo han sacado esos
dos artículos y así se promulga y cuando compremos en la gaceta y no está
personalmente mi autoridad va pedir disculpas públicamente (Quispe, 2011).
Es claro que no
fueron las organizaciones las que plantearon el ingreso de los transgénicos,
sin embargo tampoco existió un cuestionamiento –a excepción del CONAMAQ– frente a estos artículos.
Poco o nada se ha dicho del porqué se agregaron
estos artículos dentro de la ley, sin embargo es evidente que existió una
presión de las empresas agroindustriales de Santa Cruz[19], que ya desde enero
del 2011 venían pidiendo como la ANAPO, que se permita el ingreso de
transgénicos bajo el discurso del alza de los precios de carburantes
Los alimentos que consume la población
boliviana bajarán de precio si el Legislativo aprueba el proyecto de Ley de la Revolución Productiva ,
Comunitaria y Agropecuaria que permite el uso de semillas transgénicas para que
se incremente la oferta de alimentos en el mercado interno (Pérez, 2011).
Ya se consumen productos transgénicos en
Bolivia, lo que queremos es producir más con menos costo de producción,
contaminar menos el medio ambiente y evitar aplicaciones de herbicidas….lo que
proponemos al Gobierno es incorporar a la planta un gen resistente a una
sequía, a fenómenos climatológicos y plagas (Ibíd.).
Dichas declaraciones sobre la reducción de costos y,
mayor producción, a partir de la legalización de las semillas transgénicas se
oculta tras el discurso de “beneficiar a la población” tal como señala la
siguiente declaración:
El objetivo de sus productores es beneficiar a
toda la población porque se preparará los alimentos para enfrentar las
inclemencias del tiempo generada por los desajustes climáticos derivados del
calentamiento global (Ibíd.).
Sin embargo, ya se han visto experiencias como la
soya en Brasil y Argentina y el maíz en México, que este tipo de aperturas
legales a los transgénicos traen únicamente beneficios a los agroempresarios y
no así a los productores locales, ya que van dejando desastres ambientales y
ampliando la frontera agrícola.
Varios fueron los intentos del CONAMAQ e
inicialmente de otras organizaciones como AOPEB para reanudar el debate en
torno a los transgénicos, incluso se intentó añadir el artículo 13 del proyecto
referido a políticas de intercambio y comercialización, que disponga la
prohibición y uso de productos genéticamente modificados (SENA -FOBOMADE, 2011).
Hablamos con el señor Canciller y dijimos, muy bien, si es
necesario reglamentar los transgénicos, pero hagámosla en otra ley, como el
artículo 409, que da mención a regular los transgénicos (Quispe, 2011)
Podemos leer minuciosamente la ley, la ley abre la puerta
para introducir, comercializar, el consumo de productos genéticamente
modificados, introduce, abre la puerta, eso contrapone porque, porque el
artículo 409, establece regular los transgénicos que ya están en Bolivia, y
hablamos en el Pacto, hablamos con el canciller, esa Ley de Revolución Productiva
debe ir de olor a la Pachamama, no olor a las transnacionales, evidentemente
tiene que ser una regulación pero amparado en el artículo 409 de la Constitución Política
del Estado (Quispe, 2011)
De este modo, el CONAMAQ manifestó su rechazo a los
artículos 15 y 19 de la entonces nueva Ley que ponía en peligro la soberanía
alimentaria.
Esta ley contrapone la Constitución Política
del Estado, nacional e internacional y contrapone el derecho natural de la Madre Tierra y el derecho
de los pueblos indígenas (Quispe, 2011).
Por ello CONAMAQ decidió no firmar el documento que
debía ser aprobado por consenso entre todas las organizaciones del Pacto de
Unidad, así lo mencionaron en pronunciamiento público.
El CONAMAQ advierte a la Asamblea
Legislativa Plurinacional que el Pacto de Unidad son las 5
organizaciones nacionales y las decisiones se aprueban en consenso y no por
mayoría, de manera que el documento de propuesta tienen que tener las 5 firmas
de los contrario no tiene valor legal ni legítimo en el cual el CONOMAQ no
firmó ni firmara esta propuesta de Ley, porque no está de acuerdo con los
productos transgénicos (Organismos Genéticamente Modificados) que atentan
contra la Pachamama (Madre Tierra), vida, biodiversidad y la salud de toda la
humanidad (CONAMAQ 2011).
Del mismo modo se manifestaron también distintas
organizaciones como AOPEB[20], CIOEC[21], MST-B[22] y alrededor de 44
instituciones internacionales, entre ellas la Coordinadora Andina
de Organizaciones Indígenas – CAOI que en una carta pública expresó su
preocupación,
Nos ratificamos en nuestro rechazo rotundo a
los transgénicos e instamos al Gobierno y al Parlamento bolivianos a derogar
los artículos de la Ley de Revolución Productiva, Comunitaria y Agropecuaria
que permiten el ingreso de organismos genéticamente modificados. El futuro de
nuestra megabiodiversidad, de la vida, de la Madre Tierra y de las
reivindicaciones históricas de los pueblos indígenas, está en sus manos. Esa es
su responsabilidad histórica y confiamos en que sabrán actuar en concordancia
con ella (CAOI, 2011).
Del mismo modo, la Coordinación Nacional
de la CLOC- Vía
Campesina de Brasil en carta abierta al Presidente menciona,
Los transgénicos son actualmente la principal herramienta
de dominación capitalista en la agricultura, pues coloca el dominio de las
semillas en manos de algunas empresas transnacionales. También impone la
utilización de químicos y agrotóxicos (herbicidas, fungicidas, insecticidas).
Tristemente le decimos que nuestro país después de liberar los transgénicos, se
transformó en el mayor consumidor de agrotóxicos del mundo. Esa realidad trae
consecuencias devastadoras para la vida humana y para la biodiversidad (CLOC, 2011).
Así mismo continua,
…tenga en cuenta (Presidente Evo Morales) que la
aprobación de esta ley, con la presencia de los referidos artículos 15 y 19,
significará contradecir todo lo que fue manifestado por Bolivia en los diversos
foros internacionales, incluido la Cumbre de la Madre Tierra en
Cochabamba, y eso
significará romper con la alianza con los sectores
indígenas, campesinos, ambientalistas en Bolivia, en todo el continente y en el
mundo (CLOC, 2011).
Del mismo modo, instituciones como el Centro de
Documentación e Investigación de Bolivia - CEDIB[23], FOBOMADE[24], y varios colectivos,
realizaron manifestaciones y marchas en contra de dichos artículos. Sin embargo
el 26 de junio del 2011 –a propósito del 32 aniversario de la CSUTCB– se promulgó
la nueva Ley
de Revolución Productiva, en un acto en el Coliseo Julio Borelli, con la
participación de las organizaciones que conforman el Pacto de Unidad, a
excepción del CONAMAQ.
6.
Conclusiones
Con la aprobación de la
Ley de Revolución Productiva, no sólo se rompió el llamado Pacto de Unidad,
base de apoyo organizacional del gobierno actual, sino que también se puso en
peligro –específicamente con los artículos 15 y 19– la soberanía alimentaria.
Asimismo, todo el discurso
enunciado, difundido y defendido nacional e internacionalmente por el
Presidente Evo Morales, en torno al respeto de la Madre Tierra , la
lucha de los pueblos y su derecho a la autodeterminación, la defensa de los
recursos naturales, el agua, la tierra y las semillas queda deslegitimado
frente a algunas organizaciones sociales.
De este modo,
es probable que el problema se extienda más allá de la producción de alimentos
transgénicos, teniendo en cuenta que esto implicará –además de la producción y consumo
de alimentos dañinos– un modelo de
producción condicionado al monocultivo, bajo un sistema de control de semillas
que no precisamente está en manos de los productores, al igual que los respectivos
agrotóxicos.
7. Bibliografía (...)
Documentos y Leyes:
Bolivia. Constitución
Política del Estado: aprobada en grande, en detalle y revisión. Oruro 2007
Bolivia. Constitución
Política del Estado. 2009
Bolivia. Leyes, decretos,
etc. Ley Nº 144 de 26 de Junio 2011 de la Revolución
Productiva Comunitaria Agropecuaria.
CONAMAQ. Pronunciamiento
del Consejo de CONAMAQ a la opinión pública nacional e Internacional, 17 de
junio del 2011.
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