Venezuela: ¿Revertir los logros constitucionales de los pueblos indígenas?
Constituyente y
re-colonización indígena:
una respuesta a Luis Britto García
10 de agosto de
2017
Vemos con mucha preocupación este artículo por sus
implicaciones, que van más allá de lo teórico, en la medida en la que plantea
una serie de sospechas sobre los pueblos indígenas del país y el sentido de la
lucha por sus derechos y territorios, asomando subrepticiamente una eventual
criminalización de los mismos. Este planteamiento se produce en un contexto de
políticas progresivas de flexibilización económica, relanzamiento e impulso de
numerosos proyectos extractivistas, crecientes presiones del capital
transnacional y cambios constitucionales en puerta.
Por Emiliano
Teran Mantovani* y Francisco
Javier Velasco Páez**
Hace algunos días, el reconocido intelectual venezolano
Luis Britto García publicó el artículo ‘Constituciòn y Unidad Nacional’ (23 de
julio, ver aquí)
en el cual ofrecía su visión sobre la cuestión indígena en Venezuela, y su
relación con el Estado, el territorio y los llamados “recursos naturales”. Vemos
con mucha preocupación este artículo por sus implicaciones, que van más allá de
lo teórico, en la medida en la que plantea una serie de sospechas sobre los
pueblos indígenas del país y el sentido de la lucha por sus derechos y
territorios, asomando subrepticiamente una eventual criminalización de los
mismos. Este planteamiento se produce en un contexto de políticas progresivas de
flexibilización económica, relanzamiento e impulso de numerosos proyectos
extractivistas, crecientes presiones del capital transnacional y cambios
constitucionales en puerta.
En el texto, Britto García plantea que existe una estrecha
identidad entre las reivindicaciones de los pueblos originarios en toda América
Latina, y diversos organismos de asistencia e intervención estadounidense (como
el Indian Law Resource Center), que en teoría persiguen consolidar la autonomía
de estos pueblos sobre sus territorios. A lo largo del artículo, el autor
presenta casos en los que señala que las estrategias de movimientos indígenas
latinoamericanos son tuteladas y dirigidas desde Washington, como sería el caso
de los misquitos en Nicaragua, los mayas de Belice, los yanomami en la Amazonía
y grupos similares en Ecuador. Su conclusión apunta a una generalización en la
cual indica que “gran parte” de estos movimientos en toda la región estarían
entonces bajo el paraguas de los financiamientos de los EEUU, siendo
instrumentos pasivos para favorecer al imperialismo con el objetivo de afectar
la soberanía y unidad de los Estados Nacionales y apropiarse de los recursos
naturales de nuestros países.
Inspirado en esta sospecha, Luis Britto
cuestiona la categorización de “pueblo” que la Constitución Bolivariana de
Venezuela de 1999 (CRBV) le asigna a los indígenas debido a que supuestamente en
los artículos 119 al 126, se le otorgarían a éstos derechos distintos y
superiores respecto al resto de la población venezolana y se sentarían las bases
para constituir numerosos Estados distintos del venezolano.
En este sentido, el autor propone bajar de rango valorativo a los pueblos
originarios, denominándolos ahora sólo como 'comunidades', al tiempo que sugiere
se deje de usar el concepto de 'tierras' para hablar sólo de 'habitats'. Queda
también claramente cuestionado para Britto el hecho que el Estado tenga que
realizar consultas previas e informadas a los indígenas para poder ejecutar el
aprovechamiento de los recursos naturales de la Nación.
A nuestro juicio estos planteamientos están
descontextualizados y son tendenciosos y miopes.
·
En primer lugar, es falso que el reconocimiento de la existencia de diversos pueblos
(en plural) en la Nación venezolana, dé cabida a supuestos derechos “superiores”
de los indígenas y allane el camino a la posibilidad jurídica de afectación de
la integridad territorial, debido a que la CRBV es bastante clara en su Artículo
126:
“Los pueblos indígenas, como culturas de raíces
ancestrales, forman parte de la Nación, del Estado y del pueblo venezolano como único,
soberano e indivisible. De
conformidad con esta Constitución tienen el deber de salvaguardar la integridad
y la soberanía nacional. El
término pueblo no podrá interpretarse en esta Constitución en el sentido que se
le da en el derecho internacional” (subrayado nuestro).
Si se revisa el conjunto de artículos del Capítulo VIII 'De
los derechos de los pueblos indígenas', y se hace además hincapié en la
explicita delimitación y aclaración que plantea el artículo 126, no queda claro
en qué medida éstos supuestamente amenazarían la unidad de la nación.
·
En segundo lugar, los reclamos a una supuesta amenaza
indígena tienen cierto toque de cinismo en la medida en la que, en la realidad
concreta, estos derechos consagrados han sido sistemáticamente violados y son
realmente escasas las conquistas que se han obtenido hasta la fecha.
Más aún, no pocos problemas y conflictos se han suscitado en lo que concierne a
la demarcación de tierras comunales, la consolidación de asentamientos y la
ausencia de consultas previas. Luchas como la de los yukpas, liderada por Sabino
Romero al precio de su vida; los actuales reclamos de diferentes pueblos
indígenas de los estados Bolívar y Amazonas por la carencia de consultas para la
realización del proyecto del Arco Minero del Orinoco, y por la urgencia de
políticas efectivas contra el flagelo de la minería ilegal, son algunos ejemplos
de los desmanes cometidos en contra de los derechos de los pobladores
originarios venezolanos. De nada sirve preocuparse por “la actitud del gobierno
estadounidense hacia los indígenas en su propio territorio”, si se escribe un
artículo haciendo completo mutis en lo que respecta al drama de nuestros propios
indígenas.
Así que, en vez de inquietarse por lo que
establecen unos artículos que no se han cumplido, el profesor Britto García
debería denunciar el incumplimiento de los mismos, debería investigar cuáles son
las presiones que han obstaculizado su respeto fiel, para terminar perpetuando
la situación de injusticia social y ambiental que secularmente ha afectado a los
pobladores originarios.
·
En tercer lugar, Britto García apela a ejemplos foráneos para justificar el argumento
de la potencial ‘amenaza independentista’ de los pueblos indígenas, cuando es
importante dejar en claro que no hay indicio de movimiento separatista alguno en
Venezuela que haya sido generado o que esté en gestación, teniendo a los
indígenas como base social.
La contracara del problema planteado por Britto, que no es
reflejada en su artículo, es el marco histórico de
expoliación y exclusión permanentes que, a lo largo de varios siglos, han
sufrido los pueblos originarios latinoamericanos y venezolanos.
Es en
esta perspectiva histórica que hay que entender las tensiones que generan en
nuestros días los problemas de tierra y territorio que corresponden en justicia
a cada uno de esos pueblos y comunidades, y que pueden ser precisamente la causa
de un deseo de separación, tal y como ocurrió con los misquitos en la Nicaragua sandinista de los años 80, caso citado por el autor como ejemplo de sedición.
Cabe recordar que la cúpula sandinista, comenzando por el
propio comandante Tomás Borge, admitió haber cometido lo que califican de graves
errores al ignorar y considerar peyorativamente la cultura, las formas
organizativas y socio-productivas propias de los misquitos y los
afrodescendientes de la costa atlántica nicaragüense, lo que, conjuntamente con
la represión desatada en su contra, propició la captación de un reducido sector
de este pueblo por factores somocistas y contrarrevolucionarios. No obstante, es
necesario señalar que, luego de llevar a cabo una autocrítica y con el concurso
de expertos, se produjo una rectificación por parte de las autoridades
sandinistas quienes reconocieron las molestias causadas a esa población y
aceptaron la solución honrosa de la “Autonomía de la Costa Atlántica”.
Convertir a los pueblos indígenas en chivos
expiatorios de las maniobras separatistas de grupos dominantes blancos y
mestizos, que buscan imponer su perspectiva de clase y sus intereses para
apropiarse de determinados recursos, es sumamente injusto y desvía la atención
de las verdaderas causas que generan estos procesos.
·
En cuarto lugar, el reconocimiento de los indígenas como 'pueblos' es en cambio un
logro histórico obtenido a partir de sus luchas y movilizaciones, consagrando el
hecho de que, antes que ‘extranjeros’ o ‘marginales’, son los pobladores
ancestrales de los territorios de nuestra actual República, y merecen el
resarcimiento ante la discriminación y el despojo histórico del desarrollo
capitalista/colonialista.
La propuesta de Britto García de eliminar
constitucionalmente su condición de pueblos, reproduce el patrón colonial que ha
intentado, racismo por medio, homogeneizar a los pueblos diversos, a las
diversidades culturales que los constituyen, subsumiéndolos en la identidad
nacional monocultural y generando permanentes procesos de etnocidio.
En su artículo, Britto confunde pueblo con Estado.
En este sentido es necesario subrayar que el reconocimiento de los pueblos
indígenas no tiene porqué apuntar a la conformación de nuevos Estados. El autor
incluso parece obviar el importante debate sobre plurinacionalidad que,
reconociendo la existencia de múltiples pueblos dentro de un mismo estado o
constitución, nutrió los pilares ideológicos del ciclo progresista
latinoamericano, del proyecto del Socialismo del Siglo XXI (también pensado como
indoamericano) y de la idea del Buen Vivir.
En el territorio de Venezuela no hay pueblos que
no formen parte de la venezolanidad, que es una y múltiple. Lejos de atentar
contra la identidad nacional, el reconocimiento de los derechos culturales y
materiales de los pueblos indígenas (que nunca deberían ser disminuidos sino mas
bien aumentados) constituyen un componente fundamental para el enriquecimiento
significativo y permanente de nuestra identidad y nuestro patrimonio cultural.
Britto García debería entonces sumarse al coro de voces que exige la consulta a
todos los pueblos y comunidades que hacen vida en nuestro país cuando se trata
de proyectos y megaproyectos negociados con grandes transnacionales que
involucran recursos y elementos estratégicos relativos a la cesión de soberanía,
la destrucción masiva de fuentes de agua, biodiversidad y suelos.
Los verdaderos riesgos de pérdida de soberanía y
fragmentación del territorio nacional se asocian hoy en día a las políticas y
proyectos extractivistas (como por ejemplo ocurre con el Arco Minero del
Orinoco), que se insertan en la lógica y las prescripciones del proyecto
regional COSIPLAN-IIIRSA. Como sabemos, dicho proyecto tiene como propósito la
integración de los diversos territorios de América del Sur, con miras a
facilitar el flujo de los ‘recursos naturales’ expoliados por el gran capital y
el reforzamiento de la inserción subordinada de nuestros países en la
globalización neoliberal.
·
En quinto lugar, con relación al asunto del poder político, Britto invoca a la razón
de Estado. En este sentido, conviene recordar que los imperios coloniales y los
Estados republicanos post-independencia surgieron en el marco de un antagonismo
étnico territorial contra los pueblos y comunidades indígenas, contra sus
matrices de vida y sus modos de convivencia. La reducción de la presencia
indígena a un asunto geopolítico y de seguridad de Estado, tal y como lo hace
Luis Britto, nos retrotrae a ese antagonismo anclado en el eurocentrismo.
La reivindicación cerrada de “la soberana
potestad del Estado de explotar los recursos naturales, sobre todo los del
subsuelo, en la totalidad del territorio nacional”, orienta el argumento
político-intelectual del autor hacia el interés y la gestión que realizan las
élites administradoras del extractivismo y de la renta en el país, actores que,
en coalición con el capital transnacional (sea estadounidense, chino, ruso,
europeo, etc.) son los que a fin de cuentas deciden qué, cuánto, cuándo y dónde
se extraen los apetecidos “recursos naturales” para el mercado mundial.
La postura de Britto implica pues,
un posicionamiento preferencial ante ese antagonismo étnico territorial
que se desarrolla contra los pueblos y comunidades indígenas durante estos
procesos de expansión de la apropiación de la naturaleza. De ahí que desestime y
desvalorice claramente la consulta previa a los indígenas. Y ante la supremacía
de esta potestad estatal, no son sólo los pueblos originarios quienes se ven
desarmados, sino también cualquier experiencia territorial (tales como
experiencias comunales, productivas y comunitarias) que se pudieran oponer a
cualquiera de estos proyectos, a pesar de que en la CRBV estén contempladas las
consultas populares y abiertas (arts. 70 y 299).
En nombre del “pueblo” y el “desarrollo” de la Nación se ha
justificado históricamente y en abstracto esta soberana potestad del Estado de
explotar los recursos naturales, clausurando además las posibilidades de otras
gestiones del territorio y de alternativas económicas. Ya son harto conocidos
los resultados que han dejado estos modelos de desarrollo en América Latina
(pobreza, exclusión, destrucción ambiental y dependencia). Dichos resultados han
motivado históricamente la crítica y las reivindicaciones políticas de diversas
expresiones de la izquierda en la región, incluso en el marco de la reciente
experiencia de los progresismos. En este período político de los últimos
lustros, aunque se produjo una más justa distribución de las rentas, se agudizó
notablemente la agresión a los pueblos indígenas, a los territorios y los
ecosistemas, profundizando la dependencia de nuestros países al modelo primario
exportador y haciéndonos finalmente más vulnerables en el plano internacional
ante los efectos de la actual crisis económica global.
·
En sexto y último lugar,
es preciso reconocer que,
renunciando a cualquier pretensión de idealizar a los pueblos indígenas, éstos
no sólo constituyen una parte esencial de la venezolanidad, sino que también
encarnan modos de vida y saberes de los cuales podríamos aprender para construir
alternativas al modelo capitalista rentista y al propio modelo civilizatorio.
A pesar de las numerosas agresiones culturales y físicas a las que son sometidos
aún en la actualidad, los pueblos indígenas venezolanos son los principales
defensores de las aguas y la biodiversidad del país, notablemente amenazadas por
las lógicas depredadoras del desarrollismo y las prácticas de apropiación
informal sumamente dañinas. En este orden de ideas, antes que amenazas y
potenciales conspiradores, nuestros pueblos originarios constituyen un factor
fundamental que puede contribuir medularmente para salir de la crisis profunda
que vive la sociedad venezolana en la actualidad. Es por ello que reivindicamos
la consigna ‘Sabino marca el camino’.
A nuestro juicio, el artículo de Luis Britto
García no cae en saco roto. Cada texto tiene su contexto y se incorpora a campos
en disputa sobre sujetos, saberes, territorios, valoraciones, derechos y
dignidades. Múltiples prejuicios y apetencias subyacen detrás de la negación de
los derechos de los pueblos indígenas. Intereses de transnacionales mineras,
petroleras, madereras, entre otras; a los que se suman en su acción etnocida y
ecocida mineros artesanales –por lo general ilegales–; las élites burocráticas
de los Estados que formalizan y legitiman esta lógica de despojo, extracción y
saqueo; todo ello con el concurso de los aparatos argumentales de intelectuales
orgánicos que apuntalan estos procesos.
El texto de Britto García parece útil para
terminar de neutralizar el ya frágil y carcomido derecho indígena, lo que
generaría un desplazamiento jurídico para finalmente allanar el camino de
impulso a la mega-minería en el Arco Minero del Orinoco y otra serie de
proyectos, ahora de la mano de una mayor participación e incidencia de las
compañías transnacionales, como se evidencia en el nuevo esquema de negocios
propuesto por el Gobierno nacional. Visto así, el artículo contribuye sobre todo
a eso que el intelectual mexicano Pablo González Casanova denominó hace ya un
tiempo “colonialismo interno”.
Para finalizar, preocupa la clara advertencia
que hace Britto García a quienes puedan oponerse a la tesis por él planteada:
quien no esté de acuerdo con este planteamiento es un secesionista, por lo que “todo
el que quiera dividirnos es nuestro enemigo”.
Caracas, agosto de 2017
*Emiliano Teran Mantovani es sociólogo
de la UCV, ecologista político y master en Economía Ecológica por la Universidad
Autónoma de Barcelona. Investigador en ciencias sociales y mención honorífica
del Premio Libertador al Pensamiento Crítico 2015 por el libro ‘El fantasma de
la Gran Venezuela’. Participa en el Grupo Permanente de Trabajo Sobre
Alternativas al Desarrollo organizado por la Fundación Rosa Luxemburgo y es
promotor del Observatorio de Ecología Política de Venezuela.
**Francisco Javier Velasco Páez es antropólogo de la UCV y ecólogo social, con
especialización en Ecodesarrollo de la Universidad de Montreal, master en
Planificación Urbana y Regional mención Ambiente en la Universidad Mc Gill y
doctor en Estudios del Desarrollo del Cendes. Profesor e investigador.
Miembro de la Plataforma contra el Arco Minero del Orinoco.
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