Un movimiento fluido: construyendo
un buen gobierno del agua en México
mayo 2018
Gerardo Alatorre Frenk
Los conflictos sociales, políticos y ambientales ligados a la gestión del agua en el mundo actual son clara muestra de las tensiones características de este momento histórico, en el que el sistema capitalista desata su voracidad por lo que considera “recursos energéticos, hídricos y minerales”. Este modelo neoliberal de acumulación tiene graves consecuencias para el tejido social, el acceso de la gente al agua, las cuencas hidrográficas y los territorios. Muchas regiones del planeta, incluyendo a México, son un campo de batalla, y lo que está en juego es la vida misma de las comunidades y de los ecosistemas.
Los conflictos sociales, políticos y ambientales ligados a la gestión del agua en el mundo actual son clara muestra de las tensiones características de este momento histórico, en el que el sistema capitalista desata su voracidad por lo que considera “recursos energéticos, hídricos y minerales”. Este modelo neoliberal de acumulación tiene graves consecuencias para el tejido social, el acceso de la gente al agua, las cuencas hidrográficas y los territorios. Muchas regiones del planeta, incluyendo a México, son un campo de batalla, y lo que está en juego es la vida misma de las comunidades y de los ecosistemas.
Vivimos en un mundo transnacional; una élite global corporativa maneja los flujos financieros y comerciales, la geopolítica, los grandes medios de comunicación; y la mayoría de nuestros gobiernos latinoamericanos son engranes de esa máquina. Esto impacta directamente las políticas de gestión hídrica: además de fomentar la privatización de los servicios de abasto y saneamiento de agua, se impulsan reformas estructurales que buscan asegurar la disponibilidad del líquido para la minería a cielo abierto y los emprendimientos energéticos (hidroelectricidad, extracción de hidrocarburos mediante fractura hidráulica y cultivo de agrocombustibles).
Sin embargo, los Estados pueden verse obligados (o están viéndose
obligados) a abrir espacio político a otras maneras de concebir e
instrumentar la gestión de las cuencas y el agua.Veremos
aquí el caso de Agua para Tod@s Agua para la Vida, un ejemplo de cómo
están gestándose futuros distintos al que el sistema hegemónico nos
presenta como único posible. Quizá en todo el planeta están emergiendo
futuros de carácter
comunitario, solidario y sustentable; si en ocasiones resulta difícil
percibirlos es, probablemente, porque son tan nuevos que faltan palabras
para nombrarlos.
Una coyuntura propicia para la defensa del agua y el territorio.
Una coyuntura propicia para la defensa del agua y el territorio.
Al ir estructurándose el proyecto corporativo
de control del agua como elemento de la acumulación capitalista, y al
hacerse visibles sus efectos sociales y ambientales, también van
surgiendo otros proyectos, en los que el agua es concebida como un bien
común, un elemento vital para los seres humanos y no humanos, y un
sustento para la salud, la alimentación y diversas necesidades sociales
básicas. Frente a las pretensiones de centralizar la toma de decisiones
al servicio de la acumulación de riqueza y poder, surgen actores
políticos que buscan instaurar formas de gobierno democráticas y
descentralizadas donde las comunidades, a distintas escalas, asumen el
control de la gestión del agua y las cuencas. Así va adquiriendo
consistencia un poder alternativo, un poder emergente, un contrapoder,
que cristaliza en organizaciones, instituciones, redes, programas,
agendas de acción política, etc., desde la escala local hasta la
mundial.
El agua se ha convertido en un campo de batalla
y es, a la vez, un poderoso aglutinante político. Actores sociales y
políticos con intereses muy distintos convergen cuando del agua se
trata, llegando, inclusive, a la alta diplomacia. Una chispa aportada
por el Gobierno boliviano encendió en 2010 toda una presión
internacional que llevó a la firma, por parte de la Asamblea General de
las Naciones Unidas, de la Resolución que establece el derecho humano al
agua y al saneamiento.
El Gobierno mexicano
suscribió dicha Resolución y, dos años después, el derecho humano al
agua quedó plasmado en la Constitución mexicana, reconociéndose la
necesidad de
una nueva legislación del agua, capaz de garantizar el ejercicio de
dicho derecho; la nueva ley habrá de llamarse Ley General de Aguas (LGA). El artículo 4 constitucional establece que
“toda persona tiene derecho al acceso, disposición y saneamiento de agua
para consumo personal y doméstico en forma suficiente, salubre,
aceptable y asequible. […] El Estado garantizará este derecho y la ley
definirá las bases, apoyos y modalidades para el acceso y uso equitativo
y sustentable de los recursos hídricos estableciendo la participación de
la Federación, las entidades federativas y los municipios, así como la participación
de la ciudadanía para
la consecución de dichos fines”.
A raíz de esta reforma constitucional se produce en México un fenómeno muy poco común: la sociedad civil se organiza, sin pasar por los partidos políticos, para elaborar una iniciativa ciudadana de ley. Un grupo de profesionistas políticamente activos en distintos lugares del país convocó a diversas organizaciones de la sociedad civil, comités comunitarios de agua e investigadores que desde años atrás ya veníamos movilizándonos a escala local, regional o de cuenca, para construir contrapoder en cuestiones ligadas a la gestión del agua. Consideramos que se trataba de una coyuntura favorable para avanzar hacia una más consistente coordinación de esfuerzos, con vistas a incidir políticamente a escala nacional, así como a potenciar, fortalecer y proteger las luchas regionales.
En diciembre de
2012 tuvo lugar un primer Congreso Nacional, al que asistimos cerca de
400 personas y así nació la Coordinadora Nacional Agua para Tod@s Agua
para la Vida (www.aguaparatodos.org.mx),
en la cual ha venido participando quien esto escribe. No solo se planteó
la redacción de una Iniciativa Ciudadana de Ley General de Aguas (IC-LGA);
en última instancia, lo que nos convocó fue el propósito de construir lo
que llamamos un buen
gobierno del agua, es decir una gestión democrática,
participativa, descentralizada y sustentable del agua y las cuencas.
Actualmente participan en Agua para Tod@s algunos sindicatos, centrales
campesinas, comunidades eclesiales de base, periodistas y abogados,
además de distintos comités comunitarios de agua, organizaciones de la
sociedad civil y académicos.
¿Cómo se tejen sinergias entre tan diversos actores? ¿Cómo se articulan distintas escalas temporales y espaciales de construcción de contrapoder? ¿Cómo dialogan y se complementan –o no– los distintos saberes, haceres y poderes que confluyen en Agua para Tod@s? Son cuestiones que aquí abordaremos; pero antes, veamos qué es lo que está en juego.
La gestión hídrica en México.
Nuestro país es sumamente contrastante en lo
social, lo cultural y lo climático. Más de la mitad de la población vive
en la pobreza, en tanto que algunas familias figuran entre las más
acaudaladas del mundo. Hay una importante diversidad étnica, que se
refleja, por ejemplo, en los 7,4 millones de hablantes de lenguas
originarias, de las que hay más de 70; el náhuatl es la lengua materna
de casi dos millones de personas y el maya, de más de 860 000. En cuanto
a la diversidad climática e hídrica, todo el norte del país está
expuesto a las sequías, mientras en el sur hay zonas que se inundan
durante las temporadas de lluvias. Tres millones de habitantes no tienen
acceso al agua potable, y 40 millones sufren las consecuencias de la
sobreexplotación de los mantos acuíferos.
Son muy diversas las formas de organizar el
abasto de agua. En las áreas rurales y semiurbanas de México, las
comunidades suelen tener Comités de Agua, encargados de dar
mantenimiento a los manantiales o pozos donde las familias se abastecen,
y de convocar el trabajo comunitario para dotarse de infraestructura de
almacenamiento y distribución del líquido. En el extremo opuesto están
las gigantescas obras de infraestructura con que las megalópolis buscan
resolver su abasto de agua y el drenaje de las aguas servidas.
La política hídrica mexicana ha tenido un
carácter centralizador. El Gobierno federal, a través de la Comisión
Nacional del Agua (CONAGUA), tiene el poder de concesionarlas o no.
Aunque desde 2004 ha habido procesos de descentralización, estos no se
han traducido en más participación social, comunitaria, sino del sector
privado.
En la escala local, el abasto y saneamiento
están a cargo de los gobiernos municipales. En general, sus
procedimientos de gestión excluyen la participación de los habitantes y,
en lugar de ello, propician el clientelismo y la corrupción. Los fondos
se manejan, en muchos casos, de manera discrecional, en beneficio de
intereses político-partidarios o privados.
La
ineficacia de los organismos operadores municipales ha venido
utilizándose como argumento a favor de la privatización de los
servicios. Al mismo tiempo, como ya dijimos, el agua se convierte en
elemento clave para los emprendimientos mineros y energéticos. Estas
políticas vulneran el derecho al agua del 10 % de la población del país1,
afectaciones que están agudizándose por los ya mencionados contrastes
climáticos, que podrían ir acentuándose como consecuencia del cambio
climático global.
Distintos proyectos de país,
distintas propuestas de LGA.
En 2015, el Gobierno federal mexicano sometió
su proyecto de LGA a la aprobación de la legislatura. No lo logró, en
parte por las violaciones al reglamento que conllevó su intento de
hacerlo en modalidad fast track, y en parte por la fuerte oposición que
suscitó por parte de la ciudadanía y sectores de la clase política. Se
trataba de un proyecto de ley favorable a los procesos de privatización
y al uso de agua para megaproyectos de distinta índole. Además, se
perpetuaban con él los esquemas “lineales” y “tuberos” característicos
de la actual legislación; lineales, porque sigue planteándose una
gestión del agua basada en la secuencia extracción > conducción >
utilización > contaminación > desecho, y no un esquema cíclico. Y
“tuberos” porque, para abastecer a las poblaciones, se plantea la
construcción de obras de conducción, bombeo y trasvase, trayendo agua de
donde sea, y afectando a las cuencas y a las comunidades expropiadas, en
ocasiones de manera irreversible.
Por su parte, la Iniciativa Ciudadana de Ley
General de Aguas (IC-LGA) va encaminada a construir un gobierno del agua
basado en los principios ético-políticos de sustentabilidad, equidad y
participación. El primero establece nuestra responsabilidad de asegurar
el acceso al agua tanto para las comunidades humanas como para las demás
especies y los ecosistemas. El principio de equidad establece la
obligatoriedad del Estado de garantizar el acceso de la gente al volumen
mínimo necesario para cubrir sus necesidades cotidianas,
independientemente de su poder adquisitivo, edad, género y lugar de
residencia. El de participación postula que es en lo local, en la
gestión de los manantiales, arroyos, pozos y tomas de agua, en cada
comunidad o colonia, donde pueden potenciarse los saberes de la gente,
sus formas de organización y sus mecanismos para planear, conducir y
supervisar la gestión del agua. Existe aquí una apuesta por
descentralizar los saberes y el poder.
En la redacción de la IC-LGA participaron
personas de muy distintos sectores: profesionistas de diversas
organizaciones y redes de la sociedad civil, así como equipos de
académicos que trabajamos con comunidades rurales y urbanas en temas de
gestión territorial. Durante 2012 y 2013 el trabajo se organizó en
comisiones que generaron propuestas de políticas para distintos ámbitos
temáticos: sistemas municipales de agua y saneamiento, manejo de
cuencas, protección de acuíferos, sistemas de concesiones, justicia
hídrica, prevención de la contaminación, soberanía hídrico-alimentaria y
otros. Un equipo de abogados tradujo estas propuestas al lenguaje
jurídico y así se llegó a un borrador final en 2014.
Durante
2013 y 2014 se organizaron 99 foros públicos en distintas regiones del
país, con la participación de organizaciones de base, asociaciones
ciudadanas, instituciones académicas y algunos funcionarios de gobierno
y legisladores. De esos foros surgieron propuestas que permitieron
afianzar la iniciativa de ley. En febrero de 2015, la Iniciativa
Ciudadana de LGA fue
presentada a diputados y senadores en un acto
público de entrega-recepción y
ese mismo mes fue publicada en la Gaceta del Senado, respaldada con las
firmas de 22 senadores de cuatro partidos políticos.
El
proceso de elaboración de la IC-LGA y la conformación de un movimiento
nacional por un buen gobierno del agua han conllevado diálogos entre
saberes y discursos de muy distinta índole. Un ejemplo ilustrativo
concierne a las distintas maneras de concebir y ordenar el territorio:
el enfoque de cuenca, que acostumbran emplear los hidrólogos, los
geógrafos y los ecólogos, puede ser muy diferente a la territorialidad
mítica ancestral, la lógica de gestión productiva y el control agrario
en que suele basarse la gestión territorial comunitaria; pero del
diálogo entre ellos surgen aprendizajes muy útiles para unos y otros, y
las posibles contradicciones se convierten en complementariedades.
Asistimos a una ‘polinización cruzada’ entre el saber científico y los
saberes arraigados de quienes trabajan en los territorios. En el ámbito
de los derechos, se retroalimentan mutuamente las exigencias inmediatas
de las comunidades con las reivindicaciones de quienes, en el ámbito
nacional e internacional, luchan por mayor transparencia y contra la
impunidad de las empresas transnacionales3.
La IC-LGA establece prioridades de uso y
destino del agua, colocando en primer lugar a los propios ecosistemas,
en segundo al consumo personal doméstico y, en tercero, a la soberanía
alimentaria. Las concesiones quedarían supeditadas a la disponibilidad
del líquido una vez cubierto lo prioritario. En la planeación del manejo
del agua y las cuencas, el instrumento central serán los Planes
Rectores, que se elaborarán por consenso desde el nivel local.
Se trata de una propuesta bien fundamentada en
términos técnicos, sociales, políticos, financieros y jurídicos. Señal
de ello fue su adopción por parte de la Comisión de Recursos Hidráulicos
de la Cámara de Diputados, durante un lapso de año y medio (2013-2014).
Para la gestión del agua (planeación,
ejecución, vigilancia y sanción), la IC-LGA propone un diseño
institucional conformado por instancias ciudadanizadas en distintas
escalas, respetando los usos y costumbres de las poblaciones, en
particular sus formas organizativas. Se busca asegurar el acceso de la
gente al agua mediante una gestión integral de las cuencas, y se aplica
el principio precautorio: cualquier actividad o proyecto que pudiera
significar un riesgo para las comunidades, su territorio y sus aguas
necesitará someterse a su consentimiento libre e informado.
Agua para
Tod@s está potenciando y enlazando las corrientes de contrapoder que en
la dimensión local, regional o institucional ya venían alimentando
quienes en ella confluyen. La IC-LGA ha sido un elemento aglutinador,
que se complementa con las estrategias para construir, en el aquí y el
ahora, un buen gobierno del agua. (De hecho, sabemos que una ley no es
suficiente para el ejercicio del contrapoder; numerosas leyes mexicanas,
que podrían propiciar una gestión territorial participativa y
sustentable, se quedan en el papel cuando la correlación fáctica de
fuerzas les es desfavorable.) Pero veamos cuál ha sido la estrategia
legislativa.
Estrategias legislativas de construcción de contrapoder.
Estrategias legislativas de construcción de contrapoder.
Prevén las leyes mexicanas dos figuras para dar
cabida a las propuestas de política emanadas de la ciudadanía: la
Iniciativa ciudadana (que requiere el respaldo de poco más de 100 000
ciudadanxs) y la Consulta popular (que, suscrita por 1,6 millones de
ciudadanxs, haría obligatorio el examen de una propuesta de ley por
parte del poder legislativo).
Ya se han colectado suficientes firmas (con
los respectivos números de identificación oficial) para presentar la
Iniciativa ciudadana, gracias a la activa participación en la campaña de
colecta de diversos sistemas comunitarios del agua, pueblos originarios,
estudiantes, investigadores, sindicatos y organizaciones campesinas.
Agua para Tod@s ha seguido abriendo espacios
de debate, tanto para ir sumando voluntades como para realizar ajustes
que requiera la propuesta de ley. En 2015 y 2016, a convocatoria de
cinco rectores universitarios, se llevó a cabo el Consenso Nacional por
el Agua, proceso de análisis y propuestas con visión nacional e
internacional. Se realizaron 23 eventos y foros de trabajo, en los que
se generaron propuestas para fortalecer la IC-LGA y se involucró a
nuevas organizaciones en su promoción y en la construcción del buen
gobierno del agua.
Agua para Tod@s ha reflexionado en torno a
las perspectivas de las distintas propuestas de LGA en la actual
coyuntura política pre-electoral (en 2018 habrá elecciones federales).
Actualmente el Partido Revolucionario Institucional (PRI) controla el
poder ejecutivo y el Congreso, pero sus perspectivas para las elecciones
son sombrías y en lo relacionado con la LGA el propio grupo en el poder
está dividido: el PRI no ha aceptado la propuesta del Ejecutivo federal.
La tensión política en torno a la legislación del agua es muy fuerte.
Por un lado, a las corporaciones de la energía y de la minería les urge
tener en las leyes mexicanas la garantía que eventualmente les
permitiría interponer demandas contra el Estado mexicano ante el Centro
Internacional de Arreglo de Diferencias relativas a Inversiones (CIADI);
por otro lado, hay una fuerte oposición, tanto en las organizaciones
sociales y en la opinión pública como en parte del aparato estatal,
frente a las pretensiones de privatizar la gestión del agua y autorizar
su uso para los megaproyectos.
Se trata de una cuestión política delicada.
Las autoridades saben, por experiencia, que es riesgoso intentar una
aprobación fast track de su propuesta de ley: los intentos realizados
hasta ahora se han convertido en oportunidades para que Agua para Tod@s,
aprovechando los reflectores de la prensa y la opinión pública, dé a
conocer ampliamente su contrapropuesta. Es poco probable que el poder
ejecutivo federal asuma el costo político de un posible rechazo a su Ley
General de Aguas, lo cual permite suponer que será en el sexenio
2018-2024 cuando veremos enfrentarse, en las arenas legislativa y
sociopolítica, a las distintas iniciativas de ley.
Dos
elementos centrales tiene, en este ínterin, la estrategia de Agua para
Tod@s: por un lado, se busca redactar e impulsar leyes estatales del
agua inspiradas con la IC-LGA; desde 2016 organizaciones de 12 estados
del país se han involucrado en este esfuerzo, y han realizado gestiones
con diputados locales de diversos partidos para ir generando consensos.
Por otro lado, como veremos enseguida, Agua para Tod@s intenta construir
–aquí y ahora– un buen gobierno del agua. Para contextualizar, vale la
pena hacer un breve recuento histórico.
Estructura agraria y control del agua y el territorio en México.
Estructura agraria y control del agua y el territorio en México.
De la Revolución Mexicana se derivó una
constitución agrarista (la de 1917). Durante el reparto agrario del
siglo XX pasaron a manos campesinas 100 millones de hectáreas,
equivalentes a la mitad del territorio de México y a cerca de las dos
terceras partes de la propiedad rural total del país. Se establecieron
aproximadamente 30 000 ejidos y comunidades. El artículo 27
constitucional señala que las aguas, incluyendo las subterráneas, son de
la nación; solo pueden usarse mediante concesión otorgada por el
Ejecutivo federal. Pero a principios de la década de 1990 asumieron el
poder los hijos de la escuela de Chicago y se negoció el Tratado de
Libre Comercio con Estados Unidos y Canadá (TLCAN, NAFTA en inglés),
para lo cual el Gobierno promovió cambios en la ley minera, la forestal
y la Ley de Aguas Nacionales. Se desconocieron los derechos históricos
al agua, sustituyéndolos por un sistema único de concesiones que incluye
mecanismos para su compra y venta. También se modificó el artículo 27
para establecer un mercado de tierras y desmantelar la propiedad social.
Al entrar en vigor el TLCAN, se levantaron en armas las comunidades
zapatistas en Chiapas.
Un cuarto de siglo después, sin duda ha
avanzado la “regularización” de la propiedad ejidal y su transformación
en propiedad privada. Pero también se desarrollan, en todo el país,
movilizaciones de los pueblos, buscando resguardar el control de sus
tierras y aguas frente a amenazas diversas, incluyendo megaproyectos
energéticos y de minería metálica a cielo abierto.
Combinando acciones jurídicas con el control físico del terreno y con
otras diversas estrategias, surgen en todo el país movilizaciones para
defender el agua y el territorio. Las comunidades campesinas e indígenas
se han venido apoyando en herramientas de defensa jurídica como la
jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH),
que ordena: “1) antes de tomar siquiera la decisión de implementar un
proyecto el Estado deberá proporcionar a los pueblos y a las comunidades
la información completa, lo cual debe incluir los estudios de impacto
social, cultural y ambiental, y 2) antes de expedir cualquier
autorización y/o permiso, el Estado deberá realizar la consulta para
obtener el consentimiento de la comunidad, la cual deberá celebrarse en
su lengua, bajo sus usos y costumbres y durará todo el tiempo que sea
necesario”4.
La
legitimidad internacional del control comunitario sobre los territorios
y el agua descansa en la Observación General 15 del Pacto Internacional
de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (PIDESC), así como en el
Convenio 169 de la OIT, que pone en primer plano a los pueblos
originarios, pero que también empieza a respaldar a los pueblos equiparables.
Estos, en el caso de México, son los pueblos campesinos o urbanos con
raíces culturales mesoamericanas.
En
Chiapas, Oaxaca, Michoacán y la Sierra Norte de Puebla hay experiencias
importantes de control comunitario del territorio. Un ejemplo notable es
el del municipio poblano de Cuetzalan. En 2009, a raíz de afectaciones
graves al suministro de agua provocadas por proyectos turísticos, se
realizó una serie de talleres de diagnóstico comunitario con amplia
participación popular y apoyo de un equipo de universitarios. En 2010
este equipo presentó en las comunidades los resultados del diagnóstico y
puso a consulta una propuesta de ordenamiento territorial que definía
una zonificación del municipio y establecía lo que puede o no hacerse en
cada zona. Después de 14 meses de trabajo, en sesión solemne del
Cabildo, se aprobó unOrdenamiento Territorial Ecológico, que de
esta manera adquirió un estatus de ley y que, desde entonces, permite a
las comunidades protegerse de los proyectos energéticos y mineros
impulsados por las instancias de gobierno y por diversas empresas.
Construyendo, desde la sociedad civil, un buen gobierno del agua.
Construyendo, desde la sociedad civil, un buen gobierno del agua.
Los esfuerzos de Agua para Tod@s y de las
organizaciones regionales y comunidades que ahí confluimos van
encaminados a construir una gestión democrática, participativa y
sustentable del agua, en la cotidianidad de los espacios micro,
abarcando, en la medida de lo posible, dimensiones meso, y manteniendo
esfuerzos (como la campaña de firmas) para lograr transformaciones en lo
macro.
Seis
ejes estratégicos nos parecen fundamentales: el fortalecimiento de los
sistemas comunitarios de agua, la creación de instancias de contraloría
ciudadana, la resistencia frente a los procesos de privatización, la
cogestión de cuencas con participación ciudadana, la construcción de
capacidades de presión política a partir de la opinión pública y el
tejido de redes amplias a escala nacional e internacional. Abordaremos,
ahora, cada uno de estos ejes, esperando proporcionar pistas para otros
movimientos en México y otras regiones del continente y del mundo.
Profesionalización de los sistemas comunitarios de agua.
Profesionalización de los sistemas comunitarios de agua.
Hicimos ya mención de los Comités de Agua,
formas organizativas que perviven, como “usos y costumbres”, en
numerosas comunidades de México y que han permitido la protección y el
mantenimiento de las fuentes de agua (pozos, manantiales, arroyos).
Actualmente, estos sistemas se ven sujetos a tensiones políticas, no
solo por los intentos de privatización de los servicios de abasto de
agua: la ‘municipalización’, término que en otros contextos implica un
regreso al control público de los servicios de provisión de agua
(después de procesos privatizadores), en estas comunidades puede
significar lo contrario: la pérdida de control comunitario al quedar
esos servicios a cargo de autoridades municipales que no rinden cuentas,
que suelen corromperse y que gestionan el agua de manera clientelar.
¿Existe hoy margen político para un control
territorial directo por parte de las comunidades? Esto depende tanto de
las correlaciones de fuerzas (tensiones y negociaciones entre las
distintas partes con intereses en la gestión del agua) como del grado de
organización de las propias comunidades. Agua para Tod@s enlaza varias
experiencias regionales en las cuencas de la región central del país: la
Ciudad de México y el Estado de México. Se han fomentado vínculos entre
los sistemas comunitarios y algunas universidades que colaboran en la
realización de diagnósticos, el monitoreo de la calidad de sus aguas, el
diseño de sistemas de potabilización, y el mapeo y protección de sus
zonas de recarga y descarga.
Desde
2015 el Sistema de Agua Potable de Tecámac (Estado de México) convocó a
integrantes de organismos comunitarios de agua y a investigadores y
estudiantes universitarios a debatir en torno a la situación y
necesidades de estos órganos. En un evento de ese año varias
organizaciones deciden apostar por la profesionalización de los Comités.
Les da ánimos un video sobre la lucha de Cochabamba, Bolivia, en 2000,
que invita a “recuperar la confianza, la alegría, la transparencia, la
reciprocidad y la lucha permanente en el trabajo colectivo de los
grupos, así como la capacidad de gestionar y convivir con el agua como
un ser vivo y no como un recurso”5.
En
2016 Tecámac pone en marcha la Escuelita del Agua, que incluye cursos y
talleres de formación y coaprendizaje para que quienes conforman los
Comités de Agua de distintas regiones se doten de habilidades
organizativas y técnicas (políticas de tarifas, distribución,
sustentabilidad económica, manejo de infraestructura). Han tenido logros
en el control democrático por parte de las asambleas de usuarios y la
rendición de cuentas por parte de las mesas directivas electas.
Las contralorías ciudadanas.
Las contralorías ciudadanas.
La ciudadanía está formándose y construyendo
capacidades para vigilar el desempeño de las autoridades y denunciar
casos de incumplimiento. Entre los casos donde están involucradas las
organizaciones de Agua para Tod@s están los de Tabasco, Puebla, Saltillo
(Coahuila) y Ciudad de México. En algunas delegaciones de esta ciudad,
como Xochimilco e Iztapalapa, la vigilancia va dirigida a evitar la
sobreextracción de agua subterránea, que ya ha provocado hundimientos
graves.
A
escala nacional, la instauración en 2016 de un Sistema Anticorrupción
abre el espacio institucional formal que requiere una Contraloría Social
del agua.
Alternativas a la privatización de sistemas municipales o metropolitanos.
Alternativas a la privatización de sistemas municipales o metropolitanos.
Ha venido reduciéndose el presupuesto de la
CONAGUA para infraestructura de agua potable, alcantarillado y
saneamiento. El correspondiente a 2017 tuvo un recorte de 72 % en
relación con el de 2016. Suponemos que estas restricciones económicas
van encaminadas a ejercer presión sobre los organismos operadores para
obligarlos a aceptar la participación privada.
Ya se han dado en México procesos de
privatización de organismos operadores de agua en algunas poblaciones de
los estados de Aguascalientes, Quintana Roo, Coahuila, Chiapas, Puebla y
Veracruz. El incumplimiento de contratos y de las metas establecidas
(con excepción de la eficiencia de cobranza, para lo cual se recurre a
cortes de agua a los usuarios morosos), la información incongruente
presentada por las empresas concesionarias, la falta de transparencia y
la nula de respuesta de las autoridades ante las quejas de los usuarios,
además de los arreglos subrepticios entre autoridades y socios privados,
hacen suponer actos de corrupción.
La
movilización de organizaciones de usuarios del agua ya logró la
remunicipalización de dos de los organismos privatizados (el de Navojoa,
Sonora, y el de Ramos Arizpe, Coahuila). Y donde esto no ha sido
posible, están desarrollándose luchas importantes.
Espacios formales de participación ciudadana en la gestión de cuencas.
Espacios formales de participación ciudadana en la gestión de cuencas.
Estipulan diversas leyes mexicanas mecanismos
para la participación ciudadana en política pública. Desgraciadamente,
su alcance es limitado, por falta de autonomía financiera y porque no
son vinculantes: solo pueden hacer recomendaciones. Tal es el caso de
los Consejos de Cuenca. No dan voto pero sí, a veces, voz a los
distintos tipos de usuarios del agua (uso público urbano, agrícola,
industrial, etc.) así como a otros sectores interesados (entre ellos, el
académico).
Varios integrantes de Agua para Tod@s
participan o han participado en los Consejos de Cuenca. A través de
estos(as) compañeros(as) se ha logrado sensibilizar a algunos de los
Consejos de Cuenca. Esto fue palpable en 2016, cuando la Comisión
Nacional del Agua (CONAGUA) promovió un proceso de "consulta" sobre la
LGA; varios Consejos de Cuenca insistieron en la importancia de integrar
las propuestas de la IC-LGA.
En
algunas regiones hay organizaciones que impulsan esquemas de cogestión
de cuencas, en los que se establecen convenios con comunidades rurales y
municipios urbanos. Es el caso de la cuenca del río Pixquiac, en Xalapa,
Veracruz. Los usuarios urbanos nos “corresponsabilizamos” del cuidado de
la cuenca donde se genera el agua que usamos; se incluye en el pago por
el servicio de provisión de agua una cuota con la que se constituye un
fideicomiso, que a su vez permite financiar programas comunitarios
encaminados a un manejo sustentable de la cuenca, que incluyen, por
ejemplo, la creación de viveros forestales para la reforestación y la
restauración de zonas degradadas, la diversificación de los sistemas
productivos, el ecoturismo comunitario y la construcción de estufas
ahorradoras de leña.
Presencia y visibilidad en el espacio público.
Presencia y visibilidad en el espacio público.
La presencia activa en los espacios públicos de
debate y la difusión de información, de manera directa y a través de los
medios masivos, han permitido formar una opinión pública que está
ejerciendo presión política. Por ejemplo, dar a conocer el recorte de 72
% del presupuesto federal destinado a la Comisión Nacional del Agua en
2017 (en comparación con el de 2016) permitió hacer visibles los planes
del Gobierno federal de impulsar la ‘privatización inducida’ de los
servicios de agua y saneamiento.
Se han
dado a conocer los problemas, las luchas y las alternativas viables. Y
también se ha recurrido al ciberactivismo, como fue el caso de la
movilización vía Change.org en contra de los “Lineamientos” que
legalizarían el uso de agua para extraer hidrocarburos mediante
fracturación hidráulica.
Ha
habido concentraciones masivas en las calles y plazas, y recorridos como
la Caravana Nacional en Defensa del Agua, el Territorio, el Trabajo y la
Vida (convocada por la Tribu Yaqui en 2015). Esta Caravana, siguiendo
tres rutas, recorrió durante 10 días el país para confluir en la Ciudad
de México. Participaron más de cien organizaciones, pueblos indígenas y
movimientos sociales, recorriendo 85 poblaciones rurales y urbanas, y
logrando visibilidad en los medios (más de 5000 notas en la prensa, TV y
redes sociales). Estos actos masivos permiten aprender todos de todos y
también alimentan las esperanzas, pues nos ayudan a recordar que no
estamos solos. Si bien el contrapoder se construye en el espacio
público, una de sus bases de sustento está en la dimensión subjetiva,
donde se genera y se reproduce la motivación de participación.
Redes nacionales e internacionales.
Redes nacionales e internacionales.
El posicionamiento político de las propuestas y
acciones de Agua para Tod@s se ha afianzado gracias a los vínculos
(solidaridad, apoyo mutuo y confluencia en coyunturas clave) con varias
organizaciones campesinas de alcance nacional, universidades, sindicatos
importantes como el de telefonistas y redes de índole socioambiental
(Alianza Mexicana contra el Fracking, Movimiento de Afectados por Presas
y en Defensa de los Ríos, etc.). La relación con el Centro Mexicano de
Derecho Ambiental también ha sido fructífera.
También se tejen lazos en la dimensión internacional: con la RedVIDA (Vigilancia
Interamericana para la Defensa y Derecho al Agua), con la Red para el
Agua Pública (Reclaiming Public Water) y con organizaciones europeas
como Agua de Todos (Portugal), K136 (Tessaloniki, Grecia) y Acqua Benne
Comune (Italia).
Gradualmente, con ayuda de los “agentes bisagra” (personas u
organizaciones familiarizadas con distintos códigos culturales,
lingüísticos y organizacionales) se van articulando diferentes ámbitos
de lucha.
En síntesis.
En síntesis.
La experiencia de Agua para Tod@s muestra los
límites y alcances de la organización ciudadana para construir
contrapoder. Un día podemos tener la satisfacción de ver suspendido
(aunque sea de manera provisional) un proyecto minero o hidroeléctrico,
y al día siguiente nos enteramos, con frustración y enojo, de la
aprobación (sin consulta ni debate) de leyes que atentan, directamente,
contra el derecho humano al agua. Cada vez
más gente está alerta y se fortalece la capacidad organizativa en lo
local y lo regional, pero subsisten las estructuras que permiten a las
instituciones gubernamentales ejercer el poder de manera vertical.
¿Qué hemos aprendido, en términos de la
construcción de contrapoder? Para comenzar, constatamos la importancia
de combinar distintas estrategias; conjuntar las de tipo legislativo y
la acción directa sobre los territorios; articular, de manera dialogal y
complementaria, a una diversidad de actores, de culturas, de epistemes y
de escalas espaciales y temporales. Paralelamente, ir construyendo saber
transdisciplinario, a partir del diálogo entre saberes académicos y no
académicos. De manera gradual ir articulando, también, distintas
escalas: lograr que las luchas locales, arraigadas en territorios
concretos, retroalimenten y sean retroalimentadas por los esfuerzos que
realizan las organizaciones de la sociedad civil y los universitarios en
las escalas regional, nacional e internacional. Tejer sinergias con las
luchas por los derechos humanos, por el derecho a la alimentación y a la
salud, por el derecho a la información y a la consulta, por el ambiente
sano, por el derecho a la diversidad cultural.
En estos tiempos de políticas neoliberales y
Estados amafiados, el principal aprendizaje apunta, quizá, a la
importancia de mantener las esperanzas de poder construir futuros más
sustentables y justos, en los que todos y todas podamos ejercer nuestro
derecho al agua y muchos otros derechos fundamentales.
NOTAS:
1. Valadez Rodríguez, A. (2017). "Las
industrias extractivas despojan de agua a 10% de mexicanos: académico", La Jornada, [consultado
el 13 de febrero de 2018].
2. Ver La
Jornada del Campo, Nº 80, del 17 de mayo de 2014, sobre El
buen gobierno del agua.
3. Ver Alatorre,
G. (2015) 'El
derecho humano al agua y la movilización ciudadana por cambios
legislativos y políticos en la gestión del agua'. En: García
López y Travieso (coords.) Derecho
y Gestión del Agua, pp. 75-100. Ciudad de México: Ubijus
Editorial.
4. Ver el
artículo de X.
Martínez Esponda (2014):
'Los derechos humanos, la defensa de los pueblos y los proyectos de
desarrollo en Veracruz. Historia de un desencuentro'. El
Jarocho Cuántico, Suplemento
de La Jornada Veracruz.
Número especial: 'Ríos y territorio, despojo y resistencias'.
6. Ver Alatorre (2017)
'Apprentissage
social et mobilisation citoyenne pour une gestion démocratique,
équitable et durable de l’eau au Mexique'. Canadian
Journal of Environmental Education, 22:11-26.
SOBRE EL AUTOR
Gerardo Alatorre Frenk es fundador del Grupo
de Estudios Ambientales (GEA
A.C.), donde trabajó de 1977 a 2000. Tiene una maestría en Desarrollo
Rural y un doctorado en Antropología. Desde 2010, es miembro de La
Asamblea Veracruzana de Iniciativas y Defensa Ambiental (LAVIDA).
Es investigador-activista en el Instituto
de Investigaciones en Educación de
la Universidad de Veracruz y su trabajo académico se centra en promover
los aprendizajes que se generan en torno al manejo y defensa del
territorio por parte de los movimientos sociales.
Este artículo forma parte del informe Estado del poder 2018, editado en castellano por Transnational Institute (TNI) y FUHEM Ecosocial.
Este artículo forma parte del informe Estado del poder 2018, editado en castellano por Transnational Institute (TNI) y FUHEM Ecosocial.
Fuente: http://www.fuhem.es/ecosocial/articulos.aspx?v=10422&n=0
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