La «contrarreforma agraria integral» mediante extractivismos garantiza neoliberalismo.

Quien gobierna ahora 

son las corporaciones transnacionales: Gustavo Castro
1 de junio de 2016

Agencia SubVersiones

Por Aldo Santiago y Heriberto Paredes
Mapa de GeoComunes

Decidimos darnos la oportunidad para conversar con Gustavo Castro, uno de los principales actores en la lucha contra el modelo extractivista, en México y en Centroamérica, a través de diversas organizaciones y redes como Otros Mundos Chiapas y la Red Mexicana de Afectados por la Minería (REMA). El camino fácil sería ahondar en torno a su papel como testigo protegido en el caso del asesinato de Berta Cáceres, el pasado 2 de marzo de 2016, sin embargo, nuestra apuesta es por comprender los argumentos de la lucha contra este modelo de muerte, que ha dejado una destrucción en la región mesoamericana sin comparación.

En esta entrevista, Castro nos habla de lo que sucede en términos de megaproyectos, tanto energéticos como de infraestructura para que los primeros sean viables. También aborda el contubernio de gobiernos y empresas de todo tipo en el negocio del extractivismo. Habla específicamente de lo complejo que ha sido para el Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras (COPINH) hacerle frente a la imposición de un modelo que pone en venta al país sin importar el costo humano y de destrucción de la naturaleza que esto implica.

He aquí, pues, la conversación que sostuvimos con él, misma que compartimos íntegra. Que sean sus palabras y las distintas investigaciones las que dibujen el contexto en el cual se encuentra la región mesoamericana:

Queremos hablar, más una cuestión del contexto regional. De lo que queremos hablar es de la producción energética, en específico, del trabajo que haces en Otros Mundos y otras redes de Mesoamérica. ¿Qué arrojan estos resultados de monitoreo que pueden haber hecho mapeamiento acerca de este programa llamado SIEPAC, quiénes estarían detrás de él y cuáles son las maneras en que se está implementando?

Bueno, creo que este elemento explica también el contexto del asesinato de Berta Cáceres, porque en el marco de los tratados de libre comercio, que prácticamente todos los gobiernos de América Latina han hecho con Estados Unidos y Canadá, Europa o incluso otros países de Asia, los gobiernos están –de alguna manera– obligados a modificar todas sus legislaciones para garantizar la inversión extranjera. En este marco de los tratados de libre comercio, los gobiernos tienen que modificar leyes para adaptarlas, tienen que modificar, por ejemplo, ley minera, ley de aguas, ley de inversión extranjera, ley de hacienda, etc. Esta es una parte de las modificaciones que tienen que realizar como destrabar también aranceles: que las empresas puedan entrar a los países sin pagar impuestos, pero el otro elemento fundamental es: la inversión no va a llegar, según los gobiernos, –bueno, según también las empresas transnacionales– si no tenemos la infraestructura que necesitamos para llegar y se encuentran entonces con una región mesoamericana con una infraestructura muy pobre.

“Atestiguar cómo tiran árboles y devastan los montes es como ver morir una parte de tu ser; el cerro es parte de nuestra vida” explican los tepoztecos en resistencia contra la ampliación de la autopista en Morelos.

Lo primero que empieza entonces, el Plan Puebla Panamá (PPP), entonces así llamado, era generar la infraestructura necesaria para que llegaran las inversiones a la región, empezando por carreteras, empezando por energía. Eran como los dos pilares en donde el PPP gastó la mayoría de los recursos, las empresas no van a llegar si no tienen comunicación, la empresa no va a llegar si no tienen carreteras, si no tiene puertos, si no tiene aeropuertos, si no tiene vías de acceso y el segundo elemento es la energía, las empresas dicen ¿cómo vamos a poder implementar un proyecto minero que gasta muchísima energía y agua sin los cables, sin incluso la capacidad de instalar los megawatts, la región mesoamericana no es la adecuada para que lleguen así plantas, por ejemplo, de automotrices, incluso también, grandes extensiones de monocultivo, como la palma aceitera, como también grandes complejos turísticos de élite, incluso como explotación petrolera, de gas, gasoductos, polioductos, etc. Se requiere cantidades enormes de energía.

Entonces viene un primer proyecto muy grande de parte del PPP de reconstruir represas para poder ofrecer energía suficiente a las inversiones. Pero no solamente represas, también todo lo que se llamó el sistema de integración energética para Centroamérica implicaba homogeneizar el cableado y también que cada uno de los países pudiera desregularizar sus leyes energéticas para hacer una sola regulación. En aquel entonces, fue España quien financió muy fuerte este proceso, pero se requería generar todo un sistema de energía y también un gran negocio. ¿Quién iba a ser el órgano regulador del sistema energético? ¿quiénes iban a ser los que lo iban a operar y vender esta energía a las grandes empresas que iban a llegar a invertir? Lo otro es, tenemos que generar nuevas fuentes de energía, que no sólo son represas, sino que también empezaron con eólicos, ese gran negocio para atraer las inversiones es el tratado de libre comercio que muy poco nos damos cuenta de que esta gran cantidad de megaproyectos que llegaron a la región se debe a esta apertura comercial que empiezan a abrir los gobiernos, absolutamente todos.

En este contexto se junta otro elemento que me parece fundamental y es que, en el marco del protocolo de Kyoto, los gobiernos que tienen que reducir altos índices de contaminación de gas y de efecto invernadero, en Europa y Estados Unidos, se les ofrece o inventan los mecanismos de desarrollos limpio, lo que significa que los gobiernos y las empresas dicen, bueno, en lugar de reducir los gases de efecto invernadero en Europa, lo que voy a hacer es invertir en un mecanismo que va a ofrecer un desarrollo limpio al planeta y entre ellos están las represas. Porque se justifica o se pretende justificar que las represas son un desarrollo limpio y es una energía limpia, tratando de oscurecer y sepultar el resultado de la Comisión Mundial de Represas, que en el 2000 –financiado por el Banco Mundial (BM) y redes internacionales– concluyeron que las represas eran la energía más sucia, que habían desplazado entre 60 y 80 millones de personas en todo el mundo, que se han construido más de 55 mil grandes represas, que el 60% de las grandes cuencas en todo el mundo han sido represadas, que los efectos sociales-ambientales han sido de una magnitud impresionante y que, además, eso ha implicado endeudamiento a los gobiernos.

El Plan Maestro de Aprovechamiento del Río Magdalena contempla la construcción de 38 «microrepresas» como una propuesta que busca «eficientar» los 1,500 km de la cuenca más importante de Colombia, único país incluido tanto en el Plan Mesoamérica como en la integración sudamericana (IIRSA). En junio de 2015 comenzaron a inundar más de 8 mil hectáreas de tierra de uso agrícola, provocando devastación ambiental a causa de la descomposición vegetal. Foto: Aldo Santiago

No se esperaban el resultado de este estudio. Tratan de sepultar a la Comisión Mundial de Represas que ellos mismos financiaron y crearon y entonces empiezan a generar un nuevo discurso diciendo que la energía de represas es una energía limpia, energía sustentable y también para compensación de bonos de carbono con los países del norte. Entonces esto fortalece todavía más las represas, no solamente en Honduras, que es como el caso de Agua Zarca, que el COPINH tienen una lucha muy fuerte, sino en toda América Latina, hay cantidad de represas y cantidad de luchas y de resistencia tratando de detener y contener el discurso de que las represas es energía limpia y sustentable, pero que sirve para muchos intereses en las empresas constructoras de represas, intereses en el mercado de carbono y eso, obviamente, va impactando cada vez más en territorios indígenas, campesinos, cuencas, comunidades, criminalización –como en el caso de Berta.

Y en este marco, hablando de la región, ¿qué papeles tienen los distintos actores? Para poder hacer un listado de quiénes son los interesados en estos proyectos, empezando por las empresas privadas transnacionales, instituciones financieras, pero también el Estado hondureño. ¿Qué papel tiene cada uno para insistir tanto en la construcción del proyecto?

Esa es una buena pregunta, porque es una cadena de intereses, obviamente uno de los principales interesados son los bancos que prestan y que prestan porque tienen ganancias jugosas por intereses en muchos megaproyectos en el mundo. Y ahí nos encontramos al Banco Mundial. El BM también es un gran negocio, también los gobiernos en AL están sumamente endeudados por el BM por supuestos proyectos de desarrollo; otro segundo banco que está interesado, bueno, también sabiendo que detrás del BM están las grandes potencias que son las principales financiadoras del BM. Otros de los bancos, son los bancos privados, sobre todo, bancos europeos o japoneses o cualquier tipo de banco que entrega financiamiento a los gobiernos y las empresas que van a invertir en un proyecto hidroeléctrico. Otro tercer interesado, son las empresas constructoras, que obviamente reciben todos estos beneficios de créditos blandos, de subsidios o incluso también de muchas ganancias, independientemente de si la presa va a funcionar o no va a funcionar, y todavía más cuando la empresa se queda no solamente como constructora de la represa sino generadora y vendedora de la electricidad.

Entonces, vender la energía a los puertos, aeropuertos, canales secos, empresas, mineras, etc., pues es un gran negocio. O venderla a la red centroamericana de energía, ahí hay otro interés.

Otro nivel es la misma oligarquía local, los mismos empresarios locales que adquieren de alguna manera concesiones y que están involucrados en este tipo de acciones y de intereses. Y ahí vienen muchísimos intereses, como por ejemplo, algunas empresas que logran la concesión para la venta de un equipo, que son especialistas en las turbinas, en mantenimiento, etc., hay montón de intereses metidos de todo tipo que hay una especie de contubernio. Los bancos, obviamente, adquieren muchísima ganancia por interés, ya sean bancos privados o la banca multilateral e igual el Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE) que no tiene ninguna norma operativa como lo tiene el BM o el BID –que al mismo tiempo tampoco funcionan del todo– que diga, vamos a dar un financiamiento siempre y cuando tal empresa cumpla con el impacto ambiental, consulta a pueblos indígenas, que se verifique la violación a los derechos humanos, una serie de normas para poder prestar, el BCIE no las tiene, entonces con el PPP, cuando empezó la reacción en el año 2000 y hubo un confrontamiento muy fuerte con el BM por los proyectos que estaba financiando y que eso iba a implicar impacto socioambiental, lo que hizo también es, derivó también al BID que sería el banco de desarrollo multilateral continental, como hay banco intercontinental africano, asiático; el BM se coordina con el continental que es el BID, por ahí empezaron a funcionar y a pasar muchos de los financiamientos.

Cuando se puso la tensión ahí, entonces esos financiamientos pasaron al BCIE que es banco menos conocido, que tiene menos normas operativas y por ahí empezaron a salir y canalizarse muchos de los financiamientos sumamente controvertidos, a proyectos incluso con afectaciones terribles a indígenas y campesinos y en este caso de la muerte, del asesinato de Berta Cáceres, precisamente es el BCIE el que está metido.

Entonces al mismo tiempo se involucran gobiernos, porque los bancos multilaterales son los gobiernos responsables de dar el dinero y también de otorgar el financiamiento, ¿bajo qué criterios están los gobiernos entregando financiamiento a las empresas transnacionales para supuestos proyectos de desarrollo cuando el resultado son masacres, asesinatos, desplazamiento de población indígena y campesina? En esta cadena de financiamiento hay, tanto gobiernos del norte que financian los grandes bancos multilaterales, bancos privados, gobiernos de América Latina, de Centroamérica en el caso del BCIE. Obviamente los gobiernos centroamericanos son socios, México es socio, Japón es socio, España es socio, muchos de los países son socios. Bueno, los países que dan dinero a un banco de desarrollo local o regional tienen prioridad sobre las inversiones o préstamos que se van a hacer a las empresas que se van a hacer, los gobiernos están guardando los intereses de sus propias transnacionales, de tal manera que cualquier gobierno europeo que entregue al BM, BID o BCIE, obviamente sus empresas tienen prioridad para poder adquirir empresas que se están privatizando, fusionar concesiones, licitaciones para construir represas, oleoductos, gasoductos, etc., y uno de los conflictos que va a haber próximamente es el gasoducto que piensan construir y que va a pasar por toda Oaxaca, Chiapas, hasta Guatemala, El Salvador, Honduras, obviamente a llevarse pueblos enteros, comunidades y demás, bajo el supuesto desarrollo con lo que va a implicar de afectaciones al medio ambiente.

Quería definir algunos datos sobre la cuestión de los bancos, del flujo de dinero tenemos esta cuestión de todos los países que podemos mencionar, pero por ejemplo, intentando conectar datos, cuando se habla en Estados Unidos de que en los últimos años el tráfico de la cocaína que va para allá pasa por Honduras más que por otros lugares. Y también con cosas que han sucedido últimamente, con esta cuestión de los Papeles de Panamá, que muestra como todo es un gran lavado de dinero. ¿Cuál es la relación para que haya tanto dinero para enviar a estas regiones y qué tanta influencia tiene este sector en el aumento de la violencia en toda la región?

Hay varias líneas que lo explican, una de ellas es la justificación del terrorismo, del crimen organizado en la región, que ciertamente, si fuera por tierra el tráfico, forzosamente tiene que pasar por Honduras porque es parte de toda la región centroamericana, y esa puede ser una justificación, sin embargo, me parece que no podemos dejar de lado la necesidad de los gobiernos de garantizar las inversiones de las empresas en la región, para lo cual, la criminalización es necesaria. Los recursos, como Plan México (también conocido como Iniciativa Mérida), destinados a contener la movilización social, son enormes.

Los gobiernos han modificado todas sus leyes para criminalizar cualquier protesta social, de tal forma que lo que antes era un derecho humano –la libre expresión–, ahora es difamación, o la libre expresión de ideas, la movilización social, pacífica, constitucional, ahora es crimen organizado, ahora es bloqueo a las vías de comunicación, ahora es incluso terrorismo, incluso es secuestro, porque no pudieron pasar los funcionarios o por cualquier cosa ya es secuestro y eso implica tantos años de cárcel. Los gobiernos tienen que garantizarle a las empresas eso, entonces la justificación militar y policiaca bajo el terrorismo, bajo el crimen organizado –si bien hay razón en ello– también tienen doble filo, también el otro objetivo es criminalizar, detener una protesta social.

También reflexionamos sobre el origen de esto y en el marco de los tratados de libre comercio, las empresas llegan con un seguro de inversión, no cualquiera llega así, de tal forma que se ha logrado hacer una especie de tribunales supranacionales, donde las empresas pueden demandar a los gobiernos cuando incumplen el tratado de libre comercio y hay varias formas de incumplir, ya sea que un gobierno bloquea, pone un arancel, o incluso pone un subsidio al sector nacional –a eso le llaman competencia desleal–, o hay una ley que le prohíbe o que no le facilita a la empresa invertir, entonces hay bloqueos arancelarios y no arancelarios, pero hay otro más importante para ellos, porque los gobiernos han logrado modificar la estructura nacional a nivel legislativo, judicial, etc., sino que, la gente, los pueblos que se organizan para protestar y en donde el concepto de expropiación, las empresas y los tratados de libre comercio han logrado ampliar este concepto de expropiación, de tal manera que si yo llego a tú país y me quitas una inversión, una concesión, pues tú me pagas, me quitas mi pozo petrolero que ya me habías dado, o una concesión de gas o de represa o de mina, aunque argumente el gobierno afectaciones al medio ambiente, al agua, a derechos humanos, a cualquier cosa, la empresa dice: tú me estás bloqueando la inversión, tu me quitas tantos años de ganancia que tu me los vas a pagar y esas demandas están al día en los tratados de libre comercio, donde los gobiernos tienen que defenderse incluso ante el CIADI (Centro Internacional de Arreglo de Diferencias relativas a Inversiones), que es el mecanismo de disputa entre las inversiones entre empresas y gobiernos.

Entonces las empresas acuden al CIADI del BM cuando consideran que sus inversiones están siendo afectadas. La mayoría de las últimas demandas de las empresas transnacionales en el CIADI, casi el 40% tienen que ver con la industria extractiva, petróleo, gas; cuando un país dice, detengo tu pozo petrolero o expulso a tu empresa petrolera, por lo cual muchos países han querido salirse, como lo es Argentina, Bolivia, Venezuela, salirse del CIADI como el espacio de disputa por las inversiones transnacionales en los países del sur, como más de 200 mil millones de dólares en puras demandas de las empresas transnacionales contra 60 países de África y América Latina.

Eso dimensiona que, si los gobiernos quieren respetar los derechos humanos o hacer eco de las demandas de los derechos humanos y eso implica eliminar una concesión, conlleva una demanda de millones de dólares por parte de una empresa, como lo ha sufrido Ecuador, como lo ha sufrido Costa Rica cuando dijo no a la mina de oro, cuando dijo, también El Salvador, no a la mina de oro. Las empresas van a una demanda, y si el pueblo, las organizaciones se movilizan, el concepto de expropiación se amplia y le llaman una expropiación indirecta, el gobierno dice, es la gente la que está bloqueando la carretera y la empresa transnacional dice, pues es tu gente, tu me la pones en orden, tu, de alguna manera, como no tienes una legislación o mecanismos políticos para contener esa protesta que me está afectando mis inversiones, va la expropiación indirecta y yo te estoy demandando; entonces a los gobiernos les sale más barato criminalizar y meter a la cárcel a los luchadores, que pagar millones y millones de dólares a esa empresa.

Y estamos hablando, tan sólo del caso del caso de El Salvador, de Costa Rica o de Ecuador, de millones de dólares por un caso, supongamos Honduras, que tiene decenas y decenas de concesiones mineras y el gobierno dice, las mineras se van porque el pueblo no quiere, o las represas se van; o México, que en los últimos sexenios se han entregado 45 mil concesiones con 95 millones de hectáreas del país, que implica la mitad del territorio nacional. Con que el gobierno diga, de las mil mineras que están en operación ahora, que diga 500 se van porque están afectando al medio ambiente, indígenas y campesinos, bueno 500 son muchas, ponle 5 entre las empresas canadienses más grandes: el gobierno no tendría dinero para pagar tanta demanda y los intereses de estas demandas, tendría que vender el país 20 veces para poder pagar eso

Estamos hablando de muchísimas más concesiones mineras, concesiones de represas que hay en todo el país, de carreteras, de puertos, de aeropuertos, de gas, de petróleo, de fracking, de concesiones para turismo, de licitaciones gubernamentales de todo tipo, es toda la venta del país. El gobierno no tendría la capacidad de ninguna manera de contener, en términos financieros, demandas, si el gobierno dice, vamos a respetar derechos humanos, vamos a respetar medio ambiente. Entonces lo que están haciendo los gobiernos es criminalizar, es más barato, meto al bote a uno, a otro a la cárcel, reprimo, que millones en demandas tan sólo por una empresa minera, cuando la dimensión de lo que se ha vendido, y eso se repite en Guatemala, concesiones de petróleo, carreteras, de minería, de hidroeléctricas, igual Honduras y así nos podemos ir por toda América Latina, razón por la cual se ve cómo todos los gobiernos están modificando, lo que siempre se ha llamado las políticas de ajuste estructural, están modificando las estructuras de sus países para garantizar a las empresas extranjeras todas las inversiones, la extracción de todos los recursos de AL, donde el principal elemento de disputa es el territorio.

O sea, las corporaciones necesitan para cualquier cosa, territorio, para instalarse, minas, presas, oleoductos, gasoductos, fracking, gas, plantaciones de monocultivo, grandes ingenios, plantas de autopartes, grandes inversiones de turismo de élite que en las playas destroza manglares, es decir, necesitan territorio, grandes cantidades de territorio, y ahí están los pobres, ahí están los indígenas, los campesinos. Además, para poder hacer posible está inversión, requieren más territorio porque necesitan extraer el agua, la energía, etc. La disputa en AL es el territorio y yo creo que es lucha que se está viviendo actualmente y que es la que va a ir empujando en la medida en la que los tratados de libre comercio van avanzando, y ahora peor, en la medida en que el tratado transpacífico se va implementando y que es el tratado más ambicioso que hay hasta ahora.

Para aterrizar en Honduras: esta situación de la modificación de la normatividad de los países es muy representativa en Honduras después del golpe de Estado, inclusive ya llegaron a afectar zonas con proyectos modelo y en otros caso como zonas económicas especiales, ¿cuál es ese nuevo perfil de Estado-corporación?

Eso es impresionante, lo que está pasando, después del golpe, lo que pasa en Honduras es la apertura total a la entrega de concesiones mineras y muchos otros megaproyectos, y la aprobación, incluso de los que están ahora en el gobierno, de las llamadas ciudades modelo y que acá en México se llaman zonas económicas especiales (ZEE), que es un país dentro de otro país. Garantizar a las transnacionales todo lo que requieran para la extracción, por ejemplo, de México, se va a requerir visa especial para entrar a una ZEE, van a tener su propia estructura, sus propias leyes, su propia autonomía, incluso no van a pagar impuestos, van a tener acceso a puertos, van a tener conexión también entre las tres ZEE que se plantean en México. Puede haber zonas enormes de autopartes, van a tener viviendas, hospitales, va a ser como un país dentro de otro país. Y van a tener todo el financiamiento de la banca multilateral y de los bancos para poderle ofrecer a las empresas, darle mayor valor agregado a su producción y sacarla al mercado asiático.

No es novedad, hay muchas experiencias de zonas económicas especiales, incluso el BM dice que no son la panacea, que ni siquiera han funcionado, sin embargo van intentando, insistiendo, en que ese modelo, precisamente, de corporación-nación, en donde existe un reflejo más claro de que en este nuevo modelo económico, nos encontramos donde las corporaciones han adquirido todo el poder de toda la estructura del Estado multilateral y nacional, de ahí las campañas a nivel mundial de desmantelar el poder de las corporaciones en Europa, Estados Unidos, en Asia, en América Latina, porque lo que se está viendo es que las corporaciones han asaltado el poder, han asaltado la estructura del Estado, han asaltado la ONU y que de repente la clase política y empresarial se fusionan. Gobiernos que son empresarios, gobiernos que son empresas, empresarios que son políticos, políticos que son empresarios, ya no hay diferencias y obviamente legislan y también gobiernan en función de sus intereses, de sus propias empresas, de sus propios proyectos de inversión.

Y el caso de las Ciudades Modelo es eso, es como un país dentro de otro país, rompiendo y resquebrajando la soberanía nacional.

En este contexto tan apabullante, tan complicado, ¿qué le queda al movimiento social y a las organizaciones como el COPINH, por ejemplo? ¿cuáles son los márgenes de acción que tu podrías señalar? Porque una cosa es verlos desde el interior de la organización –que puede tener un horizonte específico– pero todo este análisis macro sobre las políticas del extractivismo, ¿qué le puede quedar a organizaciones como ésta o como otras?

Hay varias posiciones, hay quienes piensan y consideran que los movimientos sociales tienen que asaltar el poder y tomar la dirección política de sus gobiernos, para otros eso ya no es necesario, ya no es posible ni tampoco es viable, pero hoy los movimientos sociales se encuentran en esta disyuntiva: si parte de la identidad de los movimientos sociales es convertirse en un partido político y convertirse en clase política y disputarle a los políticos y a la clase político-empresarial, empresarial-político –que es lo mismo–, la estructura del Estado y desde ahí hacer algo o se puede modificar, para otros esa vía ya no existe, ya es imposible, ya hay una falta de credibilidad de las instituciones del Estado, del aparato del Estado y de que este capitalismo tenemos que modificarlo desde otra lógica, desde otra vía.

El COPINH estuvo en esta disyuntiva en el golpe [de Estado], si el COPINH entraba al proceso electoral o no y no le entró, afortunadamente, creo yo. En la medida en que el movimiento social se convierte en clase política, me parece que ahí ya hay una disfunción y un rompimiento del movimiento social. Yo considero que la identidad del movimiento social no es ser clase política ni partido político, pero otro proceso que se está gestando con mayor fuerza es: no solamente hay que resistir y eso hay que hacerlo, lamentablemente hay que hacerlo, y digo lamentablemente porque enfrentar a este capitalismo y sus inversiones implica, como ya lo vimos en el caso de Berta, asesinatos, desplazamientos, represión, presos…y…hay que hacerlo.

Una de las estrategias que se están realizando en otros movimientos es ir blindando territorios y entonces tener el control territorial, no disputar solamente un proyecto que ya está hecho, sino generar también un proceso de prevención en donde los pueblos dicen, aquí es un territorio liberado como lo vemos en la Red Mexicana de Afectados por la Minería (REMA) y en el M4 que es el Movimiento Mesoamericano contra el Extractivismo Minero, donde la estrategia es tenemos que generar prevención para generar territorios libres, libres de estos megaproyectos, que no es cosa fácil tampoco obviamente, ni tampoco contener que los buitres lleguen al territorio pero sí se ha logrado que en muchos de los casos, generar procesos organizativos de tal manera que blindan los territorios a la llegada de otras inversiones, ya sean minas petróleo, fracking, oleoductos, gasoductos, pero eso implica un proceso de conciencia grande.

Y además de la resistencia, de estar deteniendo, vayamos construyendo una alternativa, eso es bien difícil, pero es la más bonita, me parece la más interesante, cómo podemos generar en lo local proyectos de autonomía y proyectos de vida digna distintos a la dinámica del capitalismo. Y para eso hay que inventarlos, nadie tiene la última regla ni la última receta pero que nos plantea el gran reto en cada una de las regiones, necesitamos construir procesos políticos, sociales, económicos, distintos, no bajo la lógica de la competencia, no bajo la lógica de la explotación, con otro tipo de valores y también de realidades, que hay que experimentar y que hay que probar y con ensayo y error, como sea, y que empiezan a pulular en muchos lados en América Latina.

Que no significa para nosotros buscar una sola alternativa, como decir, vamos a acabar con una hegemonía capitalista y vamos a poner otra hegemonía que se llame…porque creemos que en cada pueblo hay distintas formas de hacerlo, según sus idiomas, sus costumbres, su región, su geografía, su historia, su propia forma de construir esa felicidad, esa realidad distinta y que nacen de distintas formas, son muchas alternativas, no es una.

    Nosotros le llamamos alternatos, que es que nace de lo local de cada uno de los pueblos y son muchas vías y formas distintas, en eso sí podemos encontrar unidad, no homogeneidad, no caer otra vez en la homogeneidad de decir, todos vamos por el socialismo del siglo XXI y qué es eso, no pues acá le llamamos de una manera, acá buen vivir, acá buen convivir, otros le llaman en Chiapas lekil kuxlejal, cada quien le llamará como quiera, pero con criterios antisistémicos, con criterios distintos a esta acumulación del capital, porque, bien decía Berta, ya no hay tiempo, ya no tenemos tiempo. Yo creo que la humanidad está en juego, que nos estamos acabando el planeta a un ritmo tan acelerado que si no buscamos ya alternativas distintas, lo que estamos viendo, y es una amenaza nuestra, en nuestro planeta, en nuestra humanidad, que necesitamos construir, desde abajo, otros brotes de vida distinta. Yo creo que este es el reto que nos encontramos en América Latina, para el COPINH, y de hecho cuando yo voy para el COPINH esa era la idea, ellos me invitan porque además de una resistencia feroz, frontal, impresionante que ellos tienen, la reflexión consistía en cómo generar al mismo tiempo que la resistencia, alternativas locales de vida distintas al capital, al capitalismo atroz, como además de esta resistencia degastante podemos ir generando vida y podemos generar otras relaciones distintas, donde se incluye a la vida entera, se incluye al agua, al alimento, procesos de felicidad locales que plantean un antídoto a esta realidad que estamos viviendo. Fuente: https://subversiones.org/archivos/123760