¿"Vicentin, un camino
   
   a la soberanía alimentaria"?
   
   ¡No!, ¿por qué?
 
 
   
   Y algunas propuestas:
Ante todo, situémonos en que estamos inmersos en emergencias 
    social, humanitaria, ecológica y climática. En consecuencia, 
    urge rumbear hacia la construcción no sólo de unión 
    plurinacional en Argentina sino sobre todo ir debatiendo la 
    unión confraternal de todos los pueblos planetarios. Sin 
    priorizar esta crisis civilizatoria en que el capitalismo 
    subsume a la humanidad y a toda la vida planetaria, la campaña se 
    contenta con reestructurar un complejo empresario de burgueses 
    locales. 
    
    Les firmantes de la convocatoria sostienen: "Sólo 
    una amplia  unidad 
    política del movimiento popular puede generar la condición de 
    posibilidad para la intervención y la transformación de una gran 
    empresa en la perspectiva de la soberanía alimentaria". En 
    contradicción con la última (s.a.), parten de aceptar que sea 
    intervención en vez de expropiación de Vicentin ,que el 
    interventor sea Roberto Gabriel Delgado (defensor a ultranza del 
    binomio indisoluble de transgénicos-agrotóxicos) y la gestión 
    esté a cargo de YPF agro, según Néstor 
    Restivo,  fundamental para la articulación de todo el 
    comercio de productos agropecuarios con China 
    que ha sido clave para la gran expansión del sistema de soja 
    transgénica y lo seguirá siendo con Cofco, 
    líder en la integración del  enormeaparato 
    estatal de importaciones y procesamientos de los alimentos de China. 
    
    
    
    La convocatoria (C) elude que el capitalismo local y el 
    mundializado liquidan la s.a.
 
 
    
    Contra la s.a. están los extractivismos por su acelerado 
    acaparamiento económico territorial, sus envenenamientos y su 
    destrucción tanto de las comunidades como de las condiciones de 
    vida y trabajo del presente-futuro. El 
    gobierno FF los ha librado de cuarentena e incluso facilita su 
    intensificación, con lo cual patentiza que privilegia la 
    economía de los grandes capitales por sobre la salud popular. 
    Examinar, entre todes les diverses de abajo, esta exclusividad 
    antipopular ayudaría a plantear que 'la' economía en crecimiento 
    a tasas chinas entre 2002-2007, tan aplaudida por les K, y 
    vigente desde los '70 es la de las comunidades de negocios de 
    capitales y estados imperialistas con los locales.
    
    
En la convocatoria para posibilitar intervención a Vicentín 
    tampoco se repara en estas incoherencias, concretas, del 
    gobierno FF. Puede 
    que sea por afinidad a Claudio Katz, quien difundió: "la 
    pandemia es una calamidad natural potenciada por el capitalismo 
    contemporáneo. Ya 
    esperábamos que ocurriera 
    algo así".Lo 
    cierto es que la (C) irresponsabiliza al 
    sistema de agronegocios como principal origen de los 
    desequilibrios ecológicos que causan zoonosis (ejemplo Covid-19) 
    y que sea actividad esencial para el gobierno FF.  Desatiende 
    que el último, al mismo tiempo, esté acordando con la fundación 
    de Bill Gates (30 
    de junio de 2020) la
    
    agricultura 
    4.0 o 
    maximización monopólica sobre la producción agropecuaria y la 
    alimentación mundiales mediante la digitalización de los 
    procesos agropecuarios. Son hechos, procesos que prueban como el 
    gobierno FF no es tibio ni es gobierno en disputa. 
 
   El sistema imperialista (hegemonizado por EE.UU. y China) de 
   agronegocios que concentra y centraliza el funcionamiento económico 
   territorial de Argentina en el Abya Yala: no puede coexistir con la 
   agricultura campesina e indígena, la arrasará y terminará 
   esclavizando a las colonias agroecológicas que se constituyan sólo 
   si hay permiso estatal para ocupar tierras 'fiscales'. Es un 
   sometimiento de la Unión de Trabajadores de la Tierra (UTT) a 
   respetar la propiedad (engendro de expropiaciones de les privados y 
   del Estado burgués) y a desestimar que la s.a. sólo es posible por 
   reforma agraria integral. El confinamiento actual ofrece la 
   oportunidad de debate entre les trabajadores rurales y urbanos, por 
   ejemplo, sobre arrendamientos y los feudos provinciales (legitimados 
   por la 'Honorable' Cámara 
   de Senadores de la 
   Nación) que 
   les asfixian a ambos. Les interpela a asumir como perentoria a la 
   reforma agraria integral para la lucha contra el acaparamiento 
   oligopólico de bienes comunes sociales y naturales. Ya está en 
   marcha. La llevan a cabo comunidades Mapuche al recuperar parte de 
   sus territorios y las comunidades en resistencia a los 
   extractivismos (urbanos y rurales). Falta que esas comunidades, cada 
   vez más representativas de sus integrantes,  se involucren en 
   confederarse para afirmar sus respectivas autonomías y sus vínculos 
   recíprocos con tendencias a humanizar el país, continente y mundo.
   
   
El capitalismo agroindustrial y agroalimentario tampoco admite 
   regulaciones fuera de la de los oligopolios dominantes y menos de un 
   estado perteneciente a un capitalismo cada vez más subordinado a las 
   grandes potencias. Aclaremos:
 
   
    
    
    El 6 y 7 de noviembre de 2018 se presentó la Agricultura 4.0 
    en Argentina, en un gran encuentro titulado Silicon Valley 
    Forum. Participó una de las personas que se perfilaba para ser 
    parte del gabinete en el nuevo gobierno:  Gustavo 
    Beliz,, 
    quien entonces llegó como parte del staff del Banco 
    Interamericano de Desarrollo (BID), y se encargó de introducir y 
    presentar lo que será la Agricultura 4.0 en el país junto con 
    distintos organismos oficiales y representantes de los 
    agronegocios a nivel local. En su intervención se reveló la 
    clara visión del movimiento político que pasa a ser oficialismo 
    desde diciembre de 2019, expresado en un discurso de 
    construcción de una Agricultura 4.0 “con justicia social”, por 
    decirlo de alguna manera. Lo interesante del discurso es el uso 
    de conceptos mediante los cuales se está creando la idea de una 
    gobernanza 4.0, un empleo 4.0, entre otros afines. 
 
    
    
    
    Dijo Gustavo 
    Beliz durante 
    el cierre del evento: “El piloto automático no funciona. Son los 
    Estados quienes deben garantizar un reparto equitativo de los 
    dividendos digitales a partir de un nuevo contrato social 
    tecnológico entre trabajadores, empresarios y gobiernos”. 
 
   
   
   Traduzcamos las palabras del actual Secretario de Asuntos 
   Estratégicos de la Nación: en el 'nuevo' capitalismo post 
   confinamiento se garantizará la coexistencia pacífica entre la 
   máxima concentración/ centralización económica territorial y la 
   mayor exclusión/ desigualdad sociales que la primera traerá 
   aparejada. Será mediante el Estado transnacionalizado que 
   perfeccionará lo hecho por el gobierno FF a través del Plan 
   Argentina sin hambre( cuya conducción incluye a Syngenta), el pacto 
   entre todas las centrales sindicales con las patronales y el 
   "Compromiso Argentino de Solidaridad" que se da entre la UIA y la 
   CGT. Su función será conciliar, por 
   la razón o por la fuerza, a 
   les oprimides con les opresores. Pues no hay clima de negocios si el 
   sistema no bloquea la lucha de clases.
    
 
   
   
   
   
   La convocatoria (C) da vuelta la página a la historia y 
   funcionamiento del capitalismo local
   
   
   
   
 
 
   
   En 
   efecto, la (C) apunta a 
   
   "los 
   dueños del agronegocio" que 
   pretenden" 
   retomar 
   el rumbo de la extranjerización de la firma". 
   Olvida o desconoce que los gobiernos constitucionales desde 1984 
   fueron garantizando y promoviendo al bautizado (por la dictadura 
   genocida del contubernio de elites imperialistas con las locales) 
   como proceso  de 
   reorganización nacional y 
   que Rodolfo Walsh nos anticipó como miseria 
   planificada. Recordemos que esos dueños o poderes fácticos 
   fueron naturalizados como tales por la democracia no antagónica a 
   los terrorismos paraestatal y estatal de mediados de los '70. Al 
   contrario, los encubrió (guardando archivos) además de conservarlos 
   en el Estado represor (judicial, legislativo y de fuerzas armadas, 
   policiales e inteligencia). Lo hizo y hace porque el capitalismo 
   local se desarrolló/a como transnacionalización económica 
   territorial e institucional tanto estatal como paraestatal. 
   Implicó/a la acelerada acumulación gran capitalista de riquezas y de 
   poder expoliador tanto de los trabajadores y pueblos de Argentina 
   como de la naturaleza. 
    
   Es decir, de modo 'democrático' las 
   transnacionales invadieron y ocuparon a Argentina. Para remate de 
   modo 'democrático' los pueblos de Argentina se ven forzados a 
   subsidiarlas condenando a la mitad de su niñez a sufrir pobreza e 
   incluso miseria. En medio de la pandemia se privilegia a las 
   petroleras guerreristas e imperialistas por sobre las necesidades 
   básicas de las grandes mayorías. Ante tamaña injusticia social, un 
   desafío es construir contrahegemonía cultural e ideológica que 
   deconstruya abajo y a la izquierda, por ejemplo, si los inversores 
   son ineludibles para la economía mirando a necesidades e intereses 
   populares y 
   si lo esencial de la última es exportar porque ha conducido a la reprimarización y 
   mayor dependencia del país.
   
   
   La (C) señala  respecto a Vicentin: "Quebró 
   y no paga y muchas denuncias de contrabando, triangulación, evasión 
   impositiva, empresas off shore evidencian una operatoria delictiva.
 
   
   
   La estafa de Vicentin es contra el pueblo de la Argentina. El 
   grupo hizo negocios y acumuló excedentes y patrimonio con fondos 
   públicos, del Banco de la Nación, de otras entidades financieras 
   públicas y de organismos de recaudación, incurriendo en el delito de 
   evasión y elusión fiscal. Se trata de un accionar asociado a la 
   extranjerización y al amparo de un modelo productivo que promueve el 
   agro negocio de exportación en beneficio de la transnacionalización 
   de la economía". 
 
   
    
   
   No entiendo que, encabezando la convocatoria, economistas denuncien 
   a Vicentin por comportarse conforme al funcionamiento del 
   capitalismo y de su Estado al menos en Argentina. Traigamos a la 
   memoria:
    
 
  
  
  Los hechos: pantallas jurídicas offshore regidas 
  por el Estado de Nueva York
   
   
   El supuesto acuerdo entre YPF y Chevron fue firmado el 16 de julio 
   de 2013 tras muchos meses de negociación. Pero, al revisar la 
   documentación, lo primero que salta a la vista es que en el 
   contrato de explotación sobre 
   el área Loma Campana, Chevron 
   no figura: la concesión se reparte en partes iguales entre 
   YPF S.A. y la ignota Compañía de Hidrocarburo No Convencional SRL 
   (en adelante CHNC). ¿Qué es CHNC? Un “tercer actor” que, si bien es 
   propiedad de YPF, la empresa no controla. Creada días previos a la 
   firma del contrato, CHNC 
   es el nudo del acuerdo ya que es la pantalla por la cual Chevron 
   operaría.(...)
 
  
  ----
   
   
   
   Martín Guillermo Álvarez, integrante del Observatorio Petrolero Sur destaca: “El 
   acuerdo es un hecho histórico, porque viene a decantar todo un 
   proceso donde Argentina decide enmarcarse lo que es esta locura 
   de extracción de hidrocarburos no convencionales con el método de 
   fractura hidráulica, más conocido como fracking”, explicó 
   Martín
 
   
   
   Estados Unidos era el único país donde se explotaba de manera 
   masiva, y lo que permitió este acuerdo es que comience  la 
   explotación de los hidrocarburos no convencionales en escala masiva 
   en Argentina, posicionándolo como el segundo país.
 
   
   
   “Uno cuando veía todas las condiciones que se estaban dando en 
   el contrato, veía que en función de hacer que el hidrocarburo fluya, 
   de poderse hacer de esas rentas, de esas regalías y poder revertir 
   ese problema que se tiene todavía con la demanda gasífera, todo eso 
   hacía que uno se encuentre o se vea ante el preludio de una nueva 
   entrega o un nuevo saqueo”, reflexionó el integrante del 
   Observatorio y agregó que “decimos nueva entrega porque venimos 
   de un proceso que duró desde fines de los 90 hasta el 2005, de una 
   explotación despiadada sin ningún tipo de inversión de los recursos 
   convencionales, que termina con Repsol expropiada por no haber 
   invertido y explotado y haber generado hasta desinversión”.
 
   
   
   El caso de Ecuador es una clara muestra de los daños que produjo 
   Chevron a la región. La empresa debe  pagar 9.500 millones de 
   dólares debido al alto nivel de contaminación y muertes que generó, 
   destinados a remediar los pueblos de la Amazonia Ecuatoriana, donde 
   dejó, entre otras consecuencias, lagunas de petróleo.
 
   
   
   “En 
   Argentina se generó lo que se dio como embargo a la empresa a través 
   de la Procuraduría de Gils Carbó y a través de la Corte se le dio el 
   desembargo. La  Corte lo que dice es ‘Chevron no es Chevron’, es 
   decir Chevron en Argentina es una subsidiaria que no es Chevron 
   Corporation. La impunidad que se le generó a la empresa la blindó 
   para que puedan andar por el mundo mostrando este desembargo.  Y 
   este desembargo lo firmó la Corte y es un fallo que tiene un peso 
   jurídico importante”. 
   (...)
    
   
   En el sistema de la deuda externa pública abundan ejemplos de ese 
   comportamiento delictivo contra los pueblos de Argentina. Permítanme 
   una larga cita para recordar hasta dónde llega la perversión de la 
   legitimación de esos desfalcos. Lavaca entrevista 
   a Alejandro Olmos Gaona (10-01-2006) y le pregunta:
 
   
   
   (...)¿Qué 
   es lo que se pagó al FMI?
   
   Esta deuda se origina en el famoso Blindaje financiero contratado 
   por el ministro de Economía, José Luis Machinea, durante el gobierno 
   de Fernando de la Rúa. El Fondo Monetario nos prestó en ese momento 
   12.449 millones de dólares, de los 40.000 que integraban el 
   Blindaje. Y esa plata fue íntegramente fugada de la Argentina -junto 
   con otro dinero- por 520 empresas. Esto lo determinó una comisión de 
   investigación de fuga de capitales de la Cámara de Diputados, 
   presidida por el legislador justicialista Nicola, después de 
   analizar un informe de 90 bancos. Se estableció que la plata que 
   llegó del Fondo así como vino, se fue.
   
   
   
   
   ¿Usted lo dice en sentido figurativo o habla de los mismos billetes?
   
   
   
   
   Los mismos billetes. Curiosamente, esto es información oficial de 90 
   bancos. Es lo que está registrado en los papeles, seguro debió haber 
   habido mucho más. La oficina de Evaluación Independiente del FMI 
   emitió un dictamen estableciendo que el Fondo sabía que la plata 
   llegaba al país y se iba. Y la carta constitutiva del FMI prohíbe 
   expresamente hacer ese tipo de préstamos. Sin embargo, también fue a 
   pedido del Fondo Monetario que el entonces presidente Eduardo 
   Duhalde derogó la ley de Subversión Económica, que es la que le 
   hubiera permitido al Estado accionar penalmente contra estas 
   empresas. Pero los delitos siempre dejan sus huellas. Estas empresas 
   -entre las que se encuentran Pecom, Telefónica Argentina, 
   Repsoll-Ypf, las empresas del grupo Macri, IBM, etcétera-, 
   declararon ganancias en la AFIP y pagaron impuestos por 2.500 
   millones. Es decir, no van a poder explicar porque se llevaron 
   16.000 millones. Por eso, inicié una denuncia por defraudación al 
   Estado y evasión penal agravada contra estas empresas. También 
   contra ciudadanos comunes, como Carlos Melconian, donde pido que se 
   investigue por qué se llevó dos millones y pico de dólares. Entonces 
   tenemos, por un lado, el delito de evasión fiscal, y por el otro que 
   el FMI transgrede su propia Carta Orgánica y, finalmente, al Estado 
   que no le interesa que se haya  
   cometido un delito y decide igualmente pagarle al Fondo. (...)
 
   
   
   ¿No nos liberamos de la deuda? 
   
   
    Esto 
   que se pagó representa apenas el 9 por ciento de la deuda global del 
   país. Claro, resulta que el Fondo es una especie de niño malo y la 
   gente cree que nos liberamos de él. Pero no nos liberamos nada. 
   Porque la Argentina es miembro del FMI y eso la hace sujeta a sus 
   auditorias anuales, por más que no le deba un peso. Además, va a 
   seguir presionando para se arregle la situación con los bonistas que 
   no ingresaron al Canje. También va a presionar para que la Argentina 
   arregle sus cuentas con el Club de París, con el Banco Mundial, con 
   el Banco Interamericno de Desarrollo…
   
   
    El 
   argumento oficial es que con la deuda saldada no habrá posibilidad 
   de extorsión. 
   
   
    No 
   habrá extorsión a través de la Deuda, pero si presiones políticas y 
   diplomáticas, que se manejan al más alto nivel. La Argentina podrá 
   decir que no le debemos un peso, pero el FMI contestará que como 
   miembro del organismo el país debe respetar determinadas pautas y 
   que el Fondo es el encargado de monitorear su cumplimiento todos los 
   años. Lo extraño de todo esto, por usar una palabra muy débil, es 
   cómo el Poder Ejecutivo, teniendo elementos concretos para no pagar, 
   debido a las grandes sospechas de ilegitimidad –denuncia y sentencia 
   en la justicia penal, incluidas- no dice nada y paga.
   
   
    Si 
   lo que se le pagó al Fondo es lo recibido por el Blindaje, ¿quiere 
   decir que se pagó lo que algunos denominan deuda nueva? 
   
   
    Mi 
   padre inicia la causa sobre la Deuda en el 82 y el trámite judicial 
   demoró 18 años. Recién en el 2000 el juez Jorge Ballesteros emite un 
   fallo donde plantea la ilicitud de la deuda y habla de la 
   responsabilidad del Fondo en ese ilícito. No obstante, esa Deuda se 
   siguió pagando y refinanciando. Los economistas hablan de dos 
   deudas, la de la dictadura y la nueva. Hay que aclararlo. La 
   Argentina del 92 en adelante tuvo superávit en sus cuentas, pero ese 
   superávit se convertía en déficit cuando se agregaban los montos de 
   deuda que había que pagarle anualmente al Fondo, al Club de París y 
   a las entidades financieras particulares. Ese déficit, a su vez, era 
   cubierto con emisión de nueva deuda. ¿Qué quiere decir? Que esa 
   emisión de nueva deuda era motivada por el déficit producido por esa 
   deuda ilícita. La deuda nueva era consecuencia de la vieja. Si el 
   Fondo nos prestaba plata para pagarle una deuda que era ilícita, 
   esta nueva deuda con el Fondo es tan ilícita como aquella.
   
   
    Usted 
   quiere decir que está viciada en su origen
   
   
    En La 
   deuda odiosa, 
   mi último libro, hago un planteo jurídico novedoso. Tomo como base 
   la legislación sobre derechos humanos que plantea que los delitos de 
   lesa humanidad son imprescriptibles y señalo que el delito de la 
   Deuda Externa es de ejecución continuada. ¿Por qué? Porque continúa 
   a través del tiempo, a través de las refinanciaciones y acuerdos que 
   se hacen. Yo no enfrento este problema desde el punto de vista 
   económico, sino desde el punto de vista del derecho. Si uno tiene un 
   problema con otra persona, va a dirimirlo a Tribunales. Si uno tiene 
   un problema con el Estado, lo mismo. Si un país tiene un problema 
   con otro, también. Parece que el tema de la deuda, no. La deuda está 
   inmersa en un sector privilegiado donde no la alcanza el orden 
   jurídico ni los principios fundamentales del derecho internacional 
   público. Se puede hacer una gran estafa con la deuda y no es 
   judiciable(...)Leer 
 
   
   
   
   
   La convocatoria (C) finaliza 
   explicando:
 
 
   
   
   Hace falta una campaña popular para denunciar lo que representa el 
   caso Vicentin y la maniobra de encubrimiento de la gran corrupción, 
   asunto desplegado por los principales medios de comunicación y la 
   derecha política, que en definitiva buscan otra “125”.
 
   
   
   Los poderosos quieren impedir la intervención o atarla de manos para 
   seguir manejando el concurso de acreedores y de esa forma abrir el 
   camino al desguace o extranjerización, incluso la “argentinización” 
   a favor de grupos concentrados.
 
   
   
   Lo que necesita el país es Vicentín “pública, no estatal con control 
   social”.
 
   
   
   Los firmantes nos comprometemos en una campaña que estimule el 
   debate público y la movilización social.  Es el paso inicial para 
   intervenir en la discusión del modelo productivo y de desarrollo a 
   favor de la mayoría social empobrecida.
 
   
   
   
   Pregunto porqué construir la urgente e imprescindible unión de las 
   diversidades de abajo de Argentina para reconvertir a Vicentin y no 
   para reorganizar otra sociedad mundo mirando por la soberanía 
   alimentaria. Pregunto porqué postergar aún más el debate público y 
   la movilización social que ha sido impuesto por nuestro 
   confinamiento con la excusa de protegernos del Covid-19, al menos a 
   mí me chocó  que hubiese 
   solución por desconfianza en las alteridades y comunalidades. 
   Positivo  fue que, al 
   confrontar con su exclusión, las barriadas de los desposeídos 
   totalmente por el capitalismo (oficializadas como vulnerables) 
   llevaran a la práctica a esa esencia humana. Lo mismo se dio en 
   pequeñas localidades de las provincias.
 
   
   
   
   Quienes firman la (C) dicen: nos 
   comprometemos en una campaña que estimule el debate público y la 
   movilización social. Les 
   diverses de abajo no necesitan ser estimulados. Son muchas las 
   reflexiones, experiencias e ideas de la gran mayoría ante la 
   pandemia y por destapar en qué grave emergencia social y humanitaria 
   estamos y no sólo por los cuatro años del gobierno de Macri ya que 
   hubo complicidad del Partido Justicialista y todo el Frente para la 
   Victoria. Pienso que ustedes, compas, pecan de paternalistas o de 
   vanguardistas. De ahí que organicen una campaña en vez de la 
   multiplicación de espacios en común tanto para deliberar como para 
   decidir qué y cómo hacer las transformaciones estructurales de 
   solución a los problemas fundamentales de Argentina y el Abya Yala.
    
 
   
   
   Pronostican que únicamente la intervención de Vicentin habilitará la 
   posibilidad de discutir el modelo agrario para pensar en términos de 
   soberanía alimentaria. Están 
   ustedes muy alejados del drama y la lucha-autoorganización de 
   pueblos fumigados, de los médicos de pueblos fumigados y de 
   asambleas socioambientales y otras autoorganizaciones populares. 
   Apreciemos que el año pasado se dio ese encuentro en mancomún con el 
   de agroecología. Encuentro 
   de Pueblos Fumigados: En busca de otro modelo de producción En 
   esa lucha también está la Unión de Científicos Comprometidos con la 
   Sociedad y la Naturaleza y periodistas como Darío Aranda. 
 
   
   
   
   
   
   
   La «soberanía alimentaria» es 
   incompatible con una empresa pública
   
   
   
   
   Ya que será posible por lucha antilatifundista, anticapitalista, 
   antirracista, antipatriarcal. Y demanda pensamiento decolonial en 
   una creciente mayoría para incorporar su protagonismo conciente en 
   desmercantilizar las relaciones sociales e interpersonales, 
   desprivatizar y desestatizar a los bienes comunes tanto sociales 
   como naturales. En simultáneo, es crucial ir suscitando su apoyo e 
   identificación con subjetividades colectivas cuyas singularidades 
   han emergido o emerjan de contraponerse a las normativas e 
   instituciones capitalistas y feudales.
 
 
   
    
    Aún más, la «soberanía alimentaria» no puede coexistir con los 
   extractivismos que han impuesto y consolidan la contrarreforma 
   agraria del capitalismo mundializado. La s.a. cuida por las 
   necesidades, culturas y aspiraciones locales. En consecuencia, es de 
   decrecimiento y no de gran escala en contraposición con el sistema 
   de agronegocios. 
 
   
   
   Es obra de comunidades que han adquirido autonomía del Capital 
   Estado por recuperar el tejido que produce su respectiva vida social 
   y luchar hasta construir la reforma agraria popular e integral. 
   Esta, por supuesto, resultará de la confederación de todas las  
   comunidades mirando hacia posibilitar que los respectivos pueblos 
   del país, del Abya Yala y del mundo creen sus respectivos «buenos 
   vivires» que nada tienen que ver con el ficticio y 
   cosificado-cosificante bienestar social de la sociedad de consumo. 
   Los «buenos vivires» son armonías a entablar de manera constante 
   (no de una vez para siempre) por 
   les diverses, que comparten un territorio-comunidad, entre elles, 
   entre las otras comunidades y con la naturaleza del lugar en 
   interacción con el contexto y perspectivas de la región, el 
   continente y el mundo.
    
 
   
    
    Los «buenos vivires» y la reforma agraria integral que los viabiliza 
   implican poner fin al capitalismo que monopoliza los bienes comunes 
   de la humanidad y expropia la capacidad humana de trabajo hasta el 
   extremo actual de arrasar la Amazonía, El Impenetrable y otras 
   selvas, bosques que son paradigmas de milenios de coevolución de los 
   pueblos indígenas en hermanamiento laboral espiritual con les otres 
   componentes de sus ecosistemas. Todavía más, esas biodiversidades 
   optimizadas establecen equilibrios ecológicos de trascendencia 
   planetaria y se refuerzan con los otros biomas. La heterogeneidad de 
   las ecorregiones es fundamental para la vida humana y no humana de 
   la Tierra. El capitalismo las está uniformando y artificializando 
   sin importarle conducir a la extinción de casi todas las especies y 
   por tanto de la subespecie humana. De ahí que tanto la reforma 
   agraria integral como la soberanía alimentaria requieran del 
   establecimiento de estrechas relaciones con los pueblos originarios 
   y de las comunidades rurales con las urbanas sin fronteras 
   geográficas ni muros racistas ni discriminaciones de otros tipos. 
   Por supuesto, también exigen eliminar las privatizaciones de los 
   bienes comunes.
    
 
   
   
   
   
   La construcción de contrahegemonía cultural e ideológica que nos 
   libere de ser subalternos
   
   
   
   
   
   Antes de multiplicar espacios en común a lo largo y ancho del 
   país-continente para tomar decisiones (previamente deliberadas) 
   desde las luchas por justicia social humanitaria en comunión con las 
   que se dan por justicia ecológica climática: precisamos, abajo y a 
   las izquierdas consecuentes, compartir un lenguaje que permita la 
   comprensión mutua. En 
   efecto, Carlos del Frade manifiesta en la 
   nota“La 
   intervención es fundamental para sacarnos de encima a los corruptos 
   de Vicentin y del Estado” (dejemos 
   de lado que sólo la gran corrupción de Cristina Fernández explica, 
   por ejemplo, su veto a la ley de glaciares y su promoción de la 
   legitimación de Monsanto):“Estamos 
   discutiendo sistema financiero, sistema exportador, y como dijo el 
   presidente de la Nación en forma indirecta, la soberanía 
   alimentaria. Trece agroexportadoras se quedan con lo que produce la 
   Argentina. El negocio de la agroexportación es la principal arteria 
   que alimenta el corazón de la economía argentina. Diez de esas trece 
   son extranjeras. Si perdemos Vicentin, que es la primera, perdemos 
   cualquier tipo de participación estatal para defender la riqueza 
   nacional”. De 
   modo que no cuestiona al sistema de agronegocios y como en la 125, 
   los dos bandos pelean por quienes se quedan con las divisas. Por eso 
   Carlos del Frade coincide con Gustavo 
   Grobocopatel, Fernando 
   "Chino" Navarro y Enrique Palmeyro que han sido destinados a 
   legitimar los cambios proyectados en la actividad agropecuaria de 
   Argentina y Brasil desde el sistema mundo capitalista. Explico esa 
   coincidencia después de tratar la aclaración de porqué A.Fernández 
   dirige la atención sobre la soberanía alimentaria y sobre la 
   humanización del capitalismo. No es por ingenuidad, como razona 
   Claudio Katz, sino que ejerce la demagogia actual de cooptar 
   suscitando esperanzas e identificaciones aprovechando el 
   desconocimiento mayoritario sobre esas realidades deseadas. 
   
   
 
 
   
   
   Situémonos en que 
   el Covid-19 se origina por avasallamiento de la naturaleza y su 
   mayor contagiosidad-mortalidad se da entre les desposeídos de todo 
   por el capitalismo a través principalmente de los extractivismos. 
   Sin embargo, la gran mayoría de nosotres no rechaza que el gobierno 
   de Alberto Fernández y Cristina Fernández deje sin cuarentena tanto 
   a la devastación como al envenenamiento a gran escala y justifique 
   que son actividades esenciales. Tampoco que las promueva y subsidie 
   de modo directo (como a las poderosas petroleras imperialistas) e 
   indirecto, por ejemplo, el gratuito consumo gigantesco de agua y 
   energía que, a la vez, expropia esos derechos básicos a las 
   comunidades locales. Sucede que, en simultáneo a planificarlas y 
   facilitar su ejecución, modela el amplio consenso a esa expoliación 
   antidemocrática y contraria al presente-futuro tanto de la vida como 
   del trabajo en el país-continente.
   
   
 
 
   
   
   Para ese consenso intercede 
   en impedir reflexiones y discusiones ante la actual emergencia 
   económica y ecológica-sanitaria. En efecto, la pandemia y los 
   proyectos postpandemia desde los poderes globales y locales deberían 
   interpelarnos, a los diversos pueblos de Argentina y el Abya Yala, a 
   comprometernos en generalizar el análisis sobre cómo el sistema 
   mirando en exclusivo por el PBI o el crecimiento competitivo en 
   rentabilidad del gran capital nos condujo a la actual situación de 
   impotencia frente al Covid-19 sobre todo por empobrecimiento 
   mayoritario y desmantelamiento de la salud pública. Ya Rodolfo 
   Walsh, en su carta a la junta militar, nos anticipó la miseria 
   planificada que procuraba el contubernio de capitales y estados 
   imperialistas con los locales para después de haber concretado el 
   triunfo  sobre la lucha 
   de clases mediante desaparición forzada de dirigencias sociales y 
   políticas de las izquierdas que, en el penal de Rawson(1972), 
   demostraron su unión (en diversidad) contra el capitalismo e 
   imperialismo por la patria socialista.
 
   
    
    
    Pero todos 
    los gobiernos constitucionales desde Alfonsín hasta hoy no sólo 
    hicieron centro en el funcionamiento económico que estableció el 
    poder real mediante la dictadura genocida para la acelerada 
    transnacionalización de Argentina. Sino también modelaron el 
    consenso para la gobernabilidad de esa creciente desigualdad e 
    injusticia social. Y cuando la democracia restringida entró en 
    crisis de representación social el kirchnerismo (o PJ 
    actualizando sus dones camaleónicos) y la mayoría volviendo las 
    espaldas a nuestres hermanes de la provincia de Santa Cruz: 
    viabilizaron la recomposición de la gobernabilidad del 
    capitalismo local del mundializado. Y desde agosto de 2019 (otra 
    vez la mayoría acató discursos desde la casta política), 
    mientras dejaba que el gobierno de Macri completara su ataque 
    nefasto a les trabajadores y los pueblos de Argentina, Alberto 
    Fernández se esforzó por la paz social de los súper negocios 
    gran capitalistas, mediante un pacto con las centrales de 
    trabajadores y el plan de Argentina sin hambre que comparten el 
    objetivo principal de conciliar las mayorías con las 
    corporaciones expoliadoras.
 
   
   
   En febrero de 2020 el gobierno comenzó a realizar foros 
   multisectoriales con la oposición para combatir la "grieta" y 
   resolver los problemas "micro" que tienen las provincias. Dentro de 
   esta ruta emerge "Argentina Armónica" es el nombre del programa que 
   encabeza el secretario de Relaciones Parlamentarias de la Nación, 
   Fernando "Chino" Navarro.
    
   En junio 2020 Gustavo 
   Grobocopatel, Fernando 
   Chino Navarro y Enrique Palmeyro presentan un documento titulado Una 
   Argentina armónica cuyo 
   tema medular es la agricultura industrial que prometen convertirla 
   en "capitalismo verde" y éste es otro objeto de deseo que manipulan 
   para ampliar consenso. 
    
   
   El documento plantea 
   hacer cambios centrados en atender necesidades humanas y un Estado 
   regulador de los monopolios dando por sentado que los monopolios son 
   compatibles con la democracia socioeconómica y política cultural. 
   Habla de capitalismo verde que dialogue con la naturaleza pero, en 
   contradicción, mantiene los roles conflictivos con la armonía 
   socioecológica. Dice: “Esta 
   nueva modalidad de organización (sea que se denomine «capitalismo», 
   «sustentabilismo» o de otro modo) requiere de
   
   renovados liderazgos y organizaciones 
   transparentes, orientadas a satisfacer sus múltiples grupos de 
   interés - 
   clientes, proveedores, talentos, inversores, sociedad-, dispuestas a 
   crear bienes públicos e interactuar con el sector publico 
   construyendo una sociedad del siglo XXI. La sublimación de la 
   relación publico/ privado está en esa búsqueda colectiva. El modo de 
   organización de la producción y los servicios que surja requiere a 
   trabajadores, con vocación de emprendedores, con el entusiasmo que 
   los convierte en protagonistas comprometidos, dispuestos a aprender 
   y transformarse. (…)Las oportunidades hay en la agroindustria. El 
   PEA2020 indica que se pueden exportar US$ 30.000 millones por año 
   más con el crecimiento de la agricultura, su transformación en 
   productos industriales y las economías regionales. El PBI podría 
   incrementarse un 100% en 10 años generando masiva creación de 
   trabajo en el ecosistema con una regulación inteligente”. En 
   suma, conserva la normalidad previa a la pandemia, cuya causa 
   principal es el PEA2020.
    
   El Plan Estratégico Agroalimentario y Agroindustrial rige desde 
   2010(PEA2020) ha beneficiado a la concentración económico 
   territorial de oligopolios que dominan al sistema global de 
   agronegocios y Gustavo Grobocopatel es un protagonista principal en 
   el local-regional (República 
   Unida de la Soja). El PEA2020 deforesta, desertifica, contamina 
   los subsistemas vitales del planeta(suelo, agua, aire, 
   biodiversidades) y a las poblaciones directa e indirectamente 
   multiplicando muertes (por asesinatos y enfermedades). Lleva a cabo 
   etnocidios y genocidios invisibilizados, sobre todo, por racismo. 
   También la expansión de los monocultivos de transgénicos exige 
   intensificar el uso de agrotóxicos y fertilizantes derivados del 
   petróleo, el uso de las tierras para agrocombustibles y forraje en 
   vez de destinarse a la producción de los alimentos. Genera desempleo 
   masivo al destruir las economías regionales, al desalojar a 
   comunidades campesinas e indígenas que migran a malvivir en las 
   villas miseria y por tecnología agroindustrial casi sin mano de 
   obra. Profundiza la pobreza estructural, el hambre y la 
   malnutrición. 
    
   
   Que ese proyecto gubernamental-empresario no mira hacia otro 
   capitalismo, por cierto imposible en nuestra época, lo prueba que 
   señala: "El 
   crecimiento 
   no se sostiene si no fortalecemos 3 patas: la exportación, 
   la satisfacción de las necesidades internas y la inversión”.
    
    
    Como es habitual en la modelación de consenso a la acumulación 
    gran capitalista que,para remate, se la considera "la" 
    economía, el documento hace referencia a la satisfacción de las 
    necesidades internas que es incompatible con las otras dos 
    patas. Sólo se la señala para 
    justificar la gran escala que por serlo es destructiva en 
    extremo y para justificar el dominio de los oligopolios locales 
    e imperialistas y subimperialistas. Por eso, oposición y 
    oficialismo se ponen de acuerdo.
 
   
   
   Cuando propongo construir contrahegemonía cultural e ideológica 
   pienso en que todes les diverses de abajo hemos adquirido hábitos 
   conductuales e intelectuales en conformidad con nuestra adaptación 
   cotidiana al capitalismo y tampoco nuestra concepción de vida y 
   mundo corresponde a nuestra condición de persona o colectivo en 
   ejercicio de autonomía. El Foro 
   por un programa Agrario, Soberano y Popular me 
   permite ilustrar lo anterior:
   
   
   
   
   
   
   Según 
   plantearon desde el Foro, 
   uno de los objetivos principales de la expropiación debe ser el de 
   evitar una mayor concentración del mercado cerealero, fuertemente 
   dominado por empresas extranjeras transnacionales. 
 
   
   
   También expresaron que «esta intervención estatal deberá bregar por 
   un modo de producción diferente, con Soberanía Alimentaria, 
   sustentable e inclusivo, que cuide las divisas que tanto cuestan al 
   país, y que mejore la inserción de PyMEs, agricultores familiares, 
   campesinos y comunidades indígenas en el Comercio Exterior».
 
   
   
   
   
   “A la empresa Vicentín del Agronegocio, hay que transformarla en la 
   Empresa Pública que sirva de palanca para la Soberanía Alimentaria y 
   que contribuya a terminar con las distorsiones del sector 
   concentrado, regulando la provisión interna y las variaciones de los 
   movimientos de precios”, 
   afirmaron dirigentes campesinos que conforman el Foro. 
   
   
   
 
 
   
   
   Comprobamos que su visión corporativa o de defensa de su sector 
   dentro del capitalismo, les lleva a interesarse por ser 
   incluidos en el negocio de la agroexportación más que por la soberanía 
   alimentaria. Se desentienden de los extractivismos que arrasan tanto 
   comunidades como los subsistemas vitales de la naturaleza. No les 
   importa las crecientes pobreza estructural, enfermedades, luchas 
   populares contra las emergencias social humanitaria y ecológica 
   climática. Tienen la falsa conciencia que se salvarán mejorando su 
   posición en el sistema que hoy es un sistema mundo con bloqueo 
   totalitario a las soberanías nacional, popular, alimentaria, 
   energética, hídrica, etc.. Se despreocupan de cómo el gobierno FF 
   está garantizando esa mayor monopolización de la producción 
   agropecuaria y de la exportación. 
   Para peor se equivocan que la 
   exportación sea compatible con la soberanía alimentaria y con el 
   respeto al funcionamiento ecológico. Tampoco reparan que genera 
   pobreza, hambre, malnutrición.
 
   
   
   Coincido con Juan 
   Guahán en "la 
   necesidad de un nuevo sujeto económico y –fundamentalmente- de un 
   reordenamiento territorial. 
 
  
  Allí, partiendo desde el principio que la tierra es para el que la 
  trabaja, es posible avanzar hacia una profunda desconcentración de la 
  propiedad de la tierra y de la población de las grandes urbes. Al mismo 
  tiempo crecer industrialmente a través de un encadenamiento productivo 
  en manos de los sectores populares organizados.
  
  Ello permitiría asociar largos procesos que van desde la producción de 
  las semillas hasta la elaboración de alimentos listos para consumir, por 
  fuera de los modelos actualmente vigentes. (...)
  
  Los Estados –en transformación- no podrán permanecer ajenos a esta 
  perspectiva pero los grandes protagonistas, los sujetos de estas 
  posibilidades son las propias expresiones del pueblo económica, social y 
  políticamente organizado.
  
  Todo esto supone generar las condiciones para crear, desde abajo, las 
  bases de un nuevo modelo que no esté regido por las actuales reglas del 
  mercado y la ganancia, características del decadente mundo actual".
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
   
       Agrego, como tarea de la construcción de contrahegemonía cultural e 
   ideológica, el viraje de la creencia de una creciente mayoría en que 
   el Capital o la empresa crean trabajo cuando lo real y efectivo es 
   que el Capital existe sólo si expolia a les trabajadore/as.
   
   
   
   
   En fin, otro cuestionamiento a la cultura e ideología subyugadoras 
   es que no siempre las mayorías se posicionan del lado de sus 
   necesidades e intereses ni lo que les parece más seguro para 
   alcanzar los fines propuestos, les permite conseguirlos y al revés, 
   el emprendimiento concluye en que reconocen haber sido engañadas. 
   Pensemos que, con mucha prensa y cierto poder económico e 
   institucional y desde ser sujeto de la agricultura, el Foro Agrario 
   está desviando la puesta en práctica de lo que debería ser su 
   proyecto al indicar: "Vicentin, 
   un camino a la soberanía alimentaria". Sin embargo, de modo casi 
   silenciado e invisibilizado, encuentros virtuales interregionales de 
   Nodos de Consumo Agroecológico entablan los 
   vínculos ineludibles a la soberanía alimentaria e 
   independencia del Mercado. Entrelazan un 
   verdadero espacio barrial de re-conexión con la tierra, puentes 
   entre campo-ciudad y transformaciones sociales.
    
 
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