La Agencia de Noticias Red Acción (ANRed) continúa:
Beneficiarios e impulsores civiles del golpe
La lucha por el juicio y castigo por los crímenes cometidos durante la última dictadura militar en la Argentina también exige el juzgamiento y la condena a los civiles cómplices que promovieron el terrorismo de Estado.
Los jerarcas de varias empresas -como Mercedes Benz, Ford, Astarsa y Techint- no sólo elaboraron “listas negras” de activistas sino que también financiaron a los servicios de Inteligencia de las Fuerzas Armadas. Asimismo, las empresas cumplieron un rol fundamental como protagonistas activos en la represión, llegando a tener en sus predios campos de concentración.
Lo que la historia dio a conocer como “La noche del apagón” en Ledesma, Jujuy, es un ejemplo significativo: consistió en varias noches -entre el 20 y 27 de julio de 1976- en las que los militares provocaron cortes de luz con el objetivo de secuestrar estudiantes, militantes políticos y sociales, gremialistas o, simplemente, sospechosos de tener vinculaciones con las actividades guerrilleras. Fuerzas represivas y capataces del ingenio Ledesma allanaron viviendas y, en vehículos de la empresa, fueron trasladadas más de 400 personas a los galpones de la firma azucarera. Tras torturas e interrogatorios, algunos fueron liberados, mientras que otros fueron enviados a comisarías, cuarteles militares o a cárceles de distintas provincias. Treinta personas permanecen desaparecidas.
Otro ejemplo del horror: Mercedes Benz donó dos aparatos de neonatología al Hospital de Campo de Mayo, el mayor centro de exterminio de la dictadura. Allí , las presas parían a sus hijos y los militares se apropiaban de los hijos de los detenidos-desaparecidos. Hay 200 casos de niños apropiados sólo en este campo de concentración.
Muchísimas fueron las empresas que colaboraron e impulsaron el genocidio y que, además, se beneficiaron estatizando su deuda privada: Banco Río, Banco de Italia, Banco de Galicia, City Bank, Banco Francés, Banco de Crédito Argentino, Banco Comercial del Norte, Banco de Londres, Banco Tornquist, Banco Español, Banco de Quilmes, Banco Sudameris, Banco de Crédito Rural, First National Bank Boston, Deutsche Bank, Banco Roberts, Banco General de Negocios, Banco Shaw, Banco Superville, Bank of America, Chase Manhattan Bank, Acindar SA, Alianza Naviera Argentina, Alto Paraná SA, Autopistas Urbanas SA, Celulosa Argentina SA, Cogasco SA, Propulsora Siderúrgica, Ford, Fiat, Mercedez Benz, Establecimiento Las Marías, Grupo Clarín, Ledesma, Alimentaria San Luis Astilleros, Alianza SA de Construcción, Continental Illinois National Bank, Cemento NOA, Cía General Fabril Financiera, Deere and Company, Deminex Argentina, ESSO, Industrias Metalúrgicas Pescarmona,
Cabe señalar que, mediante un apoyo explícito o tácito, los medios de prensa compartieron la responsabilidad en la legitimidad del golpe militar de 1976 y de su continuidad hasta 1983. Entre otros: Clarín fue eco de la palabra oficial, La Nación apoyó directamente el terrorismo de Estado, y La Razón, codirigido por Félix Laíño y el sector de inteligencia del Estado, fue el diario propagandístico por excelencia.
Jorge Julio López y Silvia Suppo
La lucha por el juicio y castigo a los genocidas encontró en Jorge Julio López y en Silvia Suppo un nuevo dolor.
La primera desaparición de Jorge Julio López tuvo lugar durante la última dictatura militar, cuando el 27 de octubre de 1976 fue detenido ilegalmente y mantenido en cautiverio hasta el 25 de junio de 1979. Estuvo secuestrado en los CCD que funcionaron en cuatrerismo de Arana, en el "Pozo de Arana", en las comisarías 5º y 8º de La Plata y finalmente fue puesto a disposición del PEN en la Unidad 9 del Servicio Penitenciario Bonaerense. Cuando declaró por primera vez, el 7 de julio de 1999, en las audiencias del Juicio por la Verdad de La Plata, López ya tenía 69 años. Luego, como testigo y querellante del juicio que condenó a Miguel Osvaldo Etchecolatz a la pena de reclusión perpetua por delitos de lesa humanidad en el marco del genocidio, brindó también su testimonio. El día anterior a la lectura del veredicto, el 18 de septiembre de 2006, se produce su segunda desaparición en la Ciudad de La Plata. Con sus declaraciones quedaron involucrados gran cantidad de represores en las causas que están abiertas en La Plata por las víctimas y centros pertenecientes al “Circuito Camps”. A 66 meses de su secuestro y desaparición no existen imputados, ni líneas firmes de investigación.
El 29 de marzo de 2010 Silvia Suppo fue brutalmente asesinada en Rafaela, Santa Fe. Testigo clave en la “Causa Brusa ”, Suppo impulsó un nuevo juicio que implica a policías que hasta hoy caminan libres como responsables de la desaparición en 1977 de Reynaldo Hattemer, quien fuera su novio. Silvia tenía 17 años cuando fue secuestrada el 24 de mayo de 1977 y trasladada a la seccional 4ta de Policía en Santa Fe. De allí la llevaron al centro clandestino de detención "La Casita" y luego a la Guardia de Infantería Reforzada (GIR). Silvia fue violada reiteradas veces y debieron practicarle un aborto tras quedar embarazada. Eso permitió que ella denunciara el abuso sexual como metodología de tortura hacia las mujeres detenidas durante la dictadura. Silvia había señalado sentirse hostigada e intimidada desde el inicio de la "Causa Brusa ". A días de cumplirse dos años de su asesinato político, aún no se ha dado una investigación seria que tienda al esclarecimiento, la verdad y la justicia.
El secuestro y la desaparición de Jorge Julio López ocurrió durante el gobierno de Néstor Kirchner; el asesinato de Silvia Suppo, en la primera presidencia de Cristina Fernández de Kirchner. Myriam Bergman, del CEPORDH, afirmó: “El gobierno fue utilizando la causa de López según sus necesidades. Primero lo negó (...) Después, por las enormes movilizaciones en La Plata y la organización, Felipe Solá reconoció que López estaba desaparecido y que hay 9.026 policías bonaerenses en funciones desde la Dictadura. Ahí la denuncia de secuestro cobró nuevo vuelo y Néstor Kirchner retó en público a Solá diciendo cómo podía decir eso, que no había pruebas. La movilización convirtió la causa en una denuncia nacional. Kirchner cambió entonces la estrategia y empezó a decir ‘el compañero Tito’, ‘acompañamos a su familia’. Absoluta utilización. Cuando llega Cristina Kirchner necesitan dar un vuelco y directamente pasan a negar el caso. López no existe. Cristina nunca lo nombró. Mientras, se siguió protegiendo a la Bonaerense (...) Luego de lo de Julio, fue asesinada Silvia Suppo en Santa Fe. Se quiso decir que fue un robo o un delito común, pero los hijos denunciaron desde el principio que fue asesinada por su testimonio en un juicio” (5).
A López y a Suppo, se suman las persecuciones, amenazas y amedrentamiento a sobrevivientes, familiares de desaparecidos y testigos. No son hechos aislados: forman parte de un plan para sembrar terror y confusión y son testimonio de la existencia de un aparato represivo actuante que jamás fue desmantelado. Así lo demuestran los secuestros del sobreviviente Juan Puthod en el 2008 y del testigo Víctor Martínez en el 2011.
Criminalización de la protesta:
Ley “Antiterrorista” y “Proyecto X”
850 genocidas procesados: cifra que resulta irrisoria frente a más de 4000 militantes criminalizados y al asesinato, por parte de fuerzas de seguridad o parapoliciales, de más de 70 personas por luchar y organizarse en los últimos once años. En la mayoría de los casos, los autores intelectuales y materiales no han sido juzgados y, por lo tanto, gozan de libertad.
Asimismo, medidas y acciones planificadas e impulsadas desde el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner nuevamente ponen en discusión la política estatal de DDHH. Entre ellas, se pueden identificar dos que han tenido especial repercusión: la llamada “Ley Antiterrorista” y el denominado “Proyecto X”.
Respecto a la primera, la misma fue aprobada en el Congreso de la Nación en diciembre de 2011. El 14 de octubre del año pasado, la presidenta envió el proyecto y en el día de asunción de su segundo mandato -10 de diciembre- pidió su tratamiento y por Decreto 2021/2011 llamó a Sesiones Extraordinarias, incluyendo la Ley Antiterrorista en el temario. Este proyecto -enérgicamente rechazado por organismos de Derechos Humanos, así como por organizaciones sociales, gremiales, territoriales, ambientalistas y otras- responde a un requerimiento del Departamento de Estado de Estados Unidos:a través del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) se exigió que para considerar a la Argentina como un país seguro de inversiones externas se debía aprobar un paquete de leyes.
Sumado a esto, en noviembre de 2011, con el patrocinio de dos organismos de DDHH -CORREPI y CeProDH- delegados de Kraft y otras organizaciones denunciaron ante la justicia federal que personal de Gendarmería Nacional realizaba tareas de inteligencia sobre militantes gremiales, estudiantiles, políticos y sociales.
Ante esta situación, se inició un requerimiento del juez federal Oyarbide para que el jefe de la Gendarmería informara sobre tales prácticas. El comandante Héctor Bernabé Schenone respondió que, efectivamente, la fuerza a su cargo destina hombres y mujeres a infiltrarse en movilizaciones, manifestaciones, asambleas y otras actividades, y registran datos que son luego volcados a una base centralizada, todo en el marco de un protocolo de actuación denominado “Proyecto X”.
En un comunicado de prensa, CORREPI dejó sentado que: “la franqueza del informe, además de mostrar que no se trata de una iniciativa propia de la fuerza, a escondidas, sino del estricto cumplimiento de las órdenes del ministerio de Seguridad, es decir, del gobierno nacional, no es ninguna novedad para la militancia. Sabemos , y denunciamos hace décadas, que, sistemáticamente, el aparato estatal nos espía, nos manda infiltrados, nos hace seguimientos, escucha nuestras conversaciones, nos filma y fotografía, y que esa “información” es luego utilizada por el aparato judicial para dar cuerpo a las causas con las que se nos persigue”.
El asesinato o la criminalización de los militantes populares y los mecanismos de inteligencia y vigilancia no son asunto del pasado. Ante el horror de la dictadura y el desencanto de la democracia, sigue siendo indispensable no claudicar. Dignificar la memoria mediante la lucha diaria y cotidiana sigue siendo la respuesta y el mejor homenaje para los 30000 desaparecidos.
Notas:
(1) Crisis, Julio de 1987
(2) Página 12, Junio de 1987
(3) "Los juicios a los genocidas", Número especial “Julio López” dela revista Tantas Voces... Tantas Vidas de la Asociación de Ex Detenidos-Desaparecidos, editada en septiembre de 2011.
(4) Idem 3
(5) "El silencio de la Presidente es un mensaje de impunidad" - Entrevista a Myriam Bergman (PTS)
(1) Crisis, Julio de 1987
(2) Página 12, Junio de 1987
(3) "Los juicios a los genocidas", Número especial “Julio López” de
(4) Idem 3
(5) "El silencio de la Presidente es un mensaje de impunidad" - Entrevista a Myriam Bergman (PTS)
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