II. "Construcción de la impunidad" por ANRed

(...)Aprobación de las leyes de punto final 
y obediencia debida

El 31 de diciembre de 1986, el Congreso aprueba una iniciativa del gobierno oficial, la ley de punto final, que fijaba que quienes no hubieran sido citados a declarar antes de los 60 días posteriores a la ley quedaban fuera de posibles acciones penales.

Las Cámaras Federales de Rosario, Córdoba, Mendoza, Bahía Blanca, La Plata, Tucumán y Comodoro Rivadavia suspendieron la feria judicial del verano y se abocaron a tratar los nuevos casos por la cantidad de denuncias presentadas. Más de 300 oficiales quedaron procesados.

Frente a las numerosas citaciones, el 17 de abril de 1987, estalló una sublevación en la Escuela de Infantería de Campo de Mayo, liderada por el teniente coronel Aldo Rico, cuyo objetivo fue encontrar una salida frente a las causas penales. Durante la "Semana Santa", Alfonsín primero habló de "no aceptar extorsiones", para luego afirmar el "reconocimiento de los niveles de responsabilidad".

Finalmente, el 19 de abril, el gobierno y los representantes de los principales partidos políticos firmaron el Acta de Compromiso Democrático que estableció niveles de responsabilidad durante la dictadura: quienes a la fecha de la comisión del hecho revistaban como oficiales jefes, oficiales subalternos, suboficiales y personal de tropa no eran punibles por delitos. El 13 de mayo se envía al Congreso el proyecto de ley de obediencia debida, aprobada en junio. Si bien el método militar se configuró como una cadena vertical de mandos, los grupos operativos, por su carácter ilegal y clandestino, actuaron con autonomía. Mediante esta ley, los "grupos de tareas" quedaban exentos de responsabilidades. Entre los beneficiados se encontraban Jorge Bergés, Miguel Etchecolatz, Julio Simón (Turco Julián), Jorge Acosta y Alfredo Astiz.

Al aprobarse las leyes de Punto Final y Obediencia Debida, la reacción instantánea de los Organismos de Derechos Humanos y de diversos intelectuales fue la de denunciarlas, expresando que significaban, lisa y llanamente, que los asesinos de los luchadores populares estarían libres. Los represores caminarían por la misma vereda, compartirían iguales espacios, circularían impunemente por las ciudades de la Argentina. Por aquellos años, Osvaldo Bayer afirmaba que "El gobierno radical nos entrega un futuro de corrupción, de inmoralidad. El capitán torturador, ladrón, asesino del pasado, será el general del futuro. ¿Qué futuro moral puede tener la República con políticos que perdonan asesinos y con asesinos que continuarán usando armas y uniformes?". (1)

Los indultos menemistas

Después del levantamiento carapintada, se sucedieron el de Monte Caseros(enero de 1988, promovido por Aldo Rico) y el de Villa Martelli (diciembre de 1988, encabezado por el coronel Mohamed Alí Seineldín). Su consecuencia fue elprimer indulto anunciado en octubre de 1989 por el entonces Presidente Carlos Menem. El listado híbrido de los 277 indultados tuvo como objetivo equilibrar las críticas políticas, ya que entre los desprocesados se encontraban militares acusados por violaciones a los derechos humanos, por la guerra de las Islas Malvinas y por las sublevaciones carapintadas y, por otra parte, algunos guerrilleros. Entre los militares indultados figuraban los tenientes generales Leopoldo Galtieri y Cristino Nicolaides y los generales de división Juan Bautista Sasiaiñ, José Montes, Andrés Ferrero, Adolfo Sigwald, Jorge Olivera Rovere, Albano Harguindeguy, Santiago Riveros, Luciano Benjamín Menéndez y Ramón Díaz Bessone.

En diciembre de 1990, Seineldín -quien estaba encarcelado- dirige la toma del Regimiento I de Patricios en Palermo. Menem anuncia el 29 de diciembre el segundo indulto, que incluyó a Jorge Rafael Videla, Emilio Eduardo Massera, Orlando Rubén Agosti, Roberto Viola, Armando Lambruschini, a Ramón Camps, Ovidio Pablo Ricchieri y a Carlos Suárez Mason; y a dirigentes de la guerrilla.Los indultos simultáneos ratificaron la teoría de los dos demonios.

Toda la posición castrense se vio fortalecida en el accionar y en las palabras de los ex presidentes democráticos. Raúl Alfonsín afirmó que "la lucha antisubversiva fue casi una guerra"; Carlos Menem sostuvo que las Fuerzas Armadas "tienen necesidad de hacer inteligencia". Ambos continuaron con la lógica económica y social del neoliberalismo impuesta en la década del ’70. Además, en definitiva, las leyes de punto final y obediencia debida y luego los indultos beneficiaron a cientos de incriminados en la represión ilegal. La justicia argentina demostró, a su vez, su dependencia del poder político.

"Si acá hubo juicio fue porque nosotros tuvimos el coraje de volver de la muerte para contar todo lo que nos hicieron. Nos hicieron describir las torturas, los gritos. Nos hicieron descubrir a nuestros torturadores y ahora los dejan libres" (2), sostenían militantes nucleados, a partir de 1984, en la Asociación de Ex Detenidos-Desaparecidos (AEDD).

 

“El 90 por ciento de los genocidas 
sigue gozando de impunidad”

El reclamo permanente de los organismos de Derechos Humanos, la constante movilización popular y el apoyo del exterior permitieron lograr diversas resoluciones a nivel legal. El 6 de marzo de 2001, el juez federal Gabriel Cavallo resolvió que las leyes de obediencia debida y punto final eran nulas e inconstitucionales. Ese mismo año, la Cámara Federal confirmó el fallo y otros jueces y cámaras en el resto del país se pronunciaron en el mismo sentido. En el 2003, bajo la presidencia de Néstor Kirchner, el Congreso de la Nación anuló las leyes de impunidad y ratificó la Convención sobre Imprescriptibilidad de los Crímenes de Guerra y Lesa Humanidad de las Naciones Unidas. En julio de 2005, la Corte Suprema de Justicia declaró la nulidad de las leyes y la validez de la ley que las había anulado.

Sin embargo, al recomenzar las investigaciones contra los represores, el poder judicial desdibujó la magnitud del genocidio: los procesos llevaron a unos pocos represores como imputados y, por otro lado, a unas pocas víctimas. La AEDD señala que “la mayoría de los jueces se niega a procesar a los represores como partícipes del terrorismo de Estado y del genocidio, imputándoles únicamente delitos puntuales y negándose a responsabilizarlos de todas y cada una de las atrocidades que se cometieron mientras revistaban en los campos de concentración. Aún teniendo a la vista las listas de quienes integraban el personal de cada centro de exterminio y las de los detenidos-desaparecidos que pasaron por ellos, los jueces exigen que sean las víctimas quienes prueben cuándo, cómo y a quién secuestró, torturó, violó y asesinó cada uno de los represores. Los fiscales no cumplen su rol de investigar, sistematizar la prueba y acusar a todos. Sóloacusan a un puñado de represores en cada causa, aquellos que integraban la cadena de mandos, a los emblemáticos o a los pocos que fueron reconocidos por los sobrevivientes, a pesar de las vendas en sus ojos. Ni una palabra dicen los fiscales de todos aquellos que estuvieron destinados en las dependencias oficiales donde funcionaron campos de concentración y que eran quienes golpeaban, vejaban y atormentaban. Nada hace el Gobierno para modificar esta situación”. (3)

En la Argentina funcionaron más de 500 centros clandestinos de detención y, al día de hoy, fueron condenados 267 genocidas: ni siquiera un represor por cada campo de concentración.

Cabe señalar, como afirman desde la AEDD, que “genocidas no son sólo los integrantes de las fuerzas represivas que manejaban los Falcon y secuestraban picana en mano, sino también los funcionarios nacionales de la dictadura,obispos y capellanes que colaboraron con el plan de exterminio, directivos de empresas que entregaron a los trabajadores y sus cuerpos de delegados, entre otros. Esto es lo que nos permite decir que el 90 por ciento de los genocidas sigue gozando de la impunidad que los gobiernos constitucionales les granjearon” (4). continúa

Notas:
(1) Crisis, Julio de 1987
(2) Página 12, Junio de 1987
(3) "Los juicios a los genocidas", Número especial “Julio López” de la revista Tantas Voces... Tantas Vidas de la Asociación de Ex Detenidos-Desaparecidos, editada en septiembre de 2011.
(4) Idem 3

Fuente: http://www.anred.org/article.php3?id_article=4895