Honestidad brutal
Por Ulises Bosia.
En el día de ayer, y por cadena
nacional, Cristina fundamentó la necesidad de desarmar los conflictos sociales
y confrontó a Moyano, intentando dividir a los trabajadores. Sus palabras
abrieron más discusiones de las que cerraron.
En un largo discurso Cristina
Fernández combinó ayer anuncios como el de programas de crédito para jubilados,
inversiones de capitales chinos o el primer sorteo del programa de viviendas
Pro.Cre.Ar., con la intención de presentar batalla frente a la embestida del
Secretario General de la
CGT. Recordemos que Hugo Moyano convocó a un paro de
distintos gremios y a una movilización de la CGT en el día de hoy a la Plaza de
Mayo, por primera vez en nueve años de gobiernos kirchneristas, exigiendo un
aumento del mínimo no imponible del impuesto a las ganancias y la ampliación de
la cobertura de las asignaciones familiares, entre otras demandas.
“Yo quiero dirigirme a todos los
argentinos para decirles que hay 9 millones de argentinos registrados, tenemos
un 32 por ciento que está sin registro, trabajo en negro, más un 7 por ciento
de desocupación”, afirmó Cristina con la intención de fundamentar que el
reclamo de la CGT es en verdad el reclamo de una elite que no quiere
“contribuir con algo de lo que ganan”. Además agregó que “solamente de esos 9
millones 159 mil, el 19 por ciento, paga impuesto a las ganancias o a los altos
ingresos; el 81 por ciento de los trabajadores no llega a los mínimos no
imponibles”. Finalmente, explicó que del ingreso total que recibe la clase
trabajadora empleada en blanco “el 19 por ciento de los trabajadores se queda
con el 41 por ciento, y el 81 por ciento de los trabajadores se queda con el 59
por ciento” de ese ingreso total. Lo que se debe según la presidenta a que “muchas
veces los salarios se obtienen por la capacidad de presión, esto es cuánto
puedo amenazar y perjudicar a la sociedad para obtener un determinado salario.”
Cada una de estas afirmaciones daría
para escribir una nota aparte. Desglosémoslas. En primer lugar el tema del
trabajo en negro. No es usual, ni debería ser naturalizado, que una presidenta
que gobierna un país hace nueve años con tasas de crecimiento altísimas
explique que prácticamente uno de cada tres trabajadores se encuentra en negro.
Si bien sindicatos y empresarios son también responsables, ¿de quién es la
responsabilidad principal de esta situación si no es del Estado nacional? ¿Es
imaginable que el Estado no pueda controlar a millones de personas en situación
irregular? La cosa empeora si tenemos en cuenta que estos datos oficiales no
tienen en cuenta la enorme cantidad de contratos flexibilizados y de
situaciones irregulares que conforman la realidad del trabajo precarizado para
millones de compatriotas. Junto con las grandes multinacionales, también el
Estado se destaca como un gran precarizador del empleo. Tal como denuncia la misma Junta Interna
de ATE Trabajo, un 70% de los trabajadores del Ministerio se encuentra
precarizado. Es decir que no es posible que la presidenta se ubique por fuera
de este problema, como si se tratara de un tema ajeno.
En segundo lugar, en cuanto a la
cantidad de asalariados que son alcanzados por el impuesto a las ganancias. La
presidenta argumentó que el 81% de los trabajadores en blanco no pagan impuesto
a las ganancias. Teniendo en cuenta que los mínimos no imponibles de la
categoría más baja son de 5800 pesos para solteros y de 8000 para casados con
dos hijos, lo que la presidenta informa es que el 81% de la clase trabajadora
está por debajo de estos ingresos. ¿Se trata de algo para enorgullecerse?
Cristina explicó que en nuestro país se disfruta “el mejor salario de América
Latina”. Si de comparaciones se trata sería mejor compararnos con nosotros
mismos, volviendo hacia el pasado.
Un reciente trabajo de Pablo
Manzanelli titulado “La tasa de ganancia durante la posconvertibilidad. Un
balance preliminar” publicado en la revista digital “Apuntes para el cambio”
afirma que “el sobreestimado costo laboral del cuatrienio 2007-2010, pese a
experimentar un considerable ritmo de crecimiento en la posconvertibilidad
(aumento del 86,5% entre 2002 y 2010), era aún, en 2010, un 7,7% inferior al de
1993 y en la posconvertibilidad (2003-2010) casi 28,4% inferior al promedio de
la década de 1990.”
Es decir que la comparación no deja muy bien parado al presente, con más razón
teniendo en cuenta que el año donde los trabajadores recibimos una mayor
porción del ingreso en la historia nacional fue 1974, llegando a niveles de los
que estamos aún muy lejos. ¿Y qué pasa con las ganancias empresarias al
respecto?
El mismo trabajo citado concluye que “la tasa de ganancia sobre el
stock de capital alcanzó niveles extraordinariamente elevados durante la
posconvertibilidad, que se han mantenido durante el período 2002-2010 en
guarismos significativamente más elevados al mejor registro de la convertibilidad. Tal
es así, que el índice de rentabilidad del capital fijo fue de 37,2% en el
período 2003-2010, un 50,0% mayor que durante el decenio de 1990 (24,8%)”.
Empresarios que ganan más que en los años noventa y trabajadores que de
conjunto no superamos el nivel de aquellos años nefastos. No es posible
analizar la situación del ingreso de la clase trabajadora sin tener en cuenta
las ganancias empresarias.
¿A quién le corresponde entonces “contribuir” con el
país?
En tercer lugar, Cristina adjudicó
el logro de mejores sueldos a que “muchas veces los salarios se obtienen por la
capacidad de presión, esto es cuánto puedo amenazar y perjudicar a la sociedad
para obtener un determinado salario.” Un eufemismo tomado prestado del
vocabulario liberal para mencionar la actividad sindical. Podría decirse que se
trata de una verdad de perogrullo. Los trabajadores nucleados en organizaciones
sindicales fuertes consiguen mejores condiciones de trabajo. ¿Qué deberían
hacer? ¿Dejar que el gobierno de turno negocie por ellos? ¿Es mejor el lobby
silencioso y ordenado de los grandes “sindicatos” de empresarios como la Unión Industrial
Argentina , que la lucha y la movilización de los
trabajadores? Cristina explicó además con total honestidad su hostilidad hacia
el conflicto social y el camino para desarmarlo. Refiriéndose a los jueces,
declaró que “como los conocen y saben quiénes son, que procedan, pero no cuando
están todos en masa, donde todo terminal mal, sino cuando tienen que hacerlo.”
Es decir, en lugar de reprimir con la fuerza, se trata de judicializar la
protesta social. Un programa que hace años viene llevando adelante el gobierno,
lo que dio lugar a más de 5000 procesados por luchar, como denuncian organismos
de derechos humanos. Se trata de alternativas que excluyen una solución de
fondo, sólo pensable a través de la transformación estructural del país,
atacando las verdaderas causas.
Evidentemente, las razones del
conflicto social cambiaron mucho desde aquella jornada en que asesinaron a
Darío Santillán y a Maximiliano Kosteki en el Puente Pueyrredón, diez años
atrás. Pero no desaparecieron, como involuntariamente pusieron de manifiesto
los mismos argumentos de Cristina. Independientemente de las ambiciones personales
de dirigentes sindicales y de la utilización de sectores de la derecha y de las
corporaciones económicas, la clase trabajadora argentina sabe bien que de la
lucha depende su destino. Honestidad brutal la de la presidenta, que por el
propio lugar desde el que habla, se confunde con el cinismo.
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