Semillas para el debate
Por Darío Aranda
Una nueva soja transgénica, resistente a tres agroquímicos, está a
punto de aprobarse en Argentina y genera rechazos entre movimientos campesinos,
científicos y organizaciones sociales. Denuncian que es “irregular” la forma de
aprobación (sostienen que se hizo en base a estudios de las propias empresas y
confidenciales) y aseguran que el combo de químicos será perjudicial para el
ambiente y la salud de la población. “Cuestionamos la decisión de aprobar esta
nueva soja, pero también la regulación actual del sistema de aprobación de los
organismos genéticamente modificados (OGM) ya que no garantiza una debida
evaluación ambiental ni la inocuidad alimentaria de los transgénicos”, explicó
Fernando Cabaleiro, del Centro de Estudios Legales del Medio Ambiente (Celma).
En diciembre de 2013, la Comisión Nacional Asesora
de Biotecnología Agropecuaria (Conabia) aprobó la “soja DAS-444O6-6” de la empresa Dow AgroSciences ,
resistente a los agroquímicos glifosato, glufosinato de amonio y 2-4-D. El
dictamen señala que no representa riesgos para la salud ni para el ambiente. Y
da vía libre para que el Ministerio de Agricultura de la Nación dé la última
aprobación.
El Centro de
Estudios Legales del Medio Ambiente denunció que no se cumplieron los pasos
administrativos que obliga la legislación nacional (audiencias públicas –leyes
24.375 y 25.675–) y afirmó que no se realizó un “debido e integral estudio de
impacto ambiental”. Remarcó que los estudios de riesgos se realizaron en
espacios reducidos llamados “agroecosistema”, una parcela agrícola que no tiene
en cuenta la coexistencia con el ambiente lindante ni los efectos de los
agroquímicos en los campos vecinos.
El Celma realizó
una presentación de impugnación en el Ministerio de Agricultura, exige
audiencias públicas y una correcta evaluación de impacto ambiental.
La aprobación de
transgénicos en Argentina se realiza en base a estudios presentados por las
propias empresas. El abogado Cabaleiro reclamó que esos estudios (sobre todo
los que señalan la supuesta seguridad ambiental e inocuidad alimentaria) sean
públicos para ser evaluados por científicos e instituciones ajenas a las
empresas.
La forma en que se aprueban los
transgénicos y el avance de la frontera agropecuaria son cuestionados por la
gran mayoría de las organizaciones de la agricultura familiar: Asamblea Campesina
Indígena del Norte (Acina), Movimiento Campesino Liberación (MCL), Unión de
Trabajadores de la Tierra (UTT), Movimiento Nacional Campesino Indígena (MNCI)
y la Coordinadora de Organizaciones Campesinas Indígenas y Trabajadores Rurales
(Cocitra), entre otras.
A las objeciones
por la nueva soja se sumaron la Red por una América latina Libre de
Transgénicos (Rallt), Campaña Paren de Fumigarnos y Alianza Biodiversidad.
Iniciaron una campaña internacional: “El 2-4-D es un herbicida más peligroso
que el glifosato, por lo que los impactos ambientales y en la salud de este
nuevo cultivo transgénico serán aún más devastadores, especialmente teniendo en
cuenta que en este nuevo transgénico se ha apilado una combinación de
herbicidas”.
Las organizaciones
coinciden con las críticas del Celma (falta de participación ciudadana y
falencias en los estudios ambientales) e incluso alertan a los productores de
soja: “Al aprobar un cultivo con resistencia al 2-4-D, será muy difícil colocar
los granos en los mercados debido al rechazo de los consumidores del resto del
mundo para este tipo de cultivos”. También se sumó a los cuestionamientos
Greenpeace.
El 2-4-D es un
herbicida que se utiliza desde 1940, muy cuestionado a nivel internacional y ya
fue prohibido en Dinamarca, Noruega y Suecia.
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