Periódico del FRENTE ÚNICO MIR-OTR, Noviembre 2014.Editorial
El viento que
todo empuja… a la derecha
Con motivo del
aniversario del fallecimiento de Néstor Kirchner, la militancia oficialista de
Unidos y Organizados convocó a un acto en la ex ESMA bajo la consigna “el viento que todo
empuja”. Pero, aunque insistan en ocultarlo, los vientos de los últimos tiempos
vienen orientando a la política del kirchnerismo cada vez más hacia la derecha.
Así se ha
evidenciado, en las últimas semanas, en los distintos proyectos legislativos
impulsados desde el gobierno; en la persecución y la represión de los sectores
que enfrentan el ajuste; en la defensa tenaz de los intereses del gran capital
y en la creciente criminalización de la pobreza.
Una orientación que
le roba el discurso a la oposición patronal, con un paquete de iniciativas que
nada tiene que envidiarle (por derecha) a los ejes programáticos que postula el
resto de los candidatos que más se destacan en las encuestas de cara a la
elección del año próximo. Así sucede tanto con Scioli, que apuesta a encabezar
las listas del Frente para la Victoria
(FpV), como con Massa y Macri, que siguen intentando dotarse de una estructura
nacional, disputando aliados dentro del radicalismo, lo que propicia la
implosión y la bancarrota del FAUNEN.
Todos,
independientemente de sus matices, prometen una política con más ajuste sobre
el pueblo trabajador, mayor represión en nombre de la lucha contra la
“inseguridad” y la continuidad de la entrega, con el pago de la deuda externa y
la profundización del saqueo de los recursos naturales.
Leyes de fin de
ciclo que imponen agenda
Sobre el cierre del
mes de octubre, el Congreso aprobó la nueva Ley de Hidrocarburos impulsada por la Casa Rosada. Esta
legislación, redactada a la medida de Chevron, fue elogiada por los
legisladores del FpV por su potencial para atraer inversiones extranjeras.
Lejos quedó la tan mentada soberanía energética con este proyecto promovido por
De Vido y Galuccio que da el visto bueno para la explotación mediante la
técnica contaminante del fracking y extiende concesiones hasta por 45 años,
rifando los recursos del país y favoreciendo el negocio de las multinacionales
petroleras.
Por otra parte,
tras haber logrado la aprobación de las reformas al Código Civil –que
perjudican sensiblemente los derechos de los trabajadores y vuelven más lejana
aún la posibilidad de avanzar en la legalización del aborto(1)-, el
kirchnerismo envió al Congreso un proyecto para modificar el Código Procesal
Penal de la Nación. En
una reedición de la
oligárquica Ley de Residencia de comienzos del siglo pasado,
el proyecto del oficialismo incluye la posibilidad de expulsar del país a los
extranjeros que comentan delitos.
“Debemos proteger a
los ciudadanos de los extranjeros que vienen al país a delinquir”, explicó
Cristina Kirchner por cadena nacional, desplegando un discurso que criminaliza
la pobreza y estigmatiza a los inmigrantes pobres. Ya que desde luego esta
potestad no será utilizada para perseguir y enfrentar a las empresas
extranjeras que saquean los recursos del país, como la Barrick Gold ,
Monsanto y Chevron, ni para enfrentar a quienes despiden obreros a su antojo
como Lear o Metalsa.
Además, la reforma
del Código Procesal Penal anunciada por la Presidenta sostiene el injusto
régimen de prisión preventiva, que los jueces utilizan para llenar de pobres
sin condena las cárceles a lo largo y ancho del país, mientras que empresarios
estafadores, políticos corruptos y policías asesinos pueden esperar el
desarrollo de los procesos judiciales en libertad.
Lejos de lo
prometido, la propuesta de investigación “independiente” dirigida por fiscales
no es diferente de lo que ya existe en los “modernos códigos con sistema
acusatorio puro” de Córdoba, o de la provincia y la ciudad de Buenos Aires. La
experiencia de esos distritos, muestra que aunque cambien las leyes, nada
cambia en la selectividad de clase que caracteriza a este sistema penal.
Inflación y palos,
en aumento
En el plano
económico, el ajuste sobre el pueblo trabajador sigue profundizándose y la
inflación -que para este año superará el 35%- ya se comió
de sobra los aumentos acordados en paritarias por los distintos gremios. Tal es
el retroceso de los salarios, que hasta los dirigentes más obsecuentes de la
burocracia oficialista, como Caló y Yasky, se pronunciaron por la necesidad del
pago de un bono de fin de año para paliar la pérdida de poder adquisitivo.
Para amplios
sectores del pueblo trabajador, se vuelve cada vez más complicado llegar a fin
de mes. Según la Dirección de Estadística y Censos de la Ciudad de Buenos
Aires, la canasta familiar asciende ya a $11.446, muy lejos de lo que cobra la
inmensa mayoría de los trabajadores y trabajadoras. Esta situación se vino
agravando en los últimos meses por el aumento de la desocupación, consecuencia
de los despidos en varias ramas de la industria y de la caída de la actividad
económica en general.
En este marco de
creciente pauperización, el gobierno nacional -en boca de Sergio Berni- anunció
que para hacer frente a “eventuales saqueos” de fin de año, prevé multiplicar
extraordinariamente la presencia de gendarmes en las barriadas populares de las
principales ciudad del país y que solicitará, incluso, el “apoyo logístico” de
las Fuerzas Armadas (así proyecta el kirchnerismo continuar con su política de
“inclusión social” en los meses que se vienen).
Mientras tanto,
siguen descargando la represión sobre los sectores que pelean y enfrentan el
ajuste. Es el caso, una vez más, de los trabajadores de Lear que a fines de
octubre fueron violentamente reprimidos por la Gendarmería. Tan
descarnado fue el ataque a los obreros y al conjunto de la militancia que los
acompañaba, con palazos, gases, balas de goma y masivas detenciones, que hasta
el CELS tuvo que salir a denunciar el accionar de las fuerzas federales
comandadas por Berni. (…)
Nota:1) Ver “Un
nuevo Código Civil contra el pueblo trabajador”, disponible en http://mir-otr.org/articulo/145/un-nuevo-codigo-civil-contra-el-pueblo-trabajador/
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Sigue la lucha por Luciano Arruga, secuestrado por la Policía
4 de noviembre de 2014
Por María del Carmen Verdú
“Apareció Luciano Arruga”, anunciaron a mediados de octubre,
con titulares catástrofe, todos los medios
masivos. Sin importar demasiado si son los que funcionan como boletines
oficiales del gobierno o los que responden a distintos sectores de la oposición
patronal, en todos los casos las bajadas de las notas remitieron a la versión
oficial: “Lo atropellaron en la Av. Gral. Paz tres horas después de su
desaparición”. Así, a pesar de que, en algunos casos, se incluían en las notas
referencias a “interrogantes” o “dudas” que subsisten, el anuncio de que el
cuerpo de Luciano estaba enterrado como NN en el cementerio de la Chacarita
incluyó una conclusión presentada como inevitable: caso cerrado, aunque queden
algunas cosas secundarias por explicar.
En la
conferencia de prensa convocada para confirmar la noticia, el presidente del
CELS, Horacio Verbitsky, dio por cierto que Luciano
murió en un accidente de tránsito, y apenas si lo matizó con algunos adjetivos
fuertes dirigidos, no a denunciar la forma en que se encubrió la desaparición,
sino a cuestionar lo que denominó “insuficiente
e insatisfactoria información”. Fue evidente la contradicción entre
esa postura y la de
Vanesa Orieta , la hermana de Luciano ,
que no compró la historia del accidente, seguido de una muy oportuna cadena de
negligencias, errores administrativos y desidias.
En el mismo sentido transcurrieron las
noticias de los días siguientes, dirigidas sin fisuras a dar por terminado uno
de los pocos casos de desaparición forzada en democracia que logró trascender
el muro de silencio mediático y tomó estado público. La consistente posición de
la familia, firme en su denuncia de que Luciano
fue secuestrado y torturado por la policía, que luego dispuso de su cuerpo de
manera que no fuera encontrado, se expresó hace pocos días en la carta abierta
a Luciano en la que Vanesa ratifica su
convicción, y trae en su apoyo lo que sigue siendo prueba incontrastable: los
libros adulterados de la comisaría, igual que ocurriera en la 9ª de La Plata con
Miguel Bru; la evidencia de los rastros biológicos de Luciano
detectados en el destacamento y en un patrullero; el testigo cuya identidad
debió ser reservada para protegerlo, que lo vio detenido y golpeado esa noche
del 31 de enero de 2009.
A eso se
suma que, apenas dos meses después de la desaparición de Luciano ,
la morgue judicial, que depende de la Corte Suprema de la Nación, afirmó en un oficio
dirigido a la fiscalía de La Matanza que investigaba la desaparición que no
había recibido ningún cuerpo de las características de Luciano
desde el 30 de enero; que la noche del 31 Vanesa y su mamá estuvieron en el
Hospital Santojanni, donde les dijeron que no había ningún chico como el que
ellas buscaban internando, en el mismo momento que, como hoy sabemos, el pibe
agonizaba, quizás a metros de
ellas.
La
intencionalidad del cuadro presentado en simultáneo por el CELS, los medios y las autoridades nacionales y provinciales,
a las puertas de un año electoral para el que no están aún resueltas las
internas del oficialismo, queda explícita con el comunicado que la gobernación
de la provincia de Buenos Aires emitió a horas del hallazgo del cuerpo: “El gobierno bonaerense expresa su solidaridad con
los familiares de Luciano Arruga y
el deseo de que el hallazgo del cuerpo de Luciano
ayude a mitigar el dolor de los dolorosos episodios sucedidos en la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires.”. Lavado de manos, y candidatura sciolista preservada
del escándalo, aprovechando, de paso, para literalmente tirarle el muerto a
Mauricio Macri, del que se pueden decir muchas cosas, pero no que dirija la
Bonarense o que controle al poder judicial de la provincia o al nacional, del
que dependen la morgue y la jueza que ordenó la inhumación de Luciano como NN el 3 de febrero de 2009, sin chequear
si sus huellas dactilares correspondían con las de alguna persona buscada.
El comunicado que emitió CORREPI horas
después de la conferencia de prensa devela la sistematicidad, no sólo de las
desapariciones en democracia, contabilizadas en más de 200, la mayoría pibes
con “carta blanca” policial en los barrios, como Luciano ,
sino de los mecanismos de encubrimiento: “Nada
de lo sucedido con Luciano nos
sorprende, porque pasaron 17 años antes de que la instalación de cloacas en los
suburbios de un pueblo cordobés descubriera el cuerpito de Alejandro Flores, el
nene de 5 años atropellado por un patrullero y enterrado por los policías.
Porque a Emilio Blanco, de 17 años, lo mataron a golpes y con la “bolsita” en
la comisaría de Chascomús en 1997, y tiraron el cuerpo a las vías para que
pareciera un accidente; o porque unos años antes, en Salta, el platense Diego
Rodríguez Laguens, murió en la tortura en la comisaría, y los policías lo arrojaron en la ruta para que los camiones le pasaran por encima.
Después, lo enterraron como NN, igual que Facundo
Rivera Alegre, “el Rubio del Pasaje”, desaparecido en Córdoba en 2012, hasta
que se encontró lo que quedaba de él en la sala crematoria del cementerio de
San Vicente. Porque seguimos buscando a Daniel Solano, a Julio López, a Iván
Torres, a Marita Verón, a Martín Basualdo, a Diego Duarte, a centenares más, y
desde hace una semana, a Lucas Fernando Díaz”.
Con
Franco Casco, el joven de 20 años de Florencio Varela detenido el 6 de octubre
por la policía rosarina y hallado muerto en el Río Paraná el pasado 30, se
evidencia, nuevamente, el carácter sistemático de estas prácticas en la
actualidad.
La
aparición del cuerpo de Luciano , que
fue fruto de la lucha popular, no cierra la historia ni clausura la necesidad
de redoblarla, por él y por todos los represaliados, asesinados y desaparecidos
por el aparato represivo estatal.
Fragmento de la “Carta Abierta ”, de
Vanesa a Luciano .
“Cuando
a los 45 días de tu desaparición alguien se decide a hablar y me cuenta que
habías sido detenido y golpeado, que te habían visto prácticamente muerto en el
ex destacamento policial de Lomas del Mirador, no me sorprendió lo que decía
quien luego se convertiría en testigo de identidad reservada, y acto seguido,
en un testigo atemorizado por las amenazas…
La
justicia que tiene oficinas, fiscales y jueces, en esta causa nunca existió.
Durante los primeros 45 días exigíamos a la fiscal Roxana Castelli
que investigara a la Bonaerense, pero le otorgó la investigación del caso a ese
organismo. Vendría el escondimiento de pruebas, las amenazas a testigos, a tu
familia y amigos, y por qué no, el ocultamiento definitivo de tu cuerpo. Así,
nos alejábamos de la
verdad. Mientras tanto, seguíamos golpeando puertas de
funcionarios que lejos de entender este caso como hecho grave de violencia
institucional, se preocupaban por distinguir cuán opositora podía ser yo. Más
opositora tu hermana, más se iban deshumanizando, convirtiéndose en los peores
opositores a la memoria, la verdad y la justicia…
Ellos
junto a Scioli, Casal, Stornelli, Espinoza, Arcidiacono y toda la basura
política son los responsables de muchos años de desidia e impunidad. Ellos son
los responsables de que tu desaparición se consolide…
…tenemos
que dejar de ser simples soldados respondiendo a la voz de mando, para pasar a
ser actores con memoria activa, crítica y humana; para dar lugar a las voces
que quieren ser silenciadas, para sacar a la luz la verdad y de ese modo
acceder a una real y total justicia.
Por vos,
Lu, por los 200 desaparecidos y los 4000 asesinados por las diferentes Fuerzas
de Seguridad en democracia, gritamos fuerte: ¡NUNCA MÁS!”
Vanesa
Orieta (Hermana de Luciano Arruga y
de todos nosotros).
Fuente: http://mir-otr.org/articulo/155/sigue-la-lucha-por-luciano-arruga-secuestrado-por-la-policia/Fuente: http://mir-otr.org
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