El Estado como garante del poder transnacional
13 de octubre de 2016
13 de octubre de 2016
En
los últimos años, el Estado se ha convertido en el principal garante de los
intereses de las multinacionales mineras, a través de la acción de los tres
poderes públicos: ejecutivo, legislativo y judicial. En nombre de la seguridad
jurídica y el “progreso”, las autoridades gubernamentales violan los derechos de las comunidades, para instalar proyectos extractivos en
sus territorios.
Por Guillermo Alamino para ANRed
Los años 90 marcaron un antes y
un después en materia minera del país. En esa década, Gioja gestó las
normativas neoliberales que regulan a la megamineria y, de esta manera, se
abrió una nueva etapa en la historia exportadora argentina. Beneficios
impositivos, prohibición al Estado para explotar yacimientos y un régimen
ambiental propio son algunas características del marco legal minero, promovido
por el Banco Mundial. Luego vinieron los Kirchner que continuaron con las
políticas reprimarizantes, en las que también están incluidos los agronegocios,
el fracking y la especulación inmobiliaria en los grandes aglomerados urbanos.
Además, se aprobó la
Ley Antiterrorista que legaliza la represión y la
judicialización de las luchas sociales. Se trata de la opresión en tiempos
“democráticos”. Tiempos de una democracia y un Estado que fue moldeado por
organismos financieros internacionales y dirigentes cómplices del despojo.
En este sentido, la inoperancia
de las instituciones judiciales y el poco interés de Uñac en responder a las
solicitudes de la
Asamblea Jáchal No se Toca evidencian la presencia de un
gobierno contaminado por las corporaciones. Hasta ahora, Barrick ha salido
impune de todos los delitos ambientales o infracciones a la ley que ha
cometido, como derrame de solución cianurada en los ríos, instalación en zona
periglaciar, carencia de un seguro ambiental exigido por la Ley General de
Ambiente, entre otros. Los funcionarios no ejercen su labor teniendo en cuenta
las necesidades populares sino que, contrariamente, colocan en primer lugar los
pedidos de las corporaciones. Barrick ejerce el poder real en la región. Es decir, el Estado se encarga de resguardar a las grandes
firmas, mientras las asambleas llevan a cabo la tarea de defender sus
respectivos territorios ante el desamparo de las sucesivas administraciones
públicas.
Esta problemática nos invita a
reinventar la democracia, que se ha transformado en una ficción donde el pueblo
elije al próximo gerente de la entrega de nuestros bienes comunes. Es una tarea
urgente hacer frente a esta realidad, porque la vida de miles de compatriotas
está en juego. Hay que ampliar la participación ciudadana en los asuntos
públicos, con el objetivo de asegurar un Estado que proteja al pueblo y su
patrimonio público.
Fuente: http://www.anred.org/spip.php?article12987
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