Neoextractivismo y
conflictos ambientales
en América Latina
Espiral (Guadalaj.) vol.23 no.66 Guadalajara may./ago. 2016
Profesor-Investigador del Departamento de Sociedad
y Economía del Centro Universitario del Sur (CUSUR), Universidad de
Guadalajara,
merchandrojas@yahoo.com.mx
Introducción
El
capitalismo globalizado territorial, a través de los sucesos de la
historia (fordismo y posfordismo), ha construido una división
internacional del trabajo y una división territorial de la producción
mundial que determinan un rol fundamental para América Latina como
proveedora de recursos naturales (agua, suelos, yacimientos minerales e
hidrocarburos -recursos estratégicos-).
La
apropiación de dichos recursos naturales (materias primas) se
caracteriza por un coloniaje formal e informal que impone una lógica de
acumulación a través los mecanismos de la compra, el alquiler o la
concesión; estos mecanismos logran ser utilizados para dominar los
recursos naturales (RN) gracias a dos protagonistas claves: el
Estado-nación y el capital, que configuran espacios y lugares para la
explotación de los RN.
Este nuevo paradigma de la actual geografía económica propicia una
disputa global por los recursos naturales, siendo este suceso uno de los
elementos más importantes de la dinámica del capitalismo contemporáneo
para reproducir una lógica de acumulación sobre América Latina. Por la
dimensión de las reservas de recursos estratégicos que posee América
Latina, y por su condición histórica de ser una región exportadora de
materias primas (commodities),1 esta
región tiene un alto grado de vulnerabilidad y dependencia de
importaciones, no sólo de los Estados Unidos, sino, ahora, de la
creciente demanda de China, que cobra auge como la mayor potencia
comercializadora de commodities.
Algunos analistas
de la geopolítica ven en China una amenaza a la hegemonía de Estados
Unidos en el ámbito mundial, especialmente en el contexto de la crisis
económica más reciente en Estados Unidos y Europa.
En
la esfera económica, la reprimarización de las economías
latinoamericanas está vinculada al incremento en la demanda de materias
primas por el robusto crecimiento económico chino y su peso demográfico.
Las empresas chinas han comenzado a invertir fuertemente en las
industrias extractivas de América del Sur, y sus bienes manufacturados
baratos compiten con los producidos en México y América Central.
En general, las economías latinoamericanas han ampliado su frontera
extractiva, donde participan activamente las transnacionales. La
ocupación de estos espacios locales o regionales por parte de estas
empresas ha afectado profundamente los derechos y los territorios de los
pueblos y comunidades indígenas.
Así lo demuestran el Observatorio de Multinacionales de América Latina (OMAL,
2015)
a través de su mapa interactivo, y los informes asociados a cada caso
que ha elaborado la Coordinación por los Derechos de los Pueblos
Indígenas.
El
estilo de desarrollo y el modelo neoextractivista
El
estilo de desarrollo y el modelo neoextractivista se corresponden con
las propias estrategias macroeconómicas desplegadas por el Gobierno
neoliberal que no sólo han sacrificado la economía real de los
mexicanos, sino que también estas estrategias de estabilización,
auspiciadas por el consenso de Washington, han sido la causa de la
explotación de los recursos naturales y de la degradación ambiental de
los países en desarrollo, como el caso de México,
con un Estado-nación
más que nunca dedicado a crear un clima de negocios benigno para la
inversión extranjera que explota en forma indiscriminada los recursos
naturales sólo con el fin de producir un excedente exportable, y que internaliza las externalidades negativas a cargo de los recursos
naturales que sobreexplota.
Esta necesidad de los países en desarrollo de exportar bienes que socavan su patrimonio natural ahonda la deuda ecológica, que no es más que las exportaciones mal pagas que realizan los países en desarrollado a los países desarrollados. Es claro que los precios de estas materias primas exportadas no incluyen diversos costos sociales y ambientales, propios de la explotación irracional que realizan las transnacionales de los países desarrollados.2
Como bien lo
explican Martínez-Alier
y Jusmet (2001),
se propicia un comercio ecológicamente desigual que proviene de dos
causas: en primer lugar, falta frecuentemente en el sur la fuerza
necesaria para lograr incorporar las externalidades negativas locales en
los precios de exportación; y, en segundo lugar, el tiempo natural
necesario para producir los bienes exportados desde el sur es
frecuentemente más largo que el tiempo necesario para producir los
bienes y servicios importados, lo que provoca que en las economías del
sur, o economías latinoamericanas, su crecimiento económico, con sus
modalidades de la globalización de mercados bajo el esquema neoliberal,
representa una seria amenaza para el medio ambiente e imposibilita su
desarrollo sustentable.
Aquí se sostiene,
al igual que lo hace Veltmeyer
(2013),
que se registra un impacto negativo del desarrollo de los recursos
naturales en la tasa de intercambio en otros sectores -la llamada enfermedad
holandesa, por ejemplo-:
-
la volatilidad de los precios de las mercancías en el mercado mundial,
-
la propensión hacia un ciclo de rápidos incrementos y rápida decadencia (boom-bust cycle),
-
la susceptibilidad a la corrupción,
-
la excesiva confianza en la inversión extranjera directa,
-
la estructura de producción de enclave con escasas vinculaciones hacia adelante o hacia atrás con otros sectores de la economía, y
-
una estructura social que inhibe el desarrollo más amplio de las fuerzas productivas de la sociedad y deriva en formas desiguales y exclusivas de crecimiento y en conflictos y guerras por los recursos.
De este modo, desde el estructuralismo latinoamericano y la escuela
marxista de la dependencia hasta en los economistas neoclásicos y
neoliberales, hay acuerdo en que la extracción de recursos ofrece una
vía bastante difícil hacia el desarrollo. Sin embargo, los cambios en la
economía mundial en años recientes han dado origen a la noción de que
esta vez será diferente, que las modificadas condiciones del mercado
mundial permitirían ahora que los países ricos en recursos exploten su
ventaja comparativa en recursos naturales y se convierta en una
bendición lo que alguna vez fue una maldición.
Los exponentes de
esta perspectiva incluyen a varios economistas del Banco Mundial,
quienes han publicado una serie de estudios que sugieren que
el aumento
reciente en la inversión extranjera a gran escala en tierra y en la
extracción y explotación de los recursos naturales bajo las actuales
condiciones tiene implicaciones positivas para muchos países en
desarrollo, permitiéndoles aprovechar las nuevas oportunidades que
ofrece una fuerte demanda de estos recursos en el mercado mundial (Banco
Mundial, 2010 y 2011).
Por lo que
respecta a las especificidades que cobra el neoextractivismo3 en
los países emergentes, éstas se refieren a aquellas actividades
económicas que remueven grandes cantidades de recursos que no son
procesados (o que lo son limitadamente) y que se destinan a la
exportación. Sin embargo, esto no se limita a los minerales, gas o
petróleo, sino que engloba materias primas agrarias, forestales e
incluso productos pesqueros. Por ello,
en la actualidad se plantea que
los países de América Latina son
exportadores de naturaleza.
La definición que le otorga una especificidad al neoextractivismo es la de la consolidación de un estilo de desarrollo definido como un patrón de acumulación basado en la sobreexplotación de recursos naturales, en gran parte no renovables, así como en la expansión de las fronteras hacia territorios antes considerados como improductivos. El neoextractivismo instala una dinámica vertical que irrumpe en los territorios y a su paso va desestructurando economías regionales, destruyendo biodiversidad, profundizando de modo peligroso el proceso de acaparamiento de tierras al expulsar o desplazar a comunidades rurales, campesinas o indígenas, y violentando procesos de decisión ciudadana (Gudynas, 2009).
El
llamado "modelo extractivista" fue interrumpido por algunos pocos países
latinoamericanos a partir de la crisis mundial de 1929 (Argentina,
Brasil, México, Colombia, Perú, Chile y Uruguay), y estos iniciaron el
camino hacia la industrialización dirigida por el Estado, o
industrialización por sustitución de importación (ISI). Los países
restantes no lograron superar las estructuras de exportaciones
primarias. Sin embargo, se debe aclarar que las exportaciones primarias,
si bien perdieron dinamismo, continuaron como principales fuentes de
divisas, ya que los productos manufacturados se dirigían al mercado
interno y eventualmente al regional. La participación de empresas
transnacionales en el mercado local se benefició también del
proteccionismo imperante en el mercado local.
Para la década de los años setenta del siglo pasado, la ISI ya no se sostenía, abatida por sus límites estructurales para poder llegar a otras etapas de industrialización más sofisticadas, con lo cual se puso fin al ciclo desarrollista y la regulación del Estado. Durante los años ochenta, el Fondo Monetario Internacional (FMI) y el Banco Mundial (BM) recomendaron a los países en desarrollo la aplicación de políticas de estabilización, primero, y ajuste estructural después.Los programas de ajuste estructural (PAE) son la condición impuesta por el FMI y el BM a un país para otorgarle respaldo financiero destinado a afrontar un grave problema de pagos internacionales. Los PAE surgieron a comienzos de los años ochenta como respuesta a la crisis de la deuda externa de los países en desarrollo. Obedecen a una concepción extremadamente ortodoxa de la política económica, que años más tarde sería bautizada por sus propios impulsores como el consenso de Washington.
En
efecto, desde los años setenta, y hasta el día de hoy, las economías de
los países en desarrollo han estado dominadas por el enfoque neoclásico
impuesto por los neoliberales, donde los operadores mundiales de tal
modelo son los dos organismos financieros (FMI y BM) que sustentan el liderazgo
de los Estados Unidos.
De igual manera,
la teoría neoliberal se sustenta primordialmente en dos bases: primero,
la defensa de la eficacia del mercado como mecanismo de asignación
óptima de los recursos, junto con la crítica a la intervención pública
en las actividades económicas en tanto generadora de distorsiones;
segundo, la insistencia en las ventajas de una participación plena en el
comercio internacional, junto con la crítica al modelo de
industrialización por sustitución de importaciones, el cual muestra un
claro sesgo antiexportador (Merchand,
2012).
A partir de las reformas impuestas por el consenso de Washington, se postuló que tendríamos que reaprovechar nuestras ventajas comparativas cifradas en productos cuya producción interna costara menos, así que se reivindicó por los neoliberales apostar de nuevo al modelo extractivista que nos ofrecía una mejor inserción al mercado mundial, sobre todo aprovechando un mercado más diversificado a partir de otros demandantes, como son los países asiáticos, fundamentalmente China, ávidos de invertir y comprar nuestras cotizadas materias primas.4
El Cuadro
1 refleja
la importancia que tienen, sobre todo para los países sudamericanos, sus
exportaciones de materias primas en el total de su producto interno
bruto (PIB).
Como se ha
sostenido, en las décadas de 1980 y 1990 se reafirmaron los programas de
ajuste y estabilización, consistentes, entre otras cosas, en el
acotamiento del papel del Estado (Merchand,
2012).
Esto hizo que las empresas mineras o petroleras disfrutaran de un
contexto de liberación de flujos de capital, acompañado de
flexibilización o reducción de las regulaciones (laborales y
ambientales, y de concesión de permisos para explotar nuestros recursos
sin ninguna restricción).
En el contexto
señalado aquí, el Estado
mínimo concede
licencias o títulos para acceder a un recurso natural que corresponde a
parte de la renta que se genera a través de una red de favores
políticos-empresariales, renta que incluye regalías y tributos bajos a
los capitales nacionales y extranjeros que apuesten por explotar los
recursos mineros, energéticos y agrícolas (Gudynas,
2009, pp. 187-225).
Aquí,
las empresas transnacionales tienen un rol
determinante; el Estado es funcional a esa transnacionalización que
dinamiza sectores con ganancias extraordinarias.
Este neoextractivismo se caracteriza por mantener e incluso profundizar
la extracción minera y petrolera, sea por un aumento de los rubros
clásicos o por la incorporación de nuevos recursos (por ejemplo, países
tradicionalmente no mineros que intentan la megaminería, como Uruguay, o
países mineros que buscan nuevos rubros, como el litio en el caso de
Bolivia). A su vez, el modo extractivista de organizar la producción se
expande a otros sectores, en particular el de los monocultivos de
exportación, como la soja en Argentina, Brasil y Paraguay.
El
Estado juega un papel mucho más activo que en el extractivismo clásico,
sea por una participación directa por medio de empresas estatales, como
la petrolera venezolana PDVSA, o por medios indirectos: asistencias
financieras, subsidios, apoyos en infraestructura, etc. El empresario
transnacional reaparece o cobra importancia bajo otros modos de
asociación, tales como la migración o los contratos por servicios en el
sector petrolero (joint-ventures)
para la comercialización, como sucede en Bolivia.
Con el
neoextractivismo, el Estado capta, o al menos intenta captar, mayores
proporciones del excedente generado por los sectores extractivistas
apelando a medidas como regalías o tributos más altos. A su vez, estos
Gobiernos que apoyan y defienden estas prácticas sostienen que se
permite recaudar más fondos, y que estos son utilizados en programas de
lucha contra la pobreza.
El hecho sustancial es que todos los Gobiernos progresistas5 defienden
ese estilo, y uno de sus argumentos predilectos consiste en ligarlos a
los planes contra la pobreza u otros tipos de programas en el campo de
la justicia social; de esta manera ganan una legitimación social y
política sustantiva.
Sin embargo, se genera un círculo vicioso, donde los planes contra la pobreza requieren de nuevos proyectos extractivistas, y estos a su vez generan nuevos impactos sociales y ambientales que requerirán de futuras compensaciones. De este modo, el Estado busca lograr delicados equilibrios entre sus concesiones al capital y la necesidad de regularlo, entre alentar el extractivismo y amortiguar sus impactos sociales y ambientales.
Este cuadro
refleja ejemplos y tendencias de las inversiones llevadas a cabo por los
Estados de América del Sur y, como bien lo explica Eduardo Gudynas
(2012),
la minería, hidrocarburos y monocultivos han recibido grandes
inversiones y se han iniciado nuevos emprendimientos en casi todos los
países. Se apela a prácticas cada vez más intensivas, a veces utilizando
productos tóxicos y peligrosos, muchas veces usando explosivos, y se
cubren áreas geográficas mayores, afectando por ejemplo las cuencas
hidrográficas. Viejos emprendimientos son reactivados y profundizados, y
países que no eran extractivistas ahora están comenzando a serlo.
Este extractivismo
también es adjetivado por Svampa
(2013),
quien retoma las ideas planteadas en el libro compilado por Massuh
(2012).
La etiqueta empleada para este extractivismo es la de consenso
de los commodities, que se define y caracteriza como el
ingreso de América Latina en un nuevo orden económico y
político-ideológico, sostenido por el boom de los
precios internacionales de las materias primas y los bienes de consumo
demandados cada vez más por los países centrales y las potencias
emergentes.
Este orden va consolidando un estilo de desarrollo neoextractivista que
genera ventajas comparativas, visibles en el crecimiento económico, al
tiempo que produce nuevas asimetrías y conflictos sociales, económicos,
ambientales y político-culturales. Tal conflictividad marca la apertura
de un nuevo ciclo de luchas, centrado en la defensa del territorio y del
ambiente, así como en la discusión sobre los modelos de desarrollo y las
fronteras mismas de la democracia.
El concepto de commodities,
en un sentido amplio, se entiende como productos
indiferenciados cuyos
precios se fijan internacionalmente, o como "productos de fabricación,
disponibilidad y demanda mundial, que tienen un rango de precios
internacionales y no requieren tecnología avanzada para su fabricación y
procesamiento" (Svampa,
2013, p. 32).
Ambas definiciones incluyen desde materias primas a granel hasta
productos semielaborados o industriales. Para el caso de América Latina,
la demanda de commodities está
concentrada en productos alimentarios, como el maíz, la soja y el trigo,
así como en hidrocarburos (gas y petróleo), metales y minerales (cobre,
oro, plata, estaño, bauxita, zinc, entre otros).
Cabe destacar que a partir de datos extraídos de Horacio Machado (2012) es interesante observar cómo, a escala mundial, la geografía de la extracción es muy diferente a la geografía del consumo. Por ejemplo, América Latina produce 26.2% de la bauxita en el mundo, pero sólo consume 2.9%; en cuanto al cobre, produce 45.1% y consume 6.1%; respecto al oro, produce 15.2% del total mundial y consume 3%.
Esta demanda de commodities ha
originado un importante proceso de reprimarización de las economías
latinoamericanas al acentuar la reorientación de éstas hacia actividades
primarias extractivas o maquilas, con escaso valor agregado.
Esta dinámica regresiva se ve agravada por el ingreso de potencias
emergentes, como es el caso de China,6 país
que de modo acelerado se va imponiendo como un socio desigual en lo que
respecta al intercambio comercial con la región.
Si a este consenso
de los commodities se
le enfoca desde el punto de vista de la lógica de acumulación, conlleva
la profundización de la dinámica de desposesión o despojo de tierras,
recursos y territorios, y produce nuevas y peligrosas formas de
dependencia y dominación. Entre los elementos comunes de esta dinámica
podemos destacar la gran escala de los emprendimientos, la tendencia a
la monoproducción o la escasa diversificación económica y una lógica de
ocupación de los territorios claramente destructiva (Merchand,
2013).
Estas caracterizaciones generales sobre el neoextractivismo operan con la escala de los emprendimientos, que nos advierte también sobre la gran envergadura de las inversiones (se trata de actividades capital-intensivas y no trabajo-intensivas), así como sobre el carácter de los actores involucrados y la concentración económica (grandes corporaciones transnacionales). En razón de ello, y de modo similar al pasado, este tipo de emprendimientos tiende a consolidar enclaves de exportación asociados a una lógica neocolonial que generan escasos encadenamientos productivos endógenos, operan una fuerte fragmentación social y regional, y van configurando espacios socioproductivos dependientes del mercado internacional.
Así, la megaminería a cielo abierto, la expansión de la frontera
petrolera y energética (que incluye también la explotación de gas no
convencional, o shale
gas, con la tan cuestionada metodología del fracking),
la construcción de grandes represas hidroeléctricas, la expansión de la
frontera pesquera y forestal, la generalización del modelo de
agronegocios (soja y biocombustibles), en fin, constituyen las figuras
emblemáticas del neoextractivismo desarrollista.
Por último, pese a la tendencia a querer erigirse en discurso único, el consenso de los commodities7 aparece atravesado por una serie de ambivalencias, contradicciones y paradojas, ligadas de manera abierta a la enorme y creciente conflictividad socioambiental que la dinámica extractivista genera, así como también a los múltiples cruces existentes entre dinámica neoliberal, concepción del desarrollo, izquierdas y progresismo populista.
Los escenarios latinoamericanos más paradójicos del consenso de los commodities son los que presentan Bolivia y Ecuador. El tema no es menor, dado que ha sido en estos países donde, en el marco de fuertes procesos participativos, se han ido arreglando nuevos conceptos-horizontes como los de descolonización, Estado plurinacional, autonomías, buen vivir y derechos de la naturaleza.Sin embargo, y más allá de la exaltación de la visión de los pueblos originarios en relación con la naturaleza (el buen vivir), inscripta en el plano constitucional, en el transcurrir del nuevo siglo, y con la consolidación de estos regímenes, otras cuestiones fueron tomando centralidad, vinculadas a la profundización de un neodesarrollismo extractivista.
Incluso, como lo menciona Gabriela Massuh (2012) en su libro "Renunciar al bien común. Extractivismo y (pos) desarrollo", el llamado giro a la izquierda acontecido en la última década en América Latina, si por un lado incorpora un discurso marcadamente antineoliberal, por otro continúa haciendo valer un modelo primario, extractivo y exportador, al servicio del interés capitalista, y con consecuencias nefastas para la región en términos ambientales, sociales y culturales, sobre las cuales resulta urgente actuar.
La
siguiente cita textual, ilustra con claridad el párrafo anterior:
Este nuevo ciclo de "mineralización" de la América Latina se extiende ya a lo largo de la vasta diversidad biológica y climática de sus territorios, y abarca también los más diversos paisajes ideológicos de los Gobiernos vigentes. Hoy por hoy, el "consenso minero" unifica a todo el espectro variopinto de los oficialismos gobernantes: desde los Gobiernos de "derecha" (de la "moderada" y de la extrema), a los autoproclamados "progresistas" y hasta "revolucionarios"; desde aquellos que abren las puertas a la expansión del militarismo norteamericano, permiten la instalación de nuevas "bases" e impulsan los TLC con las potencias dominantes, a los que adoptan una retórica "antineoliberal", e incluso, a aquellos que modificaron sus constituciones y consagraron los "derechos de la naturaleza" y el "buen vivir". Al unísono con las grandes corporaciones del sector, los Gobiernos latinoamericanos defienden a rajatabla "la minería". El oficialismo prominero se ejerce instalando, día a día, a través de diferentes canales y lenguajes, el mensaje de que "sin minería no se puede vivir" (Machado, 2014, p. 12).
El común
denominador de casi todos los Gobiernos latinoamericanos en términos de
política económica, sean estos Estados progresistas o conservadores, es
que todos se sometieron, como fue en su tiempo, al recetario hegemónico
del neoliberalismo más voraz.
El consenso de Washington, hoy en día,
sigue persistiendo en América Latina, (re)articulado en lo que, en su
ensayo, Svampa
(2013) denomina consenso
de los commodities, el cual responde, conforme a lo
anterior, a un modelo que, igualmente integrado dentro del
neoliberalismo, se sirve de la lógica extractiva sobre bienes naturales
sin valor agregado, su alta rentabilidad para los actores económicos
-que no para las comunidades locales-, su abundancia y su tendencia
alcista tanto en los precios como en el consumo del mercado
internacional.
Este llamado
consenso de los commodities, también denominado por Eduardo
Gudynas (2012)capitalismo
benévolo, se erigiría, pues, desde un extractivismo
transversal que afectaría igualmente a los recursos fósiles, a la
producción de biocombustibles o al agronegocio de la soja y el maíz,
llevando consigo consecuencias más que perjudiciales para la región.
Algunas de ellas, aparte de una reprimarización de
las economías latinoamericanas -por encima incluso de los niveles de la
década de los ochenta-, serían la precarización del empleo rural, la
conformación de una pérdida de soberanía alimentaria, la proliferación
de prácticas de desposesión de tierra, además de elevadísimas dosis de
fragmentación social y regional que, ahondando en las dinámicas
socioproductivas del mercado internacional, habrían terminado por
generar un escenario sumamente pernicioso para el medioambiente y los
derechos humanos.
Para seguir con la tónica de Gudynas,
el Estado sudamericano se ajusta al estilo de desarrollo de talante
extractivista y a la vez lo reproduce.
El éxito actual de los Gobiernos, y en particular sus posturas
optimistas frente a la crisis, sólo son posibles en la medida en que se
mantenga el flujo de exportaciones de materias primas, sus altos precios
y la atracción de inversiones. La caracterización que realiza Gudynas
sobre el Estado es el rasgo común de los actuales Estados
latinoamericanos, sean estos conservadores o progresistas.
El Estado libera
y apoya dinámicas propias de una economía capitalista, permitiendo una
intensa apropiación de la naturaleza, pero, por otro lado, intenta
regular e intervenir esos ámbitos mercantiles. En efecto, todos los
Gobiernos proclaman que su objetivo en el área económica es lograr
crecimiento,
lo que sería indispensable para generar empleo, captar renta para poder
financiarse, etc. Por lo tanto, este Estado liberaliza y protege
dinámicas propias del capitalismo contemporáneo, y se abstiene de
intervenir cuando se ponen en riesgo esos procesos de acumulación. La
promoción se hace con diferentes grados de apoyo y participación, que
van desde cobertura jurídica hasta subsidios de diverso tipo, el aliento
y protección al ingreso de inversiones, y hasta, en algunos casos,
directamente el desarrollo de la actividad por medio de empresas
nacionales.
Sin embargo, independiente de qué tipo de Estado se tiene (sesgo
ideológico),
éste es un actor indispensable para asegurar las altas
rentabilidades de una economía extractivista, como la minera, petrolera,
forestal y de agronegocios, que tienen múltiples aspectos en común,
como
lo explican Norma Giarracca y Miguel Teubal:
Fueron impulsadas en el marco del neoliberalismo económico difundido a escala mundial; se vinculan con el interés de grandes corporaciones que las impulsan y que controlan sectores clave del espacio económico donde operan; se remiten a escalas de producción mucho mayores a las tradicionales y desplazan multiplicidad de actividades preexistentes; utilizan tecnologías de punta; se localizan territorialmente porque dependen de la existencia y la persistencia de determinados recursos naturales; desplazan masivamente tanto a trabajadores rurales como al campesinado, a la agroindustria en general y a pobladores cordilleranos circundantes; significan actividades con alto consumo de otros recursos no reproducibles, como el agua, la tierra fértil, la biodiversidad; se orientan fundamentalmente hacia las exportaciones, con lo cual no contribuyen a resolver necesidades internas; son altamente conflictivas respecto de las tradicionales actividades existentes en las distintas regiones (agricultura, ganadería, turismo, cultivos industriales); no son esenciales para la vida de las comunidades -o del mundo en general-. Estas actividades también son generadoras de grandes deseconomías externas, no consideradas por sus promotores (Giarracca y Teubal, 2011, p. 9).
La especificidad de estas actividades extractivistas es que son
impulsadas con gran ahínco por grandes empresas transnacionales que
dominan sectores clave de la producción y tecnologías utilizadas en
estos procesos.
Como bien lo señala el OMAL,
los Estados han ejercido un poder
fáctico que ha impulsado, tanto como ha impuesto, la adopción de normas
subordinadas a los principios neoliberales: las privatizaciones, las
desregulaciones y el adelgazamiento del Estado de bienestar son reglas
que preparan la pista
de aterrizaje de
las transnacionales para que estas exploten indiscriminadamente los
recursos naturales.
Explosión de conflictos socioambientales
Necesariamente,
hay que citar de nuevo a Svampa
(2012) porque
refleja muy bien lo acontecido con la instauración del modelo
neoextractivista. Como más arriba se ha sostenido,
desde el punto de
vista de la lógica de acumulación, el nuevo consenso de los commodities conlleva
la ampliación de la dinámica de desposesión o despojo de tierras,
recursos y territorios, y produce nuevas y peligrosas formas de
dependencia y dominación.
Entre los
elementos comunes de esta dinámica podemos destacar la gran escala de
los emprendimientos, la tendencia a la monoproducción o la escasa
diversificación económica, y una lógica de ocupación de los territorios
claramente destructiva. En efecto, en función de una mirada productivista y eficientista del desarrollo, se alienta la
descalificación de otras lógicas de valorización de los territorios, que
son considerados como socialmente
vaciables, o lisa y llanamente como áreas
de sacrificio, en aras del progreso selectivo (Merchand,
2013).
En otras palabras, el neoextractivismo instala una dinámica vertical que irrumpe en los territorios y a su paso va desestructurando economías regionales, destruyendo biodiversidad y profundizando de modo peligroso el proceso de acaparamiento de tierras al expulsar o desplazar a comunidades rurales, campesinas o indígenas, así como violentando procesos de decisión ciudadana.
Respecto a lo que
se debe de entender por conflictos socioambientales, y estando al tono
con lo explicado por Svampa
(2008),
«los conflictos socioambientales» son aquellos referidos al acceso y
control de los bienes naturales y el territorio, lo que supone,
actores
enfrentados por intereses y valores divergentes en torno a ellos, en un
contexto de gran asimetría de poder. Estos conflictos expresan
diferentes concepciones sobre el territorio, la naturaleza y el
ambiente, al tiempo que van estableciendo una disputa acerca de lo que
se entiende por desarrollo y, de manera más general, por democracia.
En la prevención en que los múltiples megaproyectos tienden a
reconfigurar el territorio en su globalidad, no sólo se ponen en jaque
las formas económicas y sociales existentes, sino también el alcance
mismo de la democracia, pues esos proyectos se imponen sin el consenso
de las poblaciones y generan de este modo fuertes divisiones en la
sociedad y una espiral de criminalización y represión de las
resistencias.
Sin embargo, es
necesario encuadrar estos conflictos por la disputa de los recursos
naturales en un marco conceptual que permita explicar las causas de
dichos conflictos. Gian
Carlo Delgado (2013),
en la parte introductoria del libro Ecología
política del extractivismo en América Latina: casos de resistencia y
justicia socioambiental, presenta una semblanza de cómo dio
origen al enfoque teórico de la ecología política, y sus aportes para
estudiar el objeto de estudio.
Delgado (2013) comenta que la «ecología política», como campo de estudio específico interesado en develar las causas y no meramente los síntomas, ha sido y es un proceso diverso, con énfasis heterogéneos y que da cuenta de la importancia que tienen en los análisis teórico-empíricos el reconocimiento explícito de los sistemas de poder, la influencia y la subordinación presentes en las relaciones sociales y productivas contemporáneas, en todas las escalas temporales y espaciales.
El susodicho autor
agrega que el concepto como tal, de acuerdo a Robbins,8 fue
probablemente utilizado por primera vez en 1972 por Wolf en su trabajo "Ownership
and Political Ecology", en el que se introdujeron una serie de trabajos
propios de la antropología y la ecología cultural para la zona andina, y
en los que para Wolf se discuten transversalmente dos elementos clave:
por un lado, el tema del acceso de cara a la propiedad de los recursos;
y, por el otro lado, el de las dinámicas de la gestión de los
territorios con visión de largo plazo, y de innegable naturaleza
colectiva de frente a la propiedad privada de acciones individuales y a
la gestión cortoplacista.
Después, se tienen
estudios más contemporáneos y acotados sobre el desarrollo extractivista
y sus consecuencias sociales, económicas, y ecológicas. Destacan los
trabajos de Martínez-Alier
(1991 y 2003), Martínez-Alier
y Jusmet (2001), Escobar
(2010 y 2011), Toledo
(1980, 1990, 1996 y 2003), Leff
(1986 y 2006),
y, por supuesto, los trabajos de Alimonda
(2002 y 2006) y Quijano
(1992, 2004 y 2007).
Hay otros estudios más, pero estos son los que aportaron originariamente
al debate ecológico-político, como sostiene Delgado
(2013).
Si bien estos textos no necesariamente son típicos de la diversidad y
complejidad de la ecología política de los recursos naturales del
continente, son, sin lugar a dudas, contribuyentes apreciables al debate
actual.
El Cuadro
3 indica
algunos casos que registran los conflictos ambientales en América
Latina. Por la cantidad de estos conflictos no hay espacio para hablar
de su problemática específica; simplemente se enumeran por subsector.
Por supuesto que
este cuadro es una aproximación de los casos de explotación de recursos
naturales y los conflictos que se provocan. Por ejemplo, se reporta en
2016 que "el Gobierno boliviano acaba de conceder a la empresa china
Sinosteel la construcción de una planta para procesar el hierro del
Mutún, uno de los yacimientos más importantes de Sudamérica, cerca de la
frontera entre Bolivia y Brasil. Con ello, Bolivia comenzará su propia
industria siderúrgica, una constante aspiración del presidente Evo
Morales. La operación costará algo menos de USD 400 000 000 y confirma
el predominio de Bolivia de los proveedores y socios de China" (Molina,
2016). Fuente:
elaboración propia a partir de Delgado
(2013).
Este cuadro refleja los conflictos socioambientales y cómo éstos se han convertido, de manera creciente, en denominador común de planes y políticas de desarrollo y conservación en América Latina.9 Las tendencias y proyecciones para el corto y mediano plazo indican que estos conflictos irán en sostenido aumento, tomando en consideración el uso exponencial al cual están sometidos los recursos naturales en la región, así como a escala planetaria. Casi sin excepción, se trata de conflictos que involucran a una gran diversidad de actores en disputa por el uso de los mencionados recursos, donde se ven confrontados actores del Estado, comunidades y organizaciones locales, pueblos indígenas, empresas nacionales o corporaciones transnacionales, y organizaciones no gubernamentales nacionales e internacionales. Si bien los conflictos socioambientales pueden potencialmente causar un deterioro irreparable de los recursos naturales, así como sobre las relaciones entre instituciones, empresas y grupos sociales, pueden también potenciar procesos de transformación.
La intensificación
de la extracción de los recursos naturales en las últimas décadas ha
ampliado las fronteras donde las empresas transnacionales explotan
minerales, hidrocarburos, bosques, ríos, etc., ocasionando crecientes
conflictos socioambientales. Un caso representativo de los conflictos
entre las empresas extractivas y los pueblos amazónicos por la propiedad
y el uso del territorio es lo ocurrido en la provincia de Condorcanqui,
en la cordillera del Cóndor, cerca la frontera de Perú con Ecuador. En
esta zona, Minera Afrodita, subsidiaria de la compañía canadiense Dorato
Resources, obtuvo unas 5 100 ha de concesión para la exploración minera
con miras a extraer oro, cobre y uranio. Los pueblos awajum y wampis,
ancestralmente asentados en esta zona, se han opuesto sistemáticamente y
por diversas vías a las actividades mineras, pues consideran que
contaminarán con mercurio y cianuro los ríos Cenepa y Marañón y
alterarán el ecosistema en su conjunto. El malestar provocado por el
avance de la minería, pese a las reiteradas solicitudes de las
organizaciones indígenas sustentando su oposición, llevó a que los
nativos awajum retuvieran a cinco trabajadores de la empresa para exigir
al Estado que intervenga y regule las actividades contaminantes en una
zona que ya había sido considerada reserva ecológica
Sin embargo,
acorde con la base de datos de conflictos mineros del Observatorio de
Conflictos Ambientales (OLCA)10 y
la Coordinación Ejecutiva del Observatorio de Conflictos Mineros en
América latina (OCMAL), se registraban -hasta 2013- un total de
doscientos cuatro conflictos en diecinueve países de la región (seis de
ellos son de carácter transfronterizo), los cuales afectaban a
doscientas noventa y siete comunidades. En el mapa de la base de datos
señalada se observa el número de conflictos mineros (ver, también: Hazin
-2013-).
La minería no es cualquier actividad, sino aquella que ostenta el mayor
grado de militarización del modelo extractivo. Perú es, junto con México
y Chile, el país que concentra más conflictos mineros, según el OCMAL.
Entre los grandes países de la región, los mencionados son los tres
donde el militarismo ha convertido a las comunidades indias, negras y
mestizas, rurales y urbanas, en campos donde se impone el estado de
excepción permanente.
Cabe aquí hacerse
los planteamientos de Massuh
(2012),
quien dice que violencia, despojo y capitalismo contienen aquí, con toda
su crudeza, su referencia primigenia. Ahora bien, ¿todo proceso de
desarrollo supone esta tríada? ¿La modernidad es apenas esto? ¿Nos
referimos a fenómenos semejantes cuando describimos el capital, la
modernidad y el desarrollo?
Lo
cierto es que, en el caso de conflictos provocados por el extractivismo,
se genera una perspectiva que plantea la importancia de los dirigentes
comunitarios para la resistencia. Por ello, se han descrito casos de
muertes y asesinatos a líderes locales y de movimientos por la defensa
de los territorios y los recursos naturales. En otras palabras, el
escenario descrito da cuenta del avance de un modelo neoliberal de
mercado que en Latinoamérica significó la instalación de un
neoextractivismo actual, sustentado en un colonialismo interno y
transnacionalizado que ha propiciado la emergencia de conflictos.
Como sostienen Correa
y Rodríguez (2005),
hoy más que nunca los conflictos socioambientales son una parte central
de los procesos de desarrollo y de rearticulación de América Latina en
las agendas globales, así como de la práctica de políticas públicas y de
la gestión y administración del territorio y los recursos naturales.
Estos conflictos se caracterizan por su complejidad, variedad temática y
por la gran diversidad de actores involucrados. Entre los temas
resaltantes, destacan los problemas de contaminación y deforestación,
los impactos de megaproyectos como la minería y la explotación
hidroeléctrica, el acceso y uso de áreas protegidas, la planificación y
ordenación de zonas urbano-rurales, el acceso a la tierra, la posesión
de territorios tradicionales, y el manejo de recursos pesqueros. Casi
sin excepción, se trata de conflictos que involucran desde actores del
Estado, comunidades y organizaciones locales, pueblos indígenas,
empresas nacionales o corporaciones transnacionales, hasta
organizaciones no gubernamentales y académicas. La raíz común de la
mayor parte de estos conflictos es el incremento de la competencia por
el acceso y uso de los recursos naturales en nuestra región y en el
mundo en general.
Regresando de nuevo al argumento central del trabajo, según lo explicado por Composto y Navarro (2011), desde su génesis, la historia del capitalismo ha estado atravesada por el ejercicio permanente del despojo sobre la naturaleza, los seres humanos y sus mundos de vida. Efectivamente, el capitalismo es un sistema global que responde a una dinámica de expansión constante, tanto en términos productivos como geográficos, guiada por un único principio rector: la acumulación incesante (Wallerstein, 2008). Para ello, necesita separar a los hombres de sus medios de producción y reproducción de la vida, a fin de convertirlos en fuerza de trabajo "libre" -desposeída- y susceptible de ser explotada.
En
otras palabras, necesita transformar a la naturaleza en un mero medio de
producción, y a todos los procesos vivos que le son inherentes en
potenciales mercancías, y destruir todas aquellas relaciones sociales,
constelaciones culturales y lenguajes de valoración propios de otras
matrices civilizatorias para subsumirlas a la lógica unidimensional del
mercado (el tiempo abstracto, el individualismo y la ganancia privada).
La violencia y el despojo constituyen la condición y signo del origen
neoextractivista.
De
modo que la violencia y el despojo son los pilares fundacionales del
andamiaje capitalista, pero de ninguna manera pueden reducirse a un
conjunto de acontecimientos explicativos del pasado, ya que han
mantenido un rol continuo y persistente en la amplia geografía histórica
de la acumulación de capital hasta nuestros días. En definitiva, los
procesos de desposesión son constitutivos e intrínsecos a la lógica de
la acumulación del capital, o en otras palabras, representan la
contracara necesaria de la reproducción ampliada. Si esta última se
presenta como un proceso principalmente económico, que cobra
preeminencia durante los periodos de estabilidad y crecimiento
sostenido, el despojo se expresa generalmente en procesos
extraeconómicos de tipo predatorio y toma las riendas en momentos de
crisis, a modo de solución
espacio-temporal o huida hacia adelante.
También habría que
agregar otra forma de análisis, la que expone Machado
(2009, 2010 y 2012):
los procesos de expropiación ecológica tienen profundas consecuencias
económicas y políticas; implican inexorablemente que lo
que unos consumen es lo que a otros les es quitado. El agua
y la energía que consumen las mineras en los territorios de nuestra
región, por ejemplo, es agua y energía que es negada y expropiada a las
propias poblaciones locales.
Conclusiones
Se ha analizado cómo los Gobiernos de América Latina justifican un estilo de desarrollo extractivista que genera círculos viciosos no sólo en la población (explotación desmedida, bajos salarios, no se cuenta con prestaciones labores -seguro médico, ahorros, etc.-), sino también en el entorno territorial de estas poblaciones: al estar sometido a una sobrecarga de sus recursos naturales, se tiene como resultado depredación y degradación de su medio ambiente.
Esta paradoja perversa del sistema es propia de la lógica que opera en
los Gobiernos en comparsa con las empresas para mantener un sistema
productivo con altos rendimientos para una clase empresarial nacional y
extranjera.
Sin embargo, estas empresas productivas que comercializan exitosamente
sus productos en el exterior, aprovechando sus "ventajas comparativas",
no generan para sus trabajadores una vida digna y decorosa.
Las comunidades originarias y dueñas de sus recursos (tierra, agua) son
despojadas arbitrariamente de sus medios de subsistencia. Estas
poblaciones inertes e indefensas luchan para que se les restituya lo que
les pertenece. Esto genera creciente conflictividad socioambiental entre
los actores involucrados (Estado, empresas y trabajadores). No obstante
que han crecido los conflictos por disputas y conquistas de territorios
entre los involucrados, el Estado sigue manteniendo una política de
defensa a favor de los intereses empresariales que socavan y depredan la
biodiversidad de los territorios ocupados, destruyendo por consecuencia
el tejido productivo social y cultural de sus pobladores originarios.
Habría que agregar, también, que el negocio lucrativo sobre el
aprovechamiento de los recursos naturales se expresa en
un neoextractivismo que constituye un escenario favorable para una próspera
clase rentista (empresas nacionales, transnacionales y operadores de
Gobierno) que acumula más y más riqueza y poder y es situada
privilegiadamente en un sistema económico-político exclusivo y
explotador de fuerza de trabajo y recursos naturales. El dominio que
ejerce la clase rentista (por ejemplo, los titulares de los derechos de
propiedad minera, agrícola, petrolera) sobre los denominados activos y
recursos "naturales" le permite crear y manipular la escasez, así como
especular con el valor de los activos que controla.
Esta clase rentista ejerce el derecho del "acaparamiento de tierras" que
se está llevando a cabo actualmente en todo el mundo (América Latina,
África), y que tiene que ver más con la creciente competencia por
monopolizar los recursos y la cadena alimentaria con vistas a la
extracción de rentas que con el temor a unos inminentes límites
naturales impuestos a la producción de alimentos y la extracción de
minerales.
También es a través del comercio internacional de materias primas que
existe una transferencia real o virtual de insumos (agua, energía,
minerales, biomasa y nutrientes, así como los efectos del trabajo
humano) de una parte a otra del planeta. Este comercio es el adhesivo
que mantiene unido el sistema capitalista, y es su expansión la que
extiende e intensifica las actividades que tienen lugar dentro del
mismo. En este sentido, la categoría de transferencia ecológica se
ejemplifica en el caso de la explotación de petróleo crudo de México,
que se exporta a Estados Unidos y que este regresa procesado como
gasolina o gas.
El sistema capitalista está plagado de
desigualdades y desarrollos geográficos irregulares, precisamente como
consecuencia del patrón desigual de estas transferencias. Los beneficios
se amontonan en una parte del mundo a costa de la otra. Un claro ejemplo
de esto es lo que ha acontecido con América Latina en cuestión de
transferencia de los beneficios ecológicos a partir de la explotación de
su naturaleza y recursos naturales. Hay que recordar que el capital ha
agotado, e incluso destruido, de forma irreparable los recursos latentes
en la naturaleza de ciertos lugares (ejemplos como el gaucho, el
henequén, etc.). Las colonias y las neocolonias fueron explotadas y son
explotadas por sus recursos, sin importar el bienestar de las
poblaciones locales
(a menudo indígenas).
La
extracción de minerales y la explotación de los recursos energéticos y
forestales suelen seguir una lógica similar, dejando tras de sí un
paisaje desigual de ciudades mineras abandonadas, suelos agotados,
vertederos de residuos tóxicos y valores de activos devaluados. Estas
prácticas extractivas y explotadoras se tornan doblemente voraces y
violentas bajo regímenes imperiales y coloniales. Los beneficios y las
pérdidas desiguales casi siempre redundan, sin embargo, en beneficio de
los ricos y los poderosos, dejando a los vulnerables y a los pobres
mucho peor de lo que estaban. Esto es, al fin y al cabo, en lo que
siempre ha consistido el imperialismo extractivo.
La explotación de la tierra, la erosión del suelo y la extracción incontrolada de los recursos naturales han dejado una huella de enormes proporciones en los paisajes de todo el mundo, y en algunos casos han provocado la destrucción irreversible de aquellos valores de uso necesarios para la supervivencia humana. Sin embargo, el capital no puede menos que privatizar, mercantilizar, monetizar y comercializar todos aquellos aspectos de la naturaleza a los que tiene acceso. Sólo así le es posible absorberla cada vez más intensamente de modo que se convierta en una forma de capital, esto es, en una estrategia de acumulación. La colonización de nuestro mundo de vida por el capital se acelera. La infinita y cada vez más absurda acumulación exponencial de capital se ve acompañada de una infinita y cada vez más absurda invasión del mundo de vida por la ecología del capital.Como se analizó, se instaura un proceso que se denomina "ofensiva extractivista", con acelerado avance expropiatorio, mercantilista y depredador de los bienes comunes naturales de la región.
El agronegocio, la minería a gran escala, la explotación de hidrocarburos no convencionales, la industria forestal y la construcción de megaproyectos de infraestructura (carreteras, gasoductos, termoeléctricas, represas, etc.) son actividades únicas de esta nueva ola de saqueo, dependencia y recolonización a la que están sujetos los países de América Latina. Se puede decir que casi todos los estudios académicos recientes coinciden en las que las actividades de extracción de minerales o hidrocarburos generan situaciones de pobreza y de autoritarismo, y que se propician relaciones entre unas y otras.
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1Los commodities son
un grupo específico de bienes que se comercializa mayoritariamente en el
mercado internacional y que posee la característica particular de que
los productos comerciados no se encuentran diferenciados entre sí (se
los denomina, vulgarmente, "genéricos"). Por tal motivo, los precios
pueden fijarse de forma transparente y ex ante en mercados específicos
de alcance global.
2Se
puede definir a la deuda
ecológica como
"aquella que ha venido siendo acumulada por el Norte, especialmente por
los países más industrializados hacia las naciones del tercer mundo, a
través de la expoliación de los recursos naturales por su venta
subvaluada, la contaminación ambiental, la utilización gratuita de sus
recursos genéticos o la libre ocupación de su espacio ambiental para el
depósito de los gases de efecto invernadero u otros residuos acumulados
y eliminados por los países industrializados" (Schatan,
1998, p. 18).
3El
neoextractivismo está asociado a la existencia de enclaves, explotación
laboral sin límite, violaciones a derechos humanos, el exterminio de
grupos indígenas y la subordinación de los Gobiernos al poder de
empresas multinacionales. Es un callejón del que es difícil escapar. La
estrategia de sustitución de importaciones aplicada entre 1940 y 1980
estaba diseñada para escapar de esta trampa, pero la crisis de la deuda
de los años ochenta permitió imponer el régimen neoliberal, y el
extractivismo regresó con ánimos
de venganza.
4Países
asiáticos, y en especial China, se han convertido en compradores voraces
de recursos naturales. Por ejemplo, el consumo chino de cobre fue de
menos de 1 000 000 t en 1990, saltando a más de 6 000 000 en 2007, para
lo cual debió importar más de 4 500 000 t. Cabe señalar que la
extraordinaria expansión económica de China desde la década de 1990 se
vio reforzada a partir de 2000 por los procesos de crecimiento de la
India y otras economías emergentes. La demanda de hierro, cobre y
aluminio, entre otros minerales de exportación, está asociada al
crecimiento de los sectores de la construcción, la infraestructura y la
manufactura (que requieren acero, conductores eléctricos y metales
industriales, entre otros); estos sectores presentaron una rápida
expansión en el marco del proceso de aceleración del desarrollo
económico que han experimentado las grandes economías asiáticas. La
rapidez del crecimiento económico de estas economías también ha
contribuido a impulsar la demanda mundial de petróleo crudo y otros
bienes primarios (UNASUR,
2013;
Guydnas, 2012).
5A
partir de la década de los 2000, gobiernos
progresistas y de
la llamada nueva
izquierda accedieron
al Gobierno en países de América como: Argentina (Néstor y Cristina
Kirchner); Bolivia (Evo Morales); Brasil (Lula da Silva y Dilma Rouseff);
Ecuador (Rafael Correa); Venezuela (Hugo Chávez, y hoy Nicolás Maduro);
Chile (durante la etapa de Michelle Bachelet, y que puede repetirse con
el nuevo mandato); Paraguay (Lugo); Perú (Ollanta Humala); y Uruguay (Tabaré
Vázquez y José Mujica).
6En
la actualidad, las exportaciones de América Latina hacia China se
concentran sobre todo en productos agrícolas y minerales. "Así, para el
año 2009 las exportaciones de cobre, hierro y soja representaban 55.7%
de las exportaciones totales de la región al país oriental" (Merchand,
2013, p. 12).
7"Si
durante la colonización española fue el trabajo esclavo o semiesclavo la
fuente principal a partir de la cual se extraían y luego exportaban los
recursos, a partir de la constitución de naciones latinoamericanas
independientes fue, y sigue siendo, la contradicción principal entre
capital y trabajo y el comercio desigual bajo condiciones de periferia y
dependencia económica y política lo que determina los principios de la
extracción-producción-exportación de los recursos. Es así que las
naciones latinoamericanas se configuraron a lo largo de su historia como
uno de los principales dadores de commodities al
mundo industrializado. Recursos energéticos, biodiversidad y minería
constituyen entonces los componentes fundamentales en la historia del
desarrollo latinoamericano en tanto territorio complejo oferente de commodities"
(Galafassi,
2012, s/p).
9Sólo
en Perú, los conflictos socio
ambientales habían aumentado de veintitrés,
en 2007, a ciento cuarenta y nueve, en septiembre de 2012; es decir,
representaban más del 60% del total (Sanborn
y Dammert, 2013).
10Observatorio
de Conflictos por los Recursos Naturales (OCRN). Para más información,
ver:http://www.avina.net/esp/10427/incontext-32/#sthash.rQiTI0fa.dpufhttp://ocrn.info/
Recibido: 08 de Abril de 2015; Aprobado: 19 de Febrero de 2016
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